Para los periodistas, la cobertura sobre la pandemia de coronavirus es un reto complicado: la noticia gira en torno a los pacientes infectados, a los nuevos casos, a los fallecidos, pero todos ellos están ocultos ya sea por el respetuoso anonimato o porque están en cuarentena. A esa dificultad hay que sumar el riesgo al contagio al que se exponen los equipos de reporteros que siguen visitando aeropuertos, hospitales, comisarías. Todo ello, además, en una ciudad confinada, encerrada, suspendida en el tiempo y el espacio.
Pero, ¿qué ocurre con los periodistas que tuvieron que regresar atropelladamente a la capital mientras detrás de ellos los países, las regiones y después hasta pequeños distritos cerraban sus puertas para evitar que entre el virus? ¿Cómo se vive a la distancia el inicio de una crisis nunca antes vista?
El domingo ocho de marzo, dos días después de que el presidente Vizcarra anunciara en conferencia de prensa la aparición del primer caso confirmado de COVID-19 en el Perú, ocurrieron varios hechos simultáneos: el Lima, el ex primer ministro Yehude Simon salía de cárcel luego de que se suspendiera una orden de prisión preventiva, mientras constitucionalistas seguían debatiendo sobre el comentario (o el desliz) de Vizcarra en torno a la pena de muerte para violadores; ese mismo día, Universitario le metió dos goles a Alianza y, en Roma, el papa Francisco rezaba y oficiaba una misa vía streaming. A la misma hora, en Jaén, dos reporteros de El Comercio subían a un ómnibus que 16 horas después los dejaría en Zambi, una pequeña y remota localidad de la provincia de Loja, en Ecuador, donde iniciarían una investigación sobre la minería ilegal en la frontera que duraría toda la semana. Cuando llegaron a suelo ecuatoriano, el lunes, ya había 9 infectados en el Perú.
En los días siguientes, el equipo vivió un silencio mediático: se recorrieron varias zonas de la frontera donde no había señal de celular ni de internet, y donde los moradores solo pensaban en la actividad que realizan: la minería informal. A estos inhóspitos territorios de selva no llegaban ni el coronavirus ni las noticias.
La investigación continuaría en el Perú, en varios distritos de la provincia fronteriza de Condorcanqui, en la región Amazonas. Si en el viaje de ida a Ecuador, en el puesto fronterizo el personal de migraciones apenas hizo una breve referencia sobre la amenaza del virus, al regreso fue distinto. En la caseta de lado peruano, un médico del Ministerio de Salud, enfundado en un traje de plástico y cubierto con máscara, guantes y botas, hacía un registro detallado del recorrido de los viajeros, de sus desplazamientos, de su estado de salud, de sus síntomas eventuales. Pocas horas después de que los reporteros cruzaron hacia el Perú, el gobierno de Ecuador cerró su frontera con varias decenas de infectados a cuestas, además de dos muertos.
En Condorcanqui, la situación no era más tranquila. En esta provincia viven 60 mil personas, la gran mayoría indígenas awajún y wampis establecidos a lo largo de habitan 268 comunidades nativas. Al llegar, la entrevista pactada con el alcalde demoró porque estaba reunido con todas las autoridades de la zona (alcaldes, policías, jueces, apus indígenas, militares, sacerdotes). Los awajún y wampis estaban sumamente alarmados por la posibilidad del contagio del COVID-19, no solo por la escasez de personal médico (cinco en toda la provincia), sino porque es un sector ya afectado por la desnutrición, la anemia y otros males derivados de su condición de pobreza y aislamiento.
Requejo adelantó que se evaluaban medidas restrictivas, como impedir el acceso a la provincia de ciudadanos que no pertenecieran a esta, incluso comerciantes, transportistas o funcionarios de otras zonas de Amazonas. Ni qué decir de periodistas que venían del país vecino. De esta manera, esperaba evitar el riesgo de contagios. También se indicó que los indígenas que estuvieran en Santa María de Nieva, Cenepa y otros distritos, se desplazaran a sus comunidades de origen. “El pueblo indígena no es igual, prefiero vulnerar normas, por encima de las normas tenemos que actuar. Un contagio masivo sería fatal. Esto nos obliga a tomar decisiones más drásticas”, dijo Requejo a El Comercio. Finalmente, se emitió la ordenanza municipal 04-2020-MPC, que establece el “estado de emergencia provincial” y que, entre varias disposiciones, como el cierre de cualquier negocio que no sea de venta de productos de necesidad básica, establece que la compra de alimentos se realizará solo entre las 7 de la mañana y el mediodía.
El equipo de este Diario dejó Condorcanqui y otra puerta se cerró detrás. El sábado 15 de marzo, al llegar a Lima luego de cancelar vuelos y comprar a último momento pasajes en ómnibus, ya había 43 pacientes confirmados. Al día siguiente, el Gobierno decretó el aislamiento social obligatorio.