Cada 16 horas se denunció un caso de coimas a policías en el 2023 | INFORME ECDATA

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Según cifras solicitadas por ECData al Ministerio Público, solo en el 2023 las fiscalías del país abrieron 523 investigaciones contra miembros de la policía señalados por cohecho pasivo en el ejercicio de la función, un tipo penal que se sanciona hasta con 12 años de prisión. Esta cifra total implica que, en el año anterior, cada 16 horas en el Perú se reportó el caso de un efectivo presuntamente corrupto.

Los reportes de actos de cohecho presuntamente cometidos por policías han aumentado cada año. De acuerdo con precisiones del Ministerio Público, en el 2019 los casos fueron 73, mientras que en el 2020 llegaron a 109, y en el 2021 alcanzaron los 165. Para el 2022, la cantidad de denuncias fue de 282. Esto quiere decir que, a la fecha, en solo cinco años, los reportes de hechos como estos se han incrementado en más del 700%. Con respecto a las regiones que encabezan las denuncias del 2023, están Arequipa (66), Piura (66), Lima (55) y La Libertad (50).

“Es alarmante que, apenas cada 16 horas, se reporte que un miembro de nuestra Policía Nacional tenga potencial participación en actos de corrupción. Pero a esto hay que añadir que, como en muchos delitos, existe una cifra negra, que son los casos no denunciados, que no llegan siquiera a conocerse”, comentó a El Comercio el abogado penalista Luis Naldos, quien entre el 2020 y el 2021 fue además director de la Oficina General de Integridad Institucional(OGII) del Ministerio del Interior. Naldos subraya que los números solo dan cuenta de una progresiva alza de denuncias y que el panorama completo se ensombrece con el subrregistro de la incidencia.

Coloquialmente conocido como coima o ‘aceitada’, el soborno tiene hasta cinco rangos de sanción distintos cuando sus receptores son efectivos policiales. De acuerdo con el Código Penal, solo el aceptar el ofrecimiento de un donativo para realizar u omitir una acción dentro de las funciones de la PNP (cohecho pasivo impropio) supone una pena de cuatro a siete años de cárcel. La sanción más alta es la del cohecho pasivo propio en la modalidad de condicionar la conducta funcional policial a la entrega del beneficio. En esos casos, el condenado puede recibir de 8 a 12 años de cárcel. En 239 casos del 2023, el policía denunciado habría actuado bajo ese escenario específico.

“Todo acto de cohecho en el ejercicio de la función policial, además de ser sancionado con privación de la libertad, viene con una pena accesoria de inhabilitación de la función pública. En la justicia ordinaria, el tiempo de la inhabilitación se calcula bajo el parámetro de la proporcionalidad, según cada sentencia. Pero también hay que considerar que, dentro de la propia institución de la policía, se activa un proceso paralelo”, explicó el abogado penalista Andy Carrión.

Las conductas que devienen en delitos dentro de la función policial son también sancionadas por la institución de manera administrativa. Esto, de acuerdo con la Ley que Regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú (Ley 30714) y su reglamento. En dicha norma, se establecen hasta 223 tipos de infracción, en las que la recepción de dádivas y otros actos de corrupción son considerados muy graves e implican el pase a la situación de retiro de los responsables.

“Estamos hablando de personal policial que, inminentemente, será destituido cuando se determine que cometió ese tipo de infracción por recepción de dádivas. Los casos de cohecho se ajustan al tipo de infracción MG76, y el régimen disciplinario contempla la máxima sanción de pase a retiro”, dijo el especialista Luis Naldos.

Los órganos competentes para sancionar infracciones cometidas por policías son tres: la Inspectoría General de la Policía Nacional; la Oficina de Asuntos Internos, que opera dentro de la OGII del Ministerio del Interior; y el Tribunal de Disciplina de la Policía. Naldos precisó que Asuntos Internos procede en casos donde al menos uno de los efectivos denunciados tiene el grado de general.

Este Diario solicitó una entrevista con la Inspectoría General de la PNP a fin de conocer detalles sobre la cantidad de procedimientos abiertos en esa dependencia. Sin embargo, la institución alegó que no podía atender el pedido debido a la reciente remoción de su inspector general Víctor Montoya.

En una entrega anterior, ECData había reportado que, a escala nacional, existe en promedio un policía por cada 600 habitantes. Los entrevistados coincidieron en advertir que la salida de oficiales por casos de corrupción abre otro dilema, pues profundiza la brecha de recurso humano disponible para combatir el problema medular de la inseguridad ciudadana.