(Foto: El Comercio)
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¿Sabía usted que su caserita del mercado, la frutera de la carretilla y cualquiera que manipule alimentos agropecuarios puede ser sancionado por usar maquillaje? Usar maquillaje facial se encuentra prohibido. Si un policía municipal lo verifica, la pueden multar. Así lo disponen varias ordenanzas municipales aprobadas este año, las cuales también reiteran la obligación de contar con un carnet de sanidad por parte de quienes manipulen los alimentos. Dizque para evitar riesgos a la salud de los consumidores.

Hace unas semanas las municipalidades de Pomalca y Ferreñafe, en Lambayeque, prohibieron el maquillaje y establecieron el requisito del carnet de sanidad. Lo anecdótico del hecho es que dicha publicación coincidió con la resolución del Indecopi que declaró con efectos generales la ilegalidad de la exigencia del carnet de sanidad por parte de la Municipalidad de La Perla (Callao), como condición para el ejercicio de cualquier actividad económica. Es la primera vez que Indecopi declara de manera general la ineficacia de una exigencia que constituye una , beneficiando con ello no solo al denunciante, sino a cualquier otro agente ubicado en las mismas circunstancias; antes de ello, su declaración solo beneficiaba al denunciante. Así, mientras algunas autoridades establecen la obligación de contar con un carnet de sanidad como condición para el desarrollo de sus actividades, otra declara que esa misma exigencia constituye una barrera burocrática. Todo en una misma semana.

Uno podría tratar de explicar lo ocurrido en términos de falta de capacidad de las municipalidades o deseo de generar ingresos con trámites o multas. Lo patético del caso es que las municipalidades de Ferreñafe y Pomalca no son culpables. Esta vez a ellas no se les ha ocurrido prohibir el uso del maquillaje facial o exigir un carnet de sanidad. Lo único que han hecho es aprobar una regulación que les ha sido sugerida por el Senasa, del Ministerio de Agricultura, y que constituye una condición para que el MEF les transfiera recursos dentro del marco del programa de incentivos para la mejora de la gestión municipal. ¡Plop!

Resulta que a las municipalidades se les exige el cumplimiento de ciertas metas como condición para acceder a transferencias de recursos por parte del Gobierno Central. Se trata de lograr con la zanahoria lo que no se puede lograr con el garrote. Una de las metas definidas para este año es mejorar la vigilancia sanitaria municipal de la comercialización de los alimentos agropecuarios primarios. Para ello se requiere a las municipalidades aprobar ordenanzas que recojan las obligaciones y sanciones que les han sido sugeridas por Senasa; dentro de ellas, la exigencia del carnet de sanidad y la prohibición del maquillaje.

En vez de exigir a las municipalidades la eliminación de exigencias absurdas e ilegales, esta vez se ha ido –asumimos sin quererlo- en sentido contrario. O se hace algo pronto, o esto se convierte en viral. Una mejor coordinación entre entidades que diseñan las metas y las involucradas en la eliminación de barreras burocráticas podría evitar este tipo de situaciones. Finalmente, parafraseando a Jaime Bedoya: ¡No se metan con mi frutera!

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