“La norma que dispone que el registro de la línea telefónica prepago se realice al momento de la venta como medida para combatir la delincuencia que utiliza chips celulares para extorsionar y estafar no ha funcionado, no funciona ni funcionará”.

Así lo aseguró Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que agrupa a las operadoras de telefonía móvil Claro, Movistar y Nextel.

Las declaraciones del ejecutivo se producen semanas después de que un reportaje televisivo demostró que se pueden adquirir líneas a nombre de autoridades nacionales en puntos de venta en el Centro de Lima; y luego de que Osiptel multara a las operadoras móviles con más de S/.5,3 millones por no exigir la presentación de una copia del DNI del usuario al comprar un celular.

Para AFIN, la obligación de registrar la línea puede resultar contraproducente ya que expone los datos personales de los usuarios y fomenta actividades ilícitas como la suplantación de identidad.

El gremio sostiene que el Decreto Supremo 024‐2010‐MTC (registro telefónico) debe ser modificado por las autoridades de manera tal que permitan ejercer control más eficiente del registro al momento de la activación del servicio, y no de la venta de chips. “Sin embargo no se puede esperar que el registro elimine la suplantación de identidad ni la delincuencia, tareas que deben afrontar las instituciones correspondientes”, agregó Prialé en un comunicado.

“Las normas vigentes han propiciado un mercado negro de celulares con identidad suplantada, mayores casos de robos de equipos, más denuncias a personas inocentes, curiosamente más delincuencia y mayores sobrecostos al Sistema Judicial”, añadió AFIN.

Según el gremio, las operadoras colaboran con el Gobierno en la lucha contra la delincuencia y desde que el Estado autorizó el bloqueo de señal en los penales, se han cancelado más de 10.000 líneas que presumiblemente se usaban para la comisión de delitos.

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