Ecuador: tres lideresas indígenas amazónicas que denunciaron agresiones y amenazas hace cuatro años siguen reclamando justicia

*Este reportaje es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.

ACTUALIZACIÓN: El 28 de junio, seis días después de publicado este reportaje, la Fiscalía ecuatoriana respondió que el caso de Salomé Aranda se archivó el 11 de enero de 2022 y el de Patricia Gualinga el 15 de julio de 2020. Ambas mujeres desconocían estos hechos y siguen temiendo por sus vidas.

En marzo de 2018, el colectivo Mujeres Amazónicas, conformado por lideresas de diferentes nacionalidades indígenas de esa región, llegó a Quito para exigir que se respeten las consultas previas y se reparen los daños ambientales en sus territorios. Protestaron frente al palacio de Carondelet, sede presidencial ecuatoriana, y entregaron al gobierno de Lenín Moreno un mandato en rechazo a la extracción petrolera. Cuando regresaron a sus tierras, dos de sus integrantes fueron agredidas. A Salomé Aranda le apedrearon la casa y a Nema Grefa la amenazaron de muerte.

En el documento de 22 puntos que le entregaron al gobierno, pedían la anulación de contratos y concesiones otorgadas a petroleras y mineras en el centro sur de la Amazonía. Exigían, además, la reparación integral y social de la contaminación causada en sus tierras. En la carta también mencionaron los nombres de las compañías que, según ellas, operan ilegítimamente en su territorio y los números de los bloques petroleros que explotan.

Tan solo dos meses antes de la marcha en Quito, Patricia Gualinga —también integrante de las Mujeres Amazónicas— ya había sido atacada en su casa en Puyo, Pastaza.

En 2020, poco antes de que empezara la pandemia por el COVID-19, las Mujeres Amazónicas presentaron a la Fiscalía 250 mil firmas de apoyo para exigir celeridad en las investigaciones de los ataques. Pero hoy, dos años después de entregar ese documento, no existen culpables, las investigaciones avanzan lento y las mujeres dicen que prefieren estar siempre acompañadas pues sienten un constante miedo, no solo de que se repitan los ataques sino de que sus familias terminen afectadas.

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Por ella, la petrolera castigó a su comunidad

Salomé Aranda no sale sola de su casa. Desde una madrugada de marzo de 2018, cuando se levantó por el estruendo de las piedras chocando con la puerta de madera y el techo de zinc, le da miedo que la golpeen en la calle.

El ataque a pedradas ocurrió pocos días después de que volviera a Puyo, ciudad del centro de la Amazonía, luego de las marchas en Quito. En ese entonces, era la presidenta de la Asociación Sumak Kawsay y dirigente de la Mujer de Moretecocha, una comuna indígena kichwa conformada por nueve comunidades.

Las pedradas a la 1 de la mañana, además de levantarla a ella, a sus hijos y a su cuñada, despertaron a los vecinos, quienes persiguieron a los atacantes sin poder alcanzarlos. La Policía llegó media hora después, cuenta Aranda, sentada en un restaurante en Puyo. En mayo de ese año puso una denuncia en la Fiscalía por el delito de intimidación. Pero han pasado cuatro años y asegura que el caso no ha avanzado. Mongabay Latam pidió información a la Fiscalía sobre el estado de la investigación, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Aunque no han podido identificar a sus presuntos atacantes, Salomé Aranda —de pómulos pronunciados y ojos rasgados— dice que justo después de que llegó de Quito, antes de que atacaran la casa donde dormía, representantes de Agip Oil, una de las empresas petroleras mencionadas en el mandato enviado al entonces presidente Lenin Moreno, la convocaron a una reunión a ella y a su hermano, que para ese momento era presidente de la comunidad de Piwiri. Pero ella no fue. A su hermano le habrían pedido que “la mandara a callar porque los estaba haciendo quedar mal”.

Aranda dice que “[a la empresa] le dolió bastante porque ellos no tenían presencia solo en Ecuador sino a nivel internacional, y les afectó que denunciamos la contaminación, les exigimos que hagan un estudio de impacto ambiental, les señalamos las pérdidas de animales a causa de la contaminación”.

Concretamente, la parte que se refería a esta empresa era el punto 7 del mandato en el que las mujeres exigen “el cierre de las fuentes de contaminación que afectan las riberas de los ríos Villano y Curaray, así como la reparación integral de los territorios y comunidades afectadas por la compañía Agip Oil, en el bloque 10, después de 28 años de operación”.

Según Aranda, en los siguientes tres años, entre 2019 y 2021, la empresa interrumpió los beneficios que daba a las nueve comunidades de la comuna de Moretecocha. Dice que la compañía, en represalia, dejó de pagar al promotor de salud, de entregar medicinas, de donar refrigerios para los colegios, útiles escolares y uniformes para los niños.

“Las comunidades se enojaron bastante conmigo. Hicieron una asamblea y se pusieron de acuerdo para hacerme castigo indígena. La empresa les dijo que me ortiguen [golpeen con una planta que produce picazón y ardor] para que deje de hablar mal de ellos”, recuerda la mujer. Dice que Piwiri, su comunidad, la defendió argumentando que la empresa solo les daba migajas y que no podían castigar a sus dirigentes. Finalmente, acordaron no agredirla físicamente pero sí sufrió el rechazo de varias personas de las otras comunidades de Moretecocha.

Un año después de la protesta y el ataque reportado, en 2019, Agip Oil fue adquirida por Petroandina Resources Corporation N.V.,  que es parte del Grupo Pluspetrol. Mongabay Latam envió un pedido de entrevista a Pluspetrol para conocer su postura frente a estas acusaciones pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.

Aranda asegura que en 2018 recibió apoyo económico de una ONG que le pagó el abogado, pero que él casi no avanzó con los trámites y que el mayor apoyo lo recibió de la Defensoría del Pueblo: “Cuando iba a marchar a algún lado me mandaban a proteger, siempre estaban con su gente, ayudándonos”, comenta. Yajaira Curipallo, delegada de esta institución en la provincia de Pastaza dice que, en ese entonces, la Defensoría hizo “la vigilancia al debido proceso a su caso y la acompañaron”.

Aunque la investigación por el delito de intimidación que denunció no avanza y no hay detenidos, Salomé Aranda no duda que el ataque fue parte de un intento por silenciarla. Un día antes de las pedradas, su perra de varios años, que siempre la acompañaba si estaba en el Puyo o en la comunidad de Piwiri, desapareció sin dejar rastro. “Era una perra bien brava, siempre dormía afuera en la puerta y nunca se separaba de mí”, recuerda. Cree que la mataron para mandar un mensaje de “advertencia”.

Desde entonces, Aranda se cuida las espaldas. “No tengo libertad de andar. Hasta ahora ando acompañada de una persona adulta quien me puede defender”, manifiesta con resignación.

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La defensa de su nacionalidad le costó su calma

Nema Grefa todavía tiene las llaves de la oficina de la presidencia de la Nacionalidad Sápara del Ecuador (NASE), que está en un segundo piso de un edificio en el centro de Puyo. Hace apenas dos semanas dejó el cargo, pero hasta que los nombramientos no estén listos, ella se sigue sentando en su escritorio con sobres, carpetas, un CD y una botella de gel antibacterial.

En la pared detrás de su silla, hay un cartel con cuatro fotos de la marcha que la nacionalidad Sapara hizo en agosto de 2021 en defensa de su territorio, que estaba amenazado por personas de otras nacionalidades indígenas que querían negociar con petroleras. Esa defensa le ha costado amenazas que siguen en la impunidad.

En 2018, Grefa asumió la presidencia de la NASE, una organización que llevaba al menos nueve años liderada por indígenas de otras nacionalidades que ocupan parte del territorio Sápara. Desde el primer día de su dirigencia sufrió hostigamiento.

“Empezaron ataques en redes sociales, decían que iban a quemar la casa de mis padres”, comenta Nema Grefa, una mujer de pelo lacio, camiseta de cuello tipo polo y un collar largo de semillas rojas y negras. Según dice, al inicio no le prestaba atención a los mensajes virtuales pero el que no pudo ignorar fue un vídeo en el que la amenazaron de muerte y que circuló en abril de 2018.

“Con la lanza defenderemos nuestro pueblo… Nema Grefa, nosotros rechazamos a esa persona. Estamos unidos rechazando, y así vamos a matar a la compañera Nema Grefa… nos enfrentaremos con nuestros propios derechos, ancestralmente, con la lanza”, dice un hombre que sostiene una lanza, viste una camiseta vino tinto y tiene una corona de plumas en su cabeza.

A su papá, dice Nema Grefa, también lo amenazaron. “Le dijeron: ‘dígale a su hija que de 6 a 11 días debe retirarse de la organización’”.

En mayo de 2018, la lideresa indígena presentó una denuncia por el delito de intimidación. Su abogada, Mayra Tirira, dice que en estos cuatro años “el caso no ha avanzado mucho”. Sigue en investigación previa y Grefa tiene medidas de protección por parte del Estado. Sin embargo, recuerda que la Fiscalía intentó archivar el caso porque supuestamente hubo un acuerdo de justicia indígena entre las partes. Pero como Grefa solo llegó a un acuerdo con uno de los cuatro presuntos sospechosos, la denuncia siguió vigente.

Los presuntos responsables son hombres de otras nacionalidades indígenas, exdirigentes de la NASE, que buscan recuperar el control de la organización para negociar con empresas petroleras y beneficiarse, asegura Grefa. La lideresa sápara está en contra de esas negociaciones y de la extracción de hidrocarburos. “Yo dije, ‘no me voy a dejar, no me voy a dejar. Y no les di chance’”, asegura con firmeza.

Durante sus cuatro años como presidenta de la NASE, estas y otras personas han buscado mecanismos para quedarse con el territorio ancestral sápara —una de las 11 nacionalidades indígenas del Ecuador—.

Casi lo logran: en 2020, el Ministerio de Agricultura le adjudicó el 70% del territorio sápara a Naruka, una asociación que no está reconocida por el Estado, declarada como ilegítima por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y que, asegura Grefa, se autodenomina sápara pero está integrada por personas que no pertenecen a esa nacionalidad.

Nema Grefa lideró la batalla para recuperar lo que les pertenecía. Después de acciones de protección y protestas, la NASE recuperó ese territorio en 2021. Pero durante estos años, luego de poner la denuncia por la amenaza en el video, siempre tiene que avisarle a la Fiscalía cuando viaja a otras provincias, reportarse y muchas veces tener acompañamiento en sus viajes como medida de protección. La familia, dice la lideresa, la llama constantemente para saber cómo está porque ya no recibe ese acompañamiento. Sigue sin salir sola a la calle.

En este tiempo, la abogada Mayra Tirira afirma que los fiscales no han podido continuar investigando porque para hacerlo necesitan recursos para visitar la comunidad. “Piden ir a territorio y eso es costosísimo, Nema no podría asumir ese costo. Entonces el proceso sigue en investigación previa y creo que así se va a quedar”, se lamenta.

Grefa dice que en el primer trimestre de este 2022 la llamaron de la Fiscalía para una evaluación psicológica, como parte de los peritajes. Mongabay Latam pidió información a la Fiscalía sobre su caso y la institución respondió que “se encuentra en investigación previa, por tanto, dichas investigaciones gozan de reserva, según lo dispone el Código Orgánico Integral Penal”.

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El rostro visible de la resistencia de las mujeres amazónicas

El 2018 fue un año de terror para las mujeres amazónicas ecuatorianas. Al igual que Salomé Aranda y Nema Grefa, Patricia Gualinga recibió el 2018 con violencia y lo ha denunciado incontables veces pero su caso aún sigue en la impunidad.

Entre la 1:05 y la 1:30 de la mañana del 5 de enero de ese año, Gualinga se despertó por fuertes ruidos. En la oscuridad, tratando de entender qué pasaba, dice que lo primero que pensó fue en el terremoto que había ocurrido en Ecuador dos años antes. Creyó que vivía algo parecido hasta que se dio cuenta que no había movimiento, solo bulla. Los primeros ruidos, dice Gualinga a través del teléfono, se escucharon más lejos. Los segundos, en cambio, fueron más fuertes, “como si estuvieran dentro de la habitación”.

Su cama, en la que dormía con su esposo, estaba pegada a una ventana que estaba tapada con cortinas. Cuando rompieron las ventanas y empezaron a sonar los vidrios rotos y a sentirlos sobre la cama, ambos se quedaron paralizados. “Los vidrios estaban encima de las cobijas, yo abrí la cortina y miré hacia afuera, incorporándome un poquito en la cama para no cortarme”, recuerda la lideresa indígena del pueblo kichwa Sarayaku.

Gualinga asegura que vio a una persona alta, corpulenta, que caminaba lenta y tranquilamente, alejándose de su casa. “De repente se viró, regresó a ver y me dijo: ‘hija de puta, la próxima te matamos”, asegura la mujer que ha recibido varios premios nacionales e internacionales por su lucha por el territorio indígena.

En 2018 vivía con su familia en el segundo piso de una casa que le arrendaba una pareja de personas mayores en la ciudad de Puyo. La vivienda tenía una cerca y un patio entre la puerta exterior que daba a la calle y la interior para entrar a la casa. Gualinga cuenta los detalles de la casa para explicar que la persona que la atacó debió invadir la propiedad. El día del ataque, además de su marido, estaba con sus padres, uno de sus hermanos y una de sus hijas.

Los policías, dice Patricia Gualinga, no tardaron más de un minuto en llegar porque la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) está a menos de 50 metros de la casa. Cuando llegaron y buscaron en los alrededores no encontraron a nadie.

Por esa época, Gualinga ya no era dirigente de Sarayaku, el pueblo al que pertenece y es reconocido por haber ganado una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que su foco de trabajo era la consolidación del colectivo Mujeres Amazónicas.

Después de la denuncia ante la Fiscalía, estuvo en el programa de protección de testigos de la misma institución. Una patrulla debía estar custodiando su casa y acompañándola cada vez que salía. Tenía que avisar cuando iba de viaje y sus pasos eran controlados.

Para ese entonces también atendió algunos peritajes. “Un psicólogo nos evaluó a todos, también nos visitó una trabajadora social. Yo cumplí con los protocolos porque no quería que por no cooperar, luego no hubiera resultados”, dice.

A los seis meses de la denuncia las autoridades intentaron cerrar el caso. “Pero yo me opuse porque no había ningún resultado”. Patricia Gualinga se queja porque la excusa que le dieron era que las tres cámaras de vigilancia cercanas estaban dañadas y no entiende cómo eso pudo ser posible si vivía frente a una UPC y al otro lado había un colegio. Como no pudieron recuperar las imágenes, casi un año después, la Fiscalía, recuerda Gualinga, volvió al lugar de los hechos. Pero desde esa fecha no ha sabido nada sobre su caso.

Meses después de la amenaza, los dueños de la casa que fue atacada, quienes vivían en el primer piso, se sintieron amenazados por lo que pasó y por eso ella y su familia decidieron mudarse.

A diferencia de Salomé Aranda, quien ha sido vinculada directamente con los señalamientos a la empresa Agip Oil (hoy PlusPetrol), Gualinga dice que ella no está asociada a un caso en particular. “La única cosa es que he sido muy clara en denunciar la Ronda Sur Oriente [de bloques petroleros] y la apertura de nuevos bloques. Sé que soy el rostro más visible por mi vocería”, asegura.

Sobre su atacante dice que “trataba de asustarnos y callar nuestra voz” y que por su fisionomía sospecha “de alguien del gobierno, de las empresas o incluso de un militar o policía”. Sobre el estatus de la denuncia de Patricia Gualinga, la Fiscalía no ha respondido el pedido de información de Mongabay Latam.

A pesar de todo esto, los ataques a las mujeres amazónicas no solo fueron contra Aranda, Grefa y Gualinga. En octubre, también de 2018, la casa de Margot Escobar, una mujer mestiza que creció en el Puyo y era parte del colectivo Mujeres Amazónicas, fue quemada.

Su vivienda solía ser el punto de reunión de las mujeres pero actualmente Escobar está desvinculada del colectivo. En junio de 2022, en Puyo, la abordé brevemente en la calle para preguntarle cómo avanzaba su caso, pero me respondió que no quería saber nada más de eso y siguió su camino.

*Imagen principal: Nema Grefa en una de las movilizaciones de la nacionalidad sapara. Fue amenazada de muerte por parte de un supuesto miembro de una comunidad vecina, en Pastaza, quien está a favor de la extracción del petróleo. Foto: Yanda Montahuano.

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Nota del Editor: Mongabay Latam recibe fondo de Hivos – Todos los Ojos en la Amazonía para desarrollar una serie de artículos de investigación sobre la situación de los pueblos indígenas en Perú, Ecuador y Brasil. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Isabela Ponce en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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