Una decisión del Congreso ha agitado los mercados de valores internacionales. La Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el parlamentario de la bancada de Podemos Perú José Luna Morales, aprobó el dictamen de su propio proyecto de ley que dispone el retiro del 100% de los fondos de pensiones gestionados por las AFP, para las personas que se encuentren desempleadas desde hace un año.
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Pues de proceder la iniciativa, y considerando que el 73% de los trabajadores laboran en el sector informal, una buena parte de los bonos peruanos podría ser liquidado por las AFP y, con ello, ‘tirar al piso’ los precios.
“Vemos incrementos en las tasas de interés exigidas para los bonos peruanos, que ha coincidido con la aprobación de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la liberación de los fondos de pensiones, elevándose las preocupaciones sobre nuestra economía”, comenta Hugo Perea, economista jefe para el Perú del BBVA Research.
A la vez, hay otro impacto negativo de la decisión del Congreso que va más allá de la postura que podamos tener sobre las AFP, que es el riesgo de que no podamos financiar nuestra vejez o no hacerlo de manera digna.
Ya un trabajo del BID había estimado que en el Perú, en el 2050, como máximo el 19% de los adultos mayores de 65 años accedería a una pensión generada por el ahorro, dejando el 81% restante a una pensión subsidiada, como Pensión 65, que hoy paga S/250 cada dos meses.
Incluso, otro trabajo de la misma entidad estima que, en la situación actual, bajo el supuesto de que los afiliados a un sistema previsional lleguen a aportar de manera regular durante toda su vida laboral, su pensión en el sistema privado sería en promedio el 38% de lo que ganaron en la etapa activa.
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Mientras que en la ONP sería de 63% para el quintil más rico y apenas 9% para el más pobre.
Así, la realidad exige de una reforma de pensiones que aborde los problemas estructurales del sistema, como la cobertura, el monto de las pensiones, la organización industrial de las gestoras de los fondos y la regulación. Pues, según los expertos, normativas como el retiro del 100% de los ahorros solo empeorará la situación.
Hoy, según el INEI, solo el 37% de las personas mayores de 60 años está afiliada a un sistema de pensiones. Por ello, el 58% de este grupo poblacional continúa trabajando.
“La norma del Congreso crea un incentivo perverso a que la gente ya no se esfuerce y diga no hay trabajo y como tengo plata en mi AFP me la llevo, quedándose sin ningún respaldo para la vejez”, comenta Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.
“La norma es totalmente contraproducente y populista y no permite un análisis serio”, agrega.
INSTITUCIONALIDAD
Todos los especialistas consultados coinciden en la necesidad de una reforma, pero para ello se requiere de la institucionalidad de las autoridades que asuman la responsabilidad de hacerla.
Esto, porque el Pleno del Congreso aprobó con 125 votos a favor, cero en contra y solo una abstención, la moción de crear una comisión especial multipartidaria encargada de proponer un proyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional peruano.
Pese a este acuerdo formal en el Congreso, la Comisión de Defensa del Consumidor busca legislar en materia previsional con varios conflictos de interés.
Y es que el congresista Luna, autor del proyecto del retiro del 100% de los fondos, es el presidente de la referida comisión. Además, varias empresas vinculadas a los parlamentarios de esta comisión tienen deudas con el sistema privado de pensiones al haber retenido los aportes de sus trabajadores y no haberlos aportado a la AFP.
Por ejemplo, las empresas vinculadas al congresista Luna como Telesup, la Sociedad de Telemática, Ciencias y Tecnología Asociados, Intur Perú, Universidad de Ciencias de la Salud y la Escuela Internacional de Posgrado tienen una deuda previsional de más de S/820 mil al 31 de julio de este año.
Sin embargo, no hay una propuesta legislativa proveniente de los padres de la patria para agilizar los pagos. El congresista Luna ha reconocido en RPP dicha deuda y ha indicado que el pago se ha realizado en mayo. Sin embargo, de acuerdo con AFP Net, gestionado por las AFP, la deuda persiste.
El Comercio buscó al congresista Luna para consultarle sobre el cumplimiento del pago, pero no atendió a nuestro llamado.
MONTO DE LA PENSIÓN
A decir de los especialistas, un punto a tratar de una reforma son los factores asociados a mejorar las pensiones. Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP de la SBS, afirma que justamente uno de los problemas de las bajas pensiones es la deuda previsional que mantienen tanto las entidades privadas como públicas con los trabajadores.
Otro problema tiene que ver con la frecuencia en que los afiliados hacen sus aportes. De acuerdo con Sánchez, solo cuatro de cada 10 afiliados aporta para su jubilación en forma regular. Lo que sugiere de medidas para fomentar el ahorro.
En este punto, hay varias propuestas en la Comisión de Reforma del Congreso y destaca la de multipilares. Es decir, un pilar cero, a cargo de Pensión 65 para las personas mayores de 65 años en condición de pobreza y un capital semilla para garantizar cuando menos una pensión similar a la de los pobres.
Un pilar uno y dos, en el que transita el sistema de reparto a uno de capitalización individual y que garantice una pensión mínima y por último, un pilar que fomente el ahorro voluntario de los independientes.
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Otro aspecto de la reforma es revisar la organización industrial de las AFP.
El exministro de Economía, David Tuesta, señala que la industria de AFP es un sistema oligopólico creado por el Estado, que requiere de medidas similares a mercados como el de telecomunicaciones para reducir los precios. También, Castellanos indica que se requiere abrir la gestión de fondos a más jugadores como AFP extranjeras.
Aldo Ferrini, gerente general AFP Integra, sostiene que para que ingresen más jugadores al sistema se requiere predictibilidad de las normas. En los últimos cinco años, el sistema privado de pensiones ha sido sujeto de leyes que han generado el retiro de casi S/50.000 millones. Con ello, se requiere de una reforma seria que aborde todos los problemas estructurales del sistema.
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