Investigan ‘secuestro’ de 316 kilos de oro ilegal incautado

SCAR CASTILLA C.

Entre el 2011 y el 2013, los organismos de inteligencia policial, financiera y aduanera se alarmaron por el aumento de exportadoras de oro que, desde Lima, Puno y Madre de Dios, enviaban toneladas de metal de la minera ilegal a refineras de Suiza, EE.UU., Italia, Emiratos rabes Unidos y la India. El Comercio centr su investigacin en una de las mayores exportadoras de oro del Per: Comercializadora de Minerales Rivero. La empresa, creada en el 2013 por Miguel Rivero Prez, de 34 aos un empleado tcnico sin recursos econmicos, despach en solo siete meses 4,5 toneladas de oro (valorizadas en US$165 millones). Sin embargo, la ltima de sus cargas (316 kilos de oro) cay con otras en una operacin de Aduanas de la Sunat a fines del 2013. Entonces intervinieron la cifra rcord de media tonelada de metal ilegal, tal como revel El Comercio la semana pasada. As empez la historia del primer secuestro de oro registrado en la memoria aduanera. La alerta surgi cuando los agentes conocieron a Miguel Rivero, quien reclam el oro en calidad de dueo de Minerales Rivero. Este hombre, en teora un empresario, ya que tambin figura como propietario de Minerals Gold MPP (con la que export toneladas de metal en el 2013), no logr sustentar el origen de la carga confiscada. EL TREMENDO JUEZ DE UCAYALI Das despus de la intervencin, los operadores de la exportadora, ubicada en un pequeo local de Miraflores, viajaron inexplicablemente hasta Pucallpa para interponer una medida cautelar y lograr la devolucin del oro. El caso lleg al juez de un poblado de Ucayali, Wenceslao Portugal, quien acogi la demanda y orden a Aduanas entregar el metal inmovilizado. El juez adems exigi que Aduanas le diera tiempo a la empresa para demostrar el origen lcito del metal. No contento con eso, se intern en una clnica y luego desapareci de su despacho tras recibir la apelacin de la Sunat. Al no lograr su objetivo, el 17 de diciembre del 2013, la exportadora denunci ante la fiscala a seis funcionarios por desacato y apropiacin. Un da despus y mientras los agentes se preguntaban qu poderosa fuerza estaba detrs de Minerales Rivero apareci en el local de Aduanas el fiscal del Callao Roger Rodrguez Rojas con un equipo de policas, dos abogados Blanca Paredes y Renn Galindo (ex defensores de acusados por crimen organizado y corrupcin) y el coronel PNP Benedicto Jimnez. Todos ellos son considerados operadores legales de una persona en la mira de la Procuradura de Lavado de Dinero y de la Fiscala de Crimen Organizado: Rodolfo Orellana Rengifo, por blanqueo de activos de diferentes actividades delictivas. FUERZA DE CHOQUE El objetivo de este equipo que con el aval del fiscal film a los aduaneros para intimidarlos era secuestrar el metal, pero no lo lograron. El intento fallido motiv que iniciaran una campaa de desprestigio arrojando folletos cerca de las casas de los funcionarios, en los que los acusan de corruptos. Para entonces, Aduanas y la Procuradura de Lavado de Dinero haban logrado el embargo por deuda tributaria de la mitad del oro intervenido e iniciado el proceso para incautar de forma definitiva la carga restante, que estaba en el almacn de la empresa aduanera Talma. Al darse cuenta, el grupo de la abogada Blanca Paredes volvi a la carga, pero con el apoyo de la asistenta judicial del Callao, Doris Vega; el comisario de Sarita Colonia, capitn Pedro Llontop (vinculado con scar Lpez Meneses); y el jefe de la USE Callao, comandante Emilio Cabrera. El 3 de enero, todos ellos, con policas en tres patrullas y guardaespaldas en otros 10 autos, ingresaron a Talma en el Callao. La organizacin, gracias al fallo de Ucayali, carg el metal (incluso la parte embargada por la Sunat) y se retir del lugar en solo una hora. Cuando Aduanas recibi la noticia, el secuestro de los 316 kilos de oro (cotizados en US$11,2 millones) ya se haba perpetrado.