AFIN se opone a proyecto legislativo para fijar tarifas tope por reconexión de teléfono, cable e internet

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación y rechazó por el predictamen del proyecto de Ley N° 893-2021/CR, que propone fijar cargos de reconexión tope de los servicios de telefonía móvil, fija, cable e internet, debido a que vulnera la facultad que ejerce el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Según la entidad, la propuesta legislativa pretende imponer un esquema regulatorio de tarifas tope para la reconexión de servicios que, por el contrario, son altamente competitivos y cuyos precios principales no están regulados por encontrarse en plena competencia, como lo ha reconocido Osiptel.

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“Si el servicio principal no está regulado o fijado, no tiene justificación aplicarlo a la reconexión. La regulación de tarifas en una economía social de mercado requiere de un análisis exhaustivo que sustente que dicha intervención resulta legal. Nada de esto ha sucedido y en un acto que viola la autonomía del organismo regulador, este proyecto lo obliga a dictar una regulación tarifaria”, indicó AFIN en un comunicado.

Agregó que llama la atención la falta de defensa de la autonomía institucional del organismo técnico, según lo que se menciona en el citado predictamen, al emitir una opinión de conformidad con la intención que una instancia política fije una regulación tarifaria.

Incluso, señaló que la propuesta, además, colisiona con las tareas pendientes para acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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AFIN también precisó que en reiteradas oportunidades el organismo regulador ha presentado como un éxito la libre competencia existente en diversos segmentos del sector. “Al existir libre competencia, el usuario tiene la libertad de escoger al proveedor que desee, tal como ocurre en la portabilidad numérica, por ejemplo”, dijo.

“Sin institucionalidad regulatoria se perderá todo lo avanzando en el sector y constituirá un nefasto precedente de debilidad institucional e inseguridad jurídica que solo generará desincentivos a la inversión perjudicando a millones de usuarios”, refirió.

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