Paridad de género: las regiones del norte tienen la mayor brecha del país

Sin importar dónde vivamos, la paridad de género es un derecho humano fundamental. Según Naciones Unidas, “la ausencia de paridad significa el estancamiento del progreso social”. Pese a ello, el Índice Global de Brecha de Género 2023 reveló que ningún país del mundo ha alcanzado la paridad de género total. Si bien Perú avanzó 26 posiciones en el ránking y ocupa el puesto 34 de 146 países, las brechas de género persisten.

ECData analizó ocho indicadores en salud, educación, economía y participación política del resumen departamental de brechas del 2023, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con base en estos datos, se identificaron a las cinco regiones con la brecha de género más grande por cada uno de los indicadores. Los resultados muestran que 24 de las 26 regiones están en los primeros cinco lugares de al menos un indicador.

Después de Apurímac, son las regiones del norte del país las que presentan la mayor brecha entre hombres y mujeres. La Libertad, Lambayeque y Tumbes están en el top cinco de tres indicadores, mientras que Cajamarca lo está en dos.

A fines del 2023, este Diario reveló, a través del especial “Aisladas, la otra cara del fenómeno de El Niño”, cómo las crisis climáticas, continuas en el norte del Perú, incrementan la brecha de la desigualdad de género.

Para Brenda Álvarez, presidenta de Proyecta Igualdad, la persistencia de la brecha de género en sectores clave tiene consecuencias significativas para la sociedad: puede traducirse en disparidades en el acceso a servicios médicos, limitar el potencial productivo del país al no aprovechar el talento de la mitad de la población o perpetuar estereotipos de género y obstaculizar el desarrollo de las capacidades de mujeres y niñas.

La experta explica que “la brecha de género persiste debido a la falta de reconocimiento de la desigualdad como un problema estructural, la limitada implementación de acciones que promueven los derechos de las mujeres, y la presencia de movimientos antiderechos, que cuentan con una creciente representación en el Congreso”.

De ocho indicadores analizados por ECData, solo en dos las mujeres tienen una mejor situación que los hombres. Pero la diferencia es mínima y estadísticamente irrelevante.

Por otro lado, casi 10% de mujeres mayores de 15 años es analfabeta, frente a un 3,2% de hombres que lo son. Y si bien de los más de 1,2 millones de estudiantes que se matriculan en universidades el 51% son mujeres, hay más del doble de mujeres sin ingresos propios que hombres.

Al respecto, Álvarez sostiene que “estos fenómenos apuntan a desafíos estructurales que van más allá del acceso a la educación y destacan la necesidad de abordar las desigualdades de género en el ámbito económico y laboral de manera integral”.

En general, las mujeres asumen las labores de cuidado en sus hogares y comunidades, lo que restringe su acceso a oportunidades laborales e incluso las hace menos elegibles para puestos de trabajo.

Además de la brecha salarial, los informes departamentales también muestran que del total de mujeres ocupadas, solo 25% está en un sistema de pensiones, en comparación con un 38% de hombres que lo hacen. En seis regiones las mujeres que se encuentran en un sistema de pensión no llegan ni al 15%: Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Huancavelica, San Martín y Puno.

Álvarez sostiene que si “la brecha de género persiste es debido a la falta de reconocimiento de la desigualdad como un problema estructural, la limitada implementación de acciones que promueven los derechos de las mujeres, y la presencia de movimientos antiderechos que buscan restringir los derechos de las niñas y mujeres, especialmente con su creciente representación en el Congreso de la República”.

“Aunque se han realizado esfuerzos, la reducción de la brecha de género sigue siendo mínima debido a la insuficiencia de los programas existentes para abordar las dimensiones más amplias del problema. La evidencia sugiere que una estrategia crucial para cerrar estas brechas implica la incorporación de la igualdad de género en el sistema educativo”, agrega.

Solo el 5% de las alcaldías están ocupadas por mujeres. Beatriz Llanos, doctora en Gobierno y Administración Pública, menciona que no existe una norma que obligue a las organizaciones políticas a asegurar la paridad en elecciones locales. “Ante la ausencia de una regla, los partidos suelen postular a menos mujeres. Incluso, cuando hay una norma, las organizaciones tratan de mantener el estatus quo”, afirmó.

Según Llanos, esta situación afecta “la posibilidad de ejercer el derecho político al que tanto hombres como mujeres debemos tener acceso. También, se ve afectado el funcionamiento adecuado de una democracia que debe representar a mujeres, hombres y otros grupos. Finalmente, se compromete la posibilidad de que los intereses de las mujeres sean representados”.

Beatriz Llanos menciona que las medidas más urgentes para iniciar con la paridad en las alcaldías son la creación de una norma que regule la postulación paritaria de mujeres en alcaldías, y normas que tienen que ver en la nivelación de competencia entre hombres y mujeres: financiamiento y trabajo en la calidad de la representación.

Por su lado, Brenda Álvarez sostiene que para lograr una reducción significativa de la brecha de género se requieren medidas clave que aborden diversas áreas. “En el ámbito educativo, es crucial implementar programas que fomenten la igualdad de género desde la educación inicial, desafiando estereotipos y promoviendo oportunidades equitativas. En el ámbito laboral, se necesitan políticas que garanticen la igualdad salarial y la promoción de mujeres a roles de liderazgo”, sostiene.

En ese sentido, un aspecto que la experta recomienda no perder de vista es la redistribución de la carga de cuidados del hogar y la familia. “Las tareas de cuidado deben recaer en toda la sociedad y no solo en las mujeres”, subraya.

Además, Álvarez menciona que es esencial fortalecer las redes de apoyo para mujeres emprendedoras y asegurar el acceso igualitario a sistemas de pensiones y seguridad social. “Estas medidas deben ser lideradas por los gobiernos, empresas y la sociedad civil. El compromiso y la colaboración de estos actores son esenciales para abordar las dimensiones estructurales y culturales que sustentan la brecha de género”, enfatiza.