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A veces olvidamos que el Perú de inicios de la década de 1990 fue uno de los más violentos de su historia; olvidamos la violencia estructural de un país que ya desde entonces parecía destinado a sobrevivir entre el silencio, la corrupción y el prejuicio. Todos estos ingredientes sazonaron una historia criminal que la prensa amarilla pobló de visiones extremas, pero que la prensa seria contó o trató de contar con algo más de equilibrio. El asesinato a sangre fría de Fernando de Romaña Azalde y Julio César Domínguez Barsallo en Cieneguilla, marcó el ritmo de esa década, tanto como el homicidio, solo dos días después, de la dirigente vecinal María Elena Moyano en Villa El Salvador, a manos de Sendero Luminoso.
Días antes de ese fatal jueves 13 de febrero de 1992, Sendero Luminoso había emboscado a un grupo de policías en Comas. Tres de ellos murieron, aquella era la noticia de esos días. Pero el doble asesinato ocurrido en la tarde-noche del jueves 13 no podía pasar desapercibido. No obstante, al día siguiente, Día de los Enamorados, nadie dio la noticia, a pesar de que la policía había encontrado los cadáveres la misma noche del jueves. Recién el sábado 15 de febrero, las autoridades dieron detalles del macabro hecho.
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El Comercio tituló el domingo 16 de febrero de 1992: “Dos vendedores de autos fueron muertos a balazos”, e indicó lo que se ha repetido varias veces en todas partes: un cuerpo (el de De Romaña, 24 años) fue dejado en la carretera Cieneguilla-Huarochirí, en una curva a la altura del kilómetro 17; y el otro cuerpo (de Domínguez, 20 años) fue abandonado en la calle Las Pecanas, cerca de la clínica Montefiori, en la urbanización Residencial Monterrico.
Estos fueron los hechos, lo más irrefutable del caso: dos hombres abatidos, uno con tres balazos (De Romaña) y otro con un balazo (Domínguez); todos tiros mortales. Jorge de Romaña, hermano de Fernando, declaró a la Policía que su hermano y Domínguez habían pasado ese mismo día, a las 4 y 30 de la tarde, por su casa, en la calle Diez Canseco, en San Antonio, Miraflores. Llegaron y se marcharon en un auto Toyota, de color plateado, alquilado. Esa fue la última vez que lo vieron.
Su madre, Betty Azalde (su padre Augusto de Romaña murió cuando Fernando era apenas un niño) contó años después, en marzo del 2009, en una entrevista de TV. con el periodista y escritor Jaime Bayly, que su hijo llevaba consigo “18 mil dólares”, y que pese a sus recomendaciones de no llevar así la plata, no le hizo caso. La tranquilizó, pero igual lo hizo. El dinero era para, según Betty Azalde, comprar una camioneta Cherokee y dársela a ‘Milú’, la madre de su pequeño hijo, a modo de sorpresa.
Para doña Betty todo estaba claro: a su hijo Fernando lo asesinaron para quitarle esa cantidad de dinero; y que fueron sus propios amigos, su entorno más cercano el que lo hizo. “No tuvieron piedad” dijo, entre sollozos. También dijo que su engreído era amenazado por malos policías y que estos algo tuvieron que ver con su violento final.
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No obstante, según pasaban los meses (y los años), la Policía peruana proporcionó a la opinión pública una serie de evidencias y testimonios que revelaron la verdadera vida de estos jóvenes “vendedores de autos”, los cuales luego todos llamarían simplemente por los sobrenombres de ‘Calígula’ y ‘Chato’.
“CLAN CALÍGULA”: INICIOS DE LA COMPLEJA TRAMA DE UNA RED JUVENIL CERCANA AL DELITO
Las sospechas policiales iban por el lado de que las víctimas estaban involucradas a un tipo de organización criminal. Hubo varias hipótesis, muchas de ellas plausibles dentro del contexto en el que se movían estos jóvenes. Además de ello, Fernando de Romaña tenía antecedentes policiales que lo pintaban no muy bien ante los ojos de los investigadores.
En diciembre de 1990, con solo 23 años, De Romaña había sido detenido por el presunto delito de robo de vehículos. Pero el asunto no le costó mucho tiempo ni dejó demasiada huella en él: salió libre y limpio de esa acusación, pese a que, para la Policía, los hechos lo culpaban directamente. Pagó una fianza y volvió a la vida pública; volvió a la juerga y a las amistades de la noche.
La Policía, igual, no le perdió de vista. En octubre de 1991, agentes de la Dircote incursionaron en su casa de San Antonio, Miraflores, porque estaban seguros de estar en el centro de operaciones de una mafia de robo de vehículos. Como los agentes fueron acusados de proceder irregularmente, no solo el caso quedó en nada sino que estos elementos policiales recibieron una serie de sanciones. Otra vez, De Romaña se salvaba. Pero acciones como esta crearon en la familia de Fernando una idea fija: la Policía hostigaba, presionaba sin razón al joven de la casa.
Fernando de Romaña y Julio César Domínguez, junto con Luis Mannarelli Rachitoff y Horacio Puccio, y otros más eran muy amigos. Casi todos de la misma edad, en sus 20′s, salvo un conocido de ellos: Alejandro Gonzales Ramírez ‘Jano’, quien les llevaba 10 años más, y por eso mismo tenía cierta ascendencia en ellos. Era el experimentado.
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Las víctimas de Cieneguilla tenían en ese momento una historia que contar. Las acusaciones de que De Romaña y Domínguez extorsionaban a los padres de algunas muchachas que habían sido grabadas en escenas íntimas con ellos (algo que la madre de Fernando siempre negó), así como sus continuas salidas del país, especialmente de Fernando de Romaña (registró siete viajes a España, Italia y Estados Unidos en 1990), todo ello, los hicieron muy sospechosos para la Policía.
Las autoridades veían en ellos a dos eslabones de una cadena criminal, la cual podía ir más allá del entorno juvenil en el que se movían estos jóvenes. El llamado ‘Clan Calígula’, como los bautizó la Policía y lo reprodujeron los medios de prensa, empezó a ser un caso policial de largo aliento. Había allí mucho pan por rebanar.
EL “CASO CALÍGULA” Y SU PODER MEDIÁTICO
Fernando de Romaña tenía una pistola. Pero no la llevó consigo esa tarde del 13 de febrero de 1992, a pedido de su tía Emperatriz Azalde, con quien vivió muchos años. El joven se la entregó y marchó rumbo a su muerte.
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El caso pasó de las páginas policiales informativas a las páginas de ‘crónica roja’ con una velocidad inusual. La razón: la historia crecía en la imaginación de la gente, y llegó a tener rasgos de un thriller policial, de una historia negra, con drogas, sexo, pornografía, chantajes, violencia y corrupción, muchas veces exagerada, agitada y construida por un tipo de prensa, pero otras veces real, dolorosa y convincente.
El caso se iba perdiendo en medio de marchas y contramarchas de los denunciados o sospechosos, desde Luis Mannarelli, amigo de ellos y a quien le achacaban haberlos centrado para asesinarlos, hasta Alejandro ‘Jano’ González, para quien ‘Calígula’ habría sido en el fondo un peligroso rival, una competencia en un mundo más cerca al hampa.
Entonces, cuando parecía que otros temas policiales lo rebasarían (en plena investigación policial ocurrieron el autogolpe de Fujimori, los atentados del Canal 2, de la calle Tarata en Miraflores, la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, etc.); y luego de más de un año y medio de hipótesis, testimonios contradictorios y evidencias (falsas y verdaderas), apareció la recordada serie de Lucho Llosa.
El lunes 11 de octubre de 1993, a las 8 de la noche, se estrenó en el Canal 2 (Frecuencia Latina) la miniserie “El Ángel Vengador: Calígula”. Tenía la banda sonora del tema “Children” del grupo británico EMF. La miniserie de 10 capítulos, protagonizada por el joven actor Julián Legaspi como el personaje de ficción Alejandro Samanez Valverde (alias ‘Calígula’), pertenecía a Iguana Producciones S.A., que dirigía Llosa, y cuyo guion se debió a su talento y al de Miguel Rubio del Valle.
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“El Ángel Vengador”, esa historia del género noir, rompió el rating de aquel horario nocturno, y quizás fue la responsable indirecta de que el “Caso Calígula” volviera a la primera escena, a las portadas y especiales de los diarios. Y es que era inevitable asociar esta historia de ficción serial con los hechos fácticos. Se produjo una especie de “contaminación” televisiva; una mezcla con lo que realmente había ocurrido. Lo que la gente recuerda hoy del caso ha quedado alterado con lo que vieron en esas noches de octubre, noviembre y diciembre de 1993 en la televisión peruana.
Intuyendo ello, la madre de Fernando, Betty Azalde, querelló a Luis Llosa, quien fue citado el 15 de octubre de 1993 por la jefatura de la Policía Judicial, para que rindiera su instructiva por la querella que le seguía la señora Azalde por el delito de difamación. El 18 de octubre se dio a conocer este hecho a los medios; pero Llosa, que residía en Estados Unidos, no asistió a la diligencia judicial.
Por otro lado, el 7 de noviembre de 1993, en pleno éxito de la serie, el programa dominical “Panorama”, que dirigía entonces el periodista Umberto Jara, se enfocó en el tema de los asesinatos de Fernando de Romaña y Julio César Domínguez. Su especial tuvo repercusiones no solo mediáticas sino también judiciales pues en ese reportaje llegaron a mencionar el nombre de uno de los presuntos asesinos.
El reportaje de “Panorama”, con bastante dramatización y escenas impactantes, se presentó al público una semana después del proceso de referéndum, que se realizó el 31 de octubre de ese año. El referéndum tuvo el fin de ratificar la Constitución redactada y aprobada por el Congreso Constituyente Democrático (CCD), durante el gobierno de “Reconstrucción Nacional” de Alberto Fujimori (constituido tras el autogolpe del 5 abril de 1992). Por ese motivo, muchos desconfiados televidentes y cierta prensa los acusó de correr una “cortina de humo” para atenuar las denuncias por los porcentajes obtenidos por los votos del “No” y el “Sí” de ese momento.
PRINCIPALES HITOS DEL “CASO CALÍGULA”
Pero el “Caso Calígula”, como le llamaban los medios, ya tenía una historia recorrida. Había cobrado fuerza a partir del 13 de marzo de 1992, treinta días después del doble homicidio. Ese día, el diario decano, en base a la información policial, indicó que el móvil del asesinato de Fernando de Romaña y su amigo fue un “ajuste de cuentas”. Y este ajuste o ajusticiamiento provenía de los “traficantes de drogas”; esa fue la primera conclusión a la que había llegado la entonces Dirección de Investigación Criminal de la PNP (Dircri).
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Asimismo, un mes después de los sangrientos hechos, la Dircri de la PNP se había afanado en encontrar algunos de los famosos “videos” íntimos de la extorsión de De Romaña y Domínguez; sin embargo, “no había podido determinar que Fernando de Romaña ‘Calígula’ haya comercializado videos pornográficos, en donde se veía a jovencitas sometidas a aberraciones sexuales”. Es más, la Dircri no halló hasta ese momento “un solo video cassette ni tampoco se ha presentado a esa unidad persona agraviada alguna”. (EC, 13/3/1993)
Con relación a este tema, surgió otra hipótesis que tuvo éxito mediático: la del padre italiano chantajeado y enloquecido que quiso vengar la deshonra de su hija y asesinó a los chantajistas. Pero esta tampoco pudo ser probada. Durante esas cuatro semanas, entre febrero y marzo, de una exigente investigación policial no hubo ningún indicio sobre el tema.
El 10 de marzo de 1992, había hablado con la Policía la hermana de la víctima, Giuliana de Romaña Azalde. Ella exculpó de todos los cargos delictivos a su hermano Fernando. La Policía había ingresado al cuarto de la víctima en San Antonio, Miraflores, pero no había descubierto nada incriminatorio. La PNP descartó también alguna complicidad policial en los asesinatos del 13 de febrero.
Para la Policía, el perfil de los dos jóvenes “vendedores de autos” se completó con la comprobación de que no se dedicaban realmente al negocio de compra/venta de autos. Según los agentes policiales, esa era su fachada. Un alto oficial de la División de Homicidios llegó a declarar off de récord que estos “nunca vendieron ni siquiera una bicicleta”. Por ese motivo, y ante el despilfarro de dinero que mostraban en público, se sospechó desde un inicio sus vínculos con el narcotráfico.
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En ese campo, participó la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (Dintid). Un oficial de Homicidios de la PNP indicó, ya desde entonces, que la presencia de “sicarios de la mafia del tráfico ilícito de drogas, que operan en nuestro medio, es la hipótesis más cercana a la verdad”. (EC, 13/3/1993)
A un mes del doble crimen, Luis Mannarelli Rachitoff, amigo de las víctimas, era el personaje más buscado del momento. Lo último que se sabía de él era que andaba por el norte del país. Pero, el 25 de abril de 1992, sorpresivamente, este sujeto fue detenido. “Mannarelli cayó como una mansa paloma”, tituló El Comercio del día siguiente.
A Mannarelli lo capturaron en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando quería pasar como un sencillo turista argentino, de barba y bigote, y trataba de viajar a Iquitos. Hasta tenía un supuesto pasaporte argentino. Curiosamente, no lo detuvo la Policía sino un agente de inteligencia de la FAP.
Mannarelli se convertiría en un evidente sospechoso. Se le mantuvo detenido por un buen tiempo, pero con las idas y venidas judiciales, no se pudo determinar su participación en los asesinatos ya que no llegó a ser interrogado por ese tema. Algunos “testigos” aseguraron que Mannarelli había salido del Perú tres días antes de los asesinatos. Pero eso estaba por comprobarse.
El atestado policial de la División de Homicidios se presentó el 19 de mayo de 1992, y en él fue difícil confirmar el nombre de algún posible autor o posibles autores del crimen. La Policía esgrimió que no había contado con el tiempo ni las facilidades suficientes.
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El 25 de mayo de 1992, el atestado fue recibido por el representante del Ministerio Público, el abogado Jesús Pino Mantilla. Este lo analizó, revisó y, finalmente, lo archivó de forma definitiva el 5 de agosto de 1992, luego de unos meses de escándalo mediático. Pero no debió hacerlo, más bien debió ampliar el plazo de la investigación policial para llegar a los culpables. Un extraño silencio se dio durante todo ese año 92, tanto en el Poder Judicial como en la propia Policía. A nadie parecía importarle avanzar en las investigaciones, así lo denunció El Comercio en su momento.
Años después, Luis Mannarelli sería recluido en un penal por algunos años, pero no por ser el asesino de Fernando de Romaña y Julio César Domínguez sino por otros delitos en los que estuvo involucrado, como el robo de joyas de una mujer en San Isidro, en junio de 1992; y, luego, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Como sus amigos asesinados, Mannarelli también registraba muchos viajes al extranjero. Solo entre setiembre de 1991 y junio de 1992, había viajado a Chile, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y España.
UN CASO REABIERTO ANTE NUEVOS PROTAGONISTAS: EL JUEGO DE ‘JANO’
En condición de “caso cerrado” permaneció la historia de ‘Calígula’ por nueve meses, cuando, de pronto, cesado Pino Mantilla fue reemplazado en la 32 fiscalía por la abogada Nancy Vargas Cubas, quien ordenó a comienzos de mayo de 1993 reabrir el proceso, permitiendo que la División de Homicidios interrogara a Mannarelli.
El Comercio averiguó en sus fuentes judiciales que “no hubo interés de resolver el caso ni por el equipo policial encargado de la división de Homicidios ni del Ministerio Público”. A eso se sumó que los propios familiares parecían querer olvidar el tema, al menos judicialmente.
El 4 de julio de 1993, cuando dio su manifestación a los agentes de Homicidios por el “Caso Calígula”, Mannarelli habría dado los nombres de seis sospechosos del doble asesinato. Estos no se dieron a conocer públicamente, pero se supo que se trataba de cuatro hombres y dos mujeres. Podía ser la verdad o un señuelo para confundir aún más a la Policía.
Al mismo tiempo, otro personaje aparecería en el escenario del caso: era Alejandro Gonzales Ramírez ‘Jano’, el amigo mayor del clan. El 2 de noviembre de 1993, a raíz de las nuevas investigaciones realizadas por un renovado equipo de Homicidios, con participación de la fiscal Nancy Vargas Cubas, se llegó a la detención del famoso ‘Jano’.
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El 5 de noviembre de ese año, El Comercio publicó una información que daba un giro en el caso: el testimonio de dos personas que señalaron haberse encontrado cerca del lugar en el momento en que dejaron el cuerpo de Julio César Domínguez, por las inmediaciones de la clínica Montefiori en Monterrico. Estos afirmaron haber visto a Alejandro Gonzales Ramírez bajando el cadáver de Domínguez, aquel 13 de febrero de 1992.
Los testigos pidieron reserva sobre sus identidades a cambio de colaborar en el caso; ellos llegaron a la División de Homicidios de la PNP después de haber visto la foto de `Jano’ en los diarios. Las agentes informaron que los testigos reconocieron la figura de Gonzales Ramírez como uno de los dos sujetos, porque fueron dos personas (el otro no fue reconocido), que bajaron el cuerpo de Julio César Domínguez, esa misma noche del 13 de febrero.
La Policía ya tenía otros indicios para acusar a ‘Jano’, pero estos testimonios eran más directos. Los agentes de investigación sabían que Alejandro Gonzales Ramírez tenía que encontrarse con Fernando de Romaña y Julio César Domínguez el 13 de febrero de 1992 -día del asesinato- a las 5 de la tarde, cita a la cual no concurrió, aduciendo que “se quedó dormido”. Una hora después ocurrió el doble homicidio.
Asimismo, surgió por esos días la versión de Julia Valdivia Juárez (19), una vecina de Fernando de Romaña; ella afirmó que alrededor de las 8 de la mañana del 14 de febrero de 1992, `Jano’ ingresó a la habitación de Fernando, en Miraflores, y sacó dos libretas de apuntes suyos. Estos testimonios lo comprometían directamente.
Luego ‘Jano” se contradijo en la explicación del destino de su pistola: primero dijo que se la habían robado, y después argumentó que se le había perdido. Es más, según las pericias balísticas, el arma con la que mataron a De Romaña fue un revólver calibre 38, similar a la que poseía `Jano’. La familia de Fernando indicó además que ‘Jano’ había amenazado por teléfono al joven, la última vez, antes de que éste último fuese asesinado. Parecía que el cerco se cerraba sobre el amigo de las víctimas.
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Hasta ese momento, la principal hipótesis para la Policía era que `Jano’ era un narcotraficante de mando medio que “reclutaba” jóvenes para enviarlos con droga a los Estados Unidos y a Europa. Dos de estos jóvenes, De Romaña y Domínguez, habrían “cerrado” (se habrían quedado) con droga y dinero de `Jano’. Por eso habrían sido asesinados por sicarios o personas conocidas por las víctimas que fungieron de sicarios. Inclusive se hablaba de la intervención del cártel de Medellín. Y por otro lado, una hipótesis secundaria bordeaba el asesinato pasional e involucraba la vida íntima de ‘Jano’ con esos dos muchachos.
Por ese motivo, los medios de prensa, a partir de unas pintas en la fachada de una casa vecina a la de ‘Calígula’ y unas declaraciones de Mannarelli, empezó a llamar a Alejandro Gonzales Ramírez (‘Jano’) como el posible “Ángel Vengador”, una especie de verdugo, de ángel oscuro; el ángel de la muerte, sin duda.
El proceso fue largo. Se presentaron videos del cumpleaños de ‘Jano’ en su casa de Miraflores, en los que aparecían Fernando de Romaña y Julio César Domínguez, junto a sus amigos Mannarelli, Puccio, ‘Jano’, y además personajes públicos como la entonces vedette Susy Díaz, amiga o conocida de ‘Jano’, quien colaboró luego con la Policía.
Susy Díaz acudió en noviembre de 1993, y luego lo seguiría haciendo en diciembre, a las citas policiales en calidad de testigo para aclarar su participación en ese primer video, que tenía fecha del 12 de setiembre de 1991. Poco después, Díaz postularía y ganaría un escaño en el Congreso de la República 1995-2000.
‘Jano’ o ‘El Ángel Vengador’ tenía antecedentes policiales. Estaba requisitoriado por tráfico de drogas en Miami (EE.UU.) y en dos países europeos, por eso se le vinculó con una red internacional de traficantes de drogas, con ramificaciones en EE.UU. y Europa.
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Ese mismo mes de noviembre de 1993, la Policía incursionó en la casa de playa de `Jano’, en el balneario ‘Los Pulpos’, en el kilómetro 43 de la Panamericana Sur. Luego de tres horas y media, la inspección ocular dio sus frutos: se encontró en la pizarra de tiro, una bala calibre 38 y tres casquillos calibre 22. ‘Jano’, muy tranquilo, atribuyó ese hallazgo a que practicaba allí tiro y eso era lo normal.
EL “CASO CALÍGULA”: TODO SE DERRUMBÓ DENTRO DEL PROCESO
Luego de un tiempo de investigación, para la Policía -en última instancia- Alejandro Gonzales Ramírez `Jano’ pareció tener una participación secundaria en el crimen. Es decir, primero, no era uno de los autores materiales del doble homicidio (probó que el 13 de febrero de 1992 estuvo lejos de la escena); pero no se le descartaba como uno o el autor intelectual de los asesinatos. Por eso era muy probable que este conociera a los sicarios o asesinos de los jóvenes miraflorinos.
Las constantes salidas al extranjero de ‘Jano’ eran también una práctica repetida en las vidas de los jóvenes Fernando de Romaña, Julio César Domínguez, Luis Mannarelli y Horacio Puccio. Este último, por supuesto, era otro sospechoso, y sería capturado por la Policía el 30 de noviembre de 1993.
Tan amplio y complejo fue el proceso que incluso tocó a un miembro de la Policía, por su cercanía al “Clan Calígula”. Se trató del mayor PNP Gregorio Villalobos Quispitúpac, quien fue citado varias veces por la División de Homicidios de la PNP. Pero ninguna declaración aclaraba nada; ni siquiera los familiares o amigos de las víctimas aportaban algo importante para llegar a los culpables. Es más, a veces no asistían a las audiencias y diligencias judiciales. (EC, 24/11/1993)
Abundaron también las amenazas de muerte contra los agentes de la justicia peruana que buscaban aclarar los luctuosos hechos del 13 de febrero de 1992. A poco de cumplirse dos años de los crímenes, El 9 de diciembre de 1993 la fiscal Nancy Vargas Cuba, encargada de investigar el caso, admitió ante la prensa que estaba siendo amenazada de muerte para no continuar ahondando en el tema.
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Lo confesó al salir del Trigésimo Segundo Juzgado de Instrucción, donde Manuel Domínguez Burga, padre de Julio César Domínguez, había acudido a rendir su testimonio sobre la muerte de su hijo. Pese a ello, la fiscal Vargas anunció que había solicitado la ampliación de las investigaciones sobre el caso. (EC, 10/12/1993)
En medio de todas esas dificultades y contratiempos, se hizo una “reconstrucción del crimen” el 25 de febrero de 1994, con la presencia de los fiscales y jueces; pero sin tener ningún culpable confeso. El 4 de marzo de 1994 terminó el plazo de la investigación en marcha, pero este se debió prorrogar aún más.
De esta forma, el 11 de febrero de 1995, un año después, El Comercio informó que el fiscal de la Octava Sala Penal Superior de Lima recién estaba dispuesto a acusar por homicidio a Alejandro Gonzales Ramírez ‘Jano’. A nivel fiscal él era el asesino de Fernando de Romaña y Julio César Domínguez.
La audiencia pública debía ser ante la Octava Sala Penal Superior de Lima. Allí se vería el grado o no de culpabilidad de ‘Jano’. Hasta que el 13 de abril de 1995 dicha sala penal absolvió a Alejandro Gonzales Ramírez ‘Jano’ de los cargos, en los que estuvieron también involucrados Horacio Puccio y Luis Mannarelli. El primero, Puccio, moriría años después, el 6 de mayo de 1999, cuando en pleno vuelo algunos de los 229 envoltorios de jebe con clorhidrato de cocaína (medio kilo) que llevaba en el estómago a Miami, Estados Unidos, se reventaron.
‘Jano’ y Mannarelli habían pasado un tiempo en el penal de Lurigancho, pero ninguno lo hizo por el caso de los asesinatos de Cieneguilla; sus delitos más bien venían por el tráfico de drogas, por el cual finalmente también salieron absueltos en diferentes tiempos; aunque, en los años siguientes, ya en el nuevo siglo, volverían a caer en lo mismo, y en el caso de Mannarelli de forma recurrente.
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Fernando de Romaña y Julio César Domínguez eran unos jóvenes atléticos, sociables, carismáticos; de De Romaña se sabía incluso que practicaba karate y destacaba en esa práctica marcial; por eso la Policía tenía claro que el asesino o los asesinos debieron armar un plan tan convincente como traicionero para acabar con él y su amigo.
Matarlos por la espalda, literalmente, y sin testigos era la forma perfecta para la impunidad. Eso y, por supuesto, tener una Policía y una justicia entrampadas en sus propios laberintos. Hasta hoy en día es un crimen perfecto, para vergüenza de la sociedad y de las autoridades peruanas.
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