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Gabriela Machuca Castillo

"Yo apollo el impuesto al libro”. Esa sola frase, tal como está escrita, obtuvo finalmente lo que anhelaba desde su concepción: llamar la atención de la ciudadanía. Publicada en carteles expuestos sobre los puentes de la Vía Expresa, en paneles publicitarios y en activaciones realizadas por las calles, el mensaje generó de todo un poco esta semana: intriga, indignación, complicidad, aprobación y harta polémica. El texto, al igual que otros como: “¡Arriba el impuesto al libro! ¡Abajo la ecsoneración tributaria!”, estaba firmado por la Asociación contra las Exoneraciones Tributarias (ACLET). Pues, bien, la verdadera intención de esta dinámica se devela ahora. Los errores ortográficos son adrede y ACLET es una entidad ficticia. Todo forma parte de una campaña de la Cámara Peruana del Libro (CPL) para abrir el debate público sobre la urgencia de una nueva ley del libro, la cual contemple, entre otras medidas, que los libros no estén afectos de impuestos de una vez por todas, como sucede en otros 60 países del mundo.

El tiempo apremia porque en octubre se vence la prórroga a la exoneraciones concedida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el año pasado. Aquella fue la última que pudo ejecutarse. Entonces, de no aprobarse una nueva legislación, explica a Somos el presidente de la CPL, José Carlos Alvariño, los precios de los libros subirían indefectiblemente, lo cual generaría como consecuencia otra serie de perjuicios. “Para todos, además. Podría parecer que esto es una cuestión gremial, pero no. Esto impactará, por ejemplo, en los padres de familia. En el Perú, como en todos los países, el negocio editorial se mueve más en el sector educativo. Entonces lo que no se está diciendo en la intención de eliminar la exoneración es que el próximo año podrían costar más los libros escolares, incluyendo los del Plan Lector. También que, en el 2020, quien acuda a la Feria del Libro no podrá comprar todos los libros que suele llevar porque van a costar 18% más cada uno”, explica Alvariño.

El MEF, según ha declarado Marco Camacho, director general de Política de Ingresos Públicos de esa entidad, está evaluando si es viable o no la extensión de este beneficio tributario, ya que, arguye, no existe información o estadística que sustente que la exoneración de impuestos a los libros, vigente desde hace 16 años gracias a la Ley 28086, del 2003, haya servido para promover el acceso a ellos.

“Es increíble: exoneran de impuestos a los casinos, pero ¿sí afectarían a los libros?… Hemos mostrado argumentos técnicos hasta la saciedad. La Universidad del Pacífico tiene un informe del impacto positivo de las exoneraciones en el sector. Hay muchos indicadores indirectos que dan cuenta de que esta ha sido una política adecuada. Aumentan los libros publicados, la demanda de libros es mayor al PBI per cápita, lo que devuelve a la economía el sector editorial es tres veces mayor que las exoneraciones. Hay muchos beneficios más”, sostiene el presidente de la CPL.

Entre los perjuicios para la industria, agrega, se encuentran la afectación a las MYPES editoriales y a la aún insuficiente red de librerías a nivel nacional. “Eventualmente cerrarán librerías. La piratería, que con la ley del 2003 logró reducirse del 70% al 20%, volvería a florecer”, puntualiza.

Camino propuesto
Alvariño señala, finalmente, que la vía para evitar el panorama adverso que se avecina es que el Congreso apruebe antes de octubre una nueva ley del libro que exonere a los libros del pago del impuesto general a las ventas (IGV), entre otro conjunto de medidas. El proyecto de ley existe. Solo falta que el Ejecutivo lo presente finalmente al Congreso. //

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