SONDEO: ¿Armarse es la solución a la inseguridad ciudadana en Lima?

ÓSCAR GARCÍA Y JUANA AVELLANEDA SOMOS

En la billetera del dentista Genaro López Yendo (38) hay una estampita del Señor de la Misericordia, las fotografías de sus dos hijos y la licencia de su revólver, una .32 Smith Wesson Long. “La uso para defensa personal”, nos dice.

Así como Genaro, cerca de 50 mil personas al año se acercan a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) a pedir licencia para portar un arma. El motivo es la inseguridad ciudadana que hace que pocos se sientan tranquilos en la calle. “Hace poco, dos supuestos pacientes entraron a asaltar el consultorio de una colega. ‘Dame la plata o te corto’, le dijeron y le abrieron el vientre con un cuchillo”, dice mientras se coloca guantes de plástico para practicar una endodoncia. Desde entonces, el dentista solo atiende previa cita. “Llevo un revólver porque me siento capaz de defenderme”.

DEFENSA PROPIA Pero ¿son las armas la solución para combatir la inseguridad? El congresista Renzo Reggiardo, presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, cree que no. “Si bien todos tenemos el derecho de usar un arma para defensa, creo que es una herramienta que puede salvarte de una situación crítica pero también puede afectar tu integridad por el solo hecho de portarla”, dice el hombre que casi pierde a su hija luego de que unos delincuentes intentaran robar su camioneta en medio de una balacera, en agosto del 2011. “Después de lo que me pasó pensé en armarme hasta los dientes, la verdad. Porque por encima de todo, está el amor por mi hija. No importa si voy a San Jorge, pensé. Luego me dije, ¿qué hubiera pasado si tenía un arma en ese momento?”.

Según Carlos Basombrío, ex viceministro del Interior y experto en temas de seguridad, nada ganamos armándonos. “Si entramos en esa lógica, los únicos que vamos a terminar perdiendo somos los ciudadanos. Vamos a lograr que el malhechor ya no use un arma pequeña sino un fusil”. Coincide Ana María Watson, directora del Instituto de Seguridad y Derechos Humanos (ISDH). Para ella, el ciudadano comete un error si cree que comprando un arma va a darle seguridad a su familia. “A los delincuentes no les importa usar un arma y matar porque no tienen valores, los civiles armados tienen más escrúpulos. Mientras tú sacas un arma, el otro ya te pegó un tiro porque ve su vida amenazada”, dice.

Eso no parece importarle a Fausto del Castillo (45), quien está convencido de que si se desarma a los que han optado por portarlas, el gobierno no hará otra cosa que ‘facilitarles el trabajo a los delincuentes’. “El proyecto de ley que acaban de aprobar (ver recuadro) no nos protege, vulnera nuestros derechos y privilegia los de la otra parte. Los niveles de delincuencia son palpables. Por eso decidí entrenarme. Como mínimo voy dos veces por semana al polígono a practicar tiro. Es la única manera de estar preparado ante un ataque real. Los tiempos que vivimos están terribles”, dice alguien que está esperando que su hija cumpla la mayoría de edad para regalarle un arma. “Ella no nació para ser una víctima más”, agrega mientras nos muestra la pistola Bersa, calibre .380 ACP, que lleva siempre en el cinto.

EL BLANCO Otro ciudadano que comparte la misma opinión se llama Vladimir Mendoza (49) quien ha decidido armarse porque cree que los delincuentes van a pensarla dos veces antes de intentar robarle. “Vivo en una zona peligrosa donde hay gente de mal vivir. La tengo para asustar, no para matar. No soy una persona violenta”, asegura quien reconoce haber discutido con su esposa más de una vez porque ella no está de acuerdo con que el padre de su hijo, de un año y siete meses, tenga una pistola. “Dice que son peligrosas, pero más peligroso me parece no tomar medidas para protegernos”, cuenta mientas nos muestra la factura de la pistola que acaba de comprar.

Lo encontramos en la cola de la Sucamec. Sus manos sostienen el documento que lo acredita apto para portar armas de fuego. Cuando le preguntamos qué le pareció el examen de tiro, ríe con cierto nerviosismo. “La verdad tuve un poco de miedo porque era la primera vez que manipulaba un arma”. El temor ante un objeto con el poder de quitar vidas es algo natural y, por ello mismo, resulta indispensable que el aspirante pase por controles psicológicos estrictos y no por uno que parece haber sido pensando para niños. Nadie quiere que se repitan casos como el de Gerson Urrutia, el esquizofrénico que con su licencia en perfecta regla realizó 15 balazos al aire en la capilla colindante a la Catedral de Lima, en marzo de este año.

Al respecto, Jorge Carcovich, director de Sucamec, asegura que se está trabajando para darles armas a los que estén tanto física como psicológicamente aptos para usarlas. “No queremos que se repita el episodio de la Catedral o que la gente se suicide o saque el arma porque tiene un pleito conyugal. Por eso, estamos regulando filtros para darle el arma a la persona correcta, no queremos quitarles la posibilidad de usar un arma para defensa personal. Eso está contra la ley y la constitución”, explica.

La polémica por las modificaciones a la ley 25054 que regula la tenencia de armas en civiles responde, entre otras cosas, a que ahora se exige que el certificado de salud incluya un examen psicológico y psiquiátrico, expedido por establecimientos del Ministerio de Salud y registrados por la Sucamec. Además, se reduce a un año la duración de las licencias. “Ahora vamos a tener la posibilidad de revisar anualmente cómo está la salud mental, locomotora y física de los portadores. Finalmente, somos seres humanos que cometemos errores”, explicó a Somos Jorge Carcovich.

Myriam Andrade (54) porta en su cartera una Baby Browning calibre 6.35mm. Desde que un delincuente le puso una cuchilla de afeitar en el rostro no ha dejado de llevarla. “Solo he tenido que usarla una vez. Estaba manejando por la Panamericana Sur cuando tres tipos me interceptaron con su auto. En mi desesperación saqué mi pistola y di un disparo al aire. Los delincuentes salieron corriendo. Lo peor fue que al frente de donde ocurrió el asalto había una patrulla de la policía. ¿Tú crees que hicieron algo?”, se queja. Antes de despedirnos, le preguntamos si piensa que armarse es la solución para ponerle punto final a la violencia. Myriam responde que no, pero tampoco cree que el gobierno deba tomar esta decisión por ella. “No pueden prohibirnos a los ciudadanos que accedamos a un arma de fuego para uso de protección personal, menos en una ciudad en la que estamos. Eso es ilegal”, reclama una de las pocas usuarias que, así como critica, reconoce que hace falta educación, entrenamiento y sabiduría entre los civiles para saber cómo y cuándo usar un arma. No vaya a ser que producto de la adrenalina, a muchos les salga el tiro por la culata.

RECUADRO Opiniones desde el psicoanálisis “Tener un arma podría hacer sentir al usuario una sensación de falsa seguridad. Por lo general, se trata de personas con personalidades osadas que no tienen miedo y son capaces de usar un arma si es necesario. Eso no quiere decir que estén preparadas para usarla con éxito”. Matilde Caplansky

“No se puede meter en el mismo saco a todos. Puede haber desde el ciudadano responsable que compra su arma, los que la usan para deporte y los loquitos que se sienten cowboys y les gusta disparar. La curva es muy grande”. Moisés Lemlij

Grueso calibre La modificación de la ley 25054, la cual regula la tenencia de posesión y uso de armas de fuego en manos de civiles, ha soltado pólvora. De acuerdo al nuevo reglamento, el calibre 9 milímetros (cañón largo Parabellum) es ahora de uso exclusivo de los militares y de la policía nacional. Además, señala que los ciudadanos que deseen armarse solo podrán portar hasta un máximo de dos armas y tendrán que tener como mínimo 21 años.

Al respecto, Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior, piensa que estamos frente a ‘una norma hecha sin pies ni cabeza’. “Es una barbaridad por donde se le mire. Pretenden desarmar a los civiles en circunstancias en que la delincuencia sigue creciendo y el Estado se muestra incapaz de detenerlo. Portar un arma es un derecho del ciudadano en cualquier parte del mundo. No hay un motivo para anularlo, como está pretendiendo hacer este gobierno”, opina.

En contrapunto, Ana María Watson, directora del Instituto de Seguiridad y Derechos Humanos (ISDH), cree que ese razonamiento es equivocado. “¿Para qué necesitan los civiles hasta cinco armas? ¿Están jugando a ser Rambo? Hay gente que, como el loco que entró a disparar en la Catedral, tiene licencia para portarlas. Yo me pregunto, ¿cómo pasan el examen psicológico en esas condiciones? Ahí está la corrupción”, asegura.

Rodrigo López, presidente de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (Applaf), presentará una acción de amparo en el Poder Judicial. “Es flagrante el atentado contra los derechos constitucionales que han vulnerado con la aprobación de esta ley”, dice

LAS CIFRAS -77% de las agresiones y 48% de los homicidios en Perú se cometen con armas de fuego. -300 mil peruanos tienen licencia vigente para portar armas de fuego. -180 mil armas circularían sin control en nuestro país y estarían en manos de los delincuentes. -8 de cada 10 personas en el Perú sufren un robo con arma. -21 mil armas están internadas actualmente en almacenes de Sucamec. Estas fueron entregadas por ciudadanos, algunos de ellos anónimos. -3 mil de las armas incautadas serán incineradas la primera quincena de mayo. -180 días de plazo tendrán los civiles propietarios de un arma calibre 9 milímetros parabellum, para devolverla.

Fuentes: Amnistía Internacional, Sucamec, Ministerio Público.