Cuatro meses después de haberlo prometido, durante su primer discurso como presidente de la República,la consigna de Pedro Pablo Kuczynski para los peruanos recobra, hoy, la expectativa que generó el pasado 28 de julio. “Quiero una revolución social para mi país”, dijo entonces, y en el CADE de esta semana –a celebrarse en Paracas– los más importantes empresarios, investigadores y autoridades del Perú discutirán sobre cómo lograrlo para el 2021, nada menos que el año de nuestro bicentenario.
¿De qué forma alcanzaremos esta revolución? Las metas de este Gobierno para el próximo quinquenio se han elaborado en consonancia con el Plan Bicentenario, que hacia el 2010 publicó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y que, para precisar, descansan sobre seis líneas maestras, seis metas en concreto a conseguir: (1) Alcanzar una población –de alrededor de 33 millones de personas– sin pobreza extrema, desempleo, desnutrición, analfabetismo ni mortalidad infantil; (2) lograr un ingreso per cápita de entre US$8.000 mil y US$10.000; (3) duplicar el PBI entre el 2010 y el 2021, es decir, llegar a los US$244 mil millones; (4) cuadriplicar el volumen de nuestras exportaciones desde el 2010 hasta el bicentenario, lo que equivale a exportar US$140 mil millones para el 2021; (5) conseguir una tasa de crecimiento anual cercana al 6%; y (6) reducir la pobreza a menos del 10% de la población total.
La receta para conseguir estas metas –las metas del bicentenario– implica llevar adelante serias reformas en por lo menos tres sectores vitales para nuestra economía: (I) infraestructura, (II) salud y (III) educación, a juzgar por lo que han compartido con Día1 los expertos citados en este informe. No es tarea fácil, y en algunos casos hay que correr, por no decir volar.
Según Joaquín Valle, partner and managing director en The Boston Consulting Group para el Perú, uno de los retos más difíciles está en el sector infraestructura (I).
“Necesitamos que la inversión en esta actividad (estatal y privada) crezca de 3% del PBI a 8% del PBI en este quinquenio, con lo que superaríamos los US$65 mil millones de inversión para el 2021”, proyecta el ejecutivo, y añade que el camino más viable para lograrlo es a través de las asociaciones público privadas (APP). “El tiempo para acordar una APP en nuestro país supera los 1.000 días; eso es 2,5 veces lo que tarda en Latinoamérica, tenemos que reducirlo con urgencia”, refiere.
Esa reducción pasa, sí o sí, por reformar el marco regulatorio de las APP, “para lo cual PPK debe mostrar una voluntad política que no tuvo su antecesor, Ollanta Humala”, apunta para nuestro suplemento Jorge Danós, socio del estudio Echecopar. “El Gobierno tiene que destrabar legalmente a las APP y devolverle a Pro Inversión su rol promotor”, señala.
Además, esta transformación en mención debe involucrar al SNIP (reforma que ya anunció el Gobierno) y exigir una mano mucho más dura por parte del Estado para hacer cumplir la Ley de expropiaciones, añade el presidente ejecutivo del grupo Invertir, Daniel Córdova. Si el lector hace memoria, son las expropiaciones las que han demorado absurdamente proyectos tan urgentes como la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, entre varios otros. “Si estos cambios no se llevan a cabo, no alcanzaremos las metas para el 2021”, alerta el especialista.
SOS: salud y educación
No menos retadoras son las tareas pendientes en los rubros salud y educación.
En salud (II), Valle aclara que el sector adolece de dos déficits que cubrir: “Primero, la financiación. Solo el 19% de la población contribuye con el sistema público de salud, cuando en países como Colombia o Chile lo hace el 45% de sus ciudadanos. El segundo problema es la cobertura, en nuestro país hay 15,5 camas por cada mil habitantes, mientras que el promedio regional es de 23 camas por cada mil pobladores”, explica.
“En el sector salud, los respectivos gobiernos han mostrado una política inerte durante los últimos 15 años, y cambiar la situación precisa ser muy agresivos, llevando las APP no solo a las gestiones de “bata gris”, como se ha venido haciendo hasta ahora, sino a las de “bata blanca”, lo que involucra conceder no solo la construcción de los hospitales y su administración a los privados, sino la gestión médica”, propone Carlos Parodi, profesor principal de la Universidad del Pacífico.
En cuanto a la educación (III), Valle concede que la inversión peruana está cerca de alcanzar el promedio de Latinoamérica –aquí es 3,7% del PBI frente al 5,2% del PBI en la región– por lo que se puede llegar al bicentenario con holgura en cuanto a eliminar el analfabetismo, por ejemplo, pero alerta que seguimos en la cola de la evaluación PISA (121 de 138 países), por lo que, aclara, hace falta inversión (pública y privada) en infraestructura digital y en la reputación y salario de los maestros, junto a la fiscalización constante de esta inversión.
“Un pueblo educado no se equivoca y tiene oportunidades”, dijo PPK durante su alocución de julio en el Congreso de la República. Este es el quinquenio para demostrarlo.