La alcaldesa de Barranco, Jéssica Vargas, y cinco regidores de esa comuna fueron denunciados ayer por abuso de autoridad al haber acordado en sesión de concejo la subasta de un terreno municipal de 105 m2, ubicado en el acantilado de la Costa Verde. En ese lugar se erige una parte del edificio Acquamarina.

Javier Alvarado Layme, quien denunció a los funcionarios, alega que la Municipalidad de Barranco no puede subastar el terreno debido a que la Ordenanza 1414 de la comuna limeña declara la intangibilidad de los acantilados.

“Durante la construcción del edificio Acquamarina, la empresa constructora se apropió de un terreno que era municipal. La Autoridad del Proyecto Costa Verde ha señalado que estas áreas deben mantenerse como dominio municipal y no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad”, señaló ayer Alvarado a El Comercio.

Aldo Céliz Castillo, uno de los regidores denunciados, señaló ayer que la comuna acordó la subasta debido a que era la solución más razonable para regularizar la situación del edificio Acquamarina.

“La licencia de construcción y la autorización para construir en terreno municipal fueron otorgadas durante las dos gestiones anteriores. La otra forma de recuperar esta área de 105 m2 hubiera sido derrumbar el edificio o ir a un juicio que no íbamos a ganar”, señaló Céliz.

OBRA CUESTIONADA: SE AUTORIZÓ EL MURO El edificio Acquamarina no cuenta con licencia de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. No obstante, esta entidad sí autorizó la construcción del muro de contención del edificio en el 2010.

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