Ciudadanía reunió más de 60 mil firmas a favor de aborto por violaciones

Más de treinta organizaciones civiles y colectivos sociales peruanos presentaron más de 60 mil firmas que han recolectado para pedir que el Congreso modifique la legislación y despenalice el aborto por violación.

Como parte del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, celebrado ayer, los representantes de las organizaciones señalaron que ya han conseguido las firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa en favor de su pedido.

Acompañados por las congresistas independientes Rosa Mavila y Verónika Mendoza, los representantes pidieron frenar la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y adultas, y también respetar su decisión de terminar un embarazo producto de una violación.

Según señalaron, las firmas fueron recolectadas desde hace ocho meses mediante la campaña Déjala Decidir serán enviadas al Jurado Nacional de Elecciones y a otras instancias del gobierno para solicitar que en septiembre próximo se debata una iniciativa legislativa en el Congreso.

Esta iniciativa busca que nuestra democracia reconozca el derecho de las mujeres sobre nuestros cuerpos, esto es posible en el marco de un Estado laico que sea libre de la injerencia de ideologías religiosas, y que respete sobre todo los derechos fundamentales de las mujeres, afirmó la representante de la campaña María Elena Reyes.

VIOLACIÓN EN ZONAS RURALES La congresista Mendoza aseguró, a su turno, que el aborto producto de un embarazo por violación debe ser abordado lejos de las posiciones de la iglesia que ha tenido mucha injerencia en el tema y con un enfoque de Estado.

Según la vicepresidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Rosa Ojeda, hay un gran desconocimiento sobre la violencia contra las féminas.

Poco o nada se conocen los casos de violencia en zonas rurales y comunidades del país, porque no hay lugares donde hacer la denuncia, no hay lugar donde dejar un registro de agresiones. Por lo tanto, el Estado desconoce la realidad de las comunidades, señaló Ojeda.

COLEGIO MÉDICO CUESTIONA AL TC Miguel Gutiérrez, representante del Colegio Médico, criticó que el Tribunal Constitucional haya prohibido la distribución gratuita de las pastillas de anticoncepción de emergencia en establecimientos de salud.

El resultado de esta negativa es que las mujeres que salen embarazadas recurren al aborto, y lo hacen en condiciones clandestinas y de alta inseguridad, poniendo en riesgo su vida. Por ello tiene que haber un cambio en la ley. No se puede pensar que esta ley promueva el aborto, estamos promoviendo el derecho de la mujer a decidir, afirmó Gutiérrez.

Según cifras de las organizaciones que apoyan la campaña Déjala Decidir, una de cada cinco mujeres peruanas ha sido violada sexualmente antes de los 15 años por una persona de su entorno familiar.

Estas organizaciones también aseguraron que en el país se hacen cada año 371.420 abortos inseguros, lo que equivale a mil al día.