Generales PNP Raúl Salazar y Víctor Castañeda avalaron pago a empresa DPI

FABIOLA TORRES LÓPEZ Unidad de Investigación

La Procuraduría Anticorrupción informó que solicitará al Ministerio Público incluir al empresario Rodolfo Banchero Zavala, dueño de la constructora DPI, en la investigación por malversación de fondos y colusión en el caso del pago que hizo el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) a su inmobiliaria por 502 casas en La Estancia de Lurín, construidas en terrenos en litigio y entregadas a destiempo sin servicios básicos.

El Comercio reveló ayer que dos directorios de Fovipol, entre el 2011 y el 2012, acordaron este negocio inmobiliario con Rodolfo Banchero, que implicó el desembolso de S/.45’153.869 a su empresa, aun cuando conocían que las tierras del proyecto habitacional estaban en juicio por la propiedad.

El caso está en manos de la titular de la Primera Fiscalía Anticorrupción, Gladys Rojas, quien investiga por malversación de fondos y colusión a un general, cinco coroneles, un suboficial de la policía y al representante legal de la empresa DPI, Juan Rodríguez Uriol.

Rodolfo Banchero tiene 23 denuncias por estafa en fiscalías penales de Lima y sus inmobiliarias Inversiones M y S y Negociaciones Ara del Norte, ya habían construido otras 976 viviendas para la policía entre el 2004 y el 2010 en Lurín con los mismos problemas legales del terreno.

CADENA DE DECISIONES ¿Pero quiénes ordenaron firmar el 2011 un nuevo convenio con otra empresa de Banchero para la construcción de 502 casas pese a sus antecedentes? ¿Quiénes dispusieron que se le pague más de S/.45 millones por adelantado? Parte de las respuestas están en documentos relevantes que revisó El Comercio y que la fiscal Gladys Rojas Castro tomará en cuenta para contrastar las manifestaciones que ya rindieron cuatro ex directivos de Fovipol.

En en el diagrama adjunto, El Comercio reconstruyó la cadena de responsabilidades en este caso y halló que la decisión de hacer negocios con DPI y de pagarle por adelantado fue tomada por los directorios de Fovipol del 2011 y 2012, presididos por los generales PNP Néstor Zegarra Silva y Víctor Castañeda Parrales, respectivamente.

Ellos tuvieron el aval de sus respectivos directores generales de la policía, los generales PNP Raúl Becerra Velarde y Raúl Salazar Salazar.

LA MANIFESTACIÓN DEL GERENTE El coronel PNP Omar Navarro Egúsquiza fue el gerente general de Fovipol entre el 2011 y 2012, tiempo en el que se firmó el convenio y se realizó la operación financiera con la empresa DPI. El 13 de abril del 2011, el directorio presidido por el general PNP Néstor Zegarra Silva facultó a Navarro a firmar el convenio con DPI para la construcción de casas que adquirirían los policías. Y meses después, el 31 de diciembre de ese mismo año, el directorio encabezado por el general PNP Víctor Castañeda Parrales, le ordenó pagar los S/.45’153.869.

Esta última decisión fue solo una formalidad porque el pago ya se había desembolsado en la cuenta de la constructora DPI en tres partes los días 16, 27 y 29 de diciembre del 2011.

En su manifestación a la fiscalía, el general PNP Néstor Zegarra aseguró que solo siguió “las órdenes expresas que ambos directorios le dieron por unanimidad”. Sin embargo, otros tres ex miembros de Fovipol que también rindieron su declaración, entre ellos el general PNP Víctor Castañeda (en el retiro desde el 5 de mayo del 2012), intentaron liberarse de responsabilidades.

“Estuve menos de un año en Fovipol. Sobre los criterios de calificación para elegir a la constructora DPI, que responda el gerente general. Sobre la operación financiera, también. El directorio le dijo que actuara conforme a la ley”, declaró Castañeda a la fiscalía.