Vizcarra vs. el Congreso: capítulo Chávarry, por María Alejandra Campos

La forma más rápida de aprobar un proyecto de ley, bien la conocen los congresistas, es exonerarlo de comisión, convocar inmediatamente un pleno para aprobarlo y luego exonerarlo de segunda votación. Al estilo de la ‘ley Fujimori’ o más recientemente de la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos.

Fuerza Popular (61) y el Apra (5) suman 66 votos en el Congreso. La cantidad exacta de congresistas para decidir si el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público no tiene que pasar por la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra. También la cantidad necesaria para aprobar o rechazar la iniciativa en el pleno del Parlamento y para exonerarla de segunda votación.

El escenario de confrontación que se va a generar a raíz de la iniciativa del gobierno es inevitable. La pregunta es hasta dónde llegará esta vez. Vizcarra ya advirtió que está dispuesto a hacer cuestión de confianza. La última vez que el presidente utilizó este recurso fue para acelerar la aprobación de los proyectos del referéndum, a lo que el Congreso finalmente accedió. Sin embargo, entonces los partidos políticos tenían poco que perder. En este caso, la decisión afecta directamente a las investigaciones de sus líderes. Los incentivos para dar su brazo a torcer son mínimos.

Es cierto que Fuerza Popular no es la bancada sólida que era hace un par de años. Ello le podría jugar en contra en el pleno, puesto que no necesariamente obtendría una votación en bloque de sus congresistas. Sin embargo, antes de que el proyecto llegue a la última instancia parlamentaria, tiene que pasar por la Comisión de Constitución. Basta con la firma de los voceros Carlos Tubino (FP) y Javier Velásquez Quesquén (Apra) en la junta de portavoces para que el trámite sea inevitable.

Una vez en comisión, el tiempo es el problema. Los plazos que requiere la investigación Lava Jato son mucho más estrechos que los que establece el reglamento del Congreso. Según este, una comisión puede tomarse hasta 30 días útiles para dictaminar un proyecto de ley. Con lo cual, la decisión podría estar lista recién en febrero, mucho después de la fecha planteada para el interrogatorio a Barata en Brasil.

Además, el texto que presentará hoy Vizcarra puede ser modificado en la comisión con la mitad más uno de los votos, como sucedió con la cuestión de confianza en el caso de la bicameralidad. La de Constitución cuenta con 19 miembros: 10 de Fuerza Popular, uno del Apra y 8 de otras agrupaciones. Con lo cual, la decisión que se tome no va a depender de las bancadas afines al gobierno.

Chávarry sabía que su decisión tendría una fuerte repercusión política. También que la principal vía a través de la cual se canalizaría sería el Congreso. La decisión, claramente, ha estado atada a la confianza de que el Legislativo resistiría el embate del Ejecutivo. Así que esta vez la pelea de Vizcarra tendrá un mayor nivel de tensión que el vivido en el 2018. La discusión sobre si esta es la primera o la segunda cuestión de confianza retomará vigencia. Es posible que el conflicto alcance al Tribunal Constitucional, donde se tenga que dirimir quién tiene la razón. Y es justamente el Congreso el que tiene que decidir este año quiénes serán los nuevos miembros del TC. El 2019 empieza implacable.