Además de la baja ejecución presupuestal, muchas obras quedan inconclusas; por Oswaldo Molina y Giacomo Puccio

Ahora que nuevamente se acercan las elecciones regionales y municipales, cabe preguntarse cómo están las regiones y, sobre todo, por qué existe tanta insatisfacción. O, puesto de otra manera, por qué no se han cumplido las promesas de mejores servicios públicos y mayor calidad de vida en las regiones, a pesar del crecimiento experimentado en las últimas décadas.

Para entender eso, vayamos por partes. Primero, de acuerdo con una investigación de Gustavo Yamada, profesor de la Universidad del Pacífico, por cada punto del PBI que crecimos entre el 2004 y el 2019, la pobreza monetaria se redujo en promedio en 0,86%. Así, durante ese período, se logró llegar a mínimos históricos respecto a la pobreza. Sin embargo, a pesar de estos avances concretos en bienestar, existen todavía brechas importantes que dificultan dar una mejor calidad de vida a toda la población. Muchas de estas brechas se encuentran relacionadas con el acceso a servicios básicos en el país. Tomemos como ejemplo algo tan fundamental como el acceso a agua potable. A nivel país, la cobertura parece buena, ya que nueve de cada diez peruanos tuvieron acceso al servicio en el 2021. Pero estos números ocultan una brecha importante en la calidad del servicio. Si consideramos en cambio los hogares que acceden al servicio de agua las 24 horas, entonces solo cinco de cada diez tienen este servicio.

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Ahora bien, podemos ir un paso más allá y comprobar las profundas disparidades en el acceso a estos servicios en las regiones. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, el 93% de hogares accede a saneamiento; el 94%, al servicio de agua; y el 67%, a Internet. Si comparamos esto con el promedio de todas las regiones, en estas solo el 74% accede a saneamiento, el 87% a agua y el 49% a Internet.

Esta inequidad genera una enorme insatisfacción en los ciudadanos, quienes muchas veces consideran que no se invierte lo suficiente para el cierre de brechas. No obstante, lo que verdaderamente está ocurriendo es que, a pesar de los mayores recursos disponibles, se tiene una baja ejecución en el presupuesto destinado precisamente a proveer estos servicios básicos. Un ejemplo de ello es que, entre el 2017 y el 2021, el presupuesto de inversión pública ha crecido en 33%. Sin embargo, el monto que se dejó de ejecutar de ese presupuesto durante el referido período es de S/82.866 millones en los tres niveles de gobierno, monto superior a todo el presupuesto de inversión pública disponible para este año (nótese que 76% de lo que se dejó de invertir corresponde a los gobiernos subnacionales). En última instancia, la falta de ejecución de los recursos es, como se puede apreciar, lo que termina afectando la provisión de servicios públicos en el territorio.

Los mayores recursos no parecen asegurar nada. Así lo atestigua el caso del distrito de San Marcos en Áncash, que, a pesar de ser el distrito que más transferencias recibe por canon en todo el país, solo puede ejecutar el 28% de estos montos adicionales asignados por este concepto. Y esto ocurre a la par de las enormes carencias de infraestructura que sufre su población: en el sector salud, al 2017 solo se tenían seis postas para atender a 17 mil personas; en conectividad, solo nueve de 199 centros poblados tienen acceso a Internet; y en educación, el 13% de las instituciones educativas tiene acceso a los servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad e Internet).

El problema de la baja ejecución no es la historia completa que explica lo que ocurre en las regiones con la provisión de los servicios públicos. Y es que, además de la baja ejecución, muchas obras quedan inconclusas. En el 2022, según la Contraloría General de la República, se tienen 2.346 obras paralizadas por un monto mayor a S/29 mil millones. De estas obras paralizadas, 1.704 corresponden a los gobiernos locales, y están valorizadas en S/6.893 millones; 274 corresponden a los gobiernos regionales, y están valorizadas en S/12.854 millones; y 368 corresponden al gobierno nacional por un valor de S/9.893 millones. Como se puede apreciar, todos los niveles de gobierno les fallaron a las regiones. Esto, además, nos da cuenta de las dificultades que existen en el proceso de descentralización, que justamente buscaba cerrar brechas sociales en el territorio. En el gráfico se observa el número de obras paralizadas y su costo en cada una de las regiones del país. Los números hablan por sí solos.

¿Cuánto impacta esta falta de ejecución y obras paralizadas en el bienestar de la población? Imagine cuántos niños y ancianos no podrán acceder, por ejemplo, a una buena escuela o a un servicio de salud conveniente. Se trata de trayectorias de vida que empeoran porque no pueden tener la educación o la salud que permite progresar. Y es que la persona que no se puede atender en ese hospital porque no está culminado, probablemente ya no podrá atenderse en otro servicio médico. Para entender mejor el golpe que estas obras paralizadas representan en el bienestar de los más vulnerables, conviene revisar los resultados obtenidos en un estudio de Antonella Bancalari, investigadora visitante de la Universidad de Yale, quien encontró que en el Perú las obras paralizadas de alcantarillado entre el 2005 y el 2015 llevaron a un aumento en la mortalidad infantil. ¡Sí, así como lo lee! Las zanjas abandonadas implicaron frenar el flujo de agua a los hogares, lo que a su vez obligó a las familias a conseguir este recurso de otras fuentes no seguras. Asimismo, estas zanjas anegadas cerca de las viviendas terminaron convirtiéndose en focos de infección de enfermedades y en espacios peligrosos que generaban accidentes infantiles.

Es preciso que, como país, repensemos la manera de proveer servicios públicos de calidad a todos los rincones de la nación. Solo desterrando la baja ejecución de la inversión y las obras paralizadas podremos cumplir las promesas de un mayor bienestar para todos.

*Este artículo fue escrito con el apoyo de María José Dibós.