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La noche del jueves 12 de julio de 1956 no fue el fin del ‘barrio rojo’ de Lima, pero sí su antesala. Un cabildo abierto en la sede de la Municipalidad de La Victoria reunió a vecinos y autoridades. La gente invadió la misma sala de sesiones y el hall del Concejo, y en la calle prácticamente podían confundirlos con seguidores de un partido político en pleno mitin. Fue una cita masiva para resolver el futuro de la zona prostibularia más antigua de la capital peruana.
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Desde las 7 y 30 de la noche, el cabildo público victoriano abordó el asunto del ‘barrio rojo’, nombre que la prensa usó en esos años para la zona de Huatica. Vecinos y autoridades discutirían la naturaleza de una ordenanza municipal que buscaba terminar con la vida prostibularia en esa parte de Lima.
La Victoria, creada como distrito en 1920 por el presidente Augusto B. Leguía, vivía entonces una auténtica arremetida conservadora y moralista muy fuerte. Eran los días finales del dictador Manuel A. Odría, y su sucesor, Manuel Prado Ugarteche, asumiría el poder ese 28 de julio de 1956, es decir, dos semanas después.
Las autoridades y representantes de la civilidad victoriana planteaban una serie de argumentos legales y de moral pública. El punto para ellos era acabar con toda muestra de “lacra social” en el distrito. El cabildo abierto lo presidió el alcalde, Juan N. Bryce Cotes, cuya gestión había empezado en enero de 1952 y ya terminaba. Por eso su inquietud de cumplir con una promesa que hizo desde que había iniciado su periodo edil: clausurar el llamado ‘barrio rojo’ enquistado en su comuna desde los años 20.
Una comisión municipal, que presidió el ingeniero Alfredo Miró Quesada, encabezó la denuncia pública. Fue el ingeniero el primero en hablar. Explicó que habían realizado visitas casa por casa para saber de primera mano el sentir de los vecinos; asimismo, hicieron un registro pormenorizado del número de locales en el distrito dedicados al oficio más antiguo del mundo.
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Según Miró Quesada, verificaron que a la fecha “funcionaban 50 casas de tolerancia, repartidas en diferentes zonas, y alrededor de 200 prostíbulos, ubicados en las cuadras segunda y sexta del jirón Huatica y una transversal del jirón García Naranjo”, decía El Comercio el 13 de julio de 1956.
El ingeniero pidió en el cabildo abierto no entrar en detalles en la descripción de las condiciones laborales en esos predios, por razones obvias, acotó. Terminó su alocución con una propuesta de ordenanza municipal, que solo contenía dos artículos, muy puntuales:
“Primero.- A partir del 1º de agosto de 1956, todos los prostíbulos, lenocinios y casas de tolerancia que actualmente funcionan en el Distrito, quedarán clausurados en forma definitiva, quedando cancelada cualquier licencia municipal, si la hubiera.
Segundo.- A partir de la fecha, la Municipalidad de La Victoria no otorgará licencia para el funcionamiento de esta clase de locales.
La Victoria, 12 de julio de 1956″
En la década de 1920, Lima crecía al compás de las obras públicas en calles y avenidas que realizaba el ‘oncenio’ de Leguía, y así como se creó el distrito de La Victoria, creció también en su vientre el ‘barrio rojo’ que, como indicaba el informe de la comisión edil, se apoderó de los jirones Huatica y parte de García Naranjo, desde fines de la década del 20. Allí se instaló poco a poco, con la venia del municipio de Lima, ese barrio singular que el Concejo buscaba tener delimitado, es decir, en un lugar “poco visible” de la capital.
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La “vida alegre”, se decía, habitaba en esos oscuros parajes que terminaron como parte del imaginario de la Lima nocturna durante casi tres décadas. El periodismo daba cuenta de los hechos de sangre, explotación y violencia que se generaban en esos lugares donde se hacinaban a las trabajadores sexuales, y donde también deambulaban amenazadoramente gente lumpen, entre proxenetas y mafiosos de todo tipo.
Para los medios de prensa era el ‘barrio rojo’ de Lima; para el hombre común, el de a pie, era solamente ‘Huatica’, que era el nombre del río que pasaba cerca de allí. Las autoridades de La Victoria ya estaban cansadas de tantas denuncias de los vecinos y de la imagen degradante que se les reprochaba.
Se calculaba que en esas siete cuadras del jirón Huatica (que luego pasaría a llamarse jirón Renovación) había aproximadamente 250 meretrices, entre peruanas y extranjeras; ellas daban sus servicios desde el cruce de Hautica con la avenida Grau hasta el último cruce con Sebastián Barranca. Ese era el mundo que estaba por terminar ese año de 1956.
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El nombre de Huatica resonaba en el ambiente municipal aquella noche de invierno del 12 de julio de 1956, pero estaba cubierto con el estigma de ‘barrio rojo’. Entonces, le tocó el turno al doctor Jorge Avendaño, presidente del Consorcio de Médicos Católicos. Avendaño apoyó la ordenanza edil y añadió conceptos ligados a la salubridad pública y al hecho de estar generando un foco infeccioso múltiple en el popular barrio victoriano.
Otro consorcio católico, pero de abogados, también argumentó a través de su presidente, el doctor Félix Navarro Irvine. Él explicó el marco legal disponible para pedir la clausura del barrio en pleno. Argumentó la marginalidad e ilegalidad de los establecimientos, y advirtió que se podía registrar y perseguir a sus propietarios.
Varios más intervinieron, como los representantes del Rotary Club de La Victoria y de la Escuela de Servicio Social, así como gente de la Escuela Normal de Mujeres y de la Federación de Padres de Familia. Asimismo, la directora de la Unidad Escolar “Rosa de Santa María”, la maestra Beatriz Cisneros, intervino de forma tajante ante el “daño moral que se hacía a los niños”. Todos felicitaron al alcalde de La Victoria por su iniciativa “de moral pública y de defensa de la salud de los limeños”.
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Fue una larga lista de autoridades y vecinos que tomaron la palabra. Hasta que llegó el turno del doctor Carlos Bambarén, un profesor de Criminología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Se autocalificó como alguien que venía trabajando desde 1930 (prácticamente desde el inicio de Huatica) por “abolir la reglamentación de la prostitución en el Perú”. Bambarén dijo que se hallaba emocionado de ver que, por fin, había consenso para extirpar esa lacra social del país. “No solo debía hacerse eso en La Victoria sino en todo el Perú”, sentenció el médico sanmarquino.
El alcalde Juan N. Bryce Cotes agradeció a todos los participantes y concurrentes al cabildo abierto. Se reafirmó en su decidida acción de echarse abajo al reino de Huatica, y recibió por ello estruendosos aplausos. A las 9 y 30 de la noche se terminaba la sesión municipal. Y, al día siguiente, viernes 13 de julio de 1956, el concejo distrital en pleno aprobó la ordenanza edil. Luego se quedaron para discutir la mejor estrategia legal para hacerla cumplir.
El régimen de Manuel A. Odría no tardó en reaccionar casi en la antesala de su salida del poder. El mismo lunes 16 de julio de 1956, el Ministerio de Gobierno y Policía (actual Ministerio del Interior) emitió la Resolución Ministerial Nº 6233, en la que se determinó que en un plazo no mayor de tres meses, debía clausurarse “los 200 prostíbulos y 50 lenocinios y casas de tolerancia”, tal como lo había determinado la ordenanza municipal.
En los considerandos de la resolución se anotaron algunos datos importantes: se explicó que las autoridades destinaron el ‘barrio rojo’ a esa zona de Lima en los años 20, porque esta era entonces parte de los extramuros de la ciudad. Pero, en 1956, el aumento de la población y de los inmuebles en La Victoria, convirtieron dicha zona en urbana y céntrica.
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Este punto técnico y habitacional fue reforzado con la idea de que el llamado ‘barrio rojo’ exponía al peligro a la vecindad victoriana. Como Estado, decía la resolución, cabía poner orden y velar por “la moralidad y tranquilidad públicas”.
La parte resolutiva determinó que debían darle un plazo perentorio para el desalojo de los locales y las casas. Tenían hasta el 15 de octubre de 1956 para el retiro completo. Se indicaba, además, que “dichos locales podrán reubicarse en zonas periféricas de la ciudad y previos los trámites respectivos”, señalados en el Reglamento de Licencias Especiales de la Policía, el cual estaba en funciones desde 1947 y que, es preciso indicar, establecía el pago que el ‘barrio rojo’ hacía por renovación de sus licencias de funcionamiento.
Estos pagos al fisco estaban contemplados como ingreso fiscal en el Presupuesto General de la República, y la entidad que los percibía era el Departamento de Recaudación de la antigua Caja de Depósitos y Consignaciones (hoy Banco de la Nación). Asimismo, como era de imaginar, el dinero de las multas de estos prostíbulos lo recibía la Beneficencia Pública de Lima.
Se le encargó a la Prefectura de Lima, a cargo de Humberto Solari Saco, el cumplimiento de esas medidas; es decir, del desalojo final del ‘barrio rojo’ de Huatica. Firmó el documento, el entonces ministro de Gobierno y Policía, el general Augusto Villacorta.
Fue, sin duda, un triunfo del municipio victoriano. Pero también de la prensa peruana, al menos de buena parte de ella. El alcalde Bryce Cotes así lo reconoció al darle sendas medallas de oro a los diarios de la capital que hicieron una “campaña de bien público”. Las Fiestas Patrias fueron la fecha ideal para hacer tal reconocimiento público a los medios.
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De esta forma, El Comercio, La Prensa, La Crónica, La Nación y Última Hora fueron los medios de prensa escrita que recibieron las medallas doradas de la Municipalidad de La Victoria. Pero se hizo más: la distinción quiso ser más puntual y se aprobó en concejo la entrega de medallas de plata a un grupo de periodistas: Carlos Alejandro Concha, de La Crónica; César Agosti Mori, de La Nación; y Max Jiménez León, de El Comercio.
El alcalde Bryce no pudo ver como autoridad edil el final de Huatica, ya que su gestión finalizó un mes antes, en setiembre de 1956. Pero dejó todo dispuesto. La tarea de desalojar la zona roja victoriana fue del siguiente alcalde, Félix Patroni Cruz, quien asumió el cargo edil el 30 de setiembre de ese año.
Al cumplirse los tres meses dados por el gobierno anterior, el nuevo régimen de Manuel Prado tomó la iniciativa y con la Prefectura de Lima como punta de lanza se enfrentó a los ocupantes que quedaban en esas cuadras famosas de Huatica.
En la noche del 15 de octubre de 1956 todo estaba preparado para el cierre definitivo. Ciertamente, ya varios locales y casas de esos parajes habían sido retirados en el mes anterior, en setiembre, debido a una tarea de la prefectura de ir persuadiendo y advirtiendo a la vez a los residentes prostibularios de que todo estaba decidido. La suerte estaba echada a favor de los vecinos.
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Así, desde hacía cuatro semanas, se fueron retirando los locatarios de las dos primeras cuadras del jirón; y luego de la quinta, sexta y sétima cuadras. Pero aun había otros que no aceptaban moverse de allí, luego de casi 30 años de permanencia: estos eran los ubicados en la tercera y cuarta cuadras, los más tercos, los que esperaron a que la Policía los desalojara a la medianoche y en las primeras horas de la madrugada del domingo 16 de octubre de 1956.
Los agentes de la Guardia Civil esperaron a que se cumpliera el plazo máximo dado. Entonces, entraron en la zona: desalojaron a los reacios y dispersaron a los nostálgicos parroquianos que merodearon por allí, ocultándose entre los curiosos y vecinos, testigos privilegiados del final de una época prostibularia.
Esa noche, la Policía clausuró en total “más de 100 prostíbulos y 10 casas de tolerancia, que albergaban a más de 350 mujeres en el ‘barrio rojo’ de La Victoria”. Como señaló el prefecto de Lima en julio de 1956, el desalojo de Huatica o ‘barrio rojo’ debía implicar, asimismo, una mejora en la renta que se recaudaba de esos locales, puesto que se esperaba que pasaran a otra categoría como establecimientos de servicios y diversión.
Es cierto, fue un golpe contundente a los centros prostibularios de mediados del siglo XX en Lima. Huatica desapareció, pero solo para trasladarse -en corto tiempo- no muy lejos de allí.
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