Luis Jansasoy Quinchoa fue presidente de Acimvip. Hoy hace parte de la Guardia indígena, encargada de proteger a la comunidad.
Luis Jansasoy Quinchoa fue presidente de Acimvip. Hoy hace parte de la Guardia indígena, encargada de proteger a la comunidad.
Mongabay Latam

La primera foto que acompaña este texto es de Aída Jacanamijoy. Tiene 59 años y es gobernadora del resguardo San Miguel, un espacio de más de 500 hectáreas en el que viven unas 160 familias del pueblo indígena inga. Antes de invitarnos a desayunar con fríjoles y gallina trata de explicarnos su relación con el petróleo con una vieja anécdota:

“Cuando tenía unos 5 o 6 años llegó la primera empresa”, dice. “Construyeron una pista para avionetas y luego hicieron un pueblo. Vinieron muchos extranjeros y mi papá montó una cantina. Trajo prostitutas. Parecía un buen negocio. Con el tiempo me encontré a dos funcionarios cuando caminaba una trocha. Ya tenía 19 años. Al verme me persiguieron y me abrazaron. Me cogieron las tetas; me las machucaron. No sabía qué hacer así que cuando apareció una moto, grité y dije que era mi novio. Me soltaron. Corrí hasta donde doña Espíritu y escribí una carta a la empresa diciéndoles que los iba a demandar. Puse la firma de un hombre. Al día siguiente nos ofrecieron disculpas. Nos dieron frutas y salchichas en lata. Nunca más se me volvieron a acercar”.

Desde entonces, cuenta Aída, siempre ha mirado con recelo a las compañías foráneas. Hoy lo comprueba con hechos: “Allá en esa casa blanca acabamos de empezar una nueva negociación con otra petrolera. Buscan la ampliación de una licencia ambiental para continuar explotando, pero para hacerlo deben consultarnos. A cambio les pedimos $9 mil millones [alrededor de US $3 millones]. No aceptaron”. Es una cifra alta que esconde un motivo de fondo que ella confiesa con una risa. “Ya tuvimos suficiente. En verdad, no queremos más petróleo”.

Aída Jacanamijoy es gobernadora del resguardo San Miguel, donde viven unas 160 familias del pueblo indígena Inga. Su territorio es de 500 hectáreas.
Aída Jacanamijoy es gobernadora del resguardo San Miguel, donde viven unas 160 familias del pueblo indígena Inga. Su territorio es de 500 hectáreas.

Al resguardo San Miguel llegamos tras sortear una hora de caminos de piedra y polvo desde el área urbana de Villagarzón, en Putumayo. Las palabras de Aída se asemejan a las de otros diez líderes indígenas inga con los que conversamos para hacer este reportaje. “En Putumayo hemos vivido una situación de extractivismo salvaje y estamos cansados”, nos había dicho uno de ellos un día atrás. “Cuando empezaron a sacar petróleo nunca nos consultaron y ahora queremos recuperar nuestro territorio”, replicó otro. “El Estado y los empresarios estaban acostumbrados a pasar por encima de nuestros mayores. Pero ahora están frente a una comunidad que no pueden manipular”.

Los disgustos parecen compartidos. Todos coinciden en que no se trata de una discusión nueva. Algunos retroceden unos siglos para sustentarla. Misiones católicas que les arrebataron costumbres y tierras; explotación de quina y caucho entre finales del siglo XIX y principios del XX; bonanza de pieles, de madera y, recientemente, de coca y petróleo, forman parte del listado que rezagó a los indígenas.

Carlos López Descanse tiene una manera más práctica de explicar el actual descontento. Es el presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón (Acimvip) y en su computador portátil guarda una tabla que lo resume. En ella muestra a las empresas que han explotado hidrocarburos o trazado nuevas vías. También el nombre de cada proyecto, el año en el que empezó y el impacto que ha tenido en cada comunidad. En las últimas casillas señala si antes de iniciarlos los encargados consultaron a los Inga. De 27 proyectos, en 14 no los tomaron en cuenta.

Lee más |

Una disputa sin resolver

Villagarzón es un municipio joven. Fue creado a finales de la década de 1970, aunque unos años antes la Policía ya había levantado una inspección con ese nombre en medio de un poblado que poco a poco le ganó terreno a la selva. Hoy su área urbana se puede recorrer de esquina a esquina en menos de un par de horas. Las noches son tranquilas y frescas. Las mañanas empiezan temprano con las bocinas de cientos de motos y el humo de camiones cargados de crudo.

Acimvip, que aglutina a cinco resguardos y cinco cabildos del pueblo Inga, está frente a una calle polvorienta no muy lejos del centro. Desde que se creó en 2004 se ha convertido en un lugar de encuentro para líderes indígenas. Más que un par de casas que hacen las veces de oficinas y habitaciones es, según Vanesa García, una abogada bogotana asesora de la asociación, un punto de “grandes transformaciones”. “En los últimos años han llegado líderes cualificados que buscan la defensa del territorio y tienen claridades políticas. Quieren cohesionar al pueblo Inga. Gracias a eso han obtenido victorias como la sentencia de 2015”.

“La sentencia de 2015” es una frase que repiten de resguardo en resguardo. No hay gobernador que no la invoque para hablar de los logros y los derechos de los Inga. A lo que se refieren es a un fallo que emitió el Tribunal Administrativo de Nariño, en julio de ese año, ratificado por el Consejo de Estado, el máximo órgano de justicia nacional. En él los magistrados resolvieron una tutela interpuesta por Acimvip, luego de que la empresa Gran Tierra Energy iniciara un proyecto de exploración petrolera conocido como APE – La Cabaña.

Acimvip aglutina a cinco resguardos y cinco cabildos del pueblo Inga.
Acimvip aglutina a cinco resguardos y cinco cabildos del pueblo Inga.

En pocas palabras, el alto tribunal le dio la razón a los Inga. Alegaban la vulneración de varios derechos, entre ellos el de la consulta previa, el debido proceso y la autonomía. ¿La razón? Como lo dice el fallo, el Ministerio del Interior, responsable de certificar la presencia o ausencia de indígenas, le había dicho a Gran Tierra Energy que podía comenzar con la exploración en 629 hectáreas. Según los funcionarios, no había comunidades.

Sin embargo, a los ojos de los magistrados, el Ministerio no hizo bien su tarea. Por eso, le ordenaron cesar cualquier actividad y verificar si vivían indígenas en la zona. Si el hallazgo era positivo, debía hacer una consulta previa.

Entre las pruebas que recibió el Tribunal para tomar su decisión había unos mapas elaborados por Jairo Muchavisoy, ingeniero forestal e integrante del resguardo Chaluayaco. En ellos, superpuso mapas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (donde están los bloques de petróleo existentes y los que ya están concesionados) con la información del Ministerio del Interior.

“También incluí ubicación precisa de ríos, cabildos y resguardos”, explica. “Así podíamos ver con claridad si un proyecto estaba en el área de influencia de una comunidad. Nuestra conclusión fue que, efectivamente, APE – La Cabaña afectaba una parte de nuestro territorio. Basados en argumentos técnicos, le dimos razones al Tribunal de Nariño para que ordenara verificar la localización de las comunidades Inga”.

A los ojos de Muchavisoy, el uso de esas herramientas les permitió sentar un precedente. “Estas decisiones las suelen tomar desde un escritorio en Bogotá y vulneran nuestros derechos. Decirle al Estado que se equivocó no es fácil porque sabemos que hay intereses. Pero tener acceso a estos instrumentos nos permite cuestionar la información y tener pruebas claras para que la verifiquen”, dice.

En términos un poco más detallados, lo que hizo Muchavisoy fue recopilar información geográfica en distintas bases de datos públicas para, posteriormente, elaborar los mapas en un software muy popular entre cartógrafos: ArcGIS. “Como yo había estudiado ingeniería tenía algunas bases, pero en 2012 comencé a explorar este software de manera autodidacta. Poco a poco aprendí a manejarlos con tutoriales escritos y en video. Hacía ensayos con GPS y luego los cargaba al programa para intentar hacer polígonos. Se convirtió en un elemento fundamental para defender los derechos de nuestra comunidad. Con ese software también mostramos que en más del 90 % del municipio de Villagarzón había bloques petroleros”, explica.

Monitores indígenas resguardan el territorio inga.
Monitores indígenas resguardan el territorio inga.

Pero que haya bloques petroleros, dice Ana María Saavedra, gerente social de Gran Tierra Energy, no quiere decir que toda esa área esté en exploración o explotación. “APE – La Cabaña, por ejemplo, hace parte de un bloque llamado PUT 1 que tiene más de 46 000 hectáreas. Es lo equivalente a comparar una cancha de fútbol con la ciudad de Bogotá”, asegura.

Saavedra, que defiende los procesos de consulta previa y aclara que han intentado acercarse a los inga para dialogar en múltiples ocasiones, tiene razón. Los bloques no necesariamente implican perforación. Son grandes extensiones de tierra donde se presume que hay crudo y que el Estado subasta para que las compañías vayan explorando poco a poco. En el caso del Putumayo, como lo muestra el mapa que acompaña este texto, los bloques petroleros otorgados ocupan más de la mitad del territorio.

Lee más |

Tecnología para defender el territorio

De la plataforma petrolera que alguna vez hubo en APE – La Cabaña no queda mucho. Apenas hay un pozo de unos dos metros de largo por dos de ancho que se ha tragado la vegetación. Mientras caminamos sobre la maleza, Luis Jansasoy Quinchoa, expresidente de Acimvip, me señala los sitios donde estuvieron protestando hace unos años. Echamos un vistazo rápido y subimos de nuevo a la camioneta blanca que nos ha llevado de resguardo en resguardo al ritmo de reggaetón y compases norteños.

Aunque el fallo del tribunal simbolizó una victoria para el pueblo inga sobre ese pedazo de tierra, provocó también una intensa discusión entre Acimvip, el Ministerio del Interior y Gran Tierra Energy. En términos breves, la asociación indígena puso una condición para realizar el recorrido de verificación que ordenó el Tribunal de Nariño: las visitas debían hacerse en todo el bloque PUT 1 y no únicamente el área de APE – La Cabaña. La metodología, advirtieron, la definirían las comunidades.

La propuesta fue el inicio de un cruce de cartas y reuniones que se prolongaron por tres años. Solo hasta 2018 llegaron a un acuerdo: entre el 19 y el 26 de septiembre hicieron el recorrido de verificación en todo el bloque PUT 1. “La metodología fue concertada”, reza el acta que quedó de la extensa visita. En ella estuvieron, entre otros, funcionarios de Corpoamazonía y la Defensoría. Todos admitieron ver comunidades en el bloque.

Acimvip, como suele hacerlo, llevó GPS de alta precisión para dejar constancia de los puntos caminados. Los modelos South X6, unos sofisticados artefactos de más de 5 pulgadas que funcionan con sistema Android, les permitieron hacer un croquis detallado del recorrido. Luego, explica el ingeniero Jairo Muchavisoy, descargó los datos recopilados en su computador. De nuevo, con la ayuda del software ArcGIS, elaboró otro mapa que Acimvip envió como soporte al Ministerio del Interior. “Esa información nos sirve para demostrar que, efectivamente, estuvimos en el territorio y para compararla con la cartografía que fabrique el Ministerio”, apunta.

La conclusión de la travesía, según Acimvip, fue clara: “Habiendo demostrado la presencia de inga y afro en Bloque PUT 1, la consulta previa deberá hacerse con las 10 comunidades inga de Villagarzón y su organización representativa”.

Pero, desde entonces, cuenta Carlos López, el presidente de la asociación, todo ha sido una larga espera. “El Ministerio del Interior debe emitir una resolución donde señale que sí hay indígenas en este territorio. Aún no se ha pronunciado, pero estamos preparándonos para llevar a cabo la consulta previa que deberá hacerse con todo el pueblo y no solo con una comunidad (como suele hacerse) porque estos proyectos nos afectan de manera colectiva”, asegura.

En 2010 el 50 % el PIB de Putumayo estaba compuesto por hidrocarburos.
En 2010 el 50 % el PIB de Putumayo estaba compuesto por hidrocarburos.

¿Por qué el Ministerio ha tardado tanto? ¿Cuáles fueron los resultados de su visita? Pese a que por más de dos semanas solicitamos conversar con esa entidad en varias oportunidades, fue imposible obtener una respuesta. Sin embargo, El Espectador y Mongabay Latam tuvieron acceso al informe que realizaron los funcionarios que estuvieron en el bloque PUT 1. El documento de 44 páginas, que no representa la resolución final, tiene como fecha el 14 de noviembre de 2018.

“Se estableció que el área del proyecto APE – La Cabaña no se superpone ni afecta de manera directa y específica el territorio donde las comunidades desarrollan sus dinámicas socioculturales”, escribieron. “De acuerdo a lo anterior, se establece que [en el] área de influencia directa del proyecto APE – La Cabaña no se registra presencia de resguardos indígenas, parcialidades y/o cabildos indígenas del pueblo inga”.

Quien firma es Luis Fernando Bastidas Retes, director de consulta previa. Su perfil en la página web del ministerio dice que es abogado de la Universidad Javeriana y que cuenta con más de 8 años de experiencia en los sectores público y privado. “Tiene manejo de gobierno y asuntos corporativos en compañías fiduciarias y de perforación de pozos petroleros”.

Una versión ampliada del reportaje, escrito por y hecho en colaboración con El Espectador de Colombia, fue publicada en Mongabay Latam. . Puedes revisar las otras historias del especial

Si quieres conocer más sobre la situación de los pueblos indígenas en Latinoamérica, Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, o seguirnos en , , y .