La ley de la alimentación saludable “ataca a la industria legal” y “promueve la informalidad”

MARTÍN ACOSTA GONZÁLEZ (@martiacosta) Redacción online

La Ley de promoción de la alimentación saludable para niños y adolescentes o también llamada ley de la comida chatarra tiene como fin supremo la protección de la salud pública y, entre las acciones concretas, la regulación e implementación de quioscos saludables en los colegios.

La norma aprobada en el Congreso y enviada al Ejecutivo para su promulgación pone los ojos en los alimentos procesados y ultraprocesados. Vale decir todo alimento que haya sufrido un cambio antes de que lo podamos consumir.

A partir de esta definición la lista de productos es tan larga como el debate creado a partir de la norma. Para Jorge Baca, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT), la ley está pésimamente enfocada, carece de un fundamento sólido y está llena de impresiones, que ponen en jaque por ejemplo “a la industria legal, esa que es comercializada cumpliendo con todos los patrones impuestos por el estado”.

En conversación con elcomercio.pe, Baca señala que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) no dicta en ninguna disposición algún acápite referente a ‘alimentos saludables’, sino que promueve ‘hábitos saludables’”, basados en criterios de educación que no solo sean dirigidos a los niños sino básicamente a los adultos.

¿ALIMENTOS CUESTIONADOS? Baca señala que el fin de la norma es importante y legítimo, pero los vacíos y el enfoque que el Congreso ha propuesto la hacen imposible, inviable y sobre todo discriminatoria.

“La norma ataca alimentos como las barras de cereales, jugos y gaseosas pero también productos como el atún en conserva, la lecha envasada, los fideos, etc. No estamos hablando de los sánguches o la comida que se vende de manera informal en las calles. La norma discrimina y promueve la informalidad”. Por esa razón la ley no es precisa.

Se busca implementar los quioscos y los comedores saludables, restringiendo la venta de productos dentro de la institución educativa, pero ¿qué pasa a la salida de las escuelas, con los puestos ambulantes o las tiendas cercanas?

“De arranque van a prohibir las gaseosas y las galletas, pero no la manzana acaramelada que se vende a la salida del colegio. No se hace foco en los chups o barquillos, que además no poseen en muchos casos registros de sanidad, etc.”

CONSECUENCIAS Por lo pronto, el Congreso modificó rápidamente una palabra dentro del texto enviado al Ejecutivo. La iniciativa ahora señala que los anuncios no deben incentivar el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas, con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas.

Antes establecía que la publicidad “no debía incentivar (…)”, pero como sabemos la publicidad por naturaleza incentiva. La modificación intenta reducir el impacto negativo de la ley, aunque para los críticos no es suficiente.

La ley podría generar un impacto negativo en el deporte, tomando en cuenta que muchas de estas empresas (de fideos, gaseosas) dejarían de apoyar y donar productos y destinar dinero al apoyo de estas actividades ¿Quién suplirá ese apoyo?

¿QUIÉN FISCALIZA? Para que la ley de la alimentación saludable sea viable será imprescindible una gran labor de fiscalización para que dentro de las escuelas no se vendan estos productos. Una tarea nada fácil y que necesitará la movilización de miles de fiscalizadores que visiten de manera frecuente las escuelas de todo el país.

El reglamento es un tema aparte. Ahí se terminará de dar forma a los límites permitidos de grasa, sal, azúcar, etc. A partir de ello nacen otras interrogantes ¿La comida peruana no genera también obesidad? ¿Qué engorda más, un suspiro a la limeña o una barra de cereal? ¿Qué tiene más grasa un pollo a la brasa o un sánguche de un fast food? ¿Cuánta diferencia hay entre unas papas fritas de carretilla y unas de un restaurante de comida rápida?

¿Estás de acuerdo con esta norma?