Vecinos de la Asociación Salvemos Barranco expresaron su rechazo a la decisión del concejo distrital de vender, mediante una subasta pública, parte del acantilado del distrito en donde hace ocho años se construyó de manera irregular el edificio de diez pisos Acquamarina.

Javier Alvarado, representante de la asociación, indicó que la construcción atenta contra la seguridad pública y se encuentra en una zona inestable de la Costa Verde. Por su parte, otro vecino, Jorge Leca, planteó incluso la demolición del inmueble en el que actualmente viven siete familias.

“Yo exhorto a la alcaldesa de Lima, presidente de la Autoridad del Proyecto Costa Verde, al doctor Luis Peirano, ministro de Cultura, para que intervengan. Hemos enviado sendos oficios a ellos y estamos esperando desde el 12 de junio la opinión de la Autoridad del Proyecto Costa Verde, que hubiera valido mucho tenerla ante la sesión de concejo”, refirió Alvarado.

Asimismo, insistió en que la licencia se otorgó durante la gestión del ex alcalde Martín del Pomar y “no cumplió con los requisitos que la ley manda, porque fue otorgada sin el consentimiento de la Autoridad del Proyecto Costa Verde”. Agregó que ya en el período de Antonio Mezarina, “se consumieron una serie de ilícitos e irregularidades”.

DEL POMAR NIEGA RESPONSABILIDAD Respondiendo a la alusión, el ex alcalde Del Pomar (gobernó del 2003 al 2006) negó haber autorizado la construcción del edificio y aseguró que está en contra de que se haya hecho.

“Esa licencia que, tengo entendido, ni siquiera se aprobó, sino que a un funcionario se le presentó un expediente, parece que se hizo el loco, no contestó y gracias a eso le dieron un permiso en base a lo que se llama el silencio administrativo […] Yo no tuve nada que ver con que se diera esa licencia, jamás. La actual gestión tampoco, porque ya recibió el expediente confirmado de la gestión anterior del señor Mezarina”, explicó a Canal N.

La Ordenanza Municipal N° 1414, emitida en el 2011 por la Municipalidad de Lima, declara la intangibilidad de los acantilados de la Costa Verde.

En declaraciones a “Perú 21”, el asesor legal del municipio de Barranco, Fredy Vicente, indicó que se optó por vender el terreno para evitar un engorroso y largo proceso judicial en caso se hubiese planteado la demolición.