Solo el 0,24% del presupuesto nacional se destinará a reducir la violencia contra la mujer

Las transferencias de recursos orientados a erradicar la violencia contra la mujer han experimentado un incremento sostenido, pero todavía representan una porción mínima de los fondos públicos. En el 2023 se han asignado S/550,7 millones a este rubro en los tres niveles de gobierno, cifra que representa solo el 0,24% del presupuesto nacional (S/229.093 millones).

Este esfuerzo conjunto (e insuficiente) se refleja en el Programa Presupuestal 1002, denominado “Productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer”, iniciativa que actualmente agrupa a nueve ministerios, así como a la fiscalía, al Poder Judicial, a gobiernos subnacionales y a universidades para implementar acciones de prevención, atención y protección a dicho grupo.

La mayoría de recursos se concentran en entidades del Gobierno Nacional, entre las que destacan el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (S/222,7 millones), la fiscalía (S/141 millones) y el Poder Judicial (108,5 millones). Estos tres organismos recibieron el 85% del presupuesto total.

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Los recursos destinados a estas instituciones se concentran en la atención de denuncias (S/207 millones), y en medidas de protección para las víctimas de la violencia (S/286 millones).

En tanto, los sectores de Salud y Educación recibieron menos presupuesto (6% del total) y también reportan una menor ejecución en lo que va del año [ver cuadro].

La falta de atención hacia las políticas en favor de la mujer también se refleja en el monto a cargo del MIMP, que en total suma S/800 millones, la tercera cifra más baja a nivel de ministerios (después de Cultura y Comercio Exterior).

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La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana Jara considera que los recursos asignados son insuficientes para la creciente demanda del sector y que los gobiernos subnacionales deberían tener un rol más activo. “Los gobiernos regionales y municipios se están poniendo de costado en esta problemática. Ellos tienen sus planes de acción, pero no los echan a andar porque privilegian obras públicas que les dan rédito político”, señala.

Jara considera necesario tomar medidas a corto y mediano plazo, como la mejora en el presupuesto para los centros de emergencia mujer (CEM) y la eliminación de estereotipos y discriminación que subsisten en el sistema educativo.

“Los CEM requieren atender en tres turnos las 24 horas del día, como los que operan en comisarías, donde se reciba la denuncia, se derive a la fiscalía y los abogados sigan la causa. Pero se han enfocado en darles presupuesto para un solo turno”, explica.

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Para Karla Gaviño, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, la importancia de la erradicación de la violencia contra la mujer no se refleja en el presupuesto asignado ni se ve en acciones trascendentales para cumplir esta meta.

“La mayor cantidad de proyectos con estos recursos están dirigidos a remodelar oficinas, comprar mobiliario, no se está focalizando bien el recurso. La plata que se destina es poca, y lo que se usa a veces no se gasta o no va a políticas de alto impacto”, opina.

Gaviño añade que el enfoque reactivo (asistencia y denuncias) debe reforzarse con prevención desde el trabajo social, en escuelas y familias. “Ambos frentes tienen que ir de la mano. La capacitación a los funcionarios para abordar el tema y la formación de educación”, dice.

Ambas especialistas coinciden en que el MIMP debe reforzar su liderazgo en este rubro. A diferencia de otros sectores, su presupuesto final disminuyó en relación con el inicial durante los años de pandemia. “Los CEM cerraron, la atención fue virtual; al cerrar el gasto disminuyó y lo que hace el Estado es reasignar esos recursos a los sectores que agotaron sus gastos. Eso pudo haber pasado”, señala Jara.

Mira aquí el especial completo de ECData sobre violencia contra la mujer.