(Foto: USI)
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Paloma Noceda

La  en nuestro país es una obligación compartida que requiere de líneas de responsabilidad claras, que trabajen de manera articulada. Todos debemos desempeñar un papel en su mejora, siendo el Gobierno el principal garante del derecho a la misma, pero sin dejar de lado el rol tan importante que cumplen docentes, alumnos, padres, auxiliares y formadores para lograr una educación de calidad.

Según la Unesco, la inversión que realiza el Estado por cada alumno de educación secundaria es de US$691. Sabemos que la educación, en cuanto a resultados medibles en el corto plazo, es intangible, pero actúa como bisagra para articular el crecimiento económico con el desarrollo social del país.

Para ello, el Estado debe garantizar que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo de calidad, con un enfoque inclusivo y, posteriormente, a una educación superior que consolide la formación integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en el conocimiento, la investigación y la innovación, a fin de lograr un desempeño profesional competente y calificado.

También es importante impulsar la formación de profesionales técnicos altamente capacitados, la mejora de infraestructura y la disminución de las tasas de desnutrición infantil que afecta el aprendizaje.

Trabajemos de manera articulada para lograr el objetivo común que es una educación de calidad, siendo la educación un derecho y una acción que debe ser ejercida y fomentada por todos y, en especial, por los medios de comunicación.

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