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El nuevo directorio de Petro-Perú tuvo su primer careo con la prensa el día de ayer, presentando cifras de espanto, que dan cuenta de “cómo la empresa va de más a menos”.
Así lo manifestó el presidente de la petrolera estatal, Alejandro Narváez, tras puntualizar que las pérdidas del 2023 fueron de US$1.064 millones y las de enero a setiembre del 2024 llegaron a US$745 millones.
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Peor aún, refirió que “las proyecciones de la administración anterior” sugerían una pérdida de US$960 millones para el cierre del 2024, lo cual significa que “la empresa está casi quebrada, pero todavía no lo está, por bendición de Dios”.
A su entender, Petro-Perú se encuentra en “una situación de cuasi insolvencia”, la cual es “la antesala de una posible quiebra”.
En esa línea, se comprometió a trabajar para que la petrolera estatal vuelva a obtener cifras en azul y consiga incrementar su participación en el mercado local de combustibles, de 24% (la más baja de su historia) a 40% o 50%.
Esto, si le “dan un poquito de tiempo” y no sufre “este acoso de maltratos permanentes y ninguneos” que viene recibiendo inmerecida e injustificadamente, por parte de la prensa y los gremios empresariales.
“Los gremios empresariales no son quienes ponen a los directores y a los gerentes de Petro-Perú. Eso lo hacen los accionistas de la empresa, que son el actual Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas”, manifestó.
Tal, en respuesta a un comunicado de la Unión de Gremios, donde estos manifiestan su profunda preocupación por “las desacertadas decisiones en el nombramiento de personas, con un criterio eminentemente político” en Petro-Perú.
Auditoría forense
Por el contrario, Narváez aseguró que cuenta con la confianza de la Junta General de Accionistas de la estatal, porque no ha venido a estatalizarla sino a defender su supervivencia.
En ese sentido, aseveró que su directorio se abocará a identificar a los funcionarios que han conducido a Petro-Perú a su actual crisis, porque “todo esto es obra humana (…) así que, alguien tendrá que responder por ello”, dijo.
A ese fin, precisó que su directorio encargará una auditoria forense detectiva, con la participación activa de la Contraloría, la cual “aflorará los nombres de quienes asumieron la dirección de la empresa en los últimos años”.
Especialistas consultados sobre el particular advirtieron, sin embargo, que esa auditoría no se llegará a realizar con el directorio y gerencia actuales de Petro-Perú, porque entre sus miembros hay co-responsables de la problemática que atraviesa la empresa.
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“Lo que pasa es que aquí hay gatos en el despensero, porque las mismas personas que han ocasionado la crisis de la estatal, siguen plantadas en la empresa, especialmente, los funcionarios y directivos que están vinculado con el sindicato”, apunta Arturo Vásquez, investigador de Gerens y ex viceministro de Energía.
Es el caso, refiere Vásquez, del gerente general encargado de Petro-Perú, Óscar Vera, del director representante de los trabajadores, Antonio Manosalva, y de muchos gerentes que hoy ostentan cargos de responsabilidad.
“Además, la auditoría forense no está incluida en el último Decreto de Urgencia (que implementa medidas para sanear a Petro-Perú), así es que esa auditoría jamás se va a hacer porque no pueden obligarlos a realizarla” añade Vásquez.
Plan de acción
En su presentación ante la prensa, Narváez se comprometió a incrementar el market share de Petro-Perú en el mercado de combustibles, de 25% a 38%, en los próximos doce meses.
“Con esa cuota podemos cerrar este año con una pérdida de US$800 millones y para el 2025 podemos llegar a una ganancia neta, en azul, de US$200 millones”, manifestó el funcionario.
Para ello, planteó un plan de cerca de 20 puntos, el cual considera la creación de un equipo de trabajo para reducir y optimizar costos, la transformación de la gerencia de comercialización y la realización de “importaciones eficientes de crudo y combustibles al menor costo del mercado internacional”.
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Y también la participación de la estatal en más lotes petroleros, incluyendo la perennización de sus operaciones en los lotes I, VI y Z-69, que Perú-Petro proyecta licitar a inicios del 2025.
A entender de César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, esta pretensión terminaría costando el puesto al presidente de Perú-Petro, José Mantilla, pues se sabe que este funcionario no estaría dispuesto a detener la licitación programada para febrero del próximo año.
Finalmente, Narváez señaló que su directorio contempla no seguir adelante con la mudanza del personal administrativo hacia la ciudad de Talara, y tampoco con la venta del emblemático edificio de San Isidro.
Medidas urgentes
Plan de acción 2024-2025
Petro-Perú busca desarrollar un proyecto integral de seguridad energética para el país. Para ello busca reafirmar su presencia en los lotes I, VI y Z-69, ya sea en forma directa o como operador.
Busca retener en su poder el Oleoducto Norperuano (ONP) y negociar con los productores de crudo de Loreto para que no lleven su producción en barcazas por el Amazonas hasta Brasil. Impondrá una “tarifa justa” para cubrir los costos fijos del ONP.
En el marco del D.U 013-2024, contratará “en el más breve plazo” a una firma de prestigio internacional para que implemente un proceso de transformación de Petroperú con el objetivo de reestructurarlo financieramente.
Realizará un manejo técnico del precio de los combustibles, siguiendo la tendencia del precio de paridad de importación de Osinergmin. Así, eliminará las distorsiones de precios que han originado que el Perú tenga el precio más caro de los combustibles de la región.
