ROSA AQUINO ROJAS

No es hora punta, pero los bocinazos no cesan en las cuadras 3 y 4 del Jr. Alejandro Tirado, en el Cercado de Lima. Dos camiones para mezclar concreto ocupan la mitad de la pista, reduciéndola a un carril. Lejos de allí, en la primera cuadra de la Av. Jorge Chávez, en Miraflores, los peatones no tienen más opción que caminar por la pista porque una constructora se adueñó por completo de la vereda.

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Esta invasión de los espacios públicos empeora con el desordenado crecimiento inmobiliario. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) reportó que en el 2012 se construyeron en Lima 1.482 obras cuyas edificaciones superan los cuatro pisos de altura, 407 más que en el 2011. Aún no se procesan las cifras de este año, pero se estima que el sector crecerá 15%. Eso significa más calles convertidas en el garaje y depósito de arena y ladrillos de las constructoras.

Aunque Surco, Miraflores, San Isidro y Ate registraron más edificaciones, el resto de la ciudad no escapa de la mala coordinación de los municipios para fiscalizar la interferencia de las vías locales y metropolitanas.

La autorización para interferir una vía la otorga la Subgerencia de Ingeniería de Tránsito (SIT) de la Municipalidad de Lima, que además debe vigilar que las inmobiliarias no infrinjan la ley. Sin embargo, su capacidad de trabajo es mínima: solo tiene 30 inspectores para hacerlo. Por ello, una ordenanza de hace tres meses hizo posible que Lima delegara a los distritos el control de los cierres.

La norma fija obligaciones como el uso de tranqueras, señalización vertical, postes y luces de señalización para indicar la proximidad de la interferencia y las vías alternas de tránsito. Remarca que los conos y cintas solo delimitan la zona de obra, pero la mayoría de empresas los usa para interrumpir las calles, como lo comprobó este Diario.

A las municipalidades de Miraflores, San Borja, Lince y Barranco les preocupa que Lima no coordine con los distritos antes de restringir una calle local.

“Cada concejo debería dar una opinión técnica, pues conocemos el flujo vehicular del distrito”, opina Jorge Sáenz, gerente de Desarrollo Económico de Barranco. Julio Fuentes, subgerente de Licencias de Edificaciones Privadas de Miraflores, propone que los permisos de cierre sean dados por los distritos.

“Al final quien ejerce el control es cada gobierno local”, dice Nancy Ninapaitán, gerenta de Desarrollo Urbano de San Borja. Advierte que la labor se ve limitada porque Lima no comunica sobre los permisos que da.

Esa justificación resulta absurda para Marybel Vidal, jefa de la SIT. “Los distritos otorgan licencias y saben que ello llevará a que las empresas pidan autorización de interferencia de vías, pues es parte del proceso de construcción”, justifica.

Para Lino de la Barrera, especialista en transporte, el problema radica en la incapacidad de los gobiernos provinciales y distritales para gestionar las interferencias y fiscalizarlas.