Yehude Simon habría cometido los delitos de colusión, lavado de activos y organización criminal según la investigación fiscal. (Foto: Difusión)
Yehude Simon habría cometido los delitos de colusión, lavado de activos y organización criminal según la investigación fiscal. (Foto: Difusión)
Redacción EC

El presidente del partido , Roberto Sánchez Palomino, consideró que la detención preliminar por 10 días del ex primer ministro , implicado en el Caso , es un “hecho político duro” que “a todos nos sorprende”.

Recordó que la militancia de Simon en Juntos por el Perú se encuentra suspendida desde octubre del año pasado, cuando el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, lo involucró al revelar la identidad de un grupo de ‘codinomes’ (apodos).

“Hoy evidentemente a todos nos sorprende, es un hecho político duro. Sin embargo, tenemos que reafirmar que desde octubre Yehude no tiene ninguna responsabilidad política en Juntos por el Perú”, dijo a Canal N.

“Nuestro proyecto político tiene un compromiso con la justicia y ante el país. Creemos en el debido proceso y la presunción de inocencia, pero nuestro compromiso va más allá. Las declaraciones del señor Barata lo comprometen y él mismo, de manera coherente, en octubre dio un paso al costado para afrontar esta situación”, añadió.

En esa línea, Sánchez aseguró que la justicia “debe hacer su trabajo” y determinar las responsabilidades penales de los involucrados. También respaldó el trabajo del equipo especial Lava Jato.

“Quisiera que evidentemente sea inocente, pero no soy el Poder Judicial para exculparlo, tampoco para condenarlo. Juntos por el Perú tiene un compromiso serio contra la corrupción y por eso nosotros respaldamos el trabajo de la comisión especial Lava Jato”, expresó.

Según el Ministerio Público, Yehude Simon, ex primer ministro durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), lideró una organización criminal en Lambayeque que operó entre el 2006 y 2007, al inicio de su segunda administración en la región norteña.

Según la tesis fiscal, el entonces presidente regional favoreció a la constructora Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos a cambio de pagos ilícitos, que proveníaN del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como la caja 2.

Por ello, el exjefe del Gabinete Ministerial es investigado por dos presuntos delitos: colusión y lavado de activos agravado en organización (actos de transparencia, conversión y ocultamiento).