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Durante su mensaje por el aniversario del país, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que en agosto el destrabe del proyecto agrario Chavimochic III sería una realidad, pero no dio detalles sobre los pasos faltantes para completar este proceso.
“En el caso de Chavimochic, en agosto quedará expedito para continuar sus operaciones paralizadas por años”, dijo el mandatario.
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Lo cierto es que las negociaciones entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Consorcio Chavimochic S.A.C., integrado por Odebrecht Ingeniería y Construcción (OEC) con el 73,5% de la participación, y por Aenza (ex-Graña y Montero), con el 26,5%), recién encontraron humo blanco la semana pasada.
Ultimar detalles
El lunes 1 de agosto, ambas partes sostuvieron una reunión en la que resolvieron las controversias restantes antes de la redacción de la adenda que destrabará las obras paralizadas. Según Edilberto Ñique, gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), el consorcio accedió a retirar la demanda de arbitraje una vez que se apruebe la adenda.
“Ha sido un gran esfuerzo lograr que el concesionario deponga de las exigencias del arbitraje que entorpecían el diálogo. Además, en la adenda se establecieron condiciones para evitar reclamos y posibles arbitrajes a futuro”, afirmó en entrevista con El Comercio.
El Consorcio Chavimochic presentó una solicitud de arbitraje contra el Estado ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en marzo del 2017, aduciendo presuntos incumplimientos del contrato. En abril pasado, el Ejecutivo y el consorcio decidieron posponer la lectura del laudo arbitral mientras se negociaba la aprobación de la adenda. La demanda está valorizada en más de US$124 millones.
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También se resolvió la controversia acerca de cómo se aplicaría el cálculo de la inflación en las inversiones tras más de cinco años y medio de paralización.
“Seis años después, los precios son diferentes, entonces hay un incremento por la inflación. La discrepancia era en la aplicación de la fórmula, pero se llegó a un consenso”, explicó Yuri Armas, gerente de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, gremio que agrupa a empresas exportadoras y agrícolas de La Libertad.
Armas añadió que esta semana la versión final de la adenda sería entregada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación. “[Esta] semana deberían enviarla al MEF y luego debe ir a Contraloría”, indicó.
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Las fuentes consultadas por Día1 señalaron que el acuerdo que tuvieron ambas partes no solamente permitirá que el consorcio encabezado por Odebrecht reanude las obras en la presa de Palo Redondo, sino también las del canal madre. No se habría contemplado que el concesionario siga en la etapa de operación una vez se entreguen las obras.
“Llegaron a un acuerdo para que el Estado para la liberación de las tierras y que el constructor termine la primera y segunda fase de la presa Palo Redondo y del canal madre”, contó Armas.
“En su momento hubo condiciones que ocasionaron la paralización de las obras, pero este es un proyecto integral. Actualmente se ve si se dan las condiciones para que el mismo concesionario sea el que termine de construir ese diseño integral”, agregó Ñique.
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Las obras de Palo Redondo tienen un avance del 70%. Esta es la primera etapa del proyecto y tiene una inversión total de US$356 millones. Una vez culminada esa fase, la segunda es la construcción del canal madre, que trasladará el agua de regadío por 127,76 kilómetros, uniendo los sectores de Moche, Chicama y Urricape. Todavía no se iniciaron los trabajos relacionados al canal, pero estos supondrán una inversión de US$240 millones.
Agregando otros gastos relacionados al proyecto, las obras costarán US$ 715 millones.
Para este informe se buscaron las versiones del Midagri y Odebrecht, pero no se obtuvo respuesta.
Futuro
Según el PECH, las obras de la presa Palo Redondo propiciarán inversiones por más de US$100 millones en los 18 meses posteriores a su reanudación, generando 55 mil puestos de trabajo directos e indirectos.
En total, se proyecta que Chavimochic III pueda generar hasta 150 mil empleos.
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Para Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, los beneficios estarían en riesgo por las normas laborales que el Gobierno aprobó en los últimos meses.
“El Gobierno tiene que hacer mucho más allá del destrabe. Esas tierras tienen que venderse, entonces tiene que atraer a empresas formales. Eso solo se logrará mejorando el clima de inversión y no tomando decisiones como las restricciones a la tercerización o la ley de negociaciones colectivas sin pasar por el Consejo Nacional de Trabajo”, indicó.
“Ese tipo de medidas perjudican el clima de inversión y son integrales al sistema, no solo al sector laboral”, sentenció.
Dato
En 2019, Odebrecht confirmó que hizo dos pagos por casi US$500 mil destinados al proyecto Chavimochic. Estos fueron entregados en marzo y mayo del 2014, meses después de la brasileña junto a Graña y Montero (hoy Aenza) se adjudicaran del proyecto. Las dos empresas se encuentran en un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía por el pago de sobornos para obtener la buena pro en obras públicas.
