Los peruanos presentaron ante la policía 47 denuncias por extorsión al día durante el 2023, en promedio. Según el Anuario Estadístico Policial –publicado recientemente por la institución–, el año pasado se atendieron 17.246 casos en el país. Además, fueron detenidas 1.048 personas por presuntamente haber cometido el mencionado delito.
Las cifras de la PNP reflejan un preocupante aumento en la incidencia de este problema. En el 2022, se registraron 11.224 denuncias; es decir, en solo 12 meses hubo un crecimiento de 53,65%. En tanto, el número de detenidos se incrementó 42,58% en el mismo período.
En el 2021, un año aún signado por los estragos del COVID-19, los casos fueron 3.283, un quinto de los contabilizados tan solo dos años después. Y en el 2019, el año previo a la pandemia, hubo 2.618 denuncias, menos de la sexta parte de las registradas en el 2023.
Una fuente con amplia experiencia en la investigación de extorsiones y otros delitos explicó a El Comercio que el acelerado aumento de denuncias está directamente relacionado con dos factores.
“A partir de la pandemia, creció muy rápidamente el uso de medios tecnológicos para la extorsión, no solo mediante amenazas a través de WhatsApp, SMS o llamadas, sino con apps para préstamos informales y otros métodos”, detalló.
La otra razón del aumento de casos –agregó la fuente– es que “bandas internacionales del crimen también han visto una mina de oro en la extorsión”.
En su libro “El Tren de Aragua” (2023), la periodista venezolana Ronna Rísquez cuenta: “El Perú fue el primer país de la región se conoció la presencia del Tren de Aragua. Desde entonces han identificado la participación de la organización en sicariatos, extorsiones, secuestros, prostitución y venta de drogas”.
Nuevas formas, más daños
Pero la estadística refleja solo una parte del problema. El estudio “¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?” (2023), de LAB-CO y el Instituto Videnza, menciona: “La extorsión es un delito con un importante subregistro. […] Las cifras siguen siendo bajas en relación con las magnitudes del fenómeno registrado”.
La fuente especializada en esta materia destacó que es difícil medir la real dimensión de este delito por una causa fundamental: el miedo. “Las extorsiones implican siempre amenazas y temor. Por eso, es difícil que alguien denuncie. Así es más complejo enfrentar el problema”, destacó.
El miedo se impone de diversas formas: con una granada colocada en la puerta de una bodega o ferretería, una llamada telefónica anónima a un emprendedor, una ráfaga de balas contra la fachada de la vivienda de un comerciante que se niega a pagar un cupo o un puñetazo en el rostro.
“Me faltaban S/40 para terminar de pagarles, pero el negocio estuvo bien bajo y me retrasé unos días. Siempre vienen de a dos: el supervisor y su cobrador. Los primeros días me insultaron y amenazaron, pero después sí fue un problema. Se aparecieron en la puerta de mi casa y uno de ellos me metió un combo, me rompió la nariz. Fue en la mañana. Felizmente había gente y los vecinos hicieron bulla. El pata se subió a la moto y se quitaron”, rememora J. D. C., un hombre de casi 70 años que se dedica a la venta de desayunos en un distrito popular de Lima.
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Él vive del día a día y recurre al gota a gota para solventar su negocio cada vez que lo necesita. J. D. C. asegura que casi todos los comerciantes de su barrio recurren a préstamos informales, a pesar de los intereses elevados y a la violencia con la que actúan los sujetos en caso de que se incumplan los pagos.
La razón es sencilla: basta con un mensaje de WhatsApp para contactar al prestamista. El dinero es entregado enseguida, en efectivo. Los únicos requisitos son una fotocopia del DNI y un recibo de agua o luz para corroborar dónde vive el beneficiario. Así saben dónde encontrarlo.
“Si pides S/200, tienes que pagar S/10 diarios, de lunes a sábado por 24 días. Si cumples, el monto del crédito aumenta. […] El cobro puede ser a cualquier hora, hasta las 7 p.m., casi nunca vienen a la misma hora”, añade J. D. C.
Hace unos años, la extorsión en el Perú se asociaba casi exclusivamente al ‘chalequeo’ –pago de cupos a cambio de seguridad– a empresas de construcción y transporte, pero el delito se ha diversificado. Las bandas ahora apuntan a emprendedores, pequeños comerciantes, negocios familiares y hasta colegios y congregaciones religiosas.
En mayo, vecinos de la cooperativa Umamarca, en San Juan de Miraflores, denunciaron que delincuentes exigieron cupos en las obras de ampliación de la capilla Madre del Redentor.
Dos meses antes, en marzo, la Asociación Nacional de Bodegueros informó que más de 2.600 bodegas y tiendas afiliadas al gremio cerraron el año pasado debido a las extorsiones. “Han sufrido violencia y amenazas, demandas de pagos exorbitantes para no atentar contra sus vidas”, aseveró entonces Andrés Choy, presidente de la organización.
El perfil de los delincuentes también se ha ampliado. “Antes hablábamos de una extorsión más ‘institucionalizada’, con grupos que incluso podrían confundirse con sindicatos. […] Pero el perfil varía según la modalidad y el territorio. No solo hablamos de bandas organizadas, sino también de imitadores”, sostuvo Santiago Rosas, director ejecutivo de LAB-CO.
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El foco está en la costa
En los últimos cinco años, Lima y La Libertad se han mantenido como las regiones del país con más detenidos por extorsión. Solo en el 2023, en la capital fueron aprehendidas 317 personas por presuntamente haber cometido ese delito, mientras que en el departamento norteño fueron 287. Pero hay un detalle clave: la población de Lima es más de cinco veces mayor que la de La Libertad.
“El problema en La Libertad no ha empezado recién, sino en la década de 1990 y tiene que ver con las pandillas, que empezaron con la extorsión territorial en el transporte público. […] Pero el mercado criminal creció tanto que ya no cabían todos en un solo rubro, por lo que comenzó a diversificarse. Hoy, la extorsión es una práctica cotidiana”, recuerda la fuente especializada en este flagelo.
Los mapas muestran cómo ha variado la tasa de detenidos por extorsión por 100,000 habitantes entre el 2019 y el 2023. La Libertad se ha mantenido como la región con la mayor tasa. La diferencia con los otros departamentos es muy amplia.
Las cifras analizadas también reflejan que el foco de los extorsionadores está en Lima, La Libertad y las otras cuatro regiones que conforman la franja costera del norte peruano: Áncash, Lambayeque, Piura y Tumbes. En el 2023, el 76% de detenidos se concentró en esos seis departamentos.
“Esto puede deberse a la gran concentración urbana de la costa y al nivel elevado de actividad económica. También tiene que ver mucho con el nivel de organización del crimen”, opina Santiago Rosas.
Sin embargo, este escenario también podría cambiar. El crimen se traslada y expande en cualquier lugar en el que encuentre nuevas y más rentables oportunidades.
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Por: Santiago Rosas, director ejecutivo de LAB-CO
La extorsión en el Perú ha evolucionado en los últimos años del tradicional ‘chalequeo’ a modalidades más generalizadas como el gota a gota y, de manera acelerada, a nuevas formas más sofisticadas, a través de aplicativos informales de préstamos o métodos virtuales de extorsión.
El incremento de las extorsiones, tanto presenciales como digitales, es importante. Según datos del Instituto Peruano de Economía y la Asociación de Bancos del Perú (Calderón, 2023), se estima que más de 200.000 personas fueron amenazadas o presionadas para pagar a partir de estas aplicaciones. Los niveles de violencia con que se materializan algunas extorsiones agarran titulares, pero no necesariamente reflejan la situación en su totalidad.
Así como se pasó de la llamada telefónica al SMS y después al WhatsApp, el crimen se adapta y transforma junto con la sociedad, sin abandonar las formas más tradicionales o físicas de extorsión. Por el contrario, se van añadiendo y el fenómeno se va complejizando. Las extorsiones dejaron de ser un delito a cargo de delincuencia puramente territorial y se ha sofisticado, empleando tecnologías modernas y aprovechando las brechas en la seguridad cibernética y financiera.
¿Vemos este cambio en cómo operan las instituciones del sector de seguridad y justicia? Probablemente no al mismo ritmo. Urge que las instituciones se revitalicen. La policía y la fiscalía tienen múltiples retos estructurales, pero dos particularmente importantes: la baja confianza de la población y la falta de inversión en tecnología y capacitación del personal.
Los bajos niveles de confianza en la policía y los altos costos de transacción para hacer cualquier trámite ante las autoridades derivan en pocas denuncias y una escasa información para armar casos de investigación sólidos, que permitan aumentar la efectividad y judicialización de casos. Según datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 2023), el 52% de los peruanos confían “nada” o “poco” en la policía.
Asimismo, el 20% desconoce a qué establecimientos ir para denunciar este tipo de delitos. Sin información delictiva y de inteligencia –que muchas veces sale de la propia población– es increíblemente complejo entender y combatir de forma efectiva el funcionamiento criminal.
También es crucial proporcionar a la población herramientas y recursos para denunciar sin miedo a represalias y hacerlo de manera sencilla y ágil. Hoy en día es más fácil abrir una cuenta o solicitar un préstamo bancario que hacer una denuncia por extorsión ¿Por qué? No debe ser así.
La extorsión ha cambiado, pero las estrategias policiales podrían no estar respondiendo al mismo ritmo. Se necesita una colaboración más estrecha y con liderazgo entre las fuerzas del orden, el sector privado y las operadoras telefónicas; estrategias articuladas que incluyan la formación policial en inteligencia y tecnología resultan fundamentales, en lugar de depender únicamente de acciones tácticas.
La extorsión es un fenómeno increíblemente complejo. Sin embargo, en el último estudio del Instituto Videnza y LAB-CO, una de las propuestas es el cambio de legislación específica para facilitar la cooperación y coordinación entre los sectores público y privado en torno al secreto bancario y la geolocalización de celulares.
Además, se podría considerar la creación de un fideicomiso contra la extorsión, similar al Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC) de México, y reducir los costos transaccionales para denunciar, a fin de fomentar una mayor participación ciudadana.
La extorsión seguirá evolucionando a la par de la tecnología y las dinámicas sociales. Por ello, es fundamental apoyar a la policía, la fiscalía y otras autoridades para que puedan evolucionar y ser más eficientes, generar más confianza en la ciudadanía e incrementar la calidad y agilidad de sus investigaciones.
Debemos contar con instituciones ágiles y adaptables, capaces de enfrentar estas amenazas modernas y proteger a la población de manera efectiva. No será fácil ni inmediato, pero mientras antes se arranque, mejor.
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