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En las cárceles peruanas hay 10.742 presos por el delito de violación sexual de un menor de edad, los cuales representan el 11,78% del total de la población penitenciaria. Además, se trata del segundo delito con mayor prevalencia entre los internos, solo por debajo del robo agravado, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
De acuerdo con el Código Penal, si la víctima tiene menos de 14 años, la sanción es la cadena perpetua. Si bien esta cifra es preocupante, hay otras igual de alarmantes: están encarceladas 4.064 personas (4,46% de la población penal) por violación sexual, y otras 2.693 (2,95%) por cometer actos contra el pudor en menores de 14 años.
También hay 1.062 reos por actos contra el pudor (1,16%), 1.000 por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores (1,09%), y 792 por violación sexual de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir (0,86%).
En total, 20.353 internos (22,3% de la población penitenciaria) se encuentran encarcelados por delitos contra la libertad sexual. Estas cifras incluyen a personas procesadas y sentenciadas.
Al respecto, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés mencionó que en el país “hay un nivel de impunidad muy alto”. “La cifra es mucho mayor porque muchos casos no salen a la luz ni se denuncian. Y, lamentablemente, se trata de delitos muchas veces relacionados con el entorno familiar”, agregó.
Frente a esta situación, el INPE asevera que “la población penitenciaria se inclina por la comisión de delitos en los que prima la vulneración y el menoscabo de los derechos de grupos vulnerables de la sociedad [menores de edad y mujeres]”.
El Comercio intentó comunicarse con la institución, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.
Promesas vacías
En los últimos años, candidatos presidenciales y congresistas de distintas bancadas y orientaciones políticas han propuesto sanciones como la pena de muerte y la castración química contra violadores de menores de edad.
Para Brenda Álvarez, abogada especialista en violencia de género, esto demuestra un gran desconocimiento de la magnitud real del problema. La experta resalta que la mayoría de estos proyectos están enfocados en sanciones más severas, pero no se enfocan en la educación ni prevención, claves para combatir esta problemática.
“Por más drásticas que sean las penas, no necesariamente tienen efectos disuasivos. En el Perú, las penas para casos de violación son muy altas, pero no por eso los índices de violación han descendido”, añadió.
En tanto, el abogado penalista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal, opinó que la cadena perpetua debería aplicarse en todos los casos de violación, no solo cuando la víctima es menor de 14 años.
Problema estructural
Cuarenta y nueve de las 68 cárceles –el 72% del total– están hacinadas, es decir, albergan a por lo menos 20% más reos que los que su capacidad permite. Además, en 10 penales la situación es crítica: la sobrepoblación es superior a 300%, el cuádruple o más de lo que debería haber.
Actualmente, la población penitenciaria la conforman 91.187 personas. De estas, 34.651 –el 38%, casi cuatro de cada 10– cumplen prisión efectiva sin haber sido sentenciadas.
La abogada penalista Romy Chang, directora de la Maestría en Derecho Penal de la PUCP, considera que esto se debe principalmente a “un uso excesivo de la prisión preventiva”.
“En muchos casos, el plazo de prisión preventiva vence y la fiscalía no llega a presentar su caso. Los plazos de prisión preventiva no deberían ser tan largos. Para algunos delitos, esta puede llegar hasta a cuatro años”, cuestiona la abogada.
Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, coincide en ese punto y explica dos factores adicionales: las penas son excesivamente largas y se aplican pocos beneficios penitenciarios.
“Con estos tres elementos, la gente que entra a la cárcel prácticamente ya no puede salir. Además, desde hace más de 10 años que en el Perú no se construyen nuevos penales”, añade Castillo.
