“¡Agro sí, oro no!”, gritan en coro unos 100 agricultores de la comunidad de Sarayacu, que se oponen a la minería y optan por la agricultura como actividad económica. Ellos habitan esta comunidad ubicada en el kilómetro 110 de la Carretera Interoceánica, en la margen derecha de la zona de la Pampa, a orillas del río Inambari, en la región de Madre de Dios.
Dos años después del operativo militar y policial denominado ‘Mercurio 2019′, que permitió el desalojo de los mineros ilegales de La Pampa, los conflictos por la ocupación de la tierra se agravan en la región de Madre de Dios. Desde febrero del 2019 hasta la fecha, al menos tres agricultores han sido asesinados dentro del área de influencia de la zona de La Pampa. Además, los enfrentamientos entre agricultores por cultivar la tierra y los mineros ilegales que invaden los predios agrícolas para la extraer el oro se mantienen. Esta situación pon en riesgo a los bosques primarios y los cultivos de los agricultores de la margen derecha, desde el kilómetro 78 hasta el kilómetro 114 de la Interoceánica.
Un equipo de Corresponsales Escolares de El Comercio llegó hasta Sarayacu para analizar esta problemática. Para llegar al lugar, se requiere viajar en auto desde la ciudad de Puerto Maldonado hasta el kilómetro 110 de la vía Interoceánica, en zona de La Pampa. Desde allí se sigue una trocha de 10 kilómetros de longitud por la margen derecha de la vía hasta las orillas del río Inambari.
Sarayacu, una comunidad fundada hace 30 años, se dedicaba inicialmente a la agricultura, la tala de la madera y la caza. Pero luego del operativo del 2019, sufren la enorme presión por la aparición de mineros ilegales en el territorio comunal. Los agricultores indican que sus tierras con sembríos de cacao, plátanos, yucas y otros cultivos han sido invadidos. “Aproximadamente unas 100 hectáreas, entre parcelas con cultivos agrícolas y bosques primarios, han sido deforestadas por los mineros en la comunidad”, denuncia Wilbert Urbiola Castro, un agricultor y morador de la comunidad.
Las parcelas agrícolas de esta comunidad están superpuestas con antiguos petitorios mineros, como la concesión ‘Jeanne Linda XXXV’ entre otros petitorios en proceso de formalización. El problema radica en que, luego del operativo del 2019, los titulares o apoderados ‘invitaron’ a mineros ilegales, quienes, provistos de maquinaria pesada (cargadores frontales, excavadoras, volquetes), han destruido cultivos agrícolas. “Los mineros nos expulsan, nos dicen: ‘Fuera de aquí, que cosa quieren aquí’”, comenta Jaime Cori, un agricultor de la zona. Además, cuando los agricultores defienden sus cultivos, los mineros les dicen: “La mina es mía, solo la capa agrícola es de ustedes”.
El Comercio pudo hacer un registro de fotos y videos de los cultivos de plátano, cacao, papaya y otros cultivos que han sido destruidos. “El Gobierno Central cree que las políticas de interdicción han sido exitosas, pero como somos nosotros los que vamos al campo, vemos que la minería ilegal que estaba concentrada en La Pampa ahora está más diversificada, y se han generado pequeñas Pampas”, dice el abogado Donald Medina, asesor legal de la Dirección Regional de Minería e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios.
Desde junio del 2019, las autoridades de Sarayacu interpusieron denuncias ante el teniente gobernador y la fiscalía, pero hasta la fecha no hay respuesta, y la invasión de mineros ilegales continúa en esta comunidad. “Por eso recurrimos a la prensa, como último recurso, para hacer llegar nuestra denuncia”, dice Wilbert Urbiola.
Según explica Manuel Calloquispe, periodista especializado en la problemática de la minería en Madre de Dios, en esta región pueden existir hasta cuatro derechos superpuestos en una misma parcela agrícola. “Esta puede estar superpuesta por una concesión minera que concesiona el subsuelo, pero también por otro derecho de suelo forestal, y además el área boscosa puede estar concesionada a un empresario maderero; pero puede hasta existir un cuarto derecho, que es el de concesión para plantas medicinales o el aprovechamiento de otros productos forestales. Esto es un grave problema que tiene que corregir el Gobierno, porque genera crímenes y enormes desórdenes”, dice Calloquispe.