Javier Cobeñas Redacción Piura

La semana pasada se realizó la primera interdicción en la región Piura, con la destrucción de dos dragas que operaban de manera ilegal en el río Calvas, en la frontera con Ecuador, y que contaminaban parte del agua que iba al reservorio Poechos.

Los piuranos exigen a las autoridades continuar la lucha contra la minería ilegal, para evitar que la población termine con mercurio en el organismo.

Manuel Anicama Ibáñez, titular de la Fiscalía de Prevención del Delito con competencia en materia ambiental de Sullana, explicó que además de las dragas que extraen oro en el cauce del río, hay campamentos mineros ilegales que también contaminan con el cianuro y mercurio que emplean para obtener el oro.

“Esas plantas mineras usan otro tipo de tecnología, como máquinas procesadoras. Allí necesitaremos explosivos para destruirlas. En estos casos será necesario el apoyo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), o del Ejército, porque tienen personal especializado para manipular los explosivos”, explicó el fiscal Anicama Ibáñez.

Sin explosivos Anicama explicó que, para continuar con las interdicciones, se debe adquirir explosivos, pero desconoce si el gobierno regional tiene dinero para hacerlo.

En respuesta, el director regional de Energía y Minas, Alfredo Guzmán Zegarra, admitió la carencia de material detonante y manifestó que están evaluando cómo continuar con las interdicciones a los campamentos.

“Estamos viendo cómo manejamos el tema de los explosivos, porque para adquirirlos y manipularlos se necesita una autorización de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec). Vamos a coordinar con el fiscal para que él solicite a la PNP las intervenciones con explosivos”, detalló Guzmán Zegarra. El director regional de Energía y Minas, hasta la fecha, ha solicitado la interdicción de 20 campamentos mineros ilegales.

Pide apoyo El presidente regional, Javier Atkins Lerggios, exhorta a que continúen las interdicciones para combatir la minería ilegal.

“El Estado tienen el presupuesto y a las Fuerzas Armadas para realizar las interdicciones. Ese es el rol que debe cumplir. Como gobierno regional no podemos ir al combate, porque no tenemos Fuerzas Armadas, ni manejamos policías”, explicó la autoridad regional.

Atkins Lerggios detalló que el problema que tienen los gobiernos regionales para combatir la minería ilegal se debe a que el Gobierno Central les transfirió las facultades, pero no las capacidades ni el presupuesto para proceder.

“En Piura no nos escapamos de la minería ilegal. En algunas zonas usan dragas para extraer oro, y en otras, como en Suyo, hacen enormes perforaciones”, finalizó.