El costo del contrato ascendería a casi diez mil dólares. (Foto archivo El Comercio)
El costo del contrato ascendería a casi diez mil dólares. (Foto archivo El Comercio)

HÉCTOR VILLALOBOS

El Decreto Legislativo 829, que creó el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, establece que dicha entidad tiene por objetivo la difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento. En ninguna parte de la norma dice que la programación habitual del canal del Estado debe ser cortada de golpe para transmitir las actividades del presidente Ollanta Humala, de su esposa o de “sus” ministros.

Por otro lado, “El Peruano”, que es el diario oficial del Estado y en el que se publican las normas legales, ofrece casi siempre a sus lectores portadas en las que se alternan, un día el mandatario sonriendo, al siguiente su cónyugue sonriendo y al tercer día ambos sonriendo.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) y Editora Perú son las dos empresas que agrupan a los medios de comunicación oficial del Estado. Este año, el mantenimiento de ambas entidades cuesta S/.145,8 millones, dinero que, por supuesto, sale del bolsillo de todos los peruanos.

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