Juez Malzon Urbina: "Terreno de La Parada se donó para un mercado mayorista y otro minorista"

El juez que decidió el retorno de los comerciantes de La Parada al mercado que ocupaban en La Victoria, Malzon Urbina, explicó que este terreno fue donado por la familia Cánepa Caycho para el funcionamiento de un mercado mayorista, otro minorista y “la apertura de las calles pertinentes”.

“El contrato de donación estableció en su cláusula segunda que la Municipalidad de Lima aceptaba. Nadie puede regalar algo sin que la otra parte no quiera”, precisó el magistrado.

En ese sentido, Urbina La Torre detalló que las donaciones constituyen un contrato y “los contratos son de obligatoriedad insalvable de cumplimientos”. “A sabiendas que yo había examinado ya a la alcaldesa Susana Villarán y del resultado de la entrevista, el procurador del municipio hizo todo lo posible por evitar que la resolución sea expuesta públicamente, indicó.

Ellos (Municipalidad) no cumplieron con el debido proceso y dejan frondosos indicios de la perpetración de varios delitos contra la fe pública. Como eso no les convenía, procedieron a la cobertura del orificio por donde podrían salir los hechos a la luz”, acotó.

Asimismo, Malzon Urbina mencionó que el Concejo de Lima, “arrastrado por múltiples apremios, no tuvo mejor idea que resolver su problema incursionando en los alrededores del mercado mayorista”. En esa línea, el juez se refirió a que el municipio capitalino “recurrió a una herramienta” y la halló en la sexta cláusula del contrato en cuestión donde se especificaba que el terreno era de “utilidad pública”.

“Fue de manera tendenciosa. O sea que como era de utilidad pública aceptaron hacer un parque. Eso es totalmente inadmisible, es como si el Estadio Nacional lo convirtieran en un parque, la ley me lo prohíbe, y la ley de contratos no se puede cambiar. Al interior de ese clandestinaje se emitieron documentos como aquella resolución de alcaldía que era un delito contra la fe pública”, expresó.

Finalmente, el magistrado remarcó que, conforme a otro de los extremos en que se basa la demanda de los comerciantes –trato discriminatorio-, consultó a la alcaldesa Villarán por qué no respetó sus derechos fundamentales al ejecutar un desalojo sin haber recurrido previamente a la vía judicial.

“No se les notificó nunca a los comerciantes, como debía ser el camino correcto. Eso no hizo la Municipalidad de Lima”, anotó.