LUIS GARCÍA PANTA Y ROSA AQUINO

Este año los 111 oficiales de la PNP destinados para dirigir las comisarías distritales de Lima Metropolitana deberán coordinar sus operaciones con los alcaldes y los integrantes de las juntas vecinales a fin de combatir la delincuencia de menor escala.

Una de las medidas dispuestas por el Ministerio del Interior para enfrentar el incremento de la delincuencia de menor escala en lo distritos de Lima Metropolitana es el poder de fiscalización que tendrán los integrantes de las juntas vecinales y del propio alcalde para evaluar el trabajo del comisario. Cada tres meses, los oficiales serán evaluados en audiencias públicas vecinales y si no cumplen los objetivos de bajar los índices delictivos serán relevados de sus cargos.

Ayer el titular del portafolio, Wilfredo Pedraza Sierra, explicó los lineamientos de la nueva política de seguridad ciudadana que emprenderá este año el Ministerio del Interior para revertir los altos índices de robos menores o de baja cuantía que se producen a diario.

Pedraza señaló que el 80% de los comisarios fue cambiado en la capital y solo un 20% fue rotado. Estos últimos porque solo tenían un año en el cargo o porque habían hecho un buen trabajo en sus jurisdicciones.

“Para elegirlos se ha buscado un buen perfil profesional y que estén libres de sanciones graves. Ellos deben articular su trabajo con las juntas vecinales y los alcaldes distritales, porque serán los que asuman el patrullaje integrado y la seguridad en las calles de su s distritos”, señaló.

Los 111 comisarios de Lima Metropolitana trabajarán fundamentalmente con el mapa de delito de cada distrito, el cual tiene que ser actualizado permanentemente para asegurar un patrullaje más efectivo, explicó.

“Queremos que el público perciba la diferencia, la gente no denuncia los robos porque no obtiene resultados, vamos a mejorar eso. Estamos trabajando un proyecto para mejorar el sistema de atención al público en las comisarías”, acotó.

CONSEJO DE SEGURIDAD Pedraza se reunió ayer en su despacho con el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, general PNP Roberto Villar Amiel; el general Luis Praelli Burga, director ejecutivo de Seguridad Ciudadana; y el asesor legal del Ministerio del Interior, Jaime Reyes Miranda.

Villar expresó que se busca el cambio de actitud del comisario, que coordine y tenga permanente trato con la comunidad. y que establezca una relación muy profunda con el alcalde, quien es finalmente el presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana del distrito.

“Queremos un trabajo nuevo, diferente, un mayor contacto con la comunidad. Estos nuevos comisarios deben mejorar la relación con la comunidad organizada, volver a esa trilogía de policía, vecino y alcalde”, manifestó.

Dijo que la labor fiscalizadora incluirá una rendición de cuentas que se hará pública a través de las audiencias. En esa reunión se informará cuál es la problemática en materia delictiva y la solución que le han dado. “Serán cuatro audiencias públicas al año para que informen a la colectividad lo que están haciendo con el planeamiento operativo”, acotó.

El general Luis Praelli Burga dijo que en años anteriores la PNP privilegió el trabajo represivo y descuidó el acercamiento a la colectividad, “por eso se ha nombrado a oficiales con el perfil adecuado y con capacidad para articular las relaciones entre policía, alcalde y comunidad”.

Agregó que los agentes van a ser capacitados con cursos de seguridad ciudadana, prevención, marco legal, proceso de formación de juntas vecinales. En conclusión, dijo que se busca una policía comunitaria.

Todos los comisarios están trabajando en identificar los puntos de alta incidencia delictiva, venta de droga, prostitución clandestina, etc. Luego se va a intervenir los puntos de venta de objetos robados y el mercado negro para terminar con la cadena delictiva, afirmó.