Mineras de Pataz contrataron hasta siete veces más agentes de seguridad por atentados de mafias

Unos días después, un grupo de hombres armados invadió otra de las compañías formales de la zona y mantuvo secuestrados durante cuatro horas a sus colaboradores. Ellos también provocaron un derrumbe en uno de los túneles de la mina con el fin de “encapsularse” y extraer el oro.

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Haz zoom en el mapa para ver las distancias que existen entre las principales mineras auríferas de Pataz y las comisarías.

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, explica que en esta zona existe una convivencia poco común entre minería informal y formal, situación posible debido a que se trata de minería subterránea. “Esta minería ha sido más asequible. Eso ha permitido que haya minería formal de gran escala, pero también pequeña minería y minería informal”, sostiene.

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Según el ex viceministro, esta convivencia es de larga data. “Cuando los mineros informales no eran un número tan significativo, la empresa minera, por tener buenas relaciones con el entorno, permitía el ingreso de informales en las concesiones que no utilizaban, incluso firmaban convenios”, asegura Echave. Sin embargo, en la medida que este sector creció de manera explosiva la violencia se comenzó a instalar. “Se ha vuelto una relación complicada, incluso hay bandas o crimen organizado”, afirma.

Si bien los ataques han tenido como respuesta un despliegue de efectivos policiales, estos solo llegan cuando se ha perpetrado un ataque.

Además, algunas de las mineras más importantes están a alrededor de una hora de distancia de las comisarías. Poderosa, por ejemplo, está a 35 kilómetros de la dependencia policial más cercana, un camino de 1 hora y 22 minutos en carro. En el caso de Minera Aurífera Retamas (Marsa), hay que recorrer 22 kilómetros (54 minutos en automóvil) para llegar a la comisaría más cercana.

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“El gran problema es que en este tipo de zonas el Estado no está presente y, si lo está, es de una manera extremadamente precaria”, explica de Echave. “En el momento en que se dan hechos como los del 2023, hay una reacción inmediata y se transportan policías, pero luego las cosas vuelven a la normalidad. No hay ninguna capacidad y tampoco creo que haya voluntad política para sostener una presencia importante del Estado en la zona”, asegura el ex viceministro.

La infraestructura de estas dependencias policiales no se encuentra en buen estado. En La Libertad, solo 29% de comisarías tiene una infraestructura adecuada y solo un 33% de vehículos policiales están operativos.

Es, además, la cuarta región con menos policías por comisaría: 128 por cada 100 mil habitantes, pese a que la ONU recomienda 300 por ese número de personas. Por último, es la sexta región con el menor presupuesto per cápita para seguridad ciudadana: S/.30. El promedio en el país es de S/.46 por persona. Pese a ello, en el 2023 La Libertad fue la quinta región con menos ejecución de presupuesto en seguridad y orden interno.

Ante esta situación, las mineras de la zona se han visto obligadas a costear altos montos en agentes de seguridad privados. El aumento va desde un 15% hasta un 700% más de agentes contratados.

“Tenemos quizás un 15% más (de agentes de seguridad privados). Esto suma 210″, mencionaron desde una de las empresas. “El incremento de agentes es de aproximadamente cuatro veces el número”, comunicaron desde otra de las compañías. La minera con el aumento más grande de agentes tuvo que septuplicar la cifra. “Desde antes de la pandemia hasta la fecha hemos pasado de tener 167 agentes a 1.200 agentes”, dijeron. Las empresas mineras con las que pudo conversar ECData solicitaron no ser identificadas públicamente su identidad por motivos de seguridad.

Estas contrataciones equivalen a un costo anual entre S/.1.800 y S/.2.500 mensuales por agente. Las compañías han pasado de pagar entre dos y seis millones de soles al año en contratación de agentes privados a alrededor de 33 millones de soles.