El alcalde de Surco es multado por no paralizar construcción declarada ilegal

ROSA AQUINO ROJAS

La construcción de un edificio en una calle donde solo hay casas con una altura máxima de tres pisos enfrenta a residentes de la urbanización El Mirador, en la zona de Casuarinas, y al Concejo de Surco. La situación, sin embargo, se complica para el alcalde Roberto Gómez Baca, pues la Corte Superior de Lima lo multó por no detener la obra, que fue declarada ilegal.

La Resolución N° 47 de la Tercera Sala Civil, emitida en abril de este año, describió la actuación del alcalde y de cuatro de sus funcionarios como “conductas temerarias y de mala fe, que no son más que actos de desobediencia a los mandatos judiciales que viene expidiendo este Órgano Jurisdiccional, con el claro propósito de dilatar el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de ejecución”.

El mismo documento señala que Gómez “no ha tomado las medidas para evitar el avance de las obras que debieron ser paralizadas”.

Por ello, la sala a cargo del juez Arnaldo Rivera multó al alcalde con S/.7.400 y ordenó al municipio abrir proceso administrativo contra la subgerenta de Licencia y Autorización Urbana, Eva Cubillas Quispe; la gerenta de Desarrollo Urbano, Fanny Vanessa Salas Rojas; la subgerenta de Fiscalización, Marisol Joya Portocarrero; y el gerente de Asesoría Legal, Adolfo Montecinos Atao. Todos continúan en sus cargos.

“El Poder Judicial ha asumido una posición absolutamente pasiva. La multa y el proceso disciplinario no solucionan nada. El problema es que la obra es ilegal. La solución es que la Corte Superior disponga la demolición de la obra”, dice Johan Camargo, abogado de los vecinos.

“La resolución dice que el alcalde ha cometido desacato. Eso es delito, no una falta administrativa. Con la multa se le ha hecho un favor al alcalde”, opina el abogado Pedro Yalico, especialista en temas prediales.

CONFLICTO DE COMPETENCIAS La batalla judicial empezó en el 2008, cuando los vecinos de El Mirador presentaron una acción popular para dejar sin efecto un decreto de alcaldía que admitía construcciones de más de tres pisos en zonas residenciales. En junio del 2011, la Corte Suprema declara ilegal esa norma y ordena al municipio anular las licencias otorgadas al amparo de esta, además de paralizar los proyectos en marcha.

El mandato judicial debió ejecutarse tras ser publicado en el diario “El Peruano” el 8 de setiembre del 2012. Un mes antes, cuando ya se conocía el fallo, Gómez aseguró a El Comercio que “como alcalde me queda cumplir lo que el Poder Judicial ha dispuesto, que ese decreto de alcaldía es ilegal”. El 20 de setiembre, la Resolución 130-2012 de la Gerencia de Desarrollo Urbano anulaba la licencia de obra del edificio de 11 pisos El Mirador de Casuarinas II, de la inmobiliaria Altius S.A.C. El proyecto tenía más de un 4% de avance.

Pero un mes después la misma gerencia sacó una nueva resolución que permitió que Altius recobrara su licencia. ¿Qué pasó? Anticipándose a una decisión desfavorable, la empresa buscó blindarse con una acción de amparo contra el municipio. Esta fue declarada fundada a inicios del 2011 y fue el argumento para no afectar la obra.

“La municipalidad se allanó, no apeló la acción de amparo y esta quedó consentida”, dice Rolando Souza, abogado y vecino afectado con la obra. Este Diario solicitó entrevistar al alcalde o gerente municipal, pero la Gerencia de Imagen del concejo distrital informó que nadie de esa comuna se pronunciará.

¿Por qué Surco no paralizó la obra? En opinión de Yalico, el municipio privilegió la acción de amparo porque esta analiza el caso específico del edificio, mientras que la acción popular solo tiene efectos para declarar ilegal una norma. “El problema es que los vecinos nunca pelearon contra el proyecto”, añade.

La obra ya concluyó y los vecinos alistan una denuncia penal contra Gómez y sus gerentes por desobediencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos. “Un grupo concertado que actuó en favor de Altius”, dijo Camargo.