No renuevan ni expiden licencias para usar armas de fuego hace dos meses

LUIS GARCÍA PANTA

Desde el 14 de julio, las personas naturales y las compañías de seguridad y vigilancia privada no pueden renovar sus licencias para portar armas de fuego ni tramitar alguna nueva porque los hospitales que deben de expedir los certificados de salud mental no atienden a los usuarios, quienes requieren de este documento para el mencionado trámite.

El Ministerio de Salud autorizó exclusivamente a los hospitales San José y Daniel A. Carrión, en el Callao, para otorgar los certificados, pero el personal de salud alega que hasta el momento no hay una comunicación oficial. Víctor Vega Martínez, gerente de la empresa Líder Security SAC., indicó que esto acarreaba un sinnúmero de problemas a las compañías de seguridad y a las personas naturales.

En el D.S. 006-2013, promulgado el 13 de abril, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) dio un plazo de 90 días para que los hospitales del Estado –y ya no las clínicas particulares– emitan el certificado de salud mental, uno de los requisitos para la obtención de las licencias.

Los centros de salud privados fueron desautorizados de emitir el documento para evitar que las personas lo falsificaran o buscaran clínicas sin garantía profesional, tal como sucedió con Gerson Urrutia ‘El Loco de la Catedral’ en marzo del 2013, quien con una pistola tomó como rehenes a los asistentes a un matrimonio en la Iglesia del Sagrario de la Catedral de Lima. Él había obtenido el certificado de salud mental de una clínica particular.

En la Sucamec, Juan Carlos Meléndez, uno de los gerentes de seguridad, contestó por correo electrónico y solo dijo que la institución no era la que designaba los hospitales sino el Ministerio de Salud.

El general PNP Carlos Salazar Orozco, gerente de la compañía High Power, afirmó que la reorganización de la Sucamec ha derivado en su inoperancia. “Desde hace dos meses no se expiden licencias de armas para ningún usuario particular o miembros de las compañías de seguridad; se aduce falta de recursos pero todo indica que es por falta de conocimiento o experiencia de los funcionarios designados”, remarcó.

Rodrigo López Landauro, presidente de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (Applaf), dijo que la política que aplicaba la Sucamec de complicar la emisión de licencias era absurda. Están empujando a que la gente no renueve sus licencias, pues le ponen trabas para tramitarlas.

“Hay una política de desarme, entrampan la obtención de la licencia legal a los ciudadanos para luego, cuando no tengan los permisos al día, decomisar las armas por ilegales”, dijo.

Thomas Saldías, de la Coalición por un Perú Libre de Armas Ilegales, demandó al Ministerio del Interior la pronta reactivación de la Sucamec.

“Los requisitos han sido aumentados abusivamente y los costos para obtenerlos se han elevado hasta en un 900%. La falta de previsión es tal que si un usuario de una simple escopeta de Cajamarca quiere renovar su permiso, tiene que venir a Lima y esperar más de dos meses para poder hacerlo. No se ha tomado en cuenta a los portadores de armas de provincias”, explicó.

Según alertó Saldías, hay 300 usuarios que han interpuesto acciones de amparo para que sus pistolas Parabellum (9 mm.) no sean confiscadas, pues el D.S. 006 no les permite poseerlas.

LA LICENCIA VENCIDA NO ES DELITO Jesús Thomas Saldías, de la Coalición por un Perú Libre de Armas Ilegales, informó que el poseer un arma con licencia vencida noes un delito sino una falta administrativa. Es un delito cuando alguien obtiene un arma de fuego producto de un acto ilícito, no la registra y comete un acto criminal, señaló.

Agregó que la multa por tener el permiso vencido es de S/.180. Pero ahora esa multa no puede aplicarse porque los usuarios que han querido renovar el permiso vencido no lo han podido hacer por los problemas en la Sucamec; entonces, es necesario una amnistía, demandó.

En días pasados, Derik La Torre Boza, jefe de la Sucamec, había declarado a la agencia Andina que la multa no será aplicada a los usuarios con las licencias vencidas debido a que no se han implementado totalmente las instituciones hospitalarias para la expedición de los certificados de salud mental, uno de los requisitos para la renovación.