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El Caso Lava Jato –que vincula a funcionarios, políticos y empresas principalmente brasileñas– tuvo su más reciente capítulo con la extradición de Alejandro Toledo el último domingo. En razón de la tesis fiscal, la compañía Odebrecht habría sobornado al expresidente por tramos de la carretera Interoceánica Sur, un proyecto de corredor vial entre Perú y Brasil. Sin embargo, esa obra no es la única salpicada en el país por el entramado de corrupción más grande de América Latina.
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Según información de la contraloría y del Ministerio de Economía, el Estado llegó a contratar por un estimado total de US$17.285 millones con empresas que hoy son investigadas por actos ilícitos y que accedieron a al menos 42 proyectos de infraestructura. Los 11 proyectos más emblemáticos se firmaron por un costo conjunto –con adendas de por medio– cercano a los US$17.145 millones, siendo la obra más cara el Gasoducto Sur Peruano, por el que es investigado el también exmandatario Ollanta Humala.
Cabe precisar que, de acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, el contrato del Gasoducto Sur Peruano se dio por terminado. Con ello, dejó de corresponder el desembolso de unos US$7.328 millones, que fue el costo ascendido tras modificaciones en la firma con Odebrecht, Graña y Montero, y Enagás. Adicionalmente a los 42 proyectos del MTC con empresas cuestionadas, otras 25 obras concedidas por gobiernos regionales están también sujetas a indagaciones.
Daños y procesos
Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, explicó que Lava Jato ha debilitado al Estado peruano en diferentes dimensiones que trascienden los costos de obras. “Los impactos han sido económicos, sin duda, pero también sociales, institucionales y de desarrollo. Si empezamos por el tema institucional, ver a tantos exfuncionarios inmersos en estos casos tan graves, lo que se genera no solo es una percepción ciudadana negativa del aparato público, sino que también ahuyenta a personas idóneas para asumir el reto de la recuperación del Estado”, dijo.
El exprocurador anticorrupción César Azabache advirtió sobre el legado del caso. “Dice mucho del deterioro de nuestras instituciones y de la enorme falta de autocontroles que tiene nuestra clase política. También pone en evidencia un enorme desbalance: tenemos fiscalías fuertes y tribunales que pueden llegar a ser muy potentes. Pero al frente tenemos una representación que se está haciendo añicos. La señal [que deja Lava Jato en el país] entonces es múltiple y no puede perderse de vista en esa complejidad”, comentó.
Para el también exprocurador Yván Montoya, aunque de momento no existen condenas, las investigaciones fiscales pudieron revelar situaciones irregulares conexas, que permitieron afinar la legislación nacional. Entre ellas, está el hallazgo de prácticas de financiamiento de partidos políticos poco transparentes y sospechosas de corrupción. Agregó que, a efectos de mayor eficacia y celeridad procesal, son necesarios tribunales dedicados únicamente a Lava Jato.
“Es lamentable que en el Poder Judicial no se haya creado [así como en el Ministerio Público] un subsistema especializado. Estamos ante un fenómeno criminal de lavado de activos y corrupción altamente complejo, que tiene un componente transnacional –con pruebas documentales mayormente en Brasil– además de multiplicidad de actores, bajo una estructura de personas jurídicas y naturales de distintos países. En ese sentido, el sistema fiscal peruano y las procuradurías nunca se habían enfrentado a algo tan complejo”, remarcó.
El penalista Andy Carrión señaló que, si bien la cantidad de actores investigados demuestra que “no hay intocables”, la fiscalía centró esfuerzos en medidas cautelares cuando “el éxito está en las sentencias aún pendientes”.
“Creo que hay varios factores que han contribuido a eso [la ausencia de condenas], pero el principal está relacionado a las medidas efectistas que tomó la Fiscalía en un principio: concentrarse mucho en pedidos de prisiones preventivas, detenciones domiciliarias, impedimentos de salida del país, que distrajeron el objetivo de llegar a sentencias condenatorias. Eso nos sigue pasando factura porque, si miramos a las personas sobre las que alguna vez se dictaron esas medidas cautelares, muchas de ellas están libres ahora. También vemos que se ha otorgado procesos de colaboración eficaz a gran parte de personas implicadas y eso reduce el espectro de responsables sobre los que eventualmente pesará una condena efectiva”, cuestionó.
Una de las compañías inmersas en la red de corrupción es la peruana Graña y Montero (actualmente, Aenza), investigada en las concesiones por el Gasoducto, la Carretera Interoceánica, el Tren Eléctrico y Chavimochic, donde también participó Odebrecht. Este martes, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato informó que el exdirectivo José Graña completó la deuda por concepto de reparación civil de S/ 39.9 millones en favor del Estado.
Respecto de las sanciones que deben recibir las empresas, el exprocurador Yván Montoya expresó que hay tratamientos regulados para aquellas que sí asumen responsabilidad en hechos de corrupción. Sugirió que en esos casos, es ideal un período de reestructuración interna, además del pago de reparaciones civiles por perjuicios al Estado.
“Lo que corresponde es que se suspendan nuevas contrataciones con el Estado por parte de esas empresas durante un tiempo, se le exija a estas empresas –como está ocurriendo con Graña y Montero– que introduzcan programas de cumplimiento [compliance] que aseguren que no vuelvan a incurrir en este tipo de prácticas. Sobre aquellas empresas que no quieran cooperar con el sistema [colaborar, reconocer responsabilidades], sí correspondería mano dura y una especie de muerte civil: embargarlas, ver hasta dónde se cobra, y probablemente expulsarlas y prohibirles la contratación con el Estado peruano en todos los niveles”, sostuvo Montoya.
