Tribunal Constitucional: ponencia del magistrado Carlos Ramos en el caso referido a la tauromaquia y a las peleas de gallos

PLENO JURISDICCIONAL

Expediente 00022-2018-PI/TC

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

30 de abril de 2019

Caso sobre la constitucionalidad de las excepciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal relacionadas con la tauromaquia, la gallística y otras actividades

CIUDADANOS C. CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Asunto

Demanda de inconstitucionalidad contra la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30407, “Ley de Protección y Bienestar Animal”

Magistrados firmantes: SS.

BLUME FORTINI

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ }

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

TABLA DE CONTENIDOS

Norma impugnada	Parámetro de control
Primera Disposición Complementaria Final de  la Ley 30407, “Ley de Protección y Bienestar Animal”.	Constitución:   -    artículo 1 -    artículo 2, incisos 8, 22 y 24 -    artículo 3 -    artículo 21 -    artículo 31 -    artículo 105   Artículo     78     del     Reglamento     del Congreso.

 

I. ANTECEDENTES

A. PETITORIO CONSTITUCIONAL B. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

B-1. DEMANDA

B-2. CONTESTACIÓN DE DEMANDA C. TERCEROS Y AMICUS CURIAE

II. FUNDAMENTOS

§1. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA

§2. INCONSTITUCIONALIDAD POR LA FORMA

§3.LA  DIGNIDAD  HUMANA  Y  EL  ESTATUS  JURÍDICO  DE  LOS ANIMALES

§4.LA CULTURA Y SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES

§5. JURISPRUDENCIA COMPARADA SOBRE LA MATERIA

§6.      ANÁLISIS      CONSTITUCIONAL      DE      LAS      ACTIVIDADES CUESTIONADAS

6-A. PELEAS DE TOROS

6-B. PELEAS DE GALLOS

6-C. CORRIDAS DE TOROS

6-D. OTRAS ACTIVIDADES DECLARADAS COMO CULTURALES POR LA ACTIVIDAD COMPETENTE

§7. SOBRE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD

§8. EFECTOS DE LA PRESENTE SENTENCIA III. FALLO

SENTENCIADEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 30 días del mes de abril 2019, reunido el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno  Jurisdiccional, con la asistencia de  los señores magistrados Blume Fortini,   presidente;  Miranda  Canales,   vicepresidente;  Ramos  Núñez,   Sardón  de Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia.

 

I. ANTECEDENTES A. PETITORIO CONSTITUCIONAL

Con fecha 18  de setiembre de 2018, más de cinco  mil ciudadanos interponen una demanda de inconstitucionalidad con el objeto de que se declare inconstitucional la Primera Disposición Complementaria Final de  la Ley 30407, “Ley de Protección y Bienestar Animal”, que excluye de dicha protección a las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente. Con fecha 4 de octubre de 2018 este Tribunal admitió a trámite la demanda.

Alegan que dicha disposición tiene vicios de forma por presuntas irregularidades en el procedimiento parlamentario de aprobación de la misma, y vicios de fondo. Así, alegan que vulnera los artículos 1; 2, incisos 22 y 24; 3; 31; y 105 de la Constitución, y el artículo 78 del Reglamento del Congreso.

Por su parte, con fecha 26 de diciembre de 2018, la apoderada especial del Congreso de la República contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, y solicita que sea declarada infundada.

 

B. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Las partes postulan una serie de argumentos sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas que, a manera de resumen, se presentan a continuación:

 

B-1. DEMANDA

Los argumentos expuestos en la demanda, son los siguientes:

-        Los demandantes señalan que la excepción contenida en la Primera Disposición Complementaria  Final  es  inconstitucional  por  la  forma  por  contravenir  los artículos  31  y  105  de  la  Constitución  y  el  artículo  78  del  Reglamento  del Congreso.

-        Alegan que el Proyecto de Ley 3371/2013-CR (al que después se acumularon otros proyectos similares) fue enviado a dos comisiones del Congreso, a la de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología, y a la comisión agraria

-        Ambas comisiones emitieron dictámenes favorables aprobados por unanimidad en abril de 2015, pero agregaron la referida excepción para corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad  competente,  aunque esta no  existía  en  ninguno  de  los proyectos originales.

-        Sostienen  que  en  ninguno  de  los  dos  dictámenes  existe  opinión  de  algún organismo del Estado o privado que exponga argumentos a favor o en contra de los espectáculos señalados, por lo que consideran que no existió motivación.

-        Agregan que la Iniciativa Legislativa Ciudadana 0133 (respaldada por más de sesenta mil ciudadanos y llamada “Ley que prohíbe el maltrato y sacrificio animal como parte de espectáculos públicos y privados”), ingresó al Congreso el 23 de agosto de 2012 como Proyecto de Ley 1454/2012-IC.

-        Dicho proyecto tuvo un dictamen de inhibición de la comisión agraria emitido el 19 de noviembre de 2013, y luego fue acumulado al Proyecto de Ley 3371/2013- CR, el mismo  día de su debate en el Pleno  del Congreso, ocurrido  el 19 de noviembre de 2015.

-        Alegan  los  demandantes  que  debió  efectuarse  un  debate  porque  la  referida iniciativa ciudadana versaba justamente sobre lo que los legisladores exceptuaron en sus dictámenes, y porque tales iniciativas provenían del pueblo, las que deben tener preferencia en el Congreso, de acuerdo con la Ley 26300, “Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos”.

-        En  tal  sentido,  sostienen  que  debió  producirse  un  proceso  deliberativo  que incluyera una motivación adecuada, justa y lógica de las comisiones dictaminadoras del porqué de la exclusión de las actividades señaladas supra, que debió existir un debate serio y real sobre el fondo del asunto y no solo sobre cuestiones procedimentales,  y que debió  citarse  a las partes interesadas en la prohibición de este tipo de espectáculos.

-        Asimismo, señalan que ambos dictámenes de las comisiones son contradictorios, pues si bien en ellos se reconoce que los animales vertebrados tienen la capacidad de sufrir y sentir emociones (por tener un sistema nervioso central y compartir similitudes evolutivas neurológicas con los seres humanos) y que no deben ser objeto de maltrato ni crueldad, se agrega la excepción para los referidos espectáculos sin que existan razones para ello.

-        Lo que se cuestiona no es la acumulación de proyectos para dar una ley, sino la acumulación de un proyecto que buscaba la prohibición de espectáculos cruentos con otro que llevó a la aprobación de una disposición que los permite. Esto se hizo mediante la aprobación sin debate de la excepción cuestionada.

-        La  Comisión  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  del  Congreso  dictaminó  dos proyectos que fueron acumulados al Proyecto de Ley 3371/2013-CR, y citó la Sentencia 0017-2010-PI/TC para justificar el límite que hay para la protección de los derechos de los animales, anteponiendo  lo que los demandantes llaman el “derecho” a la “cultura” de los aficionados a divertirse con la violencia hacia los animales.

-        De acuerdo con los demandantes, la Sentencia 0042-2004-AI/TC tendría mayor valor jurídico que la Sentencia 0017-2010-PI/TC, pues esta tiene efectos vinculantes y exhortó al Congreso a que dicte una Ley Orgánica de la Cultura, en las  cuales  se  establezca  las  bases  constitucionales  de  la  política  cultural  del Estado, mientras que la segunda solo opinó sobre manifestaciones culturales.

-        Adicionalmente, alegan que el Congreso es un órgano que resulta incompetente para haber añadido la excepción cuestionada, pues al tratarse de “espectáculos declarados  de  carácter  cultural”,  el  órgano  competente  para  hacerlo  es  el Ministerio de Cultura.

-        Por otro  lado,  los demandantes señalan que la referida excepción también es inconstitucional  por  razones  de  fondo.  Alegan  que  permitir  que  una  persona realice violencia contra los animales, y que haga de ello un espectáculo, es un acto agresor de la dignidad humana, pues rebaja y degrada a la persona al incapacitarla para sentir empatía, compasión ni justicia hacia otro ser vivo. Citan al respecto lo dispuesto por el Tribunal en el fundamento 28 de la Sentencia 0042-2004-AI/TC.

-        Añaden que los valores de empatía, compasión y justicia deben ser protegidos por el Estado, pues son intrínsecos a la persona, y es debido a ellos que podemos calificar como seres humanos. El respeto hacia la dignidad debe ser no solo hacia las personas, sino también hacia la naturaleza y los animales.

-        Los demandantes sostienen que el permitir que un grupo de personas someta a tortura, tratos crueles y dé muerte a animales, más aún si dichos actos se realizan por diversión en espectáculos públicos, va contra la moral, la psiquis y el espíritu de las personas, vulnerando la dignidad y la naturaleza racional y emotiva del ser humano.

-        Alegan también que vulnera el artículo 2, inciso 22,  de la Constitución, pues señalan que la violencia de los espectáculos cuestionados trasgrede la paz y es indudablemente contraria a ella, y aunque no atente directamente contra las personas  afecta  su  psiquis  y  perturba  su  tranquilidad.  Citan  al  respecto  lo dispuesto por el Tribunal en el fundamento 26 de la Sentencia 0042-2004-AI/TC.

-        En su demanda, los ciudadanos recurrentes señalan que, al permitirse espectáculos de violencia contra los animales,  las personas  no  pueden  librarse de ellos ni decidir que no existan para que no les afecten. La vulneración del derecho puede darse   directamente   si   presencian   tales   actos,   o   indirectamente   si   toman conocimiento por otros medios, como las noticias.

-        Asimismo,  señalan  que  también  se  vulnera  el  artículo  2,  inciso  24,  de  la Constitución, pues las personas tienen derecho a ser protegidos de actos violentos que les afecten física, psíquica y moralmente.

-        Agregan que la excepción cuestionada vulnera el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. Citan al respecto lo dispuesto por el Tribunal en el fundamento 25 de la Sentencia 0042-2004-AI/TC.

-        Los  demandantes  también  sostienen  que  la  excepción  cuestionada  vulnera  el artículo 3 de la Constitución, pues las personas tenemos el derecho de realizar prácticas morales y éticas que nos permitan perfeccionarnos como seres humanos. Sin embargo, mantener costumbres crueles y violentas contra otros seres vivos y que estas sean legales representa un perjuicio y menosprecio a este derecho implícito.

-        Alegan que la Constitución, en su artículo 2, incisos 8 y 19, y en su artículo 17, hace referencia a la cultura, pero desde una visión pluralista, donde se respeta la identidad, idioma y actividades de cada pueblo, siempre y cuando estas no entren en conflicto con los derechos fundamentales. Por ejemplo, la “cultura del robo” es una cultura desde un punto de vista antropológico, pero que comprende acciones reprobadas y sancionadas por ley.

-        Así, sostienen que las manifestaciones que son dañinas para la sociedad por ser violentas, donde hay maltrato y muerte, no conducen a la civilización ni contribuyen  al  desarrollo  de  un  país,  por  lo  que  no  deben  ser  avaladas  ni protegidas por el Estado. Afirman que la Constitución protege el derecho a la cultura, pero no el derecho a maltratar y torturar animales.

-        Sostienen que el deber del Estado de proteger la cultura y el acceso a ella debe tener en cuenta los intereses y valores culturales, y se debe ponderar lo que es mejor para el desarrollo del Estado, aunque reconocen que el concepto de cultura no es inamovible, sino que va transformándose conforme pasa el tiempo, y en relación al contexto social y político.

-        En ese sentido, sostienen que en el actual contexto social la mayoría de peruanos está en contra de los espectáculos en que haya violencia contra los animales. Asimismo, alegan que los espectáculos cuestionados, como manifestaciones culturales, carecen de universalidad, pues solo corresponden a un grupo de personas, sin perjuicio de que afecten los derechos señalados supra.

-        Alegan que la Constitución se basa en valores morales que provienen de una reflexión ética, por lo que al decir que toda persona tiene derecho a su integridad moral o que nadie debe ser víctima de violencia moral, ampara la idea de que el

Estado no puede tolerar, permitir y legalizar actos donde se ofenda la moral de las personas.  La  excepción  cuestionada  blinda  espectáculos  violentos  ajenos  a  la moral y a la ética.

-        Los demandantes afirman que los animales son sujetos morales, porque tienen capacidad para hacer un bien y sufrir un mal, siendo secundario si son o no seres racionales. En tal sentido, concluyen que no resulta ético ni moral torturar y dar muerte a un animal y hacer de esto un espectáculo. Señalan que ello nos convierte en seres irracionales e inhumanos.

-        Por otro lado, los demandantes alegan que la Ley 30407 no ha exceptuado a los espectáculos materia de controversia por ser manifestaciones culturales, sino por ser “espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente”. Señalan que se trata de cosas diferentes, pero el Ministerio de Cultura, a quien compete la función de calificar a los espectáculos como culturales, nunca los ha declarado como tales, ni como patrimonio cultural de la Nación.

-        Añaden los ciudadanos recurrentes que el Tribunal no ha corregido su postura sobre la materia contenida en la Sentencia 0042-2004-AI/TC con la Sentencia 0017-2010-PI/TC, ni ha establecido el carácter cultural de las corridas de toros, pues ni tiene competencia para ello (solo ha establecido que son manifestaciones culturares) ni es posible que una sentencia pueda corregir a otra.

-        Indican que en la Resolución Viceministerial 004-15-VMPCIC-MC, dicha entidad señaló  que  no  otorgará la  calificación  de  cultural  a  espectáculos  donde  haya crueldad, violencia contra personas o animales, o sacrificio de animales, usando como base lo dispuesto por el Tribunal en la Sentencia 0042-2004-AI/TC. Señalan que en la misma línea se encuentra la Ley 30870, “Ley que establece los criterios de evaluación para obtener la calificación de espectáculos públicos culturales no deportivos”.

-        Por tanto, como la autoridad competente no ha declarado tales espectáculos como culturales, sostienen que la excepción cuestionada sería ilegal y que el Congreso habría usurpado competencias y funciones que no le corresponden, calificando de culturales a espectáculos que por Resolución Viceministerial del Ministerio de Cultura (decretada antes que la Ley 30407  fuera aprobada  y promulgada)  no pueden ser calificados como tales, ya que contienen maltrato, crueldad, violencia y sacrifico de animales.

-        Agregan que la excepción cuestionada es contradictoria con la finalidad y objeto de la misma Ley 30407, consignados en sus artículos 2 y 3, que es garantizar el bienestar  y protección  de  los  animales  vertebrados  e impedir  que  sufran  por causas humanas; y con su artículo 22, literal “b”, que prohíbe la utilización de animales en espectáculos que afecten su integridad física y bienestar, y se aplica a peleas de perros o espectáculos de circo, pero que gracias a la excepción cuestionada no se aplica a corridas de toros o peleas de gallos, aun cuando el maltrato animal en tales eventos es evidente.

-        Asimismo, señalan que el Poder Ejecutivo no respetó el artículo 118, inciso 1, de la Constitución, pues no observó y promulgó una norma que se encontraba en contradicción con los  lineamientos del Ministerio  de Cultura reseñados  supra sobre los espectáculos considerados culturales.

-        Por otro  lado,  los demandantes hacen  referencia al valor  que tienen para  las democracias modernas las encuestas de opinión a la población, para conocer sus preferencias. En su demanda citan una encuesta realizada por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima del año 2007 a nivel de Lima y Callao, y otras realizada por Datum Internacional S.A. a nivel nacional, una el año 2008 y otra el año 2013.

-        En todas las encuestas se aprecia un alto nivel de rechazo a las corridas de toros y un muy bajo nivel de aceptación. En la primera encuesta el porcentaje de personas que están de acuerdo pasa de casi 31% en noviembre de 2003 a casi 15% en octubre de 2007, mientras que el porcentaje de personas en desacuerdo pasa de más de 63% a más de 83% en el mismo periodo.

-        En la segunda encuesta el porcentaje a favor era 9%, en contra era 68%, y ni a favor ni en contra era 19%. Al 66% le gustaría que se prohíban las corridas de toros, al 16% que no, y el 19% no sabe o no opina. En la tercera encuesta el porcentaje a favor pasó a 15% y en contra a 78%.

-        Los demandantes exponen también los casos en que se abolieron las corridas de toros, en lugares tales como en las Islas Canarias, España; Panamá, Argentina, Chile, Uruguay y Cuba. Agregan que en Colombia está en vías de abolición, en Francia solo se mantiene en el sur del país, y en Portugal ya no se da muerte al animal, aunque aún se le tortura. En el caso de Colombia alegan que la Sentencia del 1 de febrero de 2017 sobre protección de animales representa un avance para la pacificación de dicho país.

-        Los demandantes también hacen un recuento detallado del sufrimiento y maltrato a que estarían expuestos los toros, caballos y gallos en los diferentes espectáculos protegidos por la excepción cuestionada, y que en muchos casos lleva a la muerte del animal.

-        Agregan que los espectáculos en cuestión son crueles por dañar arbitrariamente a seres vivos que sienten dolor (aún si ello se hace sin ánimo de actuar de manera despiadada). Alegan que si no fueran crueles entonces no habría necesidad de que fueran exceptuados mediante la disposición cuestionada.

-        Entre los actos de crueldad y tortura descritos se incluyen actos que producen sufrimiento y dolor a los animales, como ser atacados por humanos con armas cortantes de metal que generan lesiones y heridas profundas y sangrantes en sus cuerpos, incluso al punto de seccionar la médula de un toro mediante un estoque que le produce parálisis mientras agoniza.

-        Los mismos caballos sufren los embates del toro y lesiones y heridas, a pesar de estar protegidos, mientras que los gallos se pelean con armas cortantes que les generan heridas y la muerte. A los gallos también se les cortan la cresta y la barbilla antes de ser azuzados para pelear.

-        En  tal  sentido,  señalan  que  el  objeto  de  la  demanda  es  que  se  declare  la inconstitucionalidad de la excepción cuestionada, y no que se regule los espectáculos mencionados para que aparezcan ante el público con menor crueldad o sangre. Además, señalan que la reglamentación de estas actividades deja una puerta abierta a la impunidad, pues no sería posible ejercer un control sobre lo que ocurre en cada coliseo o plaza.

-        Finalmente,  sostienen que un  fallo  a  favor  de su  demanda por  parte de este Tribunal serviría al desarrollo de la cultura, civilización y pacificación del país.

 

B-2. CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, son los siguientes:

-        El demandado señala que en la demanda se cuestiona la forma del procedimiento de aprobación de la excepción cuestionada, pero sin señalar las normas que se habrían vulnerado. En tal sentido, alega que el control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes no supone la continuación del procedimiento legislativo  mediante un simple cambio  de roles,  destinado  a ratificar  o  no  lo decidido por el Congreso con idénticos poderes de valoración, sino que configura un  control  secundario   a  cargo  de  la   jurisdicción,   cuyo   parámetro  es  la Constitución y el bloque de constitucionalidad.

-        En  la  contestación  se  destaca  también  que  este  Tribunal  estableció  en  el fundamento 22 de la Sentencia 0020-2005-PI/TC tres supuestos en que una norma incurre en una infracción constitucional de forma, apuntando la norma impugnada en autos supuestamente al primer caso: el quebrantamiento del procedimiento legislativo previsto en la Constitución para su aprobación. Este procedimiento está determinado  por  el  artículo  105  de  la  Constitución  y  desarrollado  en  el Reglamento del Congreso.

-        La apoderada especial del Congreso de la República señala que el demandante reclama solo por la iniciativa ciudadana para alegar la inconstitucionalidad por la forma, pero fueron once proyectos los que se acumularon en total y que dieron origen a la Ley 30407 con la excepción cuestionada, luego de producirse debate y dictámenes conforme a la legislación nacional.

-        Respecto a la presunta falta de motivación y contradicciones de los dictámenes de las comisiones, el demandado señala que el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos fundamentó la excepción cuestionada en argumentos usados por este Tribunal en la Sentencia 0017-2010-PI/TC, por lo que no es cierto que no existiera motivación en los dictámenes, lo cual fue discutido en dos sesiones del Pleno del Congreso.

-        Por otro lado, respecto a los cuestionamientos de fondo, el demandando alega que el fin supremo de la sociedad es la dignidad humana, por lo que los límites que los derechos tengan deben ser proporcionales y respetar los derechos de los demás. En este caso se trata de la protección de especies no humanas, por ende, sin derechos humanos. Afirman que la Ley 30407 no es constitutiva de derechos.

-        Asimismo,   el   demandado   señala   que   de   darse   una   prohibición   de   las manifestaciones culturales en debate se estaría violentando el derecho a la cultura y, en consecuencia, la dignidad humana, pues de esta se derivan los derechos fundamentales, por cuanto se afecta la libertad individual y el libre desarrollo de la persona dentro de su propia cultura, que el Estado está obligado a preservar, y no debe prohibir ni adoptar medidas que conlleven a su extinción.

-        Sobre la supuesta vulneración del derecho a la paz y la tranquilidad, el demandado destaca que no bastan las meras afirmaciones sin sustento para alegar que estas son afectadas. La invocación de un sector de ciudadanos a la paz y tranquilidad no puede significar la prohibición de aquellas actividades que les disgusten o desagraden, pero que son realizados por otras personas.

-        Alega que prohibir los espectáculos culturales como la tauromaquia o la gallística porque existe un sector hipersensible a las acciones que en ellas se desarrollan constituye un abuso de derecho, que revela una mirada egocéntrica de la realidad y supone la exclusión de todas las prácticas que nos disgustan a partir de un estándar personal, sin respeto hacia quienes piensan y actúan distinto, en ejercicio de su identidad cultural y de su libertad individual.

-        Además, señala que los opositores a estas prácticas no están obligados a asistir a los lugares donde se realizan. Y, en todo caso, cuestiona que se trate de espectáculos crueles, pues señala que la crueldad tiene como elemento intrínseco el ánimo de actuar de manera despiadada, lo que no ocurre en tales espectáculos.

-        Sobre la supuesta vulneración a la libertad y seguridad personales, el demando sostiene que se han hecho nuevamente afirmaciones alejadas de la realidad, por cuanto no afectan derechos de las personas, ni se afecta a terceros.

-        El demandado explica que las corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos son costumbres que forman parte de la identidad cultural peruana desde hace casi 500   años,   y   que   están   incluso   mezcladas   con   festividades   religiosas y  celebraciones cívico-militares. Las peleas de toros, por ejemplo, son una tradición arequipeña y única en el mundo. Afirma que la gallística, por su parte, tendría raíces romanas.

-        Señala que estas prácticas llegaron con la conquista, pero han sido incorporadas a nuestra cultura, y ahora forman parte de la historia y la tradición cultural de nuestro país. Han supuesto, a lo largo de todo nuestro territorio, un sincretismo cultural entre lo español y lo indígena, lo criollo y lo andino, lo cristiano y lo pagano, que forma parte de las costumbres culturales de diversas comunidades.

-        Agrega que el ejercicio del derecho a la identidad cultural, que se traduce en las manifestaciones  mencionadas,  no  viola  ningún  derecho  fundamental  de  la persona. Intentar eliminar estas tradiciones culturales sobre la base de gustos o disgustos constituiría una agresión al derecho a la identidad cultural de quienes participan en ella.

-        Señala  que  esto  atenta  contra  lo  dispuesto  en  el artículo  2,  inciso  19,  de  la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a su identidad cultural. Y no  puede desconocerse el carácter  cultural de  una  manifestación  solo  porque desagrada a un sector.

-        Al respecto, alega también que el Estado peruano es parte de la “Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales”. En tiempos en que la globalización tiende a la uniformización y a poner en riesgo manifestaciones culturales locales o minoritarias, resulta importante protegerlas, que es justamente lo que se busca con la excepción cuestionada.

-        El demandado señala también que se ignora el derecho a participar en la vida cultural de la nación, contenido en el artículo 2, inciso 17, de la Constitución. Diversos gobiernos regionales y locales han reconocido a estas prácticas un carácter cultural y parte de sus tradiciones.

-        Por otro  lado,  la excepción cuestionada garantiza el derecho  a la  libertad  de empresa y el derecho a la libertad de trabajo de las personas que se vinculan con los espectáculos señalados. Existe gran variedad de actividades económicas relacionadas directa o indirectamente, como criadores, fabricantes de alimento, personal de apoyo, administradores, publicistas, dueños de locales, así como actividad turística.

-        Asimismo, sostiene que existen centenares de asociaciones sobre la materia, y gran cantidad de plazas de toros y coliseos de gallos en todo el territorio nacional, y tres millones de personas acuden a estos espectáculos.

-        Agrega que este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la materia y ha reconocido a la tauromaquia como espectáculo y manifestación cultural en la Sentencia 0017-2010-PI/TC. Además, en otros países se permiten las corridas de toros, como son: México, Colombia, Ecuador, Venezuela,  Portugal, España (donde es parte del patrimonio cultural)  y Francia (donde ya no es parte del patrimonio cultural), aunque en algunas regiones de México y España se han prohibido, y en Francia solo se realizan en algunas zonas.

 

C. TERCEROS Y AMICUS CURIAE

El Tribunal ha recibido múltiples solicitudes de diferentes organizaciones y personas para ser incorporados como terceros o como amicus curiae en el presente proceso. En relación con el primer grupo, se admitió en calidad de tercero a las siguientes organizaciones:

-    Unión de Galleros del Perú

-    Asociación Gallística Moquegua

Por otro lado, en lo que respecta a las solicitudes de amicus curiae, este Tribunal ha admitido a las siguientes personas y/o instituciones:

-    Andrés Roca Rey Valdez, Casa Toreros Consorcio Perú y otros

-    Asociación Civil sin Fines de Lucro “Animalistas sin Fronteras”

-    Asociación Cultural Taurina

-    Asociación de Criadores de Gallos de Pelea de Navaja de Chincha

-    Asociación  de  Criadores,  Propietarios  y  Aficionados  de  Toros  de  Pelea  de

Arequipa

-    Asociación de Defensa de los Derechos Animales “Proyecto Libertad”

-    Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales

-    Centro de Estudios de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la

Universidad San Martín de Porres

-    Daniel Almeyda Velásquez

-    José Antonio Espinoza Ballena

-    Juan Arce Aguilar Choque

-    Luis Adolfo Pareja Aguilar

-    Pierre Foy Valencia y Corinne Schirmer

 

II. FUNDAMENTOS

§1. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA

1.      La demanda ha sido presentada con el objeto de que se declare inconstitucional la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30407, “Ley de Protección y Bienestar Animal”, la cual establece lo siguiente:

Exceptúanse de la presente Ley las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente, las que se regulan por ley especial.

2.      La Ley 30407, como lo señala su artículo 2, tiene como finalidad “garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las medidas de protección de la vida, la salud de los animales y la salud pública”. Mientras que su artículo 3 señala que tiene por objeto:

(…)  proteger  la  vida  y  la  salud  de  los  animales  vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad, causados directa o indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte; así como fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la educación. Además, de velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas enfermedades transmisibles al ser humano.

Así  como  promover  la  participación  de  las  entidades  públicas  y privadas y de todos los actores sociales involucrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal.

3.      En  tal  sentido,   la   presente   controversia   implica   determinar   si  la   norma cuestionada, que establece una excepción al cumplimiento de la finalidad y el objeto de la Ley 30407, es o no conforme con la Constitución.

4.      Para ello será necesario analizar, entre otras cosas, cada una de las actividades objeto de la excepción cuestionada, como son:

(i) Las peleas de toros.

(ii)    Las corridas de toros. (iii)   Las peleas de gallos.

(iv)   Los  demás  espectáculos  declarados  de  carácter  cultural  por  la autoridad competente.

5.      Por  otro  lado,  los  demandantes  señalan  que  la  excepción  cuestionada  es contradictoria con la finalidad y objeto de la misma Ley 30407, señalados supra, y con su artículo 22, literal “b”, que prohíbe la utilización de animales en espectáculos que afecten su integridad física y bienestar, pero que gracias a la excepción cuestionada no se aplica a corridas de toros o peleas de gallos, aun cuando el maltrato animal en tales eventos es evidente.

6.      Al respecto, este Tribunal debe señalar que un proceso de inconstitucionalidad supone un control abstracto de las normas con rango de ley tomando a la Constitución,   en  su  carácter  de  norma  suprema  del  ordenamiento,   como parámetro.

7.      Sin  embargo,  en  determinadas  ocasiones,  el  parámetro  de  constitucionalidad puede comprender a otras fuentes distintas de la Constitución y, en concreto, a determinadas fuentes con rango de ley, siempre que esa condición sea reclamada directamente por una disposición constitucional (Sentencia 0007-2002-AI/TC, fundamento 5).

8.      Pero incluso en tales casos, una disposición legal no puede servir como parámetro y objeto de control en simultáneo, ni disposiciones contenidas en una misma ley como regla y excepción pueden considerarse incompatibles, ni como parámetro de validez una de la otra, pues en tales casos su relación es complementaria y no antinómica.

9.      Ello no significa, en lo absoluto, que tales normas no puedan ser controladas. Pero este   Tribunal  debe   recalcar   que   el  parámetro   de   control  es   siempre   la Constitución, y cuando dicho parámetro es ampliado a normas con rango legal, ello ocurre por derivación y complementariedad, y sin que existan contradicciones entre las normas constitucionales y las normas legales adicionadas al parámetro de control.

10.    En tal sentido, el presente caso debe ser resuelto sobre la base de los principios y reglas constitucionales, y atendiendo a las contradicciones que pudieran existir entre dicho  parámetro  y las disposiciones  impugnadas,  y no  en virtud  de las supuestas contradicciones contenidas en la ley cuestionada.

 

§2. INCONSTITUCIONALIDAD POR LA FORMA

11.    Como   punto   previo,   este   Tribunal   debe   señalar   que,   de   existir   una inconstitucionalidad por la forma en el presente caso, la misma afectaría a la Ley 30407 en su totalidad, y no solo a la excepción cuestionada, pues esta no fue aprobada por si sola ni de forma independiente a la ley en la cual está contenida, de manera que cualquier defecto formal del que adolezca debe extenderse también a la ley.

12.    Los demandantes señalan que la excepción contenida en la Primera Disposición Complementaria  Final  es  inconstitucional  por  la  forma  por  contravenir  los artículos  31  y  105  de  la  Constitución  y  el  artículo  78  del  Reglamento  del Congreso.

13.    El artículo 31 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante  iniciativas legislativas, entre otros mecanismos. Naturalmente esto no significa que sus propuestas deban ser aprobadas, pero sí deben ser debidamente consideradas por el Congreso.

14.    Esto  implica,  en  primer  lugar,  que  los  proyectos  de  ley  de  las  iniciativas legislativas sean dictaminados como cualquier otro. El artículo 105 de la Constitución señala que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso.

15.    Los demandantes alegan que no se habría respetado el procedimiento legislativo de  la  Iniciativa  Ciudadana  0133,  que  se  convirtió  en  el  Proyecto  de  Ley 1454/2012-IC, pues este habría sido acumulado sin dictamen (o con un dictamen de inhibición por falta de competencia en la materia emitido  por la comisión agraria) al Proyecto de Ley 3371/2013-CR, que finalmente dio lugar a la Ley 30407.

16.    Cuestionan además la acumulación de su proyecto, que buscaba la prohibición de espectáculos cruentos, con otro que llevó a la aprobación de una disposición que los permite.

17.    Al respecto, este Tribunal ha revisado el dictamen del 19 de noviembre de 2013 emitido  por  la  comisión  agraria.  Si  bien  es  cierto  que  este  finaliza  con  la inhibición de la comisión por falta de competencia sobre la materia, más allá de la decisión formal se advierte que hubo un análisis sustantivo.

18.    Así, respecto a su contenido cabe destacar que para su elaboración se solicitó la opinión de diversas entidades públicas: los ministerios de Agricultura, Ambiente, Cultura; del RENIEC; de los gobiernos regionales de Lima, Ayacucho, Junín, La Libertad y Cajamarca; y de los gobiernos municipales de Lima, Huamanga, Huancayo, Trujillo y Cajamarca.

19.    Adicionalmente,  fueron  consideradas  las  opiniones  de  la  Asociación  para  el Rescate y Bienestar de los Animales, de la Asociación Flora Tristán, de Unidos por los Animales, de la Asociación Peruana de Protección de Animales, y de diversos ciudadanos.

20.    En el numeral5.5 del dictamen se señala que “se puede apreciar que el proyecto en estudio es de carácter cultural, por lo que las opiniones versan sobre lo cultural y no sobre lo agrario”. Más adelante se cita lo indicado por el Ministerio de Cultura (con subrayado en el original):

a) La corrida de toros es una manifestación cultural.

b) La dación de la Ley 27265 Ley de protección de los animales domésticos y los animales silvestres mantenidos en cautiverio trajo  consigo  la modificatoria  del  Código  Penal  mediante  la  Segunda  Disposición Final y Transitoria.

c) Los espectáculos taurinos no  se encuentran calificados como  actos o espectáculos   proscritos   por   la   Constitución   Política   o   normas destinadas a brindar protección de los animales.

d) La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  del  Animal  –  UNESCO (15/10/1978) no es vinculante, por lo que no tienen rango de tratado internacional.

21.    En  el  numeral  5.9  se  menciona  que  dicho  criterio  es  concordante  con  la legislación emitida por el Congreso, como la Ley 28131, “Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante”, cuyo artículo 4 vigente en ese entonces incluía a los matadores,  banderilleros,  picadores,  novilleros  y rejoneadores como  artistas  o trabajadores técnicos comprendidos dentro del alcance de dicha ley.

22.    Asimismo, la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Ley 27265, “Ley de protección a los animales domésticos y a los animales silvestres en cautiverio”, vigente en ese momento, incluía una excepción para las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados como de carácter cultural por la autoridad competente.

23.    Por otro lado, en los numerales 5.10 y 5.11 del dictamen de la comisión agraria se hace  referencia  a  las  sentencias  emitidas  por  este Tribunal  en  las  que  se  ha pronunciado sobre las corridas de toros, y se hace mención a la variación del criterio jurisprudencial contenido en la Sentencia 0017-2010-PI/TC.

24.    Luego de tal análisis, en el numeral 5.12 se señala que:

Como se puede apreciar es recurrente la consideración del Estado a través del Congreso de la República, de los órganos competentes en materia  de  cultura  y del  Tribunal  Constitucional,  considerar  a  las corridas de toros como arte y espectáculo, conceptos que no pueden estar escindidos del concepto cultura.

25.    Mientras que en el numeral 5.15 se agrega lo siguiente:

En consecuencia, siendo esta manifestación una expresión de cultura recogida como parte del derecho de acceso a la cultura y a la identidad cultural en nuestra Constitución, la restricción pretendida de este derecho fundamental no se encuentra justificada para que pueda prosperar en un Estado Constitucional de Derecho.

26.    Luego de considerar el contenido del dictamen, este Tribunal concluye que el mismo tiene valor, a pesar de ser un dictamen de inhibición, por tres motivos esenciales:

(i) analiza el fondo del asunto;

(ii)    para  realizar  dicho  análisis  fueron  consideradas  las  opiniones  de diversas  entidades  especializadas  sobre  la  materia,  tanto  públicas como privadas; y,

(iii)   el  dictamen  estuvo  a  disposición  de  la  comisión  competente  para decidir el asunto como resultado de la acumulación de proyectos, es decir, ya no era necesario que esta emitiera un nuevo dictamen.

27.    Por  otro  lado,  la  decisión  de  acumular  proyectos  contradictorios  no  resulta arbitraria,  en  tanto  es  posible  acumular  proyectos  antagónicos  siempre  que regulen la misma materia.

28.    En el presente caso, la Ley 30407 fue emitida para reemplazar a la Ley 27265, “Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio” que, como se señaló supra, ya contenía una excepción similar.

29.    Efectivamente, su Tercera Disposición Final y Transitoria señalaba lo siguiente: Exceptúanse de la presente Ley las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente.

30.    En  tal sentido,  era posible  acumular  todos  los proyectos relacionados  con  la protección animal para dar una ley general sobre la materia, aunque se incluyeran excepciones a la misma, como ya había ocurrido con la Ley 27265.

31.    Por tanto,  este Tribunal considera que el Proyecto  de Ley 1454/2012-IC  fue dictaminado conforme al artículo 105 de la Constitución, y no se advierte que su acumulación con otros proyectos haya sido arbitraria, y por tanto inconstitucional. Por  tales  razones,  corresponde  declarar  infundado  el extremo  de  la  demanda referido a la inconstitucionalidad por la forma de la excepción contenida en la Ley 30407.

 

§3.LA DIGNIDAD HUMANA Y EL ESTATUS JURÍDICO DE LOS ANIMALES NO HUMANOS

3-1. CONSTITUCIÓN Y DIGNIDAD HUMANA

32.    La Constitución, como norma fundamental, señala los límites y lineamientos en los cuales se fundamenta el Estado. Cuenta con una parte dogmática, que enumera de manera no taxativa los derechos fundamentales de las personas que se encuentran protegidos; y otra orgánica, destinada a limitar el poder del Estado mediante  la  división  de  poderes  y  la  delimitación  de  competencias  de  los diferentes entes que lo integran.

33.    Pero todo ello se encuentra articulado en función a lo dispuesto en el artículo 1 de la  Constitución,  que  señala  que  la  defensa  de  la  persona  y el respeto  de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Así, tal principio no solo es la piedra angular del ordenamiento jurídico, sino que también es la base sobre la cual se construyen nuestra sociedad y nuestra cultura.

34.    Este Tribunal ha señalado, en el fundamento 217 de la Sentencia 0010-2002- AI/TC, que la dignidad de la persona humana es el presupuesto ontológico para la existencia y defensa de los derechos fundamentales. El respeto genérico de la misma, por el solo hecho de ser tal, es la vocación irrestricta con la que debe identificarse todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

35.    Esto implica, principalmente, que un ser humano no debe ser tratado como un medio,  sino  que  debe  ser  tratado  como  un  fin  en  sí  mismo.  La  dignidad  es inherente a la persona, y le es inalienable, por lo que sus acciones no pueden disminuirla.  Esto  no  significa,  en  lo  absoluto,  que  las  acciones  dañinas  que cometan las personas estén exentas de sanciones penales o de reproches morales. El Estado puede establecer sanciones penales, pero solo puede recurrir a ellas como última ratio para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas o de la sociedad en su conjunto.

36.    En este orden de ideas, el principal cometido de una Constitución, tal y como se precisó en el fundamento 25 de la Sentencia 0042-2004-AI/TC, es el de “encarnar el consenso jurídico-político alcanzado y ser por ello garantía de paz y libertad”. Ciertamente, ello no impide que la Constitución establezca un consenso mínimo sobre los valores básicos de la convivencia en sociedad. El contenido mismo de la Constitución, que gira en torno a la dignidad humana, el respeto de los derechos fundamentales,  la  limitación  del poder  del Estado,  la  democracia  y  la  forma republicana de gobierno, son el reflejo de dicho consenso.

37.    De  hecho,  es  bastante  común  que  los  derechos  fundamentales  encuentren  un ámbito de tutela que se superponga a los acuerdos a los que arriban las mayorías parlamentarias.  Es  así  que,  aunque  ciertamente  se  trata  de  un  instrumento orientado a alcanzar la paz y libertad en sociedad, en muchas ocasiones también se erige como el último guardián de las libertades, y, en este sentido, precisamente la noción de “dignidad” permite recordar que existen cuestiones que van más allá de los acuerdos.

3-2. LA CONDICIÓN Y EL ESTATUTO DE LOS ANIMALES NO HUMANOS: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

38.    Ahora bien, este Tribunal no ignora el hecho que, para ciertos sectores, la noción misma de dignidad o los aspectos éticos de la misma pueden ser trasladados a los no humanos. En ese sentido, autores como Peter Singer (en su conocida obra la “Liberación Animal”, publicada por primera vez en 1975) sostienen que la ética puede  ser  trasladada  a  confines  más  allá  de  los  reconocidos  para  la  especie humana. Sin embargo, y más allá de compartir o no en lo personal esta clase de posiciones,  los  magistrados y magistradas de este  Tribunal deben administrar justicia en función de lo reconocido o de lo que es posible desprender de nuestra norma normarum, y no en razón de criterios particulares.

39.    En ese sentido, y desde una perspectiva esencialmente jurídica, este Tribunal no puede compartir la afirmación de los demandantes de que los espectáculos amparados por la excepción cuestionada son actos agresores de la dignidad humana, que rebajan y degradan a la persona que participa de ellos. En realidad, tanto desde el campo de la filosofía como el de la ética se han discutido ampliamente la naturaleza de los animales en comparación con la de los seres humanos, y se ha planteado la interrogante respecto de su estatus, lo que también conlleva a cuestionarse acerca de la posibilidad que puedan titularizar derechos.

40.    La Constitución de 1993 no contiene, a diferencia de otras fórmulas en el derecho comparado, alguna mención específica relacionada con el estatus de los animales en nuestro ordenamiento interno. De ello no puede, sin embargo, desprenderse que nuestra norma suprema sea completamente indiferente a la situación animal, lo cual obedece a que, como ha ocurrido con distintas materias, la evolución de las sociedades ha generado una consecuente modificación del estatuto animal.

41.    En efecto, no  ha sido  pacífico  el análisis en relación con los deberes que la persona guarda con ellos. No sorprende, en este orden de ideas, que en algún momento pensadores como René Descartes desarrollaran una concepción “mecánica” de los animales, según la cual se les consideraba a estos como complejos autómatas carentes de la capacidad de sufrir o de percibir cualquier clase de emociones. Esto suponía, como lo expuso en su “Discurso del Método” (1637), que se entendiera que solo la naturaleza podía guiar sus conductas, lo que terminaba  por  generar  una  visión  antropocentrista  del  mundo.  Los  animales vivían, pues, solo para servir a la persona, por lo que cualquier acto sobre ellos se encontraba justificado en la medida en que solo cumplían la finalidad de mejorar las condiciones en las que se desenvolvía la especia humana.

42.    Esta  visión,  durante  una  considerable  cantidad  de  tiempo,  estuvo  bastante influenciada por la concepción judeocristiana del mundo, que estimaba que los animales y la naturaleza debían encontrarse al servicio del ser humano. No podía extraerse, entonces, alguna clase de deber u obligación de las personas en relación con los animales, y mucho menos con la naturaleza o el entorno que las rodea. La persona era la que, con absoluta libertad, podía disponer sin ningún grado de responsabilidad de entes que eran asimilados con simples objetos. Esto suponía que los maltratos, abusos, explotación y, en general, cualquier acto de crueldad quedaban justificados desde la moral y el derecho.

43.    Cierto nivel mayor de preocupación en torno a la condición animal empezó a advertirse en el pensamiento kantiano, el cual, es justo decirlo, solo lo hizo en la medida en que las personas podían, en potencia, desarrollar sus virtudes y condición moral a través del trato a otras especies. No se trataba, así, de una preocupación estrictamente vinculada con los animales, sino del potencial peligro que el maltrato hacia ellos podía generar, en un futuro no muy remoto, a la propia especia humana a través del incentivo para la realización de conductas peligrosas hacia otros de la misma condición. Sostenía el pensador nacido en Königsberg que los deberes eran con los de nuestra especie, ya que los seres inanimados “están  enteramente  sometidos  a  nuestro  arbitrio  y  los  deberes  para  con  los animales son tales en la medida en que nos conciernen” [Kant, Immanuel (1988). Lecciones de Ética. Barcelona: Editorial Crítica, pp. 234 y 235]. Este enfoque de los animales también obedecía a que los mismos podían ser  de utilidad  para terceras personas, por lo que era recomendable no destruirlos o dañarlos.

44.    Era, así, moneda corriente estimar, en buena parte de los siglos XVII y XVIII, que los animales no generaban, por sí mismos, obligaciones ni legales ni éticas a las personas,  las cuales, en todo caso, debían ofrecerles cierto respeto  solo  en la medida en que a ellas las hacían moralmente más valiosas. John Locke suscribe esta clase de pensamientos cuando menciona, en su “Some thoughts concerning education” (1693), que la costumbre de “torturar y matar bestias endurecerá sus mentes, por grados, incluso hacia los hombres; y aquellos que se deleitan con el sufrimiento y la destrucción de criaturas inferiores no serán capaces de ser muy compasivos o  benignos hacia los de su propia especie”. Se trataba, en buena cuenta, de no infligir daño a los animales en tanto ello permitía que la persona, al menos desde el punto de vista ético, pueda desarrollarse con mayor prolijidad.

45.    Ahora bien, esta visión antropocentrista del mundo empezó a generar discusiones bastante trascendentales en particular a raíz de la obra del pensador inglés Jeremy Bentham, el cual, desde su conocida construcción utilitarista, empezó a defender la condición animal, la cual, según su obra, tenía intereses que, como los de los humanos, merecían ser tutelados. En su conocida “Introducción a los principios de la moral y la legislación” (1789), Bentham realizaría la siguiente aseveración que, en relación con los animales, mantiene especial vigencia: “no debemos preguntarnos: ¿pueden razonar?, ni tampoco: ¿pueden hablar?, sino: ¿pueden sufrir?”.

46.    Es importante, en la obra del pensador inglés, distinguir el acto de ocasionar dolor del relacionado con generar sufrimientos innecesarios a los animales. El primer caso se encuentra, en muchas ocasiones, justificado porque, incluso cuando son atendidos por veterinarios, los animales ciertamente pueden sufrir cierta clase de dolor, pero ello atendiendo a un propósito mayor, que es resguardar su integridad o su vida. En el segundo, por el contrario, se pretende, sin ningún motivo en especial, generar sufrimiento en los animales, los cuales, en muchos casos, se hace por el simple placer de hacerlo.

47.    La evolución del tratamiento ético de la condición animal, y que se refleja en la adopción de distintas cláusulas de protección a su favor, obedece a una serie de factores  que  han  empezado  a  advertirse  en  las  sociedades  contemporáneas. Bastante notorio es el hecho que los animales coexisten con la especie humana en el mismo  entorno,  y que de ellos precisamente se extrae una ayuda  bastante considerable para el desarrollo de distintas actividades importantes en la sociedad. El mismo Charles Darwin ya había advertido, cuando publicó en 1859 su “Origen de las especies por medio de la selección natural”, que en realidad los humanos también formamos parte del reino animal en la medida que provenimos de un ancestro  común,  por lo  que no  estamos en condición de asumir  que estamos excluidos de aquel. Es más, en algunos casos dependemos de ellos para optimizar nuestra vida en sociedad.

 

3-3.    EL DERECHO COMPARADO Y EL ESTATUTO DE LOS ANIMALES NO HUMANOS

48.    Es posible advertir, de esta forma, que existen numerosas posturas vinculadas con la  condición  animal,  las  cuales  no  han  sido  explícitamente  abordadas  por  el constituyente   de   1993.   Y,   es   justo   decirlo,   tampoco   por   los   tratados internacionales, los cuales no hacen alguna referencia directa a derechos de los animales. Los problemas en torno a la condición animal han desembocado en el hecho  que no exista un consenso  a nivel internacional o  comparado  sobre su estatus en el derecho.  En realidad,  las distintas constituciones  y códigos han oscilado entre el absoluto silencio (como el caso peruano) hasta la protección a distintos niveles, que han incluido, en algunos casos, el constitucional. Uno de los pocos escenarios en los que esta cuestión ha sido debatido ha sido el europeo, e incluso a nivel de derecho comunitario, con alguna legislación especial en algunos Estados.

49.    Un  caso  paradigmático  es  el  de  Suiza,  la  cual,  desde  1973  cuenta  en  su constitución federal con un apartado sobre la protección animal, propuesta que fue aprobada por una considerable mayoría de los ciudadanos y cantones suizos a través de referéndum. Del mismo modo, el artículo 20a de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, reformada en el año 2002, hace mención al deber que se tiene para con las generaciones futuras de preservar los fundamentales naturales de la vida y los animales.

50.    Esta disposición fue enmendada en el año 2002 para hacer alusión expresa a la protección           a           los           animales           (ver:  www.gesetze-im- internet.de/gg/BJNR000010949.html, en alemán).  A diferencia de lo que ocurre en otros países, la “Ley de Bienestar Animal de 1972 (TierSchG) no define lo que debe entenderse por el término “animal”. Pero establece como principio rector que “nadie debería infligir dolor, sufrimiento o daño a un animal sin un fundamento razonable                    (evidente)”                    (ver: www.gesetze-im- internet.de/tierschg/BJNR012770972.html#BJNR012770972BJNG000103377, traducción libre del alemán).

51.    Como puede apreciarse, en Alemania también existe un deber de protección a los animales, el cual se encuentra garantizado constitucionalmente, y el marco legislativo  regula  cuándo  tal  deber  puede  suspenderse,  y  que  suele  ser  en escenarios en los que existe un fundamento razonable y evidente. La Constitución de Brasil de 1988 indica, por su parte, que el poder público debe garantizar que los animales no sean expuestos a tratos crueles.

52.    En el Reino Unido han existido leyes de protección animal desde el siglo XIX. Prueba de ello es la “Ley para prevenir la crueldad y el tratamiento impropio del ganado” de 1822. A esta le siguieron leyes en 1849, 1876 y 1900 (esta última referida a animales silvestres en cautiverio) hasta llegar a la Ley de Protección Animal de 1911 (ver:  www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/27, en inglés).

53.    Esta  última  fue  reemplazada  por  la  Ley  de  Bienestar  Animal  de  2006  (ver: www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/contents, en inglés). En la sección 1 de la misma se señala que, salvo ciertas excepciones, “animal” significa un vertebrado distinto del hombre, y por “vertebrado” debe entenderse todo animal del Sub Filo

“Vertebrata”  del  Filo  “Chordata”.  Se  advierte  que  tales  clasificaciones  son concordantes con las usadas en la taxonomía biológica.

54.    De este modo, la ley permite que la autoridad nacional correspondiente pueda extender la definición de “animal” para incluir invertebrados, pero solo si existe evidencia científica de que los animales a los cuales se les extiende la protección de la ley son capaces de experimentar dolor o sufrimiento.

55.    De acuerdo con la sección 2, los animales protegidos por la ley son aquellos que son comúnmente domesticados en las Islas Británicas, los que se encuentran bajo control del hombre de forma permanente o temporal, y aquellos que no se encuentren viviendo en estado salvaje. La sección 4 de la ley proscribe, de forma similar  a  la  ley peruana,  que  se genere sufrimiento  innecesario  a un  animal, mientras que la sección 9 regula el deber de asegurar el bienestar animal, lo que incluye:

(a) su necesidad de un ambiente adecuado;

(b) su necesidad de una dieta adecuada,

(c) su necesidad de poder exhibir patrones de comportamiento normales,

(d) su necesidad de ser alojado con, o aparte de, otros animales, y

(e) su  necesidad  de  estar  protegido  contra  el  dolor,  el  sufrimiento,  las

lesiones y las enfermedades

56.    El   Reino   Unido   tiene   un   conflicto   propio   con   actividades   tradicionales consideradas crueles hacia los animales, como es la caza de animales silvestres usando perros especialmente criados o entrenados para perseguirlos. De hecho, mediante la Ley de Cacería de 2004, se prohibió específicamente la caza usando perros (ver: www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/37/notes/contents), aunque la ley contiene excepciones.

57.    Por su parte, la Constitución de Estados Unidos no hace referencia directa a los animales,  pero  estos  tienen  protección  a  nivel  federal,  mediante  la  Ley  de Bienestar Animal de 1966. Como señala la página web de la Librería Nacional de Agricultura, del Departamento de Agricultura (ver: https://www.nal.usda.gov/awic/animal-welfare-act, en inglés):

Es la única ley federal en los Estados Unidos que regula el tratamiento de los animales para investigación, exhibición, transporte y por comerciantes. Otras leyes, políticas y lineamientos pueden incluir cobertura adicional de especies o especificaciones para el cuidado y uso  de los animales,  pero todas se refieren a la Ley de Bienestar Animal como el estándar mínimo aceptable.

58.    Esta ley tiene una definición particular de lo que es un animal (ver Código de los Estados    Unidos,    Título    7,    Capítulo    54,    sección    2131    en    adelante: www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2015-title7/html/USCODE-2015-title7- chap54.htm,en inglés), en tanto no incluye a todos los vertebrados, sino a tipos específicos  de  mamíferos,   particularmente  aquellos  que  son  usados  como mascotas.

59.    A nivel del derecho supraestatal, un avance bastante notorio se dio con el Tratado de Lisboa, el cual regula el funcionamiento de la Unión Europea, y que dispuso, en su artículo 13, que los Estados Miembros debían tener en cuenta las exigencias “en materia de bienestar de los animales como seres sensibles”, regulación que, no obstante ello, resguardó un importante margen de discrecionalidad a los ordenamientos internos al establecer que la Unión Europea debía respetar “las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados Miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”.

60.    El derecho comunitario europeo, de hecho, fue uno de los primeros en abordar la cuestión animal.  En 1974  se aprobó,  la “Directiva sobre aturdimiento  de los animales antes de su sacrificio (74/577EEC)” por parte del Consejo de las Comunidades  Europeas,  la  cual,  en  su  preámbulo,  indica  que  la  Comunidad debería abolir cualquier clase de crueldad en contra de los animales, y que un primer paso para ello radicaba en eliminar cualquier sufrimiento innecesario que ellos pudieran sufrir al momento del sacrificio. Otro paso importante, esta vez a nivel del Consejo de Europa, se dio con la aprobación del “Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía”, aprobado en 1987. En dicho documento se resalta el deber del “hombre [, el cual] tiene la obligación moral de respetar a todas las criaturas vivas, y teniendo presentes las especiales relaciones existentes entre el hombre y los animales de compañía”. Este instrumento tiene una  destacada  importancia  en  cuanto  a  la  regulación  de  la  situación  de  los animales   de   compañía,   los   cuales,   según   sus   disposiciones   tienen   una destacada “contribución  a  la  calidad  de  vida  y  su  consiguiente  valor  para  la sociedad”.

61.    Se resalta, así, que los animales, por su propia condición, no deben sufrir de manera innecesaria ni ser abandonados, y a ello se agrega que esto se debe a las relaciones   que   las   personas   entablan   con   ellos.   Esta   primera   fase   de reconocimiento tiene un punto álgido  con la aprobación de la Resolución del Parlamento Europeo de fecha 21 de enero de 1994, en la que se considera a los animales como seres sensibles y no como meros productos agrícolas.

62.    En el caso  de tratados u obligaciones  internacionales que puedan  vincular  al Estado peruano, la parte demandante sostiene que existe el deber de cumplir con lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, instrumento que, según sostiene, es de obligatorio cumplimiento. El Tribunal nota que,  en el primer punto de la exposición de motivos presentada junto con la iniciativa ciudadana, se señala lo siguiente:

La República del Perú es una Nación soberana que ha hecho suya la preocupación por la protección animal. En esa línea, y como miembro de la comunidad internacional, el Perú es suscriptor de la Declaración

Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y posteriormente aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

63.    Al  respecto,  este  Tribunal  solicitó  al  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores información  referida  a  las  obligaciones  internacionales  vigentes  del  Perú  en materia de prohibición del maltrato animal. Como respuesta, y mediante Oficio SGG 3-O-E/440, dicho ministerio adjuntó el Informe (DGT) 016-2019, emitido por la Dirección General de Tratados, en el que se señala que “se puede afirmar que no existe una ‘Declaración Universal de los Derechos de los Animales’ que haya sido adoptada por la ONU, ni por la UNESCO”. Agrega que, si bien se tiene conocimiento de la existencia de dicho documento, este tiene naturaleza privada, y  el  Perú  no  podría  ser  parte  ni  haberlo  ratificado  “pues  no  cuenta  con  la naturaleza jurídica de tratado”.

64.    De este modo, y ante la ausencia de un instrumento internacional vigente para el Estado  peruano,  surge  la  pregunta  en  torno  a la  condición  o  esencia  de  los animales. Y, particularmente en el modelo peruano, ello ha sido objeto de algu nas aparentes  contradicciones  a  nivel  legislativo,  el  cual  no  ha  terminado  de identificar el concreto estatus que ellos ostentan en nuestro ordenamiento jurídico. Si se atiende a la regulación prevista en la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar animal, cuestionada en este caso, ella tiene como propósito, conforme se dispone en su artículo 2, el garantizar “el bienestar y protección de todas las especies de animales  vertebrados o  silvestres mantenidos en cautiverio,  en el marco de protección de la vida, la salud de los animales y la salud pública”. De ello podría desprenderse que, para el legislador, los animales no son estrictamente patrimonio o bienes, lo que los alejaría de una visión netamente civilista de la condición animal.

65.    Estos ejemplos demuestran que, aunque embrionariamente, la cuestión animal ha empezado  a ser objeto  de debate en distintos países,  aunque ciertamente con diversos matices. El caso alemán, por ejemplo, destaca que la protección y responsabilidad  con  los  animales  apunta  a  los  deberes  con  las  generaciones futuras, lo cual permite colegir que, más que la protección que ellos merecían en particular, la tutela se relaciona para con terceras personas. En Brasil por otro lado, se resalta que la obligación del poder público se encuentra más configurado por acciones negativas (no infligir un trato cruel) que por deberes positivos de tutela,  y  en  ambas  experiencias  no  queda  claro  si  absolutamente  todos  los animales merecen el mismo nivel de protección, aspecto que, se entiende, corresponde al legislador ordinario. En todo caso, lo que debe destacarse es que, en cada vez mayor forma, se está superando la visión antropocéntrica de la comunidad, la cual empieza a asumir que convive en el mundo con otras especies y seres vivos.

3-4.   LA CONSTITUCIÓN DE 1993 Y EL ESTATUTO DE LOS ANIMALES NO HUMANOS

66.    Ahora bien, tampoco escapa a este Tribunal el hecho que, en una considerable cantidad de países, los aspectos concernientes a la condición y el estatuto de los animales no humanos no hayan sido reguladas a nivel constitucional, como ocurre en el caso peruano, y esto guarda conexión con el hecho que no estén completamente delimitados los deberes (y en qué medida) que es necesario observar en relación con ellos. De ello, sin embargo, no puede colegirse que el ordenamiento peruano deba ser completamente indiferente a lo que ellos afrontan. De hecho, ya el legislador nacional, con la adopción de leyes como  la ahora cuestionada, demuestra una primera intención de graficar que no  se tratan de simples bienes, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de bienes que suelen ser objeto de regulación en el seno del derecho civil.

67.    En efecto, la omisión en nuestra Constitución de alguna cláusula explícita que, como la alemana o la brasileña, regule la condición animal no permite concluir que nada pueda afirmarse acerca de su estatuto, más aun cuando se trata de un asunto de especial repercusión para la misma sociedad, y que involucra distintas cuestiones de relevancia jurídica. En efecto, es claro que, en el ámbito jurídico- constitucional, que es el que ciertamente compete a este Tribunal, los animales no fueron  considerados  expresamente  por  el constituyente  como  destinatarios  de derechos  ni  de  obligaciones.  Ello  guarda  relación  con  el  hecho  de  que  los animales no son sujetos morales ni son responsables por su conducta, a diferencia de las personas, que sí tienen conciencia de sus actos.

68.    El Tribunal nota que, aunque no de manera expresa, la protección de los animales tiene ciertamente un sustento constitucional en el artículo 68 de la Constitución, el cual  señala  que  el  Estado  está  obligado  a  promover  la  conservación  de  la diversidad  biológica. De esto  se extrae que el Estado tiene el deber primario -aunque no absoluto, como se verá más adelante- de prevenir la extinción de las especies animales y, por tanto, de protegerlas.

69.    El artículo 2, inciso 22, brinda, también, un sustento constitucional indirecto, pues hace referencia al derecho de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, y los animales son parte esencial del medio ambiente, el cual cohabitan con la especie humana. De esta forma, el deber de conservación del medio ambiente y de la diversidad biológica extiende la protección a todas las especies animales, sean domésticas, silvestres o silvestres mantenidas en cautiverio, pues todas contribuyen a la diversidad biológica del país.

70.    No obstante ello, este deber de conservación y protección no puede entenderse como absoluto, pues no garantiza el mismo grado de protección a todas las clases o especies animales. Efectivamente, no resulta razonable proteger especies que son dañinas para los seres humanos -o incluso para los animales domésticos o de granja- por transmitir enfermedades o perjudicar los cultivos, por todos los males e inconvenientes que ello puede generar no solo para la sociedad en su conjunto, sino incluso, en algunos casos, para otras especies animales.

71.    Por el contrario, podría argumentarse que existe más bien un interés social en erradicarlos o fumigarlos, como ocurre con mosquitos que transmiten el dengue o la malaria, o con otros animales que representan un riesgo para la salud de las personas, como puede ocurrir con las ratas o las cucarachas. Por tanto, este deber de protección animal deberá materializarse mediante leyes, y será el legislador el encargado de determinar el grado de protección adecuado que corresponderá a cada especie o clase de animales.

72.    Los  elementos que  deberá  usar  el  legislador  para  realizar  esta  diferenciación podrán  estar  basados  en  la  conservación  de  la  salud  de  las  personas  o  los animales; razones científicas, como la capacidad para experimentar emociones de las diferentes clases o especies animales; o, por razones culturales, como la protección  especial  que  tienen  los  animales  de  compañía;  u  otros  motivos legítimos y razonables.  De hecho, la misma Ley 30407 es un reflejo  de esta diferenciación necesaria, pues protege, especialmente, a los animales vertebrados, y reconoce un estatus especial a los animales de compañía, como se verá más adelante.

73.    La razón de la protección especial que se otorga a los animales vertebrados y que excluye a los invertebrados sería, principalmente, de orden científico, pues la mayoría de opiniones apuntan a que  los primeros tendrían en general  mayor capacidad  cerebral para  sentir  dolor  o  sufrimiento  que los  segundos  (aunque diversos estudios científicos atribuyen significativas capacidades intelectuales a ciertos tipos de invertebrados, como los cefalópodos, que, sin embargo, han sido excluidos   de   protección   directa).   Sin   perjuicio   de   ello,   también   pueden encontrarse razones de orden práctico: muchos invertebrados son tan pequeños que los seres humanos pueden dañarlos involuntariamente mientras realizan las actividades cotidianas de su vida. Extender la protección a este tipo de seres vivos dificultaría en exceso el normal desarrollo de las actividades humanas.

74.    A modo de referencia, en el plano internacional tenemos que la Unión Europea lleva varias décadas implementando políticas o acuerdos sobre protección animal. En  el  año  2009  fue  enmendado  el  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión Europea, uno de sus documentos de máximo rango. En efecto, en el artículo 13, del  Título  II  del  referido  instrumento  -al  cual  se  hizo  referencia  supra-  se reconoció a los animales como seres sensibles y la obligación de asegurar su bienestar   (ver: eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN,en inglés): Al  formular  y  aplicar  las  políticas  de  la  Unión  en  materia  de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones  legales  o  administrativas  y  las  costumbres  de  los Estados   miembros   relativas,   en   particular,   a   ritos   religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional.

75.    Pero tal protección no equivale a otorgar derechos a los animales ni es absoluta.  Por ejemplo, la Directiva 2010/63/EU, de 2010, sobre protección de animales usados para fines científicos, incluye dentro de su ámbito de protección, delineado en el artículo 1, numeral 3, únicamente a los animales vertebrados no humanos vivos,          y          a          los          cefalópodos          vivos          (ver:           eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:EN:PD F,en inglés).

76.    En  nuestro  ordenamiento  algunos  animales  silvestres,  como  ciertos  peces  o crustáceos, también pueden ser considerados como recursos naturales, por lo que de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución son patrimonio de la Nación, aunque por ley orgánica se pueden fijar  las condiciones para su utilización y otorgamiento a particulares. Además, se debe promover su uso sostenible, conforme lo dispone el artículo 67, y la conservación de la diversidad biológica, como se indicó supra.

77.    Así,  es  posible  sostener  que  estas  disposiciones  constitucionales  sirven  como fundamento  jurídico  -más  allá  de  las  razones  éticas  y  morales  que  puedan justificar el trato digno de los animales- para limitar el comportamiento de los seres humanos hacia otros seres vivos y evitar, en la mayor medida posible, su sufrimiento innecesario.

78.    La  protección  a  los  animales  que  se  deriva  de  la  Constitución  ha  sido materializada  principalmente  en  la  Ley  30407,  que  a  su  vez  reemplazó  la regulación introducida por la Ley 27265, en cuanto busca proteger la vida y la salud de los animales vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad, causados directa o indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte, y que reconoce en su artículo 14 que los animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio son seres sensibles.

79.    Cabe destacar que, si bien la Ley 30407 aparenta tener un ámbito de protección limitado   únicamente   a   los   animales   vertebrados,   domésticos   o   silvestres mantenidos en cautiverio, su artículo 24 establece la prohibición de atentar contra animales silvestres, y su artículo 26 establece la prohibición de atentar contra vertebrados acuáticos, lo que incluye también animales silvestres.

80.    Lo  señalado,  entonces,  no  implica  que  los  animales  en  estado  salvaje  o  los invertebrados no tengan protección, pues, como se indicó supra, forman parte del medio ambiente y la diversidad biológica, y ambos están protegidos mediante la Ley 28611, “Ley General del Ambiente”, y la Ley 29763, “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”.

81.    A esto  hay que añadir  otras normas de carácter reglamentario, tales como  el Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI, que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas, que incluye a especies de animales invertebrados (ver: spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2014/Abril/08/DS-004-2014-MINAGRI.pdf).

82.    Independientemente de lo hasta aquí expuesto, este Tribunal debe recalcar que este régimen de protección no transforma la situación jurídica de los animales en titulares de derechos o en sujetos de derecho, sino que establece límites al comportamiento  humano, y limita también el derecho  de propiedad  sobre los animales. Es decir, si bien los animales pueden ser usados como medios, existen límites respecto a cómo y para qué pueden ser usados, pues no resulta éticamente aceptable en nuestra cultura que la vida de los animales sea desperdiciada sin sentido, ni que se les haga padecer sufrimientos innecesarios o injustificados

83.    De esta forma, la noción de sufrimiento, de la mano con la del interés legítimo de los animales a que no se les realice daño alguno, empezará un nuevo debate en torno a la condición animal, y en la que esencialmente ya se ha dejado de lado la visión materializada en la idea simplista del carácter mecánico de los que no son integrantes de nuestra especie. Esta superación de la concepción tradicional de la vida animal también supuso que se supere lo que se ha denominado como “especismo”, esto es, la exclusión de cualquier consideración ética por el solo hecho que existan seres que no integran la misma especie. Lo que, en todo caso, aun se mantiene como problemático es conocer en qué medida dichas consideraciones de carácter moral inciden en el ordenamiento jurídico, y particularmente respecto de qué clase de animales, cuestión que corresponde ser resuelta  por  el Congreso  de la  República  en  estrecha  colaboración  con otros órganos.

84.    La necesidad que sea el ser humano, a través de los distintos órganos estatales, el que intente delimitar los deberes que debe tener para con los animales -partiendo de la premisa de la proscripción de cualquier sufrimiento innecesario- también puede notarse en el hecho que estos últimos no manejan un lenguaje complejo y visual. Así, aunque cuenten con formas de comunicarse, ello no les permite manifestar alguna suerte de oposición o reclamo frente a alguna medida que los perjudique. De hecho, es bastante llamativo que, particularmente entre los siglos XIV  y  XVI,  existiera  la  posibilidad  de  instaurar  procesos  en  contra  de  los animales, pese a que ellos no tenían, a su vez, facultad alguna de reclamar algo en su beneficio.

85.    Uno de los ejemplos más documentados se presentó en 1386, en Normandía, y que tuvo que ver con el “asesinato” de un integrante de la familia Le Maux por parte de  un  cerdo,  lo  cual ameritó  su  encierro  y su  posterior  enjuiciamiento “vestido  con  un  blusón  y  unos  calzones,  como  una  persona”  [Rogel,  Carlos (2018). Personas, animales, y derechos. Madrid: Reus Editorial, p. 83], luego de lo cual fue ejecutado. Sobre ello, Hans Kelsen recuerda que, cuando en estos ordenamientos  primitivos  se  sancionaban  a  los  animales  con  el  propósito  de regular su conducta, ello se basaba en “la concepción animista en virtud de la cual los animales y las cosas tienen un alma y se conducen de la misma manera que los hombres”  [Ver,  al  respecto:  Kelsen,  Hans  (2009).  Teoría  Pura  del  Derecho. Buenos Aires: Eudeba].

86.    Esto demuestra, pues, que la cuestión animal no ha sido tratada con indiferencia por parte de los ordenamientos jurídicos, incluso de aquellos no modernos. Pocas dudas se mantienen en la actualidad en torno a la existencia de deberes éticos en lo  que  respecta  al  no  infligir  sufrimientos  innecesarios  a  los  animales.  No obstante,   ese   solo   punto   de   partida   no   termina   por   resolver   todos   los inconvenientes   concernientes   a   la   clase   de   animales   que   pueden   verse beneficiados por la adopción de normas por parte del Estado. No se cuestiona, por ejemplo, que, en ciertos contextos, los animales mamíferos puedan sentir sufrimiento ante determinados actos ocasionados por el hombre. Lo que es objeto de debate es si es posible demandar el cumplimiento de ciertas conductas a todos los seres humanos, independientemente de las características del animal del que se trate.

87.    Esta especial situación de los animales, que ha generado la progresiva adopción de medidas por parte del legislador, empieza a modificarse a través de la asunción de la idea que explica que ellos ostentan la condición de seres sintientes, lo que algunos han denominado incluso como una suerte de “dignidad animal” (con el notorio propósito de distinguirla de los alcances de la dignidad humana), aunque sin trascender, claro está, de la condición de bienes sujetos de regulación a la de titulares de derechos. Efectivamente, el legislador les ha asignado esta suerte de estatus especial al prohibir primero, y criminalizar más tarde, el maltrato animal.

88.    La condición de los animales no humanos es muy particular, ya que ellos generan ciertas obligaciones para las personas, pero no titularizan alguna en función a que no se les puede imputar algún nivel de responsabilidad. Esto es, legalmente no puede exigírseles el cumplimiento de deberes. De esto no se desprende que ellos ostenten alguna clase de ventaja en relación con los humanos, ya que, como se advirtió con anterioridad, ellos, por ejemplo, no pueden acudir a las cortes de justicia a reclamar frente a actos que supongan crueldad en su contra, ni tampoco cuentan con cuerpos o colectivos organizados que hagan saber a las autoridades públicas qué obligaciones mínimas deberían resguardarse a su favor.

89.    Ahora bien, lograr precisión en la determinación del grado de sufrimiento que pueda sentir cada grupo de animales es una labor que es bastante compleja desde el punto de vista técnico como para que pueda ser asumida por un tribunal de justicia, y demanda la indispensable colaboración que pueda prestar la ciencia. Lo que no puede dejar de observarse es que los animales no humanos, pese a los significativos aportes que realizan para la convivencia pacífica en la sociedad o incluso en la preservación del medio ambiente, han sido en muchas oportunidades invisibilizados. Puede verse, por ejemplo, el caso de animales como los perros, los cuales pueden hacer las veces de guías, rescatistas o policías; los narvales y su importante rol en las actividades para enfrentar el cambio climático; las abejas que son los polinizadores más importantes del planeta, y las denominadas africanizadas, que han permitido la detección de toda clase de explosivos. Estos solo son algunos supuestos en los que se puede advertir de qué forma los animales no  solo  han pasado  a desarrollar un rol de simple coexistencia, sino  que son fundamentales para el entorno en que nos desenvolvemos, lo que debería ameritar que no sean tratados como simples objetos.

90.    Se advierte, pues, que se trata de una cuestión que, aunque se encuentre lejos de ser resuelta, plantea por lo menos un punto de partida: la proscripción del sufrimiento innecesario a los animales. Ahora bien, se ha determinado que, en su amplio margen de discrecionalidad, el Congreso puede determinar los niveles y formas de protección de los animales. Sin embargo, ello no supone que, en dicho abanico de posibilidades, este órgano pueda omitir regular alguna clase de tutela de los animales, ya que precisamente la implementación de este tipo de medidas se encuentra dentro del ámbito de lo constitucionalmente obligatorio. Cuestión distinta es, como ya se ha advertido, la forma y el modo en que estas medidas son aprobadas por parte del Congreso de la República. Así, su adopción obedece a lo que puede denominarse como un deber constitucional, el cual, en principio está dirigido al mismo Estado, pero que también abarca las conductas desplegadas por los particulares en la medida en que exponga a una situación de peligro a otras especies o a terceras personas.

91.    Este deber tiene que materializarse en políticas específicas, a través de las cuales los operadores puedan diferenciar, de manera correcta, qué especies, y en qué supuestos,  pueden  ser  las  beneficiarias  de  una  ley  de  protección.  Un  caso particular puede advertirse cuando, por ejemplo, la ley define como animal de compañía a toda especie doméstica que vive en el entorno humano familiar, cuyos actos  puedan  ser  controlados  por  el dueño  o  tenedor;  o  cuando  define  a  los animales de granja o de producción como especies domésticas que son especialmente criadas para destinarlas al consumo humano; pero, al realizar dicha tarea, no señala qué animales corresponden a una u otra, de manera que la clasificación de los animales como  de granja o  compañía es algo  que ocurre conforme a los usos y costumbres, y está vinculada a la cultura y a los hábitos alimenticios de la población que de aquella se deriven. De esta clase de clasificaciones es posible extraer importantes consecuencias jurídicas.

92.    En tal sentido, este Tribunal reconoce lo siguiente:

(i)      Existe un deber constitucional de protección hacia los animales, que deriva de su condición de seres vivos sintientes. La sociedad tiene un interés legítimo en asegurar su bienestar y evitarles sufrimientos innecesarios o injustificados. Esta protección, así como la que corresponde al medio ambiente, les corresponde per se, es decir, por el valor que tienen en sí mismos, más allá de la utilidad que tengan para los seres humanos.

(ii)    Este deber de protección puede limitarse o suspenderse siempre que existan motivos razonables y legítimos para ello, vinculados con las necesidades humanas. Esto permite la crianza de animales para el consumo, su tenencia como animales de compañía, su uso restringido en actividades culturales o deportivas de notorio arraigo en las tradiciones nacionales, entre otros. En lo pertinente, estas actividades deben realizarse conforme a ley.

93.    La relación entre ambos puntos se explica por el estatus especial que tienen los animales  en  el  ordenamiento  jurídico.  Y  tal  relación  se  ve  reflejada  en  la definición que tiene la Ley 30407 sobre el concepto de crueldad contra los animales: “todo acto que produzca dolor, sufrimiento, lesiones o muerte innecesarias de un animal”.

94.    Esto  quiere  decir,  como  se expuso  supra,  que las  necesidades  humanas  y el bienestar  animal  deben  equilibrarse  incluso  cuando  los  animales  sean  usados como medios para el bienestar humano, pues no pueden ser usados arbitraria e ilimitadamente. Su uso debe ocurrir por razones legítimas y estar sujeto a reglas racionales y proporcionales. En concordancia con ello, el artículo 5 de la Ley 30407 impone deberes a las personas respecto de los animales, tales como:

5.1.  Toda  persona  tiene  el  deber  de  procurar  la  protección  y  el bienestar  de  los  animales,   cualquiera  sea  su   especie,   evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte.

95.    Por otro lado, el abandono y los actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres se encuentran penados en el artículo 206-A del Código Penal, el cual establece lo siguiente: El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36.

96.    Pero también resulta evidente de la Ley 30407 que los animales pueden ser usados en beneficio  de las personas,  y que algunos animales pueden recibir un trato diferenciado por razones culturales. Así, el artículo 27, literal c), de la misma prohíbe  la  crianza  y el uso  de animales  de  compañía  con  fines  de  consumo humano. Se advierte, así, que más allá de la regulación contenida en la Ley 30407, subsiste una marcada tradición de calificar a los animales como parte integrante del patrimonio de la persona. Ciertamente, la ley impugnada intenta revertir, en cierta medida, dicha calificación al hacer mención a un deber de garantizar su bienestar y protección, pero es importante que el Congreso de la República pueda regular, con un nivel mayor de prolijidad, el estatus o la condición animal, pues de ella se van a desprender múltiples consecuencias en nuestro ordenamiento.

97.    De este modo, asimilar a los animales con el patrimonio puede generar que los mismos  propósitos pretendidos  por  la  Ley 30407  se  vean,  en  buena  medida, frustrados. La lógica de la asimilación de la condición animal con la de simples bienes puede ocasionar que ellos sean susceptibles de todas las operaciones mercantiles o de otra índole propias del derecho civil, como puede ocurrir con el arrendamiento, la compraventa o la destrucción del bien mismo, lo cual puede problematizar la ejecución de las metas que pretende materializar el legislador con las leyes de protección animal.

98.    Ahora bien, este Tribunal también asume la idea que los animales no pueden asimilarse a las personas, lo que genera que el ordenamiento jurídico no se encuentra obligado a dispensarles necesariamente el mismo trato. En este ámbito, el legislador, observando los cánones de la ciencia, tiene un importante margen de discrecionalidad para regular todos los aspectos relativos a las relaciones entre humanos y animales. Sin embargo, esto no supone que estos últimos puedan ser considerados exclusivamente como simples bienes.

99.    El  Tribunal  también  advierte  que  muchos  de  los  aspectos  necesarios  para determinar  la existencia y el deber que tanto el Estado como  los particulares deben observar con los animales se encuentra, en buena medida, estrechamente vinculado con los progresos y avances de la ciencia, cuestiones que no le correspondería, en principio, al máximo intérprete de la constitución dilucidar. Esto es aun más importante si se destaca el hecho que, de dichas determinaciones científicas, se extraerán consecuencias en los umbrales de protección de los animales, partiendo de la premisa que no todos ellos, como ya se expuso, por su anatomía o estructura interna, se encuentran en la misma posición.

100.  Por ejemplo, existen clasificaciones de animales que los dividen en salvajes y domésticos; vertebrados e invertebrados; ovíparos, vivíparos y ovovivíparos; diblásticos y triplásticos, y un considerable etcétera. Cada una de estas agrupaciones obedece a la distinta estructura animal, y que, en algunos casos, amerita diferencia en el trato que el legislador les pueda brindar. En la experiencia comparada se han tomado en consideración características como el que el animal pueda convivir con personas, la posibilidad que infrinja daño a terceros, el hecho que posea un sistema nervioso central o, como en culturas como en la India, hasta factores de índole religiosa. Es evidente, por indicar un supuesto, que no puede regularse de la misma forma el trato que deba dársele a un perro, que es por lo general un animal de compañía, del que pueda brindársele a un león, el cual, por su instinto y naturaleza, no podría convivir con seres humanos, a los cuales puede incluso poner en peligro.

101.  De similar forma, un animal de compañía no podrá ser criado para consumo, pues existe una prohibición legal al respecto, pero un animal de granja sí podrá ser criado como animal de compañía, pues tal conducta no se encuentra prohibida. Cabe aclarar que este hecho no convierte a la especie animal en su conjunto en especie de compañía.

102.  Sin embargo, de todo lo expuesto se desprende que existe un deber, inicialmente estatal pero que se extiende a los privados, de considerar a los animales como sujetos de protección, lo que empieza por la obligación de no generarles sufrimientos innecesarios.

103.  No pasa desapercibido para este Tribunal el hecho que los animales permiten que las  personas  puedan  coadyuvar  a  realizar  cuestiones  como  el transporte o  el desarrollo  de distintas labores, lo  cual ha justificado  que, en distintas épocas, hayan sido asimilados con bienes que podían ser objeto de apropiación, y que, en consecuencia, se sometían al ámbito de los derechos reales.

104.  No obstante, ello no es óbice para advertir que ellos también generan importantes vínculos afectivos con las personas, a lo que debe agregarse su capacidad para sentir dolor y, que, en algunos casos, expresan emociones, por lo que no se trata de seres  inanimados que,  sin  más,  puedan ser  tratados y abordados desde el derecho como simples objetos. De este modo, también se presentan como seres sensibles y sintientes, lo que genera que el legislador deba adoptar, dentro de su amplio margen de actuación, todas aquellas medidas que estime pertinentes para su  protección,  lo  cual se condice con  las directrices trazadas por organismos intergubernamentales como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

105.  Esta  idea  tiene  una  repercusión  directa  en  el  debate  sobre  si  lo  que  debe reconocerse o implementarse en el ordenamiento jurídico son derechos para los animales o políticas para asegurar su bienestar. Conforme a lo señalado supra, la segunda opción es la adoptada en nuestro país que, además, resulta dominante en el plano internacional.

106.  El reconocimiento de derechos a los animales, o considerar que son fines en sí mismos, como propuso el filósofo animalista Tom Regan, podría implicar, como consecuencia lógica, que los animales no puedan ser usados de ningún modo por los seres humanos. En cambio, la implementación de políticas de protección a los animales implica que esto pueda ocurrir por razones legítimas y razonables, a la par que se garantice su bienestar general en la mayor medida posible.

107.  Proscribir cualquier clase de uso es el fin último de algunos grupos protectores de los animales. Así, por ejemplo, la organización por los derechos de los animales “Personas por el Trato Ético de los Animales” (PETA, por sus siglas en inglés), tiene este lema en el encabezado de su página web: Los animales no son nuestros para experimentar, comer, vestir, usar para el entretenimiento  ni abusar  de ellos en ninguna  forma  (ver: www.petalatino.com).

108.  En su página en inglés, PETA señala que el trato ético, que asocia con la llamada “Regla de Oro” (básicamente el no tratar a otros como uno no quisiera ser tratado) así como con los principios de bondad y no violencia, debe extenderse a todos los seres vivos: reptiles, mamíferos, peces, insectos, aves, anfibios y crustáceos (ver: www.peta.org).  Otras  organizaciones  tienen  fines  más  limitados.  El  Proyecto Gran Simio (GAP), por ejemplo, señala en su página web (ver www.projetogap.org.br/es) que:

El  GAP  es  un  movimiento  internacional  cuyo  objetivo  mayor  es luchar por las garantías de los derechos básicos a la vida, a la libertad y a la no tortura de los grandes primates no humanos —Chimpancés, Gorilas, Orangutanes y Bonobos, nuestros parientes más próximos en el mundo animal.

109.  Este Tribunal no puede anticipar si los ideales de las organizaciones de protección de los animales serán aceptados masivamente por las personas en el futuro, y si eventualmente serán incorporados en el ordenamiento jurídico, sea de forma total o parcial, pero sí advierte que existe una tendencia general en la cultura occidental hacia la “descosificación” de los animales y el Perú no es ajeno a dicha corriente. No  obstante,  no  es  posible  negar  que  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  los animales son actualmente considerados como sujetos de regulación jurídica, lo que posibilita que, en determinadas circunstancias y en ciertos contextos, sean usados como medios y no como fines en sí mismos -aunque ello esté sujeto a límites, como se verá más adelante-.

110.  Sin embargo, y más allá de distintos avances a propósito de la aprobación de la ley que ha sido cuestionada en el presente proceso de inconstitucionalidad, si es que se examinan las disposiciones pertinentes del Código  Civil o  del Código Penal, se podrá apreciar que existe una aparente contradicción, pues, a diferencia de la condición que se le atribuye a un grupo de animales en la ley impugnada, lo cierto es que existen otras disposiciones que la asimilan con el patrimonio de la persona. En el caso del Código Civil, el artículo 930 dispone que “[l]os animales de caza y peces se adquieren por quien los coge, pero basta que hayan caído en las trampas o redes, o que, heridos, sean perseguidos sin interrupción”. Lo curioso es que esta cláusula se encuentra contenida en el Título II, denominado “Propiedad”, de la Sección Tercera de dicho cuerpo normativo, el cual regula los derechos reales.

111.  Esto último resulta evidente en el uso que se da a los animales en la industria alimentaria,  donde  se  cría  algunas  especies  para  consumo  humano,  o  de  las normas del Código Civil que, si bien no incluye de forma expresa a los animales en el listado que hace de los bienes muebles en el artículo 886, en otros artículos los  trata  como  objetos  con  contenido  patrimonial que  pueden  ser  materia  de  transacciones económicas. Así, en el Código Civil se dispone lo siguiente respecto de los animales:

Apropiación por caza y pesca

Artículo 930.- Los animales de caza y peces se adquieren por quien

los coge, pero basta que hayan caído en las trampas o redes, o que, heridos, sean perseguidos sin interrupción.

Caza y pesca en propiedad ajena

Artículo 931.- No está permitida la caza ni la pesca en predio ajeno, sin permiso del dueño o poseedor, según el caso, salvo que se trate de terrenos no cercados ni sembrados.

Los animales cazados o  pescados en contravención a este artículo pertenecen a su titular o poseedor, según el caso, sin perjuicio de la indemnización que corresponda.

Accesión natural

Artículo 946.- El propietario de animal hembra adquiere la cría, salvo pacto en contrario.

Para que los animales se consideren  frutos, basta que estén en el vientre de la madre, aunque no hayan nacido.

En los casos de inseminación artificial realizada con elementos reproductivos  procedentes  de  animal  ajeno,  el  propietario  de  la hembra adquiere la cría pagando el valor del elemento reproductor, si obra de buena fe, y el triple de dicho valor, si lo hace de mala fe.

Vicios ocultos en transferencia de animales

Artículo 1521.- En la transferencia de animales, el saneamiento por vicios ocultos se regula por las leyes especiales o, en su defecto, por los usos. A falta de estos últimos, se observarán las normas que anteceden.

Improcedencia del saneamiento en la transferencia de animales Artículo 1522.- No hay lugar al saneamiento por vicio oculto en la transferencia  de  animales  y  ganado  hecha  en  feria  o  en  pública subasta,  ni  en  las  de  caballería  de  desecho  o  en  circunstancias equivalentes.

Responsabilidad por daño causado por animal

Artículo  1979.- El dueño  de un animal o  aquel que lo  tiene a su cuidado debe reparar el daño que éste cause, aunque se haya perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el evento tuvo lugar por obra o causa de un tercero.

112.  De una manera similar, el Código Penal, en el artículo 206-A, tipifica el delito de “Abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres” en los siguientes  términos:  “[e]l  que  comete  actos  de  crueldad  contra  un  animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36”. La regulación de este tipo penal, en el Capítulo IX, relacionado con los Daños, y que a su vez es parte del Título V, que se relaciona con los delitos contra el patrimonio , permite ver la posición que, en este punto, asume el legislador peruano en lo que respecta al estatus de los animales

113.  Resulta evidente, de todo lo expuesto, que los animales no son ni pueden ser considerados simples cosas, pues son seres vivos con capacidad para expresar emociones, entre ellas, el sufrimiento. Pero tampoco es necesariamente cierta la fórmula que aboga por asimilarlos completamente al estatus y derechos que titularizan las personas. Como seres vivos que son, los animales tienen un instinto de  supervivencia  que  los  impulsa  a  protegerse  y evitar  el  sufrimiento  como intereses primordiales.  Por  ello,  más que  ser  en estricto  simples  “cosas”,  los animales se presentan ante el ordenamiento jurídico como una suerte de tertium genus, esto es, una condición que no apunta ni a considerarlas específicamente personas, pero tampoco como objetos a entera disposición de ellas.

114.  La forma en que los animales experimentan emociones es diferente a la humana, pues no tienen capacidad para comprender las circunstancias ni los motivos que los llevaron a una situación particular, ni las consecuencias que se derivan para sí mismos o para otros. Pero no por ello su interés en la autoconservación deja de ser valioso. Es el reconocimiento de esta capacidad que tienen los animales de sufrir y el querer evitarles dicho sufrimiento lo que está en el núcleo del debate ético entre aquellos que están a favor de los espectáculos cuestionados y los que buscan su prohibición.

115.  Los animales merecen, entonces, un estatus especial, de manera que no solo es posible -sino también necesario- establecer un régimen de protección legal a su favor, siempre que no se afecten los derechos fundamentales de las personas, los intereses esenciales de la sociedad,  ni lo  dispuesto en la Constitución u otras normas de orden público.

116.  Uno de los aspectos en los que se pueden advertir razones considerables para que el legislador pueda introducir restricciones al principio  de la proscripción del sufrimiento radica en la existencia de prácticas culturales que cuenten con un importante arraigo en una zona determinada. En nuestra realidad social, por ejemplo, los animales de compañía son principalmente el perro y el gato, aunque este es un dato que bien puede presentarse como coyuntural. Prueba de ello es que, en otras culturas, los perros son criados para consumo, mientras que los cuyes, criados para consumo desde épocas precolombinas en nuestro territorio, son considerados como animales de compañía en otros países.

117.  Es  así que  la  cultura  se  presenta  como  una  manifestación  inescindible  de  la naturaleza humana, necesaria para su bienestar, y los animales han sido parte de ella desde tiempos prehistóricos, ocupando roles distintos dependiendo de cada  contexto particular. De esta manera, la cultura es uno de los motivos legítimos por los cuales  las personas podemos usar  a los animales como  medios.  Esto  nos permitiría establecer, respecto de ciertas manifestaciones culturales, limitaciones al deber constitucional de protección animal.

118.  Resulta evidente que la excepción cuestionada permite, bajo el argumento de que se trata de manifestaciones culturales, que se realicen actos que, en principio, calificarían como actos de crueldad contra los animales y que en otras circunstancias no estarían permitidos, o que incluso estarían penados. Por tanto, para resolver la presente controversia  y determinar la constitucionalidad de la excepción cuestionada será necesario analizar si el aspecto cultural de cada una de las manifestaciones concernidas justifica el trato que reciben los animales como parte de las mismas, es decir, si se justifica la limitación del deber de protección animal.

119.  Por todo lo expuesto, y a fin de resolver el presente caso, este Tribunal debe definir el concepto de cultura y sus límites constitucionales, pues no todas las manifestaciones culturales resultan conformes con los principios inherentes a un Estado Constitucional.

 

§4. LA CULTURA Y SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES

120.  La definición de lo que debe entenderse como “cultura” o “práctica cultural” es, para este caso, sumamente relevante, pues permite determinar si es que, al establecer  excepciones  en  relación  con  el  ámbito  protegido  de  la  Ley  de Protección y Bienestar Animal, el legislador ha actuado en resguardo de ciertos bienes de relevancia constitucional. Ahora bien, es claro que no todo lo que sea invocado  como  cultura  contará  con  sustento  constitucional,  sino  solamente aquello que no ponga en riesgo o suponga una vulneración de otros derechos o principios constitucionales.

121.  Al respecto, la Constitución reconoce, en su artículo 2, inciso 8, el derecho de toda persona a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

122.  En el inciso 17 del mismo artículo se reconoce el derecho de toda persona a participar,  en  forma  individual  o  asociada,  en  la  vida  cultural  de  la  nación, mientras que el inciso  19 se relaciona con el derecho  a la  identidad étnica y cultural, y señala que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación.

123.  Por otro lado, el artículo  21 regula el concepto de Patrimonio  Cultural de la Nación, compuesto por los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente  los  que  se  presumen  como  tales,  independientemente  de  su condición  de  propiedad  privada  o  pública.  Los  bienes  así  declarados  están protegidos por el Estado.

124.  Adicionalmente, el artículo 14 establece el deber de los medios de comunicación social de colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural, mientras que el artículo 17 señala que el Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural, y el artículo 18 que la educación universitaria tiene e ntre sus fines la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica.

125.  Todos estos artículos componen lo que en conjunto puede denominarse como “Constitución cultural”. Pero este Tribunal debe recalcar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una definición explícita de lo que es cultura, por lo que resulta necesario esbozar algunas ideas sobre lo que debemos entender cuando hablamos de cultura.

126.  Lo que será entendido por cultura gira en torno a dos ideas primordiales: (i) la cultura es un derecho fundamental estrechamente vinculado con la libertad, que tiene ciertos límites, como se verá más adelante; y, (ii) el Estado tiene un rol en la vida cultural de la sociedad.

127.  La UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, realizada en México en 1982, señaló que:

(i)      En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

(ii)    La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es  ella  la  que  hace  de  nosotros  seres  específicamente  humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones,  y crea obras que lo trascienden.

128.  Por otro lado, los Lineamientos de Política Cultural para el periodo 2013-2016, emitidos por el Ministerio de Cultura, señalan lo siguiente: La cultura puede ser entendida de diversas maneras, aunque estas se concentran en dos grandes definiciones. Por un lado, hace referencia al modo de vida de una comunidad, sustentado en las creencias, cosmovisiones,   costumbres,   símbolos   y   prácticas   que   se   han  sedimentado y estructuran la vida de esa comunidad. Por otro lado, la cultura también se refiere a un conjunto de objetos y prácticas, a obras de arte o expresiones artísticas en general, que han adquirido valor simbólico y material. Desde la primera definición, la cultura es un indicador de una forma de vida, vale decir, se refiere a las prácticas cotidianas que se han afianzado en las personas. Desde la segunda, son culturales aquellos objetos y prácticas que son fruto de la creatividad  humana  y  que  han  conferido  sentido  con  imágenes, sonidos y significados en la vida personal y colectiva.

La política cultural debe responder a ambas definiciones y se ocupa del estilo de vida de los ciudadanos haciendo visibles los buenos y malos hábitos que se han sedimentado, las experiencias que marginan, los poderes que excluyen. Al mismo tiempo, debe promover la mayor democratización de los objetos y las prácticas culturales existentes. Si la  definición  de  cultura  se  encuentra  inscrita  en  la  tensión  entre producir cultura y ser producido por ella, la política cultural busca generar mejores condiciones para el libre desarrollo de la producción cultural, por un lado y, por el otro, aspira a hacer más visibles las maneras en que los ciudadanos somos constituidos culturalmente por un orden social que nos antecede y que nos sirve de espacio privilegiado para el aprendizaje.

129.  A modo de referencia, el Diccionario de la Lengua Española define la cultura como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Mientras que  califica  como  cultura  popular  al  conjunto  de  manifestaciones  en  que  se expresa la vida tradicional de un pueblo.

130.  De todo lo  anterior se concluye que la cultura es un elemento esencial de la experiencia humana y producto de su libertad de pensamiento. La creación o ejercicio de manifestaciones culturales son actividades libres que desarrollan las personas. Es así que el derecho a la cultura se configura como un derecho autónomo, pero vinculado con el derecho a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad.

131.  La cultura se expresa en manifestaciones materiales e inmateriales. Las primeras se plasman en la realidad física como bienes tangibles, mientras que las segundas están constituidas por las lenguas, las instituciones, las creencias, los usos, las prácticas, las ideas, las representaciones mentales o psicológicas, las expresiones, los conocimientos y las técnicas que las comunidades, los grupos o los individuos reconocen como tales.

132.  Pero  también  debe  considerarse  que  los  usos  y  costumbres  se  encuentran vinculados con un tiempo y espacio concretos, y están sujetos a variación, análisis y reinterpretación. En tal sentido, pueden ser aceptados o rechazados, tanto moral como jurídicamente, por el mismo grupo que los ha adoptado.

133.  En el fundamento 29 de la Sentencia 0042-2004-AI/TC, este Tribunal señaló que:

(…) los usos y costumbres son relativos en el tiempo y en el espacio; en tal sentido, lo que antaño —como la esclavitud o la servidumbre— pudo ser considerado como un derecho o costumbre, no lo es hoy; o lo que en un lugar se acepta como consuetudinario, puede no serlo en otro, aun cuando temporalmente haya coincidencia.

134.  Nuestra Constitución, el ordenamiento jurídico y hasta esta misma sentencia son expresiones de nuestra cultura jurídica, aunque por su naturaleza todas ellas son vinculantes y obligatorias.

135.  Y ha sido también nuestra cultura la que ha desarrollado con el tiempo la idea de que la crueldad innecesaria contra los animales es inmoral, lo que ha llevado a la incorporación de normas jurídicas en favor de los animales para protegerlos de este tipo de comportamientos.

136.  Casi cualquier actividad humana tiene un trasfondo cultural, de manera que las personas no necesitan una autorización estatal, previa o posterior, para desarrollar la gran mayoría de manifestaciones culturales existentes. Su ejercicio está garantizado por lo dispuesto en el artículo 2, inciso 2, literal a), de la Constitución, pues nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe.

137.  Sin embargo, como cualquier actividad que desarrollen las personas, el ejercicio de las manifestaciones culturales está sujeto a límites dentro de un Estado Constitucional de Derecho. Estos límites están constituidos por el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las demás personas, y el respeto a las normas de orden público.

138.  En esa línea de ideas, este Tribunal ha reconocido en la Sentencia 02765-2014- PA/TC, que:

(…)  la  tolerancia,  en  tanto  valor  y  aspiración,  implica  también entender que, en el marco de una sociedad plural, existan distintas concepciones de lo bueno, y que ellas deben ser tratadas con igual consideración en tanto no supongan un quebrantamiento de los derechos   fundamentales   y   de   los   principios   elementales   que configuran el Estado Constitucional en los términos del artículo 43 de la Constitución (…).

Por otro lado, una indiferencia estatal (…) nos puede conducir a lo que se  ha denominado  la “paradoja de  la  neutralidad”.  En efecto, asumir  esa  posición  implicaría,  de  manera  contraria  a  esta misma noción, que solo se asuman y protejan aquellos proyectos de vida que son producto  de un valor  objetivo:  la  misma  neutralidad.  De este modo,  solo  se  respetarían  los  planes  de  vida  que  sean,  a  su  vez,  neutrales, lo cual implica ya una valoración de la conducta. No es este el  diseño  que  la  Constitución  ha  trazado.  Antes  bien,  fomenta  y protege las distintas creencias y culturas que existen en el país (fundamentos 9 y 12).

139. En consecuencia, el Estado no tiene, en principio, que adoptar una postura necesariamente activa frente a todas las manifestaciones culturales existentes, sino que su postura, por defecto ante la mayoría de ellas, es la no intervención, respetarlas  y garantizarlas,  proscribiendo  solo  aquellas que atenten contra  los valores constitucionales y los derechos fundamentales. De esta forma, la intervención estatal en esta clase de escenarios debe limitarse a aquellas prácticas que, bajo el ropaje de las prácticas culturales, no reflejan más que un cuadro sistemático de vulneraciones a los derechos, principios o bienes que emanan de la constitución.

140.  Este Tribunal también entiende que las posturas activas frente a manifestaciones culturales  se  presentan,  por  ejemplo,  cuando  el  Estado  adopta todas  aquellas medidas necesarias para preservar bienes o prácticas que permiten individualizar lo autóctono. En efecto, cuando nuestra constitución, por ejemplo, hace referencia al deber estatal de preservar  las lenguas aborígenes y autóctonas, adopta una postura activa frente a conductas direccionadas a menoscabar dichas manifestaciones  de  cultura.  Es,  pues,  constitucionalmente  justificable  que  el Estado no permanezca inactivo frente a eventuales menoscabos de la cultura que caracteriza algún espacio  geográfico, y que bien puede permitir  individualizar aspectos que nos identifican como peruanos.

141.  En  consecuencia,  el  Estado  puede  decidir  adoptar  alguna  de  las  siguientes acciones frente a determinadas manifestaciones culturales:

(i)     Reconocimiento: efecto meramente declarativo del carácter cultural de una manifestación;

(ii)    Fomento: existe una política implementada por una entidad estatal, de cualquier nivel de gobierno, para apoyar o promover la realización de determinada manifestación cultural;

(iii)  Protección: el Estado protege la manifestación cultural y busca conservarla, como ocurre con aquellas que se encuentran dentro del ámbito de la Ley 28296, “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”;

(iv) Regulación: el Estado regula el ejercicio de determinadas manifestaciones   culturales,   como   ocurre   con   aquellas   que   se encuentran dentro del ámbito de la Ley 30870, “Ley que establece los criterios de evaluación para obtener la calificación de espectáculos públicos culturales no deportivos”;

(v)  Prohibición:  la  prohibición  de  determinadas  manifestaciones culturales  puede  ocurrir  de  forma  directa o  indirecta.  Será  directa cuando   a  través   de   una   norma   se   prohíba   una   manifestación específica, pero será indirecta cuando mediante normas de orden público se prohíben conductas generales, lo que impide que sean incorporadas en manifestaciones culturales (el sacrificio humano no requiere   una   prohibición   expresa   en   tanto   ya   está   penado   el homicidio).

142.  Para  realizar  acciones  de  regulación  y  prohibición,  el Estado  debe  tomar  en consideración los derechos fundamentales de las personas, particularmente los derechos a la libertad de creación, al libre desarrollo de la personalidad y a la cultura,   implementando   restricciones   justificadas   y  proporcionales,   y  debe prohibir solo aquellas que sean contrarias a los valores que busca promover la sociedad.

143.  En tal sentido, este Tribunal ha señalado anteriormente que en una sociedad tan heterogénea y plural como la nuestra -integrada por culturas autóctonas y originarias, y por una cultura de origen hispánico que ha dado lugar a lo mestizo o criollo- es necesario que se reconozcan determinados valores democráticos y culturales que deben ser compartidos por todos, sin que ello implique un desconocimiento de la idiosincrasia de cada comunidad. Se debe establecer la unidad dentro de la diversidad y el pluralismo.

144.  Pero el concepto de lo cultural no debe restringirse solo a los grupos vulnerables o minoritarios,  sino  que  dicho  concepto  debe  extenderse  a  toda  manifestación cultural que desarrolle un grupo social o  local con identidad significativa. De hecho, este ha sido el criterio desarrollado por el Tribunal en la Sentencia 0006-2008-PI/TC.

145.  Por otro lado, el Estado debe realizar las acciones de reconocimiento, fomento y protección, respecto de manifestaciones culturales que respeten la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, así como las normas de orden público. Sobre este punto, es evidente que la noción de “cultura” no tiene por qué abarcar, necesariamente, todo el territorio nacional, ya que bien puede relacionarse con un espacio geográfico específico. Las manifestaciones culturales suelen ser el legado de sociedades marcadas por particularismos, y que precisamente por ello pueden brindar  un  importante  nivel  de  diversidad  que  termina  por  enriquecer  el patrimonio nacional.

146.  Por tanto, el Estado debe valorar la presencia de los siguientes elementos antes de adoptar una acción concreta frente a una determinada manifestación cultural:

(i)     El ámbito geográfico donde se desarrolla, es decir, las localidades o regiones en que se practica la actividad.

(ii)    El ámbito temporal en que se realiza, es decir, las fechas o temporadas en que tiene lugar la actividad.

(iii)   Su  arraigo  tradicional,  es  decir,  la  antigüedad  de  la  práctica  y su consistencia a lo largo del tiempo.

(iv)   La existencia de un grupo de sujetos involucrados en su práctica, sea de forma directa como ejecutantes, o indirecta como espectadores.

(v)    Si involucra  la realización de actividades expresamente  penadas o prohibidas.

147.  Debido a que las acciones que puede adoptar el Estado frente a las prácticas culturales son realizadas como  parte de su política cultural, resulta pertinente entonces determinar quién tiene la competencia para fijar dicha política.

148.  Conforme al artículo 102 de la Constitución, una de las atribuciones del Congreso de  la  República  es  la  de  dar  leyes.  De  esto  se  deriva,  como  consecuencia necesaria, que una de sus facultades es la de establecer los lineamientos generales en el ordenamiento jurídico nacional de cualquier materia o política que pueda legítimamente ser regulada mediante una ley. El Congreso también puede delegar estas facultades legislativas al Poder Ejecutivo siempre que respete los límites establecidos en el artículo 104 de la Constitución.

149.  Así, el legislador puede, por ejemplo, emitir normas que señalen cómo deberán realizarse las acciones señaladas supra, como hizo efectivamente al emitir la Ley 28296 y la Ley 30870, establecer prohibiciones indirectas vía normas penales, u ordenar que determinada manifestación cultural sea objeto de reconocimiento o protección.

150.  En el caso específico de los espectáculos públicos culturales no deportivos, el artículo 2 de la Ley 30870 ha establecido que los criterios de evaluación para que una manifestación cultural obtenga tal calificación son: a) el contenido cultural de dicho espectáculo; b) su mensaje y aporte al desarrollo cultural; y, c) su acceso popular.

151.  En tal sentido, es incorrecta la afirmación del demandante de que el Congreso no tiene competencia para incorporar la excepción cuestionada en la Ley 30407, pues tanto la cultura como la protección y bienestar de los animales son materias que pueden ser reguladas por ley y, por tanto, por el Congreso.

152.  Una vez que ha sido establecido el marco legislativo general corresponderá al Poder Ejecutivo  dirigir  la política estatal en  materia cultural,  conforme a  las pautas  dadas  por  el  legislador.  Para  ello  el  Congreso  emitió  la  Ley  29565, mediante  la  cual  creó  el  Ministerio  de  Cultura  como  organismo  del  Poder Ejecutivo encargado de dicho sector.

153.  El Poder Ejecutivo no debe inobservar los mandatos imperativos del Congreso que se encuentran en las leyes, pero dentro de tales límites goza de autonomía y discrecionalidad para dirigir la política cultural del país.

154.  Por otra parte, cabe citar la Carta de la Defensoría del Pueblo 30-2019-DP/PAD, de  fecha 14 de  marzo  de 2019,  dirigida a  la  Unión de Galleros del Perú,  e incorporada al expediente del presente caso mediante escrito de fecha 29 de marzo de 2019, del que se diera cuenta supra.

155.  A juicio de la Defensoría, en la presente controversia se encuentran enfrentados dos bienes jurídicos: el reconocimiento de manifestaciones culturales, y el deber de protección animal,  que deriva de la obligación del Estado de promover  la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica, el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y la función ecológica de la propiedad.

156. La Defensoría señala que “esta controversia deberá ser resuelta mediante un pronunciamiento que armonice los bienes jurídicos en disputa”, y concluye que “es necesario que la labor interpretativa responda a una valoración que compatibilice  el  debido  respeto  por  nuestra  fauna  sin  llegar  a  decisiones extremistas de erradicar las tradiciones culturales”.

157. En el presente caso, ha sido el legislador quien ha establecido, mediante la disposición cuestionada, que las peleas de toros, peleas de gallos y corridas de toros  se  encuentren  exceptuadas  del  deber  constitucional de  protección  a  los animales,  en  el entendido  de  que  son  espectáculos  culturales.  Pero  como  tal potestad ha sido expresada en una norma con rango de ley se encuentra sujeta al control constitucional concentrado de este Tribunal.

158.  Ahora bien, independientemente de lo hasta aquí expuesto, es importante destacar que,  de acuerdo  con  los  demandantes,  la  Sentencia  0042-2004-AI/TC tendría mayor valor jurídico que la Sentencia 0017-2010-PI/TC, pues esta tiene efectos vinculantes y exhortó al Congreso a que dicte una Ley Orgánica de la Cultura, en las  cuales  se  establezca  las  bases  constitucionales  de  la  política  cultural  del Estado, mientras que la segunda solo opinó sobre manifestaciones culturales.

159.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, lo dispuesto en las sentencias emitidas por este Tribunal en los procesos de inconstitucionalidad tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

160.  Respecto a la posibilidad de variar sus criterios, este Tribunal ya indicó, en el fundamento 20 de la misma Sentencia 0017-2010-PI/TC, que la decisión de cambiar el rumbo de la jurisprudencia en un tema puntual no es una práctica infrecuente tanto en los sistemas del Civil Law, como en los del Common Law.

161.  El argumento que respalda dichos cambios es el mismo en ambos sistemas: la necesidad de que la jurisprudencia responda de modo dinámico a las necesidades y que el Derecho no quede petrificado en el tiempo. Por el mismo motivo, lo señalado en la presente sentencia podrá volver a ser revisado en el futuro en un nuevo proceso de inconstitucionalidad, siempre que exista una norma con rango de ley que sea cuestionada ante este Tribunal, y ello tendrá un impacto en las políticas culturales sobre la materia.

162.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución, la cultura no es una materia que deba ser regulada por ley orgánica, a pesar de lo  señalado  en la Sentencia 0042-2004-AI/TC. Aun así, ello tampoco sería un impedimento para que  este  Tribunal revise  sus  lineamientos  o  recomendaciones,  pues  las  leyes orgánicas no  tienen un rango  superior  a las  leyes ordinarias,  ni es  imposible modificarlas, sino que se diferencian de aquellas por su temática y requisitos de aprobación.

163.  Efectuadas las precisiones anteriores, resta determinar en qué medida las corridas de   toros,   peleas   de   gallos,   y   otras   actividades   relacionadas   pueden   ser consideradas  como  manifestaciones  culturales,  y  si  es  que,  por  esto  mismo, pueden ser prácticas amparadas por la ley. Para ello, en primer lugar, el Tribunal estima que es necesario realizar una revisión de lo dispuesto en el derecho comparado a fin de determinar si, en otras latitudes, existe un marcado consenso en cuanto a la prohibición de la realización de esta clase de eventos, factor que puede influir en la decisión de este colegiado en torno a la validez de las prácticas aquí cuestionadas.

 

§5. CORRIDAS DE TOROS, PELEAS DE GALLOS Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS: ALGUNOS ASPECTOS DESDE LA JURISPRUDENCIA COMPARADA

164.  Este Tribunal considera pertinente analizar lo que ha ocurrido en la jurisprudencia comparada sobre las corridas de toros, peleas de gallos y otras actividades similares, pues mucho se ha dicho sobre la materia en países que, como el Perú, tienen una tradición taurina o  gallística, así como  lo ocurrido  en otros países respecto a prácticas que afecten a los animales.

165.  La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre las corridas de toros ha ido variando con el tiempo, pero en líneas generales se ha desarrollado a favor de las mismas. En la Sentencia C-1192 de 2005 se confirmó la constitucionalidad del Estatuto Taurino, Ley 916 de 2004.

166.  En aquella oportunidad la referida corte señaló que la tauromaquia se relaciona inescindiblemente al concepto de cultura, y que el legislador puede reconocerla como  expresión artística  y cultural del Estado  y de quienes  la practican.  No obstante, dejó abierta la posibilidad de que en un futuro ello dejara de ser así, si cambiaban las circunstancias.

167.  Por otro lado, la Sentencia C-666 de2010 reprodujo una controversia similar a la que este Tribunal aborda con la presente sentencia. Mediante la Ley 84 de 1989 se adoptó en Colombia el Estatuto de Protección de los Animales, el cual contiene una excepción en su artículo 7 que permite la realización de corridas de toros, peleas de gallos y otros espectáculos, en contradicción con el deber general de protección del artículo 6.

168.  Los demandantes en aquel caso alegaron, entre otras cosas, la vulneración del principio de diversidad étnica y cultural, por cuanto se desconocen las manifestaciones culturales de quienes consideran a los animales sujetos dignos de protección por parte del ordenamiento jurídico.

169.  Asimismo,  alegaron  el  deber  estatal  de  protección  del  medio  ambiente  y, señalaron  que  los  animales  tenían  reconocido  en  la  ley un  derecho  a no  ser tratados cruelmente, ni ser torturados, así como la prohibición de torturas y penas crueles, inhumanas o degradantes.

170.  La Corte Constitucional de Colombia señaló  que en su ordenamiento jurídico existe un deber constitucional de proteger el ambiente y los recursos naturales, y que la dignidad humana y el principio de solidaridad son el fundamento del deber de protección a los animales y la búsqueda de su bienestar. Asimismo, mencionó la función social y ecológica de la propiedad como fundamento a la prohibición del trato cruel hacia los animales

171.  Resaltó  que la Constitución no  deja opción respecto  de la protección animal, aunque  el  sistema  de  protección  que  se  cree  debe  atender  las  limitaciones derivadas de la concreción de otros principios de índole constitucional que en determinados casos puedan ser afectados por la protección que se cree para los animales.

172.  En  consecuencia,  las  excepciones  que  existan  en  el  ordenamiento  jurídico respecto  de la protección prevista para los animales,  no  pueden ser  fruto  del capricho o discrecionalidad de los poderes constituidos, sino que tendrán que estar sustentadas  en  criterios  de  razonabilidad  o  proporcionalidad  acordes  con  los valores y principios que prevé el ordenamiento constitucional.

173.  A continuación, la corte colombiana señaló que existen límites legítimos al deber constitucional de protección animal, como la libertad religiosa, los hábitos alimenticios de los seres humanos, la investigación y experimentación médica, y la cultura, en cuanto bien jurídico protegido por el Estado.

174.  Agregó que las manifestaciones culturales deben estar en armonía con los otros valores, derechos y principios que integran el sistema constitucional colombiano, y que será tarea del juez constitucional determinarlo  en cada caso  en base a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

175.  Hizo  notar  que  la  contradicción  aparente  entre los  artículos  6  y 7  de  la  ley cuestionada, no constituía el problema jurídico a discutir, sino el determinar si con la excepción del artículo  7  se desconocía,  sin  justificación  legítima,  el deber constitucional de protección animal.

176.  Señaló que el fundamento de la permisión de maltrato animal en el desarrollo de ciertas actividades radica en que se trata de manifestaciones culturales con arraigo social en ciertas regiones del territorio nacional.  Pero agregó que es necesario armonizar dichas manifestaciones culturales con el deber de protección animal.

177.  La  Corte  Constitucional  de  Colombia  afirmó  también  que  el  legislador,  en ejercicio de su libertad de configuración normativa, puede llegar a prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal, si considera que debe primar el deber de protección animal sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales que implican agravio a seres vivos.

178.  Dicho órgano sostuvo que la excepción del artículo 7 de la Ley 84 de 1989 se encuentra acorde con las normas constitucionales únicamente en aquellos casos en donde la realización de dichas actividades constituye una tradición regular, periódica e ininterrumpida de un determinado municipio o distrito, y que tengan lugar única y exclusivamente en aquellas ocasiones en que usualmente se hayan realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas.

179.  Concluyó que el Estado podrá permitirlas cuando se consideren manifestación cultural de  la población de un determinado  municipio  o  distrito, pero  deberá abstenerse de difundirlas, promocionarlas, patrocinarlas, o construir con fondos públicos   instalaciones   destinadas   exclusivamente   a   dichas   actividades.   Lo contrario implicaría el desconocimiento absoluto de un deber constitucional, y el consiguiente privilegio irrestricto de otro.

180.  En el año 2017 la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia C-041. En dicha oportunidad se solicitó la inconstitucionalidad, entre otras normas, del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339B del Código Penal referido a los delitos contra la vida, integridad física y emocional de los animales, cuyo parágrafo tercero excluyó a quienes realicen las conductas descritas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, reseñada supra.

181.  La corte colombiana señaló que el legislador es quien tiene la competencia para establecer  los  delitos,  pero  que  la  norma  en  cuestión  generó  un  déficit  de protección constitucional hacia los animales, y declaró inexequible, es decir, inconstitucional,  el  parágrafo  tercero  del  artículo  339B  del  Código  Penal, otorgando dos años al congreso colombiano para adaptar la legislación a la jurisprudencia constitucional.

182.  Posteriormente,  mediante  el  Auto  457  de  2018,  la  Corte  Constitucional  de Colombia declaró la nulidad de la Sentencia C-041 de 2017, al considerar que dicho  fallo  desconoció  los  efectos  de  la  cosa  juzgada  constitucional  de  la   Sentencia C-666 de 2010, cuyas conclusiones reafirmó.

183.  Por otro lado, en España la tauromaquia ha sido establecida como patrimonio cultural de todos los  españoles,  con protección  en todo  el territorio  nacional, conforme a la Ley 18/2013, y los poderes públicos deben garantizar su conservación y promover su enriquecimiento.

184.  Algunas Comunidades Autónomas han intentado legislar la materia de diferente manera, pero han obtenido fallos adversos del Tribunal Constitucional de España, pues conforme a su Constitución la materia debe ser regulada por el Estado.

185.  Así, el Parlamento de Cataluña emitió la Ley 28/2010, cuyo artículo 1 modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo 2/2008, Ley de protección de los animales, que prohibió las corridas y espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal.

186.  Posteriormente,  el  Estado  aprobó  la  referida  Ley  18/2013,  la  cual  debe  ser aplicada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución, que señala que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

187.  Luego fue emitida la Ley 10/2015, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cuyo artículo 1 señala que su objeto es regular la acción general de salvaguardia que deben ejercer los poderes públicos sobre los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial, en sus respectivos ámbitos de competencias.

188.  El Tribunal Constitucional de España, mediante Sentencia 177/2016, de fecha 20 de octubre de 2016, declaró inconstitucional y nulo el citado artículo al considerar que se incurrió en un exceso en el ejercicio de las competencias autonómicas que invadió o menoscabó las establecidas en el artículo 149, numeral 2, de la Constitución de España.

189.  De acuerdo  con dicho  artículo,  sin perjuicio  de  las competencias que podrán asumir  las  Comunidades  Autónomas,  el  Estado  considerará  el  servicio  de  la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural con ellas.

190. Dicho tribunal manifestó que, si bien la Ley 18/2013 y la Ley 10/2015 no constituyen parámetro directo de constitucionalidad (pues lo determinante son las reglas constitucionales de distribución de competencias), deben ser consideradas como un elemento añadido de análisis. Asimismo, recordó que la conservación de la tradición de las corridas de toros ya fue destacada por la Ley 10/1991, cuya exposición de motivos puso de relieve la dimensión cultural de las corridas de toros, determinante de su relación con la competencia estatal de fomento de la cultura.

191.  Sobre el particular, señaló que la consideración de la tauromaquia, y, por tanto, de las corridas de toros, como patrimonio cultural inmaterial español que operan las leyes estatales antes citadas podría discutirse desde el punto de vista de la opción tomada por el legislador, pero no puede considerarse un ejercicio excesivo de las competencias  que  corresponden  al Estado  en  materia  de  cultura  conforme  al artículo 149, numeral 2, de la Constitución.

192.  En ese sentido expresó que el hecho que la aceptación de ese carácter no sea pacífico, no priva a las corridas de toros, en la decisión del legislador estatal, de su carácter cultural pues, existiendo en la realidad social española, el Estado contribuye a su conservación mediante una acción de salvaguarda de una manifestación  subyacente  que  entiende  digna  de  protección,  en  tanto  que integrada en el genérico concepto constitucional de cultura, cuya preservación incumbe a todos los poderes públicos en el ejercicio de sus respectivas competencias.

193.  Afirmó  que, en lo  que respecta a la naturaleza de las disposiciones estatales, ambas expresan una actuación legislativa en materia de cultura, dirigida específicamente a la preservación de las corridas de toros, pues, se comparta o no, no  cabe desconocer la conexión existente entre  estas y el patrimonio  cultural español, lo que, a estos efectos, legitima la intervención normativa estatal.

194.  En dicha sentencia se constató la relación existente entre la cultura y las corridas de toros y espectáculos similares en tanto fenómeno histórico, artístico y cultural; y precisó que no es razonable entender que la obligación prescrita en el art ículo 46 de su Constitución, imponga la obligación de mantener de modo incondicional una interpretación que tienda al mantenimiento de todas las manifestaciones inherentes a los espectáculos tradicionales, sin tener en cuenta otros intereses, derechos protegidos y otros valores culturales, a veces contrapuestos, que han de ser también adecuadamente ponderados.

195. En ese sentido, estimó que, desde la lógica de la concurrencia competencial existente  en  materia  de  cultura,  las  concepciones  que  los  diversos  poderes públicos encargados de cumplir el mandato del citado artículo 46 puedan tener de lo que se entienda como expresión cultural susceptible de protección, pueden ser comunes y también heterogéneas, e incluso opuestas.

196.  Y agregó que esa valoración entra también dentro de la libertad de configuración que corresponde al legislador autonómico a la hora de legislar en el ejercicio de sus competencias sobre espectáculos públicos. También enfatizó que dichas diferencias han de manifestarse de modo conforme al orden constitucional de distribución de competencias en el que las decisiones autonómicas encuentran su fundamento, de manera que no pueden llegar al extremo de impedir, perturbar o menoscabar el ejercicio legítimo de las competencias del Estado en materia de cultura amparadas en su Constitución.

197.  En la citada sentencia, el Tribunal Constitucional de España concluyó  que el artículo cuestionado, al incluir una medida prohibitiva de las corridas de toros y otros espectáculos similares, menoscabó las competencias estatales en materia de cultura, en cuanto afectó a una manifestación común e impidió en Cataluña el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural, ya que, directamente, hace imposible dicha preservación, cuando ha sido considerada digna de protección por el legislador estatal.

198.  De otro lado, en la Sentencia 134/2018, el tribunal español emitió un fallo en el que declaró  la inconstitucionalidad y nulidad de  diversos preceptos de la Ley 9/2017, emitida en las Islas Baleares para regular las corridas de toros y proteger a  los animales, y confirmó lo establecido en la Sentencia 177/2016, que se acaba de glosar.

199.  Por su parte la Suprema Corte de Justicia de México, en el Expediente 163-2018, analizó la legitimidad constitucional de una medida adoptada por la legislatura que prohibía la pelea de animales en el Estado de Veracruz.

200.  Señaló  que en términos constitucionales la protección del medio  ambiente no puede equipararse con la protección del bienestar animal, por lo que determinó que  la  protección  de  toda  la  vida  animal  no  es  una  cuestión  que  pueda reconducirse a la protección del medio ambiente o de los recursos naturales.

201.  Agregó que la cultura es una creación del hombre en oposición a la naturaleza como resultado de la evolución y hace referencia a que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en la Observación General 21, ha precisado que el concepto de cultura incluye a las costumbres y tradiciones, por las cuales los individuos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a  sus vidas.

202.  Asimismo, respecto al derecho a participar en la vida cultural como dimensión del derecho  a la cultura precisó  que este no  es un derecho  prestacional,  sino  un derecho de libertad, que otorga a las personas la posibilidad de incursionar libremente en una gran variedad de actividades; y que también impone un deber al Estado de no realizar interferencias arbitrarias en esas prácticas culturales.

203.  En tal sentido, la Corte Suprema de México señaló que no todas las prácticas culturales que estén arraigadas en la población encuentran cobertura prima facie en el derecho a la participación en la vida cultural. En base a ello concluye que la expresión cultural que se examina no afecta directamente a las personas, sino a los animales utilizados en ella, por lo que cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución.

204.  Por otro lado, la corte determinó que la prohibición de realizar peleas de animales tiene como finalidad la protección del bienestar de los animales, a pesar de que de  la  Constitución  de  México  no  se  desprende  un  mandato  expreso  dirigido  al legislador para proteger a los animales.

205.  Seguidamente, la corte determinó que, a pesar de que no existe una prohibición constitucional de realizar peleas de animales, ello no implica que el legislador no tenga la potestad de restringir esa actividad. Al respecto, determinó que la protección del bienestar animal es una finalidad legítima que puede justificar la limitación de derechos fundamentales a las personas, como la garantía de la propiedad y la libertad de trabajo.

206.  Por otro lado, la Corte Suprema de México resolvió que la finalidad mediata de la prohibición de las peleas de animales es el principio de protección del bienestar animal,  mientras  que  la  finalidad  inmediata  es  el estado  de  cosas  que  exige alcanzar como principio el bienestar animal que se concreta en la prohibición de maltrato o de los tratos crueles.

207.  Concluyó que la medida adoptada alcanza en un alto nivel la finalidad que se propone (proteger el bienestar animal) toda vez que la conducta prohibida causa daños  físicos a  los animales en  las peleas,  asimismo,  la Corte señaló  que  la restricción es necesaria para proteger el bienestar de los animales, en base a que no  se advierten  medidas alternativas que  interfieran en  menor  medida en  los derechos de los recurrentes y que puedan promover el fin con la misma intensidad que la medida adoptada.

208.  Por último, determinó que la medida resulta proporcional, ya que logra conseguir un alto nivel de eficacia en la  promoción del bienestar animal, y al mismo tiempo las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad trabajo y la propiedad son leves, en base a que restringe su ejercicio solo en ciertas actividades concretas y no de manera amplia o general.

209.  Finalmente, en Francia, el Consejo Constitucional resolvió en el año 2012 que las corridas de toros son conformes con la Constitución. Estas se realizan en el sur del país. Los demandantes habían solicitado que se declare la inconstitucionalidad del artículo  521-1  del  Código  Penal,  que  reprime  actos  de  crueldad  hacia  los animales, pero excluye la aplicación de tales disposiciones a las corridas de toros.

210.  El órgano de control constitucional francés señaló que esta exclusión está limitada a los casos en los que se puede invocar que la tradición local se ha mantenido de forma  ininterrumpida  y solo  para  los actos que emanan de  la tradición.  Así, justificó entonces que la autoridad actuara de forma diferente ante actividades de la misma naturaleza celebradas en zonas geográficas distintas.

211.  En otro fallo del año 2015 dicho ente confirmó el criterio reseñado, y también hizo referencia a las peleas de gallos, que se encuentran permitidas y exoneradas de consecuencias penales, siempre que se realicen en ciertas localidades del norte del país, y en la isla de la Reunión, donde son tradicionales.

§6. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES CUESTIONADAS

212.  Expuesto  lo  anterior,  corresponde  que  este  Tribunal  determine  si  es  que  la inserción de supuestos de excepción en la Ley de Protección y Bienestar Animal supone o una vulneración de principios o bienes reconocidos en la Constitución. Para ello, será indispensable analizar, por separado, cada una de las prácticas cuestionadas.

213.  El análisis del Tribunal tendrá como propósito examinar si es que las prácticas invocadas como inconstitucionales cuentan (o no) con alguna clase de sustento basado en la tradición, y, de ocurrir ello, si es que es justificable la restricción del deber de no ocasionar sufrimientos innecesarios a los animales.

6-A. PELEAS DE TOROS

214.  Conforme al artículo 22, literal d), de la Ley 30407, se encuentran prohibidas las peleas de animales tanto domésticos como silvestres, en lugares públicos o privados, lo que afectaría directamente la legalidad de las peleas de toros si no fuera por la existencia de la Primera Disposición Complementaria Final de dicha ley.

215.  Las peleas de toros no ocurren en otros países, por lo que se trataría de una tradición propia del sur del Perú, nacida en Arequipa. Esta actividad se desarrolla desde la segunda mitad del siglo XIX, donde es practicada particularmente por los ganaderos y por las comunidades agrícolas, aunque dicha práctica, en parte por su carácter de costumbre autóctona, atrae a una gran cantidad de personas.

216.  Adicionalmente, este Tribunal ha recibido valiosa información sobre la naturaleza y regulación de las peleas de toros por parte de la  Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa (ACPATPA). Según esta organización, se trata de una tradición cultural arequipeña y de otros lugares del Perú, que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX.

217.  Señala,  además,  que  en  toda  la  historia  de  las  peleas  de  toros  jamás  se  ha registrado la muerte de un toro durante la contienda o  posterior a ella.  Estos animales   son  usados   cotidianamente   en   labores   agrícolas,   pero   antes   de enyugarlos estos pelean para determinar quién será el dominante, y recién después de ello se les puede amarrar para hacer la labranza. De esta forma habría nacido costumbre de enfrentar a los toros, a quienes no se les enseña a pelear, sino que lo hacen por instinto.

218.  La ACPATPA señala que la actividad cuenta con un Reglamento de Peleas de Toros, aprobado el 20 de octubre de 2015, el mismo que ha adjuntado al informe presentado  a este Tribunal.  De la revisión de dicho  reglamento  este Tribunal rescata los siguientes elementos:

(i)      Su objeto  es regular  las peleas de toros, fomentar  dicha tradición  como patrimonio cultural, y proteger y preservar al toro de pelea como especie (Norma II del Título Preliminar).

(ii)    Las  actividades  que  se  realizan  cuentan  no  solo  con  seguridad  y servicio médico para las personas, sino también con servicio médico veterinario  para  los  toros,  con  equipos  y productos  mínimos  para atender emergencias (artículo 15).

(iii)   Existe la obligación de denunciar actos violentos cometidos entre los asistentes a los espectáculos ante las autoridades (artículo 16).

(iv)  Se incentiva la participación de toros ganadores, mientras que se desincentiva la participación de toros que hayan perdido anteriormente (artículos 20 y 21).

(v)     Los toros pueden recibir premios y distinciones (artículos 22 y 23); un toro tricampeón en cualquier categoría recibe una distinción especial y pasa a retiro, no pueden participar una cuarta vez (artículo 31).

(vi)   Los  toros  están  divididos  en  categorías:  la  mediana  incluye  toros desde los 520 a los 940 kilogramos de peso vivo, y la pesada a los toros que excedan dicho peso (artículo 25).

(vii)  Está prohibido  que un toro  pesado o  que peleó  con toros pesados descienda de categoría y pelee con toros medianos (artículo 26). Los toros tienen además un ranking (artículos 27 a 30).

(viii) Existen restricciones para los toros participantes, no  podrán pelear aquellos toros que sean menores a 3.5 ni mayores a 12 años; ni se podrá cotejar a un toro ganador contra uno perdedor; ni podrá pelear si no han transcurrido mínimo 60 días desde su última pelea, o 20 días si no hubo pelea efectiva o si terminó ileso (artículo 33).

(ix)   Los toros antagonistas deben tener condiciones similares en cuanto a edad, peso, asta y ranking; los animales deben competir en igualdad de condiciones. La ACPATPA puede observar la programación si no se cumplen las condiciones de igualdad (artículo 32).

(x)     Si se evidencia durante la pelea que no hay condiciones de igualdad, los jueces de la misma pueden declararla nula (artículo 32). Si un toro sufre menoscabo evidente en sus aptitudes naturales durante la pelea, aunque muestre intención de seguir peleando, los jueces deben darla por finalizada, separar a los animales y declarar empate (artículo 57). También puede pararse la pelea si tras 20 minutos es notorio el cansancio y daño en los toros (artículo 58).

(xi)   Los toros deben estar en buenas condiciones corporales y de salud  para pelear, sin lesiones que mengüen sus aptitudes naturales para la pelea; no debe cotejarse animales agresivos a las personas pues constituyen un peligro para sus propietarios, autoridades de peleas y público en general (artículo 32). Los toros deben pelear con sus astas naturales en buenas condiciones (artículos 45 y 46).

(xii)  Se permite que el toro se niegue a combatir, en cuyo caso se considera que no ha hecho cara a su rival y la pelea es nula (artículos 29, 52 y  53). Incluso se permite que el animador titular que conduce al toro a la  cancha resigne y decline la pelea en salvaguarda de la integridad física del animal (artículo 56).

(xiii) El reglamento también exige el bienestar y adecuado trato que las personas deben brindar al toro de pelea, particularmente el propietario, que  es  responsable  de  criarlo.  Se  indica  que  el  animal  goza  de bienestar en la medida en que esté sano, bien alimentado, instalado en espacio cómodo y seguro, y pueda realizar comportamientos naturales (artículos 39 y 40).

(xiv) Estas condiciones deben evitar que padezca dolor o  sufrimiento, y debe protegérsele de las enfermedades y accidentes; también deben contar con atención médica veterinaria permanente (artículos 39 y 40).

(xv)  El animal debe recibir buen trato, debe poder moverse libremente, tener un ambiente silencioso y un lugar de descanso apacible, y se le debe permitir estar cerca a otros animales de su especie para satisfacer su instinto gregario (artículos 39 a 41).

(xvi) Es obligación del propietario evitar crueldad y sufrimiento en la pelea, impedir el maltrato, lesión o muerte del animal (artículo 39).

(xvii) Se rechazan los actos que atenten contra la protección, preservación y bienestar del toro de pelea, como: abandonarlos en la vía pública o lugares que  no  reúnan  las condiciones  mínimas  para su  bienestar; castigarlos, sacrificarlos, matarlos o mutilarlos innecesariamente; utilizar drogas sin un fin terapéutico supervisado por un médico veterinario; entre otros. La ACPATPA está en la obligación de denunciar estos actos ante las autoridades competentes.

219.  De las disposiciones reglamentarias reseñadas, se evidencia que los organizadores de las peleas de toros han regulado dicha actividad de manera que se garantice el bienestar de los animales, tanto dentro como fuera de las canchas de pelea, y que se conserve su especie, a la cual le dan un cuidado especial.

220.  Este Tribunal advierte que, si bien en estos espectáculos los toros pelean entre sí, se trata de un comportamiento que estos animales tienen de forma instintiva en estado natural, y que realizarían incluso en estado salvaje.

221. Además, este Tribunal no puede ignorar que las peleas de toros ocurren prácticamente sin  intervención  humana,  y enfrentan a un animal con  otro  de similares condiciones en un ambiente controlado. La participación humana se encuentra limitada a facilitar la ocasión de dicho enfrentamiento, y a asegurar que las peleas ocurran en condiciones equitativas, y sin producir daños graves o permanentes, ni la muerte del toro.

222.  Por lo demás, y más allá de las medidas previstas a nivel reglamentario con el propósito de resguardar la integridad tanto de los animales como de las personas que participan en estos eventos, el Tribunal también nota que, en los lugares en donde se realizan, constituyen una práctica cultural con un considerable arraigo.

223.  Ahora bien, independientemente de lo hasta aquí expuesto, es evidente que esta clase de prácticas, para su realización, deben estar prolijamente reglamentadas, pues ello es indispensable para salvaguardar la integridad tanto de las personas como de los toros que participan en esta clase de eventos. No escapa tampoco a este Tribunal el hecho que esta clase de eventos se efectúen en algunas zonas específicas, y que no se trate de una actividad de alcance nacional, por lo que el respeto a dichas tradiciones debe efectuarse en los lugares en los que, por el paso del tiempo, sean ya asumidas como tradiciones.

224.  Por tales razones, este Tribunal concluye que, más allá de que las peleas de toros se encuentren exceptuadas mediante la Ley 30407 de la prohibición de peleas de animales, estas ocurren en el marco de una actividad tradicional controlada donde el sufrimiento  del animal es mínimo  y se encuentra protegido  frente a  daños permanentes, además de ocurrir sin intervención humana, por lo que no puede considerarse que este tipo de actividades constituyan maltrato animal.

225.  Finalmente, para que el Estado pueda adoptar acciones concretas frente a las peleas de toros, es necesario analizar dicha práctica conforme a los elementos señalados supra. Usando la información presentada por las partes, por los terceros y amicus curiae, así como por la obtenida mediante pedidos de informe e investigación propia, este Tribunal concluye lo siguiente:

(i)     El ámbito geográfico donde se desarrolla principalmente la actividad es el departamento de Arequipa, en particular entre las comunidades agrícolas.

(ii)    El ámbito temporal durante el que se realizan la actividad abarca todo el año, y suele coincidir con celebraciones religiosas.

(iii)   La actividad tiene un importante arraigo tradicional, pues se practica hace aproximadamente 150  años,  y ha sido  desarrollada de  forma autóctona en el Perú, concretamente en Arequipa, donde es reconocida como una tradición cultural.

(iv)   La  actividad   involucra  a  un  sector  importante  de  la  sociedad arequipeña, principalmente entre las comunidades agrícolas, pero también en las ciudades, y representa además un atractivo turístico.

(v)   La práctica no involucra la realización de actividades penadas o prohibidas, en tanto existe una excepción legal específica que la permite. Además, las peleas de toros no constituyen maltrato animal infligido por las personas.

226. En tal sentido, este Tribunal advierte que existen elementos suficientes para considerar que las peleas de toros son espectáculos culturales que pertenecen a nuestra tradición. Por tanto, la decisión del legislador de exceptuar a tales espectáculos mediante la disposición cuestionada no resulta arbitraria y se encuentra dentro del ámbito de lo constitucionalmente permitido o posible. Es importante precisar que, pese a encontrarse dentro de dicho ámbito, nada impide que, en algún momento posterior, sea posible introducir alguna prohibición legal para su realización.

227.  Por tales razones, este Tribunal concluye que las peleas de toros, siempre que se realicen de acuerdo con las pautas de una regulación similar a la reseñada y que garantice el bienestar de los toros, no constituyen maltrato o crueldad animal. En consecuencia, corresponde declarar infundado el extremo de la demanda aplicable a las peleas de toros.

 

6-B. PELEAS DE GALLOS

228.  Como ocurre con el caso de las peleas de toros, las peleas de gallos también se encontrarían prohibidas por lo dispuesto en el artículo 22, literal d, de la Ley  30407, que proscribe las peleas de animales tanto domésticos como silvestres, en  lugares públicos o privados, de no ser por la existencia de la Primera Disposición Complementaria Final de dicha ley.

229.  A diferencia de lo ocurrido con las corridas de toros (que será analizado más adelante), las peleas de gallos fueron objeto de prohibición durante el periodo republicano. La legislación que se emitió sobre las peleas de gallos en el siglo XIX muestra que su objeto no era proteger la integridad o la vida de los gallos, sino que se consideraba que realizar este tipo de actividades era un vicio que atentaba  contra  la  moral  pública,  por  lo  que  había  que  reprimirla  con  pena privativa de libertad, aunque luego se volvieron a permitir.

230.  El Libertador José de San Martín, emitió un Decreto Protectoral, el 3 de enero de  1822, en el que señaló que el juego de gallos era un delito, pues atacaba la moral pública y arruinaba las familias; el castigo para “los dueños de las casas en que se consientan” era de dos meses en prisión y seis en caso de reincidencia.

231.  El dispositivo señalaba además que los que fueran sorprendidos jugando a los gallos sufrirían un  mes de arresto  y los reincidentes servirían como  soldados  durante la guerra. Los presidentes de los departamentos, gobernadores y tenientes gobernadores, así como los oficiales del ejército y comisarios, entre otras autoridades, quedaron especialmente encargados de velar por la observancia de dicho decreto y su puntual ejecución.

232.  Durante el gobierno del Marqués de Torre Tagle, mediante decreto del 16 de febrero de 1822, emitido de acuerdo con el espíritu del anterior, se abolió el juego de gallos, por lo que se anuló el contrato celebrado el 15 de octubre de 1804 entre el gobierno español y los empresarios del coliseo de gallos.

233.  Como fundamento para ello se señaló que “nada importaría hacer la guerra a los españoles,  si no  la hiciésemos también a  los vicios de su reinado, salgan de nuestro suelo los tiranos, y con ellos todos sus crímenes”.

234.  Posteriormente las peleas de gallos serían permitidas o toleradas nuevamente, y luego otra vez prohibidas por disposición municipal. El 7 de diciembre de 1858 se emitió un decreto en el que se revocó dicha disposición municipal al considerarse que:

[…] la lidia de gallos es un juego que no está prohibido por las leyes y que desde años se ha permitido por la autoridad pública; que las diversiones a que está acostumbrado el pueblo no deben suprimirse violentamente sino por el influjo de la civilización en la mejora de las costumbres; que la prohibición del juego de gallos en el Coliseo, sería ineficaz  para  extinguir  la  afición  a  este  espectáculo,  porque  se lidiarían en lugares ocultos, donde por la falta de la autoridad y de la fuerza pública podrían cometerse los mayores desórdenes; que los que han ocurrido  algunas veces en la casa de gallos pueden impedirse remitiendo la fuerza suficiente para que los reprima y haga cumplir las decisiones de la autoridad que debe presidir el espectáculo de conformidad con lo expuesto por el ministerio fiscal; se resuelve, que continúe el juego de gallos en el Coliseo solo los domingos y días feriados, cuidando la prefectura de que se mande la fuerza necesaria para mantener el orden y hacer respetar la autoridad.

235.  De particular relevancia resulta la frase “las diversiones a que está acostumbrado el pueblo no deben suprimirse violentamente sino por el influjo de la civilización en la mejora de las costumbres”. Ello va, en alguna medida, en la línea de lo señalado   supra   por   este   Tribunal   sobre   la   variabilidad   de   las   prácticas tradicionales de los pueblos.

236.  En  concordancia  con  aquel  decreto,  el  25  de  enero  de  1859  se  emitió  uno posterior, en el cual se indicó que correspondía al alcalde presidir las lidias de gallos, conforme al artículo 22 de la ley del 4 de diciembre de 1856, según el cual le correspondía presidir espectáculos y diversiones públicas.

237.  Como puede apreciarse, la legalidad de las peleas de gallos ha ido variando en el tiempo, y ha sido prohibida y permitida por diferentes gobiernos, por lo que no puede negarse su presencia en la historia de nuestro país.

238.  En las peleas de gallos se distinguen dos modalidades: a pico y a navaja. Se trata de  especies  instintivamente  muy  agresivas  debido,  en  parte,  a  la  selección genética realizada por los criadores, y a las características o comportamientos innatos de la especie. Además, cuentan con una particular condición fisiológica por la que tendrían un umbral del dolor muy alto. Sin embargo, estos elementos de juicio no resultan determinantes, en sí mismos, para permitir o prohibir las peleas de gallos.

239.  Este Tribunal ha recibido valiosa información sobre la naturaleza y regulación de las peleas de gallos por parte de la Unión de Galleros del Perú. Según esta, la gallística se remonta a la antigüedad clásica, donde era practicada por los griegos, incluso San Agustín hace referencia a la pelea entre dos gallos en sus escritos. Llega al Perú con los españoles, pero actualmente ya constituye una manifestación cultural propia; el primer coliseo de gallos formal sería de 1762.

240.  Añade que los combates entre gallos son narrados, explicados o aludidos en varias obras de  la literatura peruana, tales como:  El caballero carmelo de Abraham Valdelomar, El Gallo de Jorge Antonio Percy Gibson Möller, El Gallo Blanco de Adolfo Bermúdez Jenkins, El duelo de Enrique Aramburú Raygada, La apuesta de Jack Flores, El último combate de Francisco León, El jardín de la doncella de Carlos Rengifo, Panorama hacia el alba de José Ferrando, El ring de los gallos de Juan José Rojas, El gallo de mi tía Chula de Henry Quintanilla, El Gallo Moro del Cura de Dagoberto Torres, Fanal de Jorge Donayre Belaunde, El crimen más aplaudido y El canario triste de Luis Felipe Brignole Roy, Mi gallo de Américo Silva Ognio. Asimismo, en el plano latinoamericano tenemos las obras de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba y El general en su laberinto.

241.  Agrega que la pelea de gallos también ha sido recogida por pintores como Pancho Fierro, Víctor Humareda Gallego, Sérvulo  Gutiérrez, Manuel Zapata, Teodoro Núñez Ureta y Víctor Delfín. En el ámbito cinematográfico se encuentra El gallo de mi galpón, de 1938, del director Sigfredo Ávila. En el ámbito musical destaca El  Gallo  Camarón  de  Chabuca  Granda,  mientras  que  la  danza  del  baile  del tondero representa una alegoría de una pelea de gallos, como señala que se hizo notar en una publicación de El Mercurio Peruano del 20 de enero de 1791.

242.  Tampoco puede dejarse de lado  la información proporcionada por los  amicus curiae sobre la extensión de esta manifestación cultural en nuestro país. Existen coliseos de gallos en casi todo el territorio, y las encuestas proporcionadas revelan que a ellos acuden muchas personas.

243.  Finalmente, para que el Estado pueda adoptar acciones concretas frente a las peleas de gallos, es necesario analizar dicha práctica conforme a los elementos señalados supra. Usando la información presentada por las partes, por los terceros  y  amicus  curiae,  así  como  por  la  obtenida  mediante  pedidos  de  informe  e investigación propia, este Tribunal concluye lo siguiente:

(i)     El ámbito geográfico donde se desarrolla la actividad incluye a varios departamentos del Perú; advirtiendo  que en algunos únicamente se desarrolla la pelea de gallos a navaja y en otros solo a pico.

(ii)    El ámbito temporal durante el que se realizan la actividad abarca todo el año.

(iii)   La  actividad  tiene  un  importante  arraigo  tradicional,  pues  habría llegado en el siglo XVI con los españoles. El primer coliseo de gallos sería del siglo XVIII. Además, forma parte de nuestra historia y de múltiples representaciones culturales a lo largo de los años como ha sido evidenciado supra.

(iv)   La actividad involucra a un sector importante de la sociedad, entre criadores,  fabricantes  de  alimento  y  espectadores.  Estos  últimos pueden llegar a ser decenas o cientos de miles.

(v)   La práctica no involucra la realización de actividades penadas o prohibidas, en tanto existe una excepción legal específica que la permite.

244. En tal sentido, este Tribunal advierte que existen elementos suficientes para considerar que las peleas de gallos son espectáculos culturales que pertenecen a nuestra tradición. Por tanto, la decisión del legislador de exceptuar a tales espectáculos mediante la disposición cuestionada no resulta arbitraria y se encuentra dentro del ámbito de lo constitucionalmente permitido o posible. Como se precisó en el caso de las peleas de toros, esto también supone que no existe ningún impedimento para que, a futuro, el mismo legislador pueda también encontrarse facultado de prohibirlas.

245.  Lo anterior no significa que las peleas de gallos puedan realizarse sin regulación o en cualquier lugar, ni que se suspenda de forma absoluta el deber de protección animal en el marco de estas actividades. Efectivamente, las mismas deben realizarse de acuerdo con las prácticas y usanzas tradicionales en los lugares en los que cuenta con un importante nivel de arraigo, y no podrán desarrollarse otras nuevas que sean aún más violentas que las actuales.

246.  Resulta  necesario  que  se  emitan  reglamentos en  todos los  lugares  en  que  se realicen peleas de gallos para regular la actividad y garantizar la seguridad de las personas   que   participan   en   las   mismas.   Además,   se   debe   garantizar   la conservación de las especies de gallos de pelea y su bienestar general fuera de las canchas de pelea, pues en tales circunstancias son de aplicación las normas de protección animal.

247.  En tal sentido, la autoridad administrativa pertinente deberá supervisar que se implementen tales reglamentos, conforme a lo dispuesto en la presente sentencia y en la normativa sobre protección animal en lo que resulte aplicable, y deberá verificar que no se realicen actos de maltrato previos a que el gallo entre a la cancha y que pudieran menoscabar su salud, integridad o sus capacidades.

 

6-C. CORRIDAS DE TOROS

248.  Las corridas de toros también han sido exceptuadas de la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal. En opinión de la parte demandante, se trata de prácticas en las que no solo se degrada a los toros, sino que, de manera indirecta, también inciden en las personas que participan en esta clase de eventos. La parte demandada, por su parte, indica que son tradiciones con un importante nivel de arraigo en nuestro país, y que se remontan incluso a la época de la colonia.

249.  Este Tribunal advierte que las corridas de toros no han sido, ni en todas las épocas ni por todas las personas, unánimemente respaldadas, incluso en épocas remotas. No es esta, de hecho, la primera ocasión en que la justicia constitucional debe resolver dilemas de esta naturaleza. En el caso de España, país que exportó al Perú esta tradición, han existido numerosas oportunidades en las que se ha intentado abolir, aunque sin éxito finalmente, su realización, como ha ocurrido en los reinados de Isabel, Carlos III, Carlos IV y Felipe V. De hecho, en la dinastía de los  Borbones,  ante  el atractivo  particular  del deporte,  aquella  práctica  perdió popularidad, lo que casi termina por generar su extinción [cfr. Desmonde, William (2005).  La  corrida  de  toros  como  ritual  religioso.  En:  Revista  de  Estudios Taurinos, Sevilla, N° 19-20, pp. 115 y 116].

250.  Las distintas controversias suscitadas entre los que abogaban por la abolición y los que defendían su realización va a extenderse a distintos escenarios, como va a ocurrir en la Segunda República Española (1935), época en la que se aprobó un Reglamento de Policía y Espectáculos Públicos, e incluso en la actualidad pueden advertirse ejemplos como los de Catalunya, en la que se adoptaron disposiciones tendientes a generar su extinción.

251.  Las corridas de toros también han recibido distintos cuestionamientos por parte de la  Iglesia  Católica,  entidad  que  ha  ejercido  una  importante  labor  en  nuestra historia republicana. Uno de los episodios más controversiales se presentó cuando el Papa Inocencio XI requirió a Carlos II para que “ponga fin a los sangrientos espectáculos con toros que, a su juicio, son incompatibles con la ejemplaridad de una corte cristiana” [Martínez-Novillo, Alvaro (1996). Los toros en la Guerra de Sucesión: los inicios de la tauromaquia profesional. En: Revista de Estudios Taurinos, Sevilla, N° 4, p. 224]. En efecto, la Iglesia, en distintas oportunidades, ha mostrado cierta animadversión a la celebración de esta clase de eventos, y un buen ejemplo se pudo advertir en el IV Concilio de Letrán de 1215, cuando se prohibió a los clérigos a asistir a las corridas de toros. En esta misma lía, se pudo presenciar  un  escenario  de  tensión  mucho  más  complicado  cuando  Pío  V promulga la bula De Salute Gregis, la cual sancionaba con la excomunión a todos  los príncipes que permitieran la celebración de corridas de toros en sus reinos. Incluso, en épocas más recientes, el Papa Benedicto XV condenó las corridas de toros, a las que calificaba de sangrientas y vergonzosas.

252.  Las corridas de toros llegaron a nuestro territorio con los españoles en el siglo XVI. La plaza de toros de Acho es una de las más antiguas del mundo, pues fue inaugurada en 1766. La regulación referente a las corridas de toros se extendió a nuestra época republicana.  Así, a modo  de ejemplo, tenemos que en 1849 se emitió un decreto de fecha 4 de diciembre, en el que se estableció que la carne fresca de toros muertos en lidias no era perjudicial para la salud pública, según lo expuesto en el informe de la junta directiva de medicina, por lo que se permitió la venta de carne fresca de los toros muertos en las corridas de Acho y se derogó el artículo 188 del reglamento de policía de la capital que lo prohibía.

253.  En 1857 un arzobispo solicitó al entonces presidente que no se permitiera lidiar toros en la plaza de Acho los domingos y días festivos. La respuesta, mediante decreto de fecha 16 de marzo, fue que la lidia de toros era organizada por una empresa particular en virtud de un contrato de arrendamiento realizado en pública subasta y con las formalidades de ley, y que en el uso de aquel establecimiento debían regir las condiciones estipuladas, que no podían ser alteradas ni por la empresa ni por el gobierno.

254.  Por otro lado, mediante la Ley 13450 de 1960 se adjudicó a la Municipalidad del Rímac el íntegro del producto del impuesto a los espectáculos que gravaron la temporada taurina de dicho año en la plaza de toros de Acho. Se dispuso que los fondos obtenidos debían emplearse, preferentemente, en la reconstrucción de la Alameda de los Descalzos.

255.  En 1965, se emitió la Ley 15503, en la cual se dispuso que el Concejo Distrital del Rímac disfrute del íntegro del producto del impuesto a los espectáculos taurinos que  se  realicen  en  Acho,  sin  referencia  a  un  límite  temporal,  pero  con  la indicación de que los fondos debían invertirse exclusivamente en la ejecución de obras públicas.

256.  Asimismo, mediante Decreto Supremo 011-84-AG, aún vigente, se declaró de interés nacional la crianza  y preservación del ganado  vacuno  de lidia. En los considerandos del mismo se indicó que la lidia nacional, así como el espectáculo que esta genera, constituyen actividades tradicionales del Perú que es necesario proteger.

257.  Como puede apreciarse, las corridas de toros eran actividades comunes tanto en la época colonial, como en la republicana, y los impuestos recaudados en ellas eran usados para financiar obras públicas. En tal sentido, no puede negarse que son parte de la historia de este país.

258.  Considerando la antigüedad de la plaza de Acho, resulta natural que la regulación sobre las corridas de toros haya afectado especialmente al distrito del Rímac.

Actualmente, la Municipalidad Distrital del Rímac tiene un Reglamento General de Espectáculos Taurinos, que fue publicado en el diario oficial El Peruano, el 16 de octubre de 1999. Fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo 090-99-MDR y ratificado  mediante Ordenanza 011-MDR, que con diversas modificaciones se encuentra vigente hasta la fecha.

259.  De acuerdo con este reglamento, los espectáculos taurinos incluyen no solo a las corridas de toros, sino también las corridas de rejoneadores, novilladas con picadores y sin picadores, festivales, becerradas, toreo cómico y otros festejos taurinos populares. Este reglamento regula diferentes aspectos relacionados con las corridas, incluyendo la categoría de matador de toros y los requisitos para ser considerado como tal, con la indicación que existe homologación con el escalafón de toreros de España, pues los principales matadores participan en ferias tanto allí como en otras partes de América.

260.  Reglamentos similares se han aprobado en otros lugares del Perú. Por ejemplo, en Trujillo existe un Reglamento de Espectáculos Taurinos aprobado mediante Decreto  de Alcaldía 28-94-MPT;  la Municipalidad  Distrital de Miraflores,  en Arequipa, aprobó  un Reglamento Taurino  para su plaza de toros mediante la Ordenanza Municipal 019-MDM; y la Provincia de Chota aprobó un Reglamento General de Espectáculos Taurinos, mediante la Resolución de Alcaldía 222-2007- MPCH/A, para la plaza “El Vizcaíno”.

261.  Pero  no  todos  estos  espectáculos  regulados  implican  la  muerte  del toro.  Los toreros bufos o cómicos, por ejemplo, no matan a los animales. No obstante, este Tribunal advierte que los espectáculos materia de controversia, y que cierto sector de la sociedad tiene interés en conseguir que se prohíban, son aquellos en los cuales se da muerte al toro.

262.  Al respecto, cabe destacar que este Tribunal estableció, en el fundamento 29 de la Sentencia 0042-2004-AI/TC, que los espectáculos taurinos en los que el toro es “asesinado”  no  constituyen  manifestaciones  culturales  que  el Estado  tenga  el deber de promover.

263.  Sin embargo, en el fundamento 19 de la Sentencia 0017-2010-PI/TC, señaló que “en  diferentes  circunstancias  y transcurridos  seis  años  de  dicha  sentencia,  se enfrenta nuevamente al análisis del valor cultural de los espectáculos taurinos”, y consideró que había “llegado el momento de revisar el criterio jurisprudencial en torno  al  tema,  teniendo  en  cuenta  especialmente  el  debate  suscitado”  en  la sentencia citada previamente.

264.  Así,  en  la  Sentencia  0017-2010-PI/TC,  este  Tribunal  concluyó  lo  siguiente respecto a las corridas de toros:

23. A juicio de este Tribunal, la actividad taurina es en nuestro país una manifestación cultural, traída con la conquista española e incorporada a nuestro acervo cultural por una afición de siglos, que se  manifiesta en fiestas conmemorativas en Lima y diversas provincias del Perú, como veremos más adelante. De este modo, puede decirse que, aunque española en su origen, la tauromaquia (el “arte” de lidiar toros, según la definición del Diccionario de la Real Academia) se ha incorporado a nuestra cultura mestiza y es una expresión artística que forma parte de la diversidad cultural del Perú.

24. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que “como manifestación de la diversidad y pluralismo de la sociedad, la tauromaquia (…) ha sido reconocida a lo largo de la historia como una expresión artística y cultural de los pueblos iberoamericanos. Lo anterior  ha  sido  registrado  de  diferentes  maneras  por  artistas  del mundo como Goya, Mariano Benlliure, José Ortega y Gasset, Pablo Picasso, García Lorca, Ernest Hemingway, Orson Welles y Vicente Blasco Ibáñez” (sentencia C-1192/05, consideración 12).

25. En nuestro país, podemos mencionar, por ejemplo, desde la literatura, a Ricardo Palma (cfr. “Tauromaquia”, en Tradiciones Peruanas Completas, Aguilar, Madrid 1964, pp. 46-53), que ha destacado lo inveterado y secular de la tauromaquia en nuestro país. En la pintura, la actividad taurina está presente, por ejemplo, en las famosas acuarelas de Pacho Fierro (siglo XIX) —que reflejan admirablemente la vida y costumbres del Perú de su época— donde “destacan las que dedicó al capeo ecuestre, suerte exclusiva del Perú que no se conocía en España ni se practicó en ningún país de nuestro continente” (Ugarte Eléspuru, Juan Manuel,  De Re Taurina, Lima, Peruarte, 1992, p. 211).

26. Desde la historia, Del Busto Duthurburu resalta que la Plaza de Acho de Lima, de 1776, es la más antigua de América, aventajada en vejez sólo por dos plazas en el mundo: Sevilla (1760) y Zaragoza (1764). Este historiador da cuenta del éxito en Madrid, a fines del siglo XVIII, del torero limeño Mariano Cevallos, inmortalizado por Francisco Goya como “El Indio Cevallos” o “El Indiano” [cfr. Del Busto Duthurburu, José Antonio, Plaza de Acho, Toreros Negros y Toros  Bravos,  en  “Copé”,  vol.  10,  N°25  (dic.  2000),  pp.  12-13]. (Sobre la tradición taurina del Perú, puede constatarse también la obra especializada de José María De Cossío, Los Toros. Tratado Técnico e Histórico, Madrid, Espasa-Calpe, 1961, t. IV, pp. 169-202).

27. Por ello, a juicio de este Tribunal, no puede señalarse apriorísticamente  que  los  espectáculos  taurinos  son,  sin  más,  una simple y pura exhibición de tortura, tratos crueles y muerte de un animal;  pues  mientras  hay  quienes  asumen  esta  postura,  otros sostienen lo contrario, incluso en la jurisdicción constitucional, como es el caso  de  la Corte Constitucional de  Colombia,  para quien  la tauromaquia puede ser considerada como un espectáculo, en el que  “(a)un cuando en su desarrollo se pone en peligro la integridad del diestro o torero, se infringe dolor y se sacrifica el toro, dichas manifestaciones no corresponden a actos de violencia, crueldad, salvajismo o barbarie, sino a demostraciones artísticas, y si se quiere teatrales,  de  las  disyuntivas  constantes  a  las  que  se  enfrenta  el quehacer humano: fuerza y razón, arrojo y cobardía, vida y muerte” (sentencia C-1192/05, consideración 12).

265.  Ciertamente, las corridas de toros incluyen actos de violencia contra los animales que participan en ellas, y estos sufren un severo daño antes de morir, pues se les clavan  lanzas,  banderillas  y  finalmente  estoques.  A  los  que  sobrevivieron  al estoque y se encuentran agonizantes se les clavan más estoques o dagas hasta que finalmente mueren.

266.  De lo anterior se extrae un elemento de las corridas de toros que las diferencia de forma radical respecto  de las peleas de toros o  de gallos:  en  las primeras el enfrentamiento se realiza entre el ser humano y el animal. Este elemento, que a primera impresión podría considerarse como fuente de injusticia y crueldad, es la razón de ser del espectáculo.

267.  Este Tribunal advierte que, para los aficionados a las corridas de toros, estas no representan actos crueles sin sentido realizados arbitrariamente para torturar a los animales.  La tauromaquia  sería apreciada,  principalmente,  por tratarse de  una manifestación cultural con un valor simbólico, que representa la lucha heroica y la conquista de la naturaleza por el ser humano. Representa además los ideales de la cultura hispánica, combinados en el Perú con elementos autóctonos.

268.  Los aficionados aprecian el arrojo y la destreza del torero, a la que dan un valor artístico, e incluso aprecian la bravura del toro. Cabe destacar que hasta en una fecha tan reciente como el 5 de setiembre de 2018, cuando se modificó el artículo 4 de la Ley 28131, “Ley del Artista Intérprete y Ejecutante”, esta reconocía como artistas a los matadores, novilleros, picadores, banderilleros y rejoneadores.

269.  Incluso, en la actualidad, el artículo 28 de la citada ley hace referencia a los espectáculos taurinos y a la necesidad de que en todas las ferias participe al menos un matador nacional, igual que en las novilladas y becerradas. Con lo cual, al estar aún incluidos en una ley que regula a los artistas, el legislador sigue considerándolos como tales.

270.  Por otro lado, cabe destacar que en los espectáculos taurinos que terminan con la muerte del animal también exponen su vida los toreros, pero ello no es razón para prohibir tales actos, en tanto se trata de actividades que sujetos adultos y capaces realizan voluntariamente. Lo mismo puede decirse de otras actividades deportivas o recreativas que realizan las personas, y que no por ello son ni deben ser prohibidas.

271.  Tampoco puede dejarse de lado  la información proporcionada por los  amicus curiae sobre  la extensión de esta  manifestación  cultural en  nuestro  territorio. Existen alrededor de 200 plazas firmes para realizar corridas de toros en casi veinte departamentos del país. La afición taurina no está compuesta solamente por una élite costeña, sino que tiene un carácter popular, y se extiende también al interior del país, por los Andes. Negar estos aspectos significaría negar las tradiciones culturales de diversas comunidades.

272.  Además, las corridas de toros se desarrollan en algunas ocasiones en el contexto de fiestas religiosas, siendo una de las más conocidas la del Señor de los Milagros, donde celebración religiosa  y celebración  taurina coinciden en el tiempo.  De hecho, la temporada taurina en Lima coincide con dicha celebración, y vienen toreros de España y otros países a presentarse en Acho.

273.  Finalmente, para que el Estado pueda adoptar acciones concretas frente a las corridas de toros, es necesario analizar dicha práctica conforme a los elementos señalados supra. Usando la información presentada por las partes, por los terceros y amicus curiae, así como por la obtenida mediante pedidos de informe e investigación propia, este Tribunal concluye lo siguiente:

(i)     El ámbito geográfico donde se desarrolla la actividad incluye a varios departamentos del Perú, particularmente en la costa y sierra, como se detallará más adelante.

(ii)    El ámbito temporal durante el que se realizan la actividad abarca todo el año, y suele coincidir con celebraciones religiosas.

(iii)   La  actividad  tiene  un  importante  arraigo  tradicional,  pues  habría llegado en el siglo XVI con los españoles. La plaza de Acho es del siglo XVIII, y existen casi 200 plazas en todo el país que se identificarán detalladamente más adelante. Además, forma parte de nuestra historia y de múltiples representaciones culturales a lo largo de los años, como ha sido evidenciado supra.

(iv)   La actividad involucra a un sector importante de la sociedad, entre criadores y espectadores. Estos últimos pueden llegar a ser decenas o cientos de miles.

(v)   La práctica no involucra la realización de actividades penadas o prohibidas, en tanto existe una excepción legal específica que la permite.

274. En tal sentido, este Tribunal advierte que existen elementos suficientes para considerar que las corridas de toros son espectáculos culturales que pertenecen a nuestra tradición. Por tanto, la decisión del legislador de exceptuar a tales espectáculos mediante la disposición cuestionada no resulta arbitraria y se encuentra dentro del ámbito de lo constitucionalmente permitido o posible.

275.  Ahora bien,  las corridas de toros,  aunque ciertamente  mantienen una  notable presencia a lo largo del territorio peruano, no han estado exentas de críticas de distintas  instituciones,  tal y como  se advirtió  al inicio  de este apartado. Este Tribunal también es consciente que, de alguna eventual preferencia, no puede extraerse,  necesariamente,  que su  celebración  sea  per  se  incompatible  con  la Constitución. No es, en principio, competencia de este colegiado determinar qué festividades o celebraciones merecen integrar el patrimonio cultural de la nación, lo cual es una atribución de los órganos técnicos y especializados de la administración.

276.  Sin embargo, la competencia de este Tribunal para intervenir en esta clase de labores sí se puede legitimar en el escenario en que las prácticas y tradiciones supongan una manifiesta transgresión de aspectos de relevancia constitucional. Es pertinente recordar, como se hizo con anterioridad, que la cultura es plenamente moldeable, por lo que bien puede ocurrir que determinadas tradiciones o prácticas que antes contaron con respaldo institucional hoy se encuentren abolidas. Por ello, como se expuso en los anteriores casos, nada exista en la constitución que impida que, en algún momento posterior, el legislador pueda prohibir la realización de esta clase de eventos.

277.  En efecto,  dichos reconocimientos ameritan un análisis pormenorizado  de los factores que puedan contribuir a esta clase de declaración, la cual incluye componentes históricos, geográficos o  sociológicos que no  corresponde a una corte de justicia dilucidar.  Sin embargo,  dichos actos involucran a  la  justicia constitucional cuando se validan prácticas que pueden ser contrarias a bienes, derechos o principios que encuentran sustento en la Constitución. De esto no se desprende, claro está, que pueda asimilarse, sin más, la existencia de una suerte de “declaración de derechos de los animales” inserta en la norma suprema, pero sí obliga a este Tribunal a no permanecer indiferente frente a prácticas en las que se puede ocasionar, eventualmente, alguna clase de sufrimientos a animales.

278.  Es así que, contrapuestos tanto el factor histórico que sustenta la parte demandada, y  el  relativo  a  la  protección  animal  que  invoca  la  demandante,  estima  este Tribunal que es necesario encontrar alguna clase de respuesta que, sin suponer una injerencia excesiva en la determinación de las prácticas, costumbres o preferencias de la población, no suponga el completo desamparo de los animales que se encuentran involucrados en esta clase de eventos.

279.  Lo anterior no significa que las corridas de toros puedan realizarse sin regulación, ni que se suspenda de forma absoluta el deber de protección animal en el marco de estas actividades. Efectivamente, las mismas deben realizarse de acuerdo con las prácticas y usanzas tradicionales, y no podrán desarrollarse otras nuevas que sean aún más violentas que las actuales.

280.  De este modo, y en lo que respecta particularmente al caso de los toros, este   Tribunal estima que la administración debe desarrollar una completa y exhaustiva determinación de las zonas geográficas en las que existen, de manera institucional y reglamentada, la realización de corridas de toros. Esta labor t iene la finalidad de evitar que esta clase de tradiciones se extiendan a lugares en los que su práctica no es predominante, ya que, al comprometer la integridad de los toros, la tendencia debería ser a reducir antes que a aumentar la celebración de esta clase de eventos. Por otro lado, de las distintas reglamentaciones que han sido remitidas por las entidades y personas que se han constituido como amici curiae, es posible advertir que se emplean, en lo posible, medidas que tienden a dotar de cierto nivel de organización a esta clase de prácticas. En ese sentido, corresponderá a la autoridad administrativa, en la realización de labores de fiscalización, determinar si en los espacios geográficos en los que se realizan las corridas de toros se han expedido las normas de autoorganización respectivas.

281.  Reglamentos como los señalados supra, que regulan las corridas de toros, deben implementarse en todos los lugares en que estas se realizan. Deben garantizar la seguridad de las personas que participan en las corridas y del público asistente, y también la conservación de la especie de los toros de lidia y su bienestar general fuera del ruedo, pues en tales circunstancias son de aplicación  las normas de protección animal.

282.  En tal sentido,  la autoridad administrativa pertinente deberá supervisar que se implementen tales reglamentos, conforme a lo dispuesto en la presente sentencia y en la normativa sobre protección animal en lo que resulte aplicable, y deberá verificar que no se realicen actos de maltrato previos a que el toro entre al ruedo y que pudieran menoscabar su salud, integridad o sus capacidades.

 

6-D. OTRAS ACTIVIDADES DECLARADAS COMO CULTURALES POR LA ACTIVIDAD COMPETENTE

283.  La  Primera  Disposición  Complementaria  Final  de  la  Ley  30407,  “Ley  de Protección y Bienestar Animal”, establece lo siguiente:

Exceptúanse de la presente Ley las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente, las que se regulan por ley especial.

284.  Como fue señalado supra, de dicha disposición se advierte que el legislador ha delegado a la autoridad competente, esto es, al Ministerio de Cultura, la potestad para declarar el carácter cultural de los espectáculos exceptuados.

285.  Este Tribunal  solicitó  al Ministerio  de  Cultura  que  informara  cuáles  son  los espectáculos que han sido declarados como de carácter cultural conforme a lo dispuesto en dicha disposición.

286.  Mediante  Oficio  236-2019-SG/MC,  dicho  ente  presentó  el  Informe  000090-2019/DGIA/VMPCIC/MC, emitido por la Dirección General de Industrias y Artes Culturales, en el cual se indica que:

En principio corresponde informar que la excepción contemplada en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30407, Ley de protección y bienestar animal, no ha sido aplicada en el Ministerio de Cultura.

287.  Pero como ha sido desarrollado en la presente sentencia, la potestad de los entes estatales para declarar un espectáculo como cultural se encuentra sujeta a límites, pues no toda manifestación cultural puede ser permitida, en la medida en que algunas se encuentran reñidas con los valores y principios constitucionales.

288.  En tal sentido, este Tribunal advierte que en nuestro país existen ciertas prácticas poco extendidas, como el yawar fiesta, el jalatoro o el jalapato, que atentan flagrantemente contra el deber de protección animal, y que no han sido expresamente reconocidas o protegidas por el legislador o por la autoridad competente.

289. Además debe tenerse en cuenta que estas actividades resultan relativamente recientes y tienen un ámbito de desarrollo territorial limitado por lo que no pueden ser calificadas como culturales de acuerdo al estándar establecido supra e involucran una forma evidentemente grave de maltrato animal.

290.  Caso aparte constituye, por ejemplo, el “curruñao” o matanza de gatos que ocurre en la fiesta de Santa Efigenia, que se desarrolla en la ciudad de Chincha. Cabe destacar que, el artículo 27, literal c), de la Ley 30407 prohíbe la crianza y el uso de animales de compañía con fines de consumo humano.

291.  Como se indicó supra, la ley no señala qué animales corresponden a la categoría de animales de compañía o de granja, que sí pueden destinarse al consumo humano.  De esta  manera,  la  clasificación  de  los  animales  como  de  granja  o compañía está vinculada a la cultura, particularmente a los hábitos alimenticios de la población.

292.  En nuestra realidad social, los animales de compañía son principalmente el perro y el gato. Por tanto, se advierte que en el Perú se encuentra prohibido criar a estos animales para consumo humano. En tal sentido, la realización de festivales que comercialicen carne de animales de compañía como el gato se encuentran proscritos en nuestro país, así como todo otro acto de crueldad que se realice contra estos animales.

293.  Por tanto, este Tribunal observa que prácticas como las señaladas en esta sección no podrán ser reconocidas, fomentadas o protegidas, sino que, por el contrario, al encontrarse en contra de lo dispuesto en la Ley 30407, la autoridad administrativa competente deberá verificar que no se realicen y sancionar a los responsables que continúen con estas prácticas.

 

§7. SOBRE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD

294.  Los  demandantes  alegan  que  la  realización  de  los  espectáculos  cuestionados vulnera su derecho a la paz y a la tranquilidad, reconocido en el artículo 2, inciso 2, de la Constitución. Señalan que, al permitirse espectáculos de violencia contra  los animales, las personas no pueden librarse de ellos ni decidir que no existan para que no les afecten. La vulneración del derecho puede darse directamente si presencian tales actos, o indirectamente si toman conocimiento por otros medios, como las noticias.

295.  En el fundamento 26 de la Sentencia 0042-2004-AI/TC, este Tribunal señaló que:  (…) el Estado tiene el deber de asegurar que las personas no actúen con violencia frente a otras personas, ni con crueldad contra los animales, lo cual tiene un fundamento jurídico y ético. Desde la perspectiva jurídica, cabe señalar que dicho deber, se basa, en primer lugar, en el derecho fundamental al bienestar y a la tranquilidad de las personas (artículo 2, inciso 1 de la Constitución) que sí se sienten afectadas en sus sentimientos al presenciar ya sea directamente o al tomar noticia de la existencia de la realización de actos crueles contra los animales.

296. Sin embargo, el Tribunal varió su jurisprudencia posteriormente, pues en el fundamento 32 de la Sentencia 0017-2010-PI/TC, señaló que:

Como es evidente, una persona que esté en desacuerdo con los espectáculos taurinos podrá no asistir a ellos, como también debe ser libre y voluntaria su concurrencia, por ejercicio en ambos casos del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que, según ha reconocido este Tribunal, es un “derecho fundamental innominado o implícito  que  se  deriva  o  funda  en  el  principio  fundamental  de dignidad de la persona (arts. 1 y 3, Constitución)” (Exp. N.° 0007-2006-PI/TC,  fundamento  47).  Por  tanto,  no  podría  alegarse   la afectación a derecho constitucional alguno por la sola oferta de los espectáculos taurinos, mientras no se coaccione la asistencia a ellos.

297.  Al respecto, este Tribunal considera pertinente reafirmar la postura establecida en la Sentencia 0017-2010-PI/TC. Efectivamente, no resulta acorde con el derecho a la libertad de las personas, reconocido en el artículo 2, inciso 24, de la Constitución, que ciertos actos sean prohibidos porque otras personas los consideren ofensivos o insensibles y porque “no pueden librarse de ellos ni decidir que no existan para que no les afecten”.

298.  Al respecto, cabe citar la Carta de la Defensoría del Pueblo 30-2019-DP/PAD, ya aludida supra. En esta se indica que “en el marco de un Estado Constitucional, el rechazo o desaprobación que genera en la ciudadanía este tipo de espectáculos, debido  al empleo  de ciertos animales,  no  representa una razón  jurídicamente válida para justificar su restricción, aun cuando goce del respaldo de un sector mayoritario de la sociedad”

299.  Los motivos por los cuales el Estado prohíba una conducta concreta deben ser legítimos, racionales y proporcionales, y deben ponderarse frente a los demás derechos fundamentales, sin llegar a desnaturalizarlos o restringir su núcleo protegido.

300.  Pero las opiniones o los sentimientos de las personas respecto a lo que consideran ofensivo o intolerable no puede ser un motivo para que se utilice la fuerza del Estado para prohibir una conducta o restringir un derecho de forma general, pues estas valoraciones son subjetivas y no pueden ser consideradas verdades absolutas oponibles a otros.

301.  Ciertamente las actividades culturales discutidas en la presente sentencia podrían ser prohibidas eventualmente, pero ello no puede ni debe ampararse en el rechazo que genere en ciertas personas la realización de dichas prácticas, sino en motivos legítimos, como la contradicción de principios constitucionales. De lo contrario se abriría la posibilidad de censurar otras actividades en base a los sentimientos o al parecer de la mayoría, lo cual resulta inaceptable en un Estado Constitucional.

 

§8. EFECTOS DE LA PRESENTE SENTENCIA

302.  Este Tribunal reconoce que, si bien las corridas de toros y las peleas de gallos pueden permitirse por  ley,  esto ocurre como  excepción a  la regla general de protección animal. Y esto no significa que deban ser permitidas eternamente, pues como se indicó supra, es posible que en el futuro se analice nuevamente el valor de dichas prácticas culturales para la sociedad y si merecen o no protección. De hecho, el Tribunal es de la opinión que el legislador deba analizar el estado del debate en la sociedad nacional sobre esta clase de prácticas cada veinte años, con el propósito de analizar si es que debe prohibirlas o mantenerlas.

303.  Esto es así porque el hecho de que temporalmente se permitan estas prácticas no niega  el  hecho  de  que  contienen  elementos  innatos  de  violencia  hacia  los animales. Y como estas prácticas actualmente se permiten o justifican únicamente por razones culturales, en el futuro estas razones podrían reconsiderarse, y dichas prácticas perder su legitimidad para limitar el deber de protección a los animales.

304.  Como estas prácticas contienen elementos de violencia pública hacia los animales, y se hace de esta violencia un espectáculo, este Tribunal considera pertinente que, en  armonía  con  el  deber  de  protección  a  los  animales,  el  Estado  no  deberá fomentar ni proteger tales prácticas, aunque sí podrá reconocerlas, regularlas y, eventualmente, prohibirlas.

305.  Lo  contrario,  como  señaló  en  su  oportunidad  la  Corte  Constitucional  de Colombia, implicaría el desconocimiento absoluto de un deber constitucional, y el consiguiente privilegio irrestricto de otro.

306.  Esto no impide, naturalmente, que se fomente o proteja la crianza de las especies animales usadas en estos espectáculos, pues son parte de la fauna nacional.

307.  En tal sentido, corresponderá al Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Cultura, establecer cuáles son los departamentos y provincias en los cuales las corridas  de  toros  y  las  peleas  de  gallos  constituyen  tradiciones  culturales, conforme a las pautas establecidas en la presente sentencia.

308.  Respecto a las peleas de gallos, la autoridad administrativa deberá considerar los lugares en los cuales se realizan las peleas de gallos a pico y espuela, y los lugares en donde se realizan a navaja, pues ambas modalidades no son necesariamente concurrentes. Dichas actividades estarán restringidas a las localidades en que son tradición, respectivamente, y no podrá expandirse a otras.

309.  Respecto a las corridas de toros, a modo de referencia, en el informe de amicus curiae presentado por Andrés Roca Rey, Casa Toreros Consorcio Perú y otros, se menciona un estudio realizado en el año 2012 por parte del periodista taurino Dikey Fernández Vásquez sobre la cantidad y ubicación de plazas firmes en el país. En el informe se menciona que existen 208 plazas, aunque este Tribunal advierte que la lista realmente contiene solo 199 localidades.

310.  Conforme con dicho estudio, en el año 2012 la cantidad de plazas firmes por departamento era la siguiente:

Departamento	Número de plazas firmes
Amazonas	Ninguna
Ancash	18
Apurímac	15
Arequipa	26
Ayacucho	20
Cajamarca	23
Callao	Ninguna
Cusco	14
Huancavelica	3
Huánuco	4
Ica	1
Junín	12
La Libertad	8
Lambayeque	1
Lima	28
Loreto	Ninguna
Madre de Dios	Ninguna
Moquegua	Ninguna
Pasco	2
Puno	1

San Martín	22
Tacna	1
Tumbes	Ninguna
Ucayali	Ninguna
Total – Perú	199

 

311.  Esto habrá de ser verificado por el Ministerio de Cultura. Las corridas de toros estarán restringidas a las localidades en que son tradición y no podrá expandirse a otras.

312. Por otro lado, este Tribunal hace notar que, conforme al artículo 4 de la Constitución, la comunidad y el Estado protegen especialmente, entre otros, al niño. En virtud de este deber de protección especial es que se ha emitido  el Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante Ley 27337.

313.  De acuerdo con el artículo 3-A de este cuerpo legal, los menores de edad tienen derecho  a recibir una educación no  violenta. En el artículo  4 se reconoce su derecho  a  que  se  respete  su  integridad  moral,  psíquica  y  física  y a  su  libre desarrollo y bienestar.

314.  En virtud de este deber de protección y de estos derechos es que se deriva la obligación de impedir que los menores de edad vean o tengan acceso a actividades o eventos que tengan contenidos violentos o sexuales que sea perjudiciales para su libre desarrollo.  Esto  debe ser  controlado  por parte de los padres, familiares, cuidadores y educadores, pero la obligación también puede recaer en terceros.

315.  Como ejemplo de ello tenemos lo dispuesto en la Ley 28278, “Ley de Radio y Televisión”, cuyo artículo 40, dirigido a lo difusores de contenido, establece lo siguiente:

La programación que se transmita en el horario familiar debe evitar los  contenidos  violentos,  obscenos  o  de  otra  índole,  que  puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes. Este horario es el comprendido entre las 06:00 y 22:00 horas.

316.  Pero las responsabilidades del Perú en materia de protección infantil no derivan únicamente de la legislación nacional. En el plano internacional, nuestro país es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

317.  El  Comité  de  los  Derechos  del  Niño  es  el  organismo  que  tiene  la  función examinar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, asumidas en función de dicho tratado internacional.

318.  Dicho comité emitió, el 2 de marzo de 2016, sus “Observaciones finales sobre los informes  periódicos  cuarto y quinto   combinados  del  Perú”,   en  el  cual  se pronunció,  entre otras cosas,  sobre sus preocupaciones  y recomendaciones  en materia           de           violencia           contra           los           niños           (ver  www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/obs-finales-cuarto-quinto-combinados-  2016.pdf).

319.  En dicho documento el Comité sostuvo que “… sigue profundamente preocupado por el elevado número de casos de violencia y de malos tratos que sufren los niños, incluida la violencia doméstica y sexual. Está particularmente preocupado por lo siguiente: … g) El hecho de que haya niños que se formen para ser toreros y participen en espectáculos conexos, lo que entraña un elevado riesgo de accidentes y de graves lesiones, además de que los niños espectadores quedan expuestos a la extrema violencia de la tauromaquia” (numeral 41, literal g), página  10).

320.  Consecuente con lo anterior el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado que prohíba la formación de niños como toreros y también su participación e ingreso a dicho tipo de espectáculos con miras a garantizar “… la protección de los niños espectadores y sensibilice sobre la violencia física y mental vinculada a la tauromaquia y sus efectos en los niños” (numeral 42, literal i, página 10).

321.  Este Tribunal considera pertinente que se acojan tales recomendaciones y que se hagan  extensivas  a  las  peleas  de  gallos,  por  lo  que  el  Poder  Ejecutivo, representado por el Ministerio de Cultura, deberá encargarse de implementar las medidas que resulten necesarias a fin de proteger a la infancia en este ámbito.

 

III. FALLO

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la  Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda, debiendo observarse los siguientes criterios:

1.      La protección de los animales tiene ciertamente un sustento constitucional que se deriva  del  artículo  68  de  la  Constitución,  el  cual  señala  que  el  Estado  está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica;

2.      No solo es posible, sino que resulta, además, indispensable mantener un régimen de protección legal de los animales contra el maltrato y la crueldad innecesarias.

3.      La especial situación de los animales, que se fundamenta en su condición de seres sintientes, es lo que este Tribunal denomina dignidad animal.

4.      Las autoridades deben verificar que los animales a los que se refiere la excepción no sean víctimas de maltratos previos a ingresar a la cancha o ruedo que menoscaben su integridad, salud o capacidades.