Agricultura amazónica con problemas para exportar sus productos a Europa. ¿qué obstáculos y desafíos enfrenta el sector?

La norma europea contempla a productos ganaderos, el cacao, café, aceite de palma, la soja, madera, caucho, carbón vegetal, productos de papel impreso y otros que han sido elaborados con los insumos antes mencionados.

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Asimismo, establece que los exportadores deberán emitir una declaración de diligencia debida para confirmar que el producto no proviene de zonas deforestadas o que provocaron la degradación forestal después de la fecha antes mencionada.

¿Por qué se puede ver perjudicado el agro amazónico? Esto se debe a las limitaciones que tiene la actual legislación nacional para la formalización de los suelos de producción, señalaron los exministros de Agricultura Juan Manuel Benites y Milton Von Hesse.

“La legislación nacional tiene una serie de limitaciones que impiden que los pequeños cafetaleros, cacaoteros o palmeros puedan demostrar que su producción viene de un suelo que ha sido desforestado con anterioridad, porque el procedimiento de cambio de uso de suelos es tan empalagoso, tan rígido, que manda a hacer tantas cosas que a un agricultor que maneja una o dos hectáreas de cacao o dos hectáreas de café, le es imposible pasar por toda la tramitología que demanda ese procedimiento”, indicó Von Hesse.

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A su vez, Benites sostuvo que en la formalización que deberán realizar los agricultores de la selva se incluirán estudios de tierra para demostrar qué áreas son para la agricultura, a costo de ellos.

“Tienen que haber formalidad en el sentido de propiedad, formalidad ambiental. El reglamento de gestión ambiental que se trabaja en el sector agrario va a exigir a los agricultores que entreguen sus certificaciones de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. ¿Qué significa eso? Que hagan estudios de suelos a su costo [del productor agrario] y que demuestren que el suelo donde están es agrícola”, explicó.

Justamente, la Amazonía peruana tiene casi dos millones de hectáreas donde está asentada la agricultura y los pequeños y medianos productores agrarios trabajan el 97% de esta cantidad, indicó Benites.

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Además, tanto Benites y Von Hesse señalaron que aproximadamente entre el 50% y 60% de las exportaciones agrarias de la selva tienen como destino Europa.

Justamente en esta situación, en el Congreso existe un proyecto para modificar la Ley Forestal y aprobar disposiciones con el fin de promover la zonificación forestal. Y es que, en su primera disposición complementaria transitoria, se plantea suspender la zonificación forestal para otorgar los títulos habilitantes.

Además, en su única disposición complementaria final, se señala que los predios privados con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidos previamente a la vigencia de la futura ley serán considerados como áreas de exclusión con fines agropecuarios y exceptuados de realizar la correspondiente clasificación de tierras por capacidad de uso mayor. Esto último es un sistema técnico-interpretativo para asignar a las unidades de tierra su uso y su manejo más apropiado, según su reglamento, y se compone por el levantamiento de suelos y de cobertura vegetal, en referencia a los bosques.

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Benites consideró que este reglamento fue elaborado en décadas pasadas, cuando actualmente la agricultura se puede realizar en diversidad de suelos.

Si bien este proyecto fue rechazado el 23 de marzo por el Pleno del Congreso, los parlamentarios Elvis Vergara (Acción Popular) y Nilza Chacón (Fuerza Popular) solicitaron la reconsideración del voto por esta iniciativa. Aún sigue pendiente su votación desde entonces.

Justamente, pese a que se desmarcan de este proyecto legislativo, los exministros sostiene que esta propuesta busca darle una salida legal a los productores agrícolas comprendidos en la zona amazónica.

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Por su parte, Iris Olivera, líder del proyecto de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), sostuvo que el dictamen de ley del Congreso podrían ocasionar que haya impunidad o condonación en las actividades que generan deforestación, incluso en agroindustriales que no cumplan con los instrumentos de protección ambiental.

Apuntó a que la iniciativa, además de proponer la suspensión de la zonificación forestal, también estipula que los predios privados con títulos privados o constancia de posesión serán considerados como áreas de exclusión con fines agropecuarios, donde no se realizarían clasificaciones de tierras por capacidad de uso mayor, para determinar si deben de ser tratadas como zonas forestales o agrícolas.

A ello, Benites apuntó a que, fuera de la actual propuesta que hay en el Legislativo, el Estado debe definir una línea respecto al tema y trazar un año base con el que se sancionen, desde esa fecha, las titulaciones en zonas deforestadas, sin castigar a las actividades agrarias actuales.

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“Si lo que queremos es prohibir eso, como Estado digámoslo, así como lo ha hecho la Unión Europea. Tracemos el año y de aquí para adelante ya no se puede titular, ya no se debe deforestar, pero la agricultura que ya está en este momento produciendo debería formalizarse y permitirse que se den títulos de propiedad. Debería permitirse que tengan certificaciones ambientales para que no tengan ningún problema en sus exportaciones y puedan seguir trabajando y sobre todo teniendo el sustento de vida”, expresó.

Y es que el exministro sostuvo que la actual normativa forestal no ha detenido totalmente la deforestación, por lo que se debe partir de una realidad.

“La Ley forestal ha cumplido 12 años. En ese tiempo se han perdido 1,8 millones de hectáreas con la ley actual. Por lo tanto, no ha resuelto nada. Celebrar que no se va a cambiar la norma lo único que va a hacer es que siga con la tendencia, que son 170.000 hectáreas por año que se pierden”, añadió.

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Von Hesse coincide en validar una realidad en la Amazonía, donde hay peruanos dedicados a la producción de cultivos en la selva. “Lo que hay que hacer no es ir y penalizarlos, sino más bien trazar una línea con las bases catastrales. Tenemos en el Perú un satélite y tenemos además en el Serfor las bases fotográficas de cómo está la selva”, expresó.

En ese sentido, apuntó a que el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Serfor pueden identificar las áreas ya deforestadas y con ello trabajar con los agricultores para que certifiquen que la deforestación de sus tierras sucedieron previamente a la fecha a delimitar.

Por su lado, Olivera apuntó a que actualmente existen mecanismos que permiten las actividades agrarias en la zona de la selva, como es el incentivo para realizar agricultura familiar y a la vez el mantenimiento de bosques naturales. Esto, mencionó, se contempla en el artículo 123 del reglamento para la gestión forestal de la Ley Forestal, que señala que, en el proceso de formalización de predios rurales, se considera al mantenimiento de bosques como una forma para acreditar la explotación económica del predio.

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Esta normativa, sostuvo, podría ser aprovechada por las direcciones regionales agrarias, adscritos a los gobiernos regionales, para el proceso de titulación.

Asimismo, señaló que, previo a la existencia de la Ley Forestal, se aplicaba una opción similar como lo son los sistemas agroforestales, donde se mantenían los bosques y se realizaban actividades económicas relacionadas con el cultivo del café, el cacao, entre otros. Sostuvo que esto se puede realizar para los agricultores que están en áreas no aptas para la agricultura.

La especialista también consideró que otra alternativa, a nivel de ordenamiento, es la zonificación forestal, con la que se puede tener un corte de tiempo sobre el uso de tierras forestales e identificar las actividades que se realizaron en el lugar. Con esta vía, sostuvo, se pueden identificar a las personas que están en las zonas deforestadas y sus ubicaciones para atender la formalización de sus predios como parte de un problema social.