“Con video o sin video, pareciera que en este país no pasa nada. Pero con el caso de Eivy Ágreda hemos tocado fondo”, sostiene la periodista Paola Ugaz. La imagen que acompaña esta página muestra una foto de Ágreda antes del ataque.
“Con video o sin video, pareciera que en este país no pasa nada. Pero con el caso de Eivy Ágreda hemos tocado fondo”, sostiene la periodista Paola Ugaz. La imagen que acompaña esta página muestra una foto de Ágreda antes del ataque.
Nora Sugobono

Las palabras son poderosas. Revisar su significado es un ejercicio –casi siempre– provechoso. Empecemos por el verbo ‘intentar’. En su primera acepción, la RAE lo define como tener el ánimo de hacer algo. En la segunda, es iniciar su ejecución. Si en ambas hay voluntad, ¿dónde está el matiz? En las circunstancias, posiblemente. Quizá en la capacidad de llevar a cabo el plan escogido. O tal vez resulte más sencillo que todo eso: puede que solo se trate de suerte. En el Perú de 2018, ninguna mujer la tiene a su favor. 

Carlos Javier Hualpa Vacas y Adriano Manuel Pozo Arias intentaron asesinar a dos. El primero terminó por admitir el delito con el fin de acogerse a los beneficios de la confesión sincera, que permite reducir la condena. Así, Hualpa será procesado por feminicidio en grado de tentativa tras quemar, el pasado martes 24 de abril, a Eyvi Ágreda, una joven originaria de Jaén con quien coincidió brevemente en un centro de trabajo cuatro años atrás. No los unía ninguna clase de relación: él quería tenerla; ella, no. Aquel martes, Hualpa esperó y subió –encapuchado; lentes oscuros– al bus donde sabía que se hallaría su ex compañera laboral. La roció con gasolina que había metido en una botella de yogur, le prendió fuego –quemando también a otros diez pasajeros– y luego huyó por la puerta trasera del vehículo. Venía acosándola desde hacía meses, persiguiéndola hasta su casa, tal y como confirman la hermana y la madre de la víctima. 

Ágreda, sedada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Guillermo Almenara, todavía lucha por su vida. Más del 60% del cuerpo de la mujer de 22 años –rostro, cuello, tórax, abdomen, brazos y órganos internos– tiene quemaduras. Al menos 10 operaciones serán necesarias para que logre recuperarse. Ver las fotos de Eyvi Ágreda antes del ataque estremece y golpea. Pelo negro y brillante, el gesto amable. Sonrisa. 

Eivy Ágreda se encuentra en estado crítico en el hospital Guillermo Almenara.
Eivy Ágreda se encuentra en estado crítico en el hospital Guillermo Almenara.

El segundo, Adriano Pozo, ahorcó y jaló de los pelos a la abogada Arlette Contreras el 12 de julio de 2015. Ambos –pareja en aquel entonces– se encontraban en un hospedaje ayacuchano. Ella se negó a tener relaciones con él y le hizo saber su deseo de dejarlo. Las cámaras del hotel registraron a Pozo, desnudo y ebrio, empujando y arrastrando por el suelo a Contreras. Las de esa madrugada son, acaso, las imágenes más brutales de las que se tiene registro en video de un caso de violencia contra la mujer en el Perú. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho lo puso en libertad exactamente un año después. 

Adriano Pozo Arias, el agresor de Arlette Contreras es hijo del regidor de la provincia de Huamanga (Ayacucho) Jorge Pozo Palomino. Está libre.
Adriano Pozo Arias, el agresor de Arlette Contreras es hijo del regidor de la provincia de Huamanga (Ayacucho) Jorge Pozo Palomino. Está libre.

Aquel fallo fue el detonante para la primera marcha #NiUnaMenos, movimiento que nació para manifestar la indignación de una sociedad cansada de abusos e injusticia y de la cual Arlette Contreras es símbolo. En febrero de 2018, sin embargo, Pozo fue absuelto por el Poder Judicial por intento de feminicidio y violación. La fiscalía ha pedido la anulación del fallo y el inicio de un nuevo juicio. Mientras eso llega, Contreras deberá lidiar con otro proceso: en abril fue acusada por el delito de falsedad genérica en grado de tentativa. La denuncia sostiene que la abogada ayacuchana habría presentado un certificado laboral falso. Un año y medio de prisión preventiva es a lo que se enfrenta. 

En marcha
​Arlette Contreras ha aprendido a defenderse armada solo con su verdad. El día 9 de este mes la fiscalía pidió un año y medio de prisión preventiva para la abogada, acusada de falsedad genérica en grado de tentativa. El delito: presentar un certificado de trabajo que sería falso. El documento deja constancia de una prestación de servicio que Contreras brindó al Gobierno Regional de Ayacucho durante abril de 2015 y que fue firmada por el ex funcionario Lenin Romero Pastor, también acusado por la fiscalía. “Según diversos informes remitidos por el Gobierno regional, la señorita no habría trabajado ahí”, dijo esta semana a El Comercio el fiscal a cargo del proceso, Joel Calle Valer. Contreras lo niega. 

Arlette Contreras ha sido denunciada por falsedad genérica en grado de tentativa, por el abogado de su ex pareja Adriano Pozo. Contreras niega tajantemente los cargos.
Arlette Contreras ha sido denunciada por falsedad genérica en grado de tentativa, por el abogado de su ex pareja Adriano Pozo. Contreras niega tajantemente los cargos.

El abogado penalista César Azabache, consultor de la defensa de Arlette, explica que la ayacuchana prestó un servicio que no se concretó en un contrato. Contreras se habría retirado antes de que este se regularice. “El documento es una especie de testimonial escrito, firmado por la persona para quien trabajó. Arlette adjunta este documento en el proceso y, cuando su abogado mira la precariedad del papel, lo retira y no se discute como prueba en el juicio de reparación. El papel fue retirado en audiencia”, sostiene Azabache. 

“Si Arlette hubiera pretendido ante un juez que ese documento le otorgue derechos por la remuneración que habría ganado, eso se llamaría fraude procesal. Pero lo retiró antes de que entrara a debate, por lo tanto ese papel no tiene efectos legales”. El abogado explica que, al encontrarse en el anexo del escrito, Pozo y su defensa tuvieron acceso al documento. Es ahí cuando le sacan una copia y hacen la denuncia. El juicio continuará el próximo 30 de abril. Arlette Contreras guarda silencio. No puede hablar, o no quiere hacerlo. Todavía. 

Si algo hemos aprendido las mujeres en este país es que –hoy más que nunca– es necesario hacer escuchar nuestras voces. 

Género: terror
En el Perú hay 15’713.000 mujeres, aproximadamente, según el último censo de 2017. Ese año arrojó otra cifra: nuestro país volvía a ocupar el tercer lugar en violaciones sexuales a nivel mundial, luego de Bangladesh y Etiopía. Solo en el primer trimestre de 2018 ya se han registrado 32 feminicidios y 82 tentativas. En ambos casos, los números evidencian una curva que solo va en aumento. 

En la misma semana en que Eivy Ágreda fue quemada con gasolina, Francesca Romina Díaz era asesinada en Trujillo por su pareja, Efraín Cruz, quien confesó el crimen pero fue liberado por el fiscal de turno. En Piura, Harold García Flores ató de pies y manos a su hija de 13 años, cubrió su boca con un trapo y la violó tres veces delante de su hermana pequeña. Esto es lo que va del mes. Lo que se sabe. 

Solo en el primer trimestre de 2018 ya se han registrado 32 feminicidios y 82 tentativas. En ambos casos, los números evidencian una curva que solo va en aumento.
Solo en el primer trimestre de 2018 ya se han registrado 32 feminicidios y 82 tentativas. En ambos casos, los números evidencian una curva que solo va en aumento.

El pasado lunes 23 –un día antes del ataque a Ágreda– la periodista Melissa Peschiera habló por primera vez, en una columna para este Diario, sobre los episodios de abuso que sufrió durante su infancia. También sobre José Carlos Andrade Beteta, el hombre que la había seguido, filmado y acosado durante un año, denunciado públicamente por la periodista a través de redes sociales. Andrade Beteta fue puesto a disposición de la fiscalía a mediados de abril, pero liberado días después por el Poder Judicial. El caso de Melissa Peschiera no es aislado. Eivy Ágreda también sabía lo que era vivir con miedo. 

La abogada penalista y docente de la PUCP Ingrid Díaz explica el marco legal del acoso en el Perú. “No es un delito: es una infracción administrativa”, indica. Si bien existe –desde marzo de 2015– una ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos (Nº 30314), el castigo para los atacantes suele traducirse en multas aplicadas por las municipalidades de cada distrito. 

“Sí hay acciones que se pueden tomar frente a una situación de acoso”, continúa Díaz. “Podría aplicarse el delito de coacción –artículo 151 del Código Penal–, usado para el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda. Pero la pena no es mayor a dos años”, sostiene la abogada. Aunque difícil, la víctima también puede solicitar garantías personales en la Prefectura de Lima. En la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 30364), promulgada en noviembre de 2015, también se contemplan medidas de protección. Entre ellas, el retiro del agresor del hogar y el impedimento de acercamiento o comunicación. Lamentablemente, la realidad indica que en este país la ayuda –si llega– lo hace cuando ya es tarde. 

Carlos Javier Hualpa Vacas es el culpable de haber quemado a Eivy Ágreda trabajaba como cocinero. Fue capturado en Carabayllo, donde vivió desde niño.
Carlos Javier Hualpa Vacas es el culpable de haber quemado a Eivy Ágreda trabajaba como cocinero. Fue capturado en Carabayllo, donde vivió desde niño.

Delitos son el feminicidio y su tentativa, penados con condenas que oscilan entre los 15 y los 35 años. “La gente piensa que la tentativa se sanciona con menor pena y eso es falso”, continúa Díaz. “El delito de feminicidio sanciona un resultado: la muerte. Si esta no existe, el derecho penal reconoce que se puede sancionar la tentativa, porque el sujeto realizaba actos encaminados a ello”, finaliza. En cualquier caso, la pena no vendría a ser menor de 15 años. Mientras tanto, las víctimas no hacen más que aumentar. 

Macho alfa
Casi cada semana escuchamos de alguien. Una violación. Una paliza. Un asesinato. Pasa en San Isidro, pasa en San Juan de Lurigancho y pasa en Tarapoto. Pasa. La pregunta es: ¿por qué? “Porque vivimos en una estructura machista donde el hombre cree que tiene la potestad de hacer lo que quiera con las mujeres. Incluso hay quienes piensan que hablar de violencia de género es ir contra una ideología religiosa”, dice Paola Ugaz. Para la periodista resulta clave el tratamiento que se les da a las víctimas: escucharlas antes de canibalizarlas. Las redes sociales son quizá el escenario más peligroso en este contexto. 

“Siento que no hay esperanza. No estamos preparados para lo que ha pasado con Eivy Ágreda. Estos personajes –los atacantes– son hombres que tienen trabajos, no son loquitos. Tenemos que pelear para que esto cambie y se tiene que empezar desde algún lado. Hacer libros, campañas, hablar con la gente, ir a los colegios. Nosotras no reaccionábamos cuando nos metían la mano de niñas. Y si no reaccionamos, nos van a seguir quemando”.

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