Caso La Parada: juez falló a favor de comerciantes para que vuelvan a sus puestos

El juez Malzon Urbina, del 56 Juzgado Penal de Lima, emitió una resolución a favor de los comerciantes de La Parada. Ordenó el retiro de los policías que custodian las inmediaciones del mercado mayorista, así como de los bloques de cemento.

En su resolución, el juez concluye que no es legal que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, cambie el uso del terreno del establecimiento dejando de ser un mercado para convertirse en parque.

En otra parte del documento, el magistrado señala que la burgomaestre “habría incurrido en el delito de falsedad genérica y falsificación de documentos múltiples”.

Otra de las conclusiones de Urbina es que la Municipalidad de Lima violentó el principio de igualdad ante la ley, “discriminando a los comerciantes de La Parada”.

Un aspecto que resalta en la resolución es que el juez considera que el ministro del Interior tiene “responsabilidad penal” en el “trato discriminatorio” a los comerciantes evidenciados en el traslado de La Parada al nuevo mercado de Santa Anita. Además, se señala que el titular del Interior no analizó las consecuencias y expuso a los policías de la operación a los actos delincuenciales suscitados en octubre pasado.

HÁBEAS CORPUS FUNDADO El fallo declara fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta doña Ida Obdulia Ávila Sedano contra la alcaldesa Villarán y contra el ministro Wilfredo Pedraza. Esto “por vulneración al principio y al derecho de la libertad individual, medida y vigilancia arbitraria y afectación del derecho a la igualdad ante la ley por trato indiscriminatorio”.

“Dispongo la inmediata dación de cuenta a la Comisión Permanente del Congreso los indicios razonables de la comisión de ilícitos penales por parte del señor ministro Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra”, señala la resolución. También habla de “responsabilidades penales que pudieran recaer sobre la alcaldesa Susana Villarán del a Puente y a los funcionarios públicos que resulten responsables”.

Otra disposición contempla remitir copias certificadas al Ministerio Público por el presunto delito contra la Fe Pública con perjuicio de terceros por parte del teniente alcalde de Lima, Eduardo Zegarra, por haber supuestamente alterado la verdad respecto al contrato de donación del terreno.

Lee aquí la resolución