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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepublicó el sábado pasado el proyecto de reglamento de protección ambiental para las actividades de exploración minera. Se hizo esperar la normativa, cuya elaboración fue anunciada por el titular del sector, Gonzalo Tamayo, en febrero pasado, tras regresar del PDAC –la feria más importante de los exploradores–. El Niño costero reordenó las prioridades. Follow@EconomiaECpe
La propuesta legal es parte de la estrategia del Gobierno para revertir la contracción sostenida de inversión en minería y será presentada al detalle hoy a la comunidad minera por el Minem en la feria ProExplo2017. Sin embargo, El Comercio recogió las opiniones de diversos actores del sector sobre la iniciativa.
Los empresarios saludan con entusiasmo un cambio esencial en el reglamento propuesto respecto al vigente: la definición de plazos para la obtención de la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA) y el estudio de impacto ambiental semidetallado (EIAS). Para el primero, exigido para operaciones de categoría I (con hasta 40 plataformas) se fija un tope de 60 días, mientras que para el segundo (de más de 40 plataformas), el límite será de 90 días.
“Son plazos muy dinámicos. Van a favorecer, porque antes no se sabía cuándo salía el permiso”, señaló Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas.
El consultor Eugenio Ferrari destacó la decisión del Gobierno de reducir en ese sentido la ‘permisología’ mediante la ejecución de trámites paralelos. “Los inversores no pueden esperar mucho tiempo”, sostuvo. De acuerdo con el experto, las demoras ahuyentan a los inversionistas hacia otros negocios, pues un proyecto de exploración dura como máximo cinco años.
La iniciativa también potencia la digitalización de los trámites en exploración, lo que aportaría rapidez en el diálogo multiministerial sobre los expedientes y mayor transparencia en la gestión gubernamental.
Así, en opinión de Ferrari los costos para los exploradores podrían reducirse por dos frentes: pagos de derechos de vigencia (US$3/ha) ajustados a la efectiva ejecución de la actividad exploratoria; y gastos eficientes en personal ocupado.
LOS PENDIENTES
Pero la definición de plazos para las certificaciones es insuficiente para Bruno Medrano, geólogo de proyectos de la compañía júnior de capitales canadienses Pembrook Cooper.
Según el proyecto, la obtención de las certificaciones no autoriza el inicio de actividades, un proceso sujeto a la realización de consulta previa por parte del Estado, explicó Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad de Minería Petróleo y Energía. “Ahí es donde estamos estacados”, opinó.
A juicio del abogado Sergio Salinas, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, la medida debe ir atada a “una estrategia más integral” de manejo de los conflictos sociales.
En esa línea, resalta la creación del Fondo de Adelanto Social (FAS), que permita invertir en zonas de influencia minera de forma previa al desarrollo de proyectos. Con la misma finalidad, cabría impulsar el mecanismo de obras por impuestos, dice Salinas.
Para la reactivación de la inversión en el sector, se podría introducir asimismo beneficios tributarios, como la devolución del IGV, una opción que baraja el Gobierno. Eugenio Ferrari sostiene que esta medida anima siempre que el reintegro sea a corto plazo.
En todo caso, las medidas en pro de la exploración minera caen en un momento oportuno: el aumento del precio de los metales frente a lo observado a inicios del año pasado genera expectativas de que la inversión en exploración se reactive luego de cuatro años a la baja. De hecho, los nuevos ánimos ya vendrían manifestándose en un incremento –aún tímido– de la demanda por equipos y maquinaria.
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