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La minería en el Perú está siendo afectada por conflictos sociales que, al no ser atendidos, devienen en la paralización de las labores de extracción de las empresas mineras. Tal es el caso de Antamina, que anunció la suspensión de sus operaciones en Ancash frente a las protestas de la comunidad de Aquia.
Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, señaló que el impacto de la paralización será significativo, ya que representa cerca del 25% de la producción nacional de cobre y de zinc. “Más allá del impacto a la economía, preocupa que esto pueda extenderse al resto del sector minero, que representa el 14% del PBI y, hoy, buena parte de los ingresos tributarios”, anotó.
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El presidente y gerente general de Antamina, Víctor Gobitz, indicó que los puestos de trabajo de 10 mil personas están en suspenso en su empresa y que se pone en riesgo 100 mil puestos de trabajo en todo el corredor minero de la zona. Ante ello, el gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, Ricardo Carrión, subrayó que también estarían paralizados los empleos indirectos a la actividad minera en ese corredor.
“Hablamos de una de las operaciones mineras más importantes con un sistema de proveedores gigante. Es toda una cadena de eventos que no solo abarca los empleos directos de la compañía, sino todo lo que ocurre alrededor y como economía en todo el país”, manifestó.
Carrión expresó que se vienen manejando cifras de pérdidas de entre US$ 14 millones a US$ 16 millones por día. Además, agregó, se estaría parando una operación que afecta el 50% del PBI de Ancash.
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“También nos podría afectar negativamente por el lado de las exportaciones. Recordemos que ahora el precio del cobre se encuentra en récord histórico y podríamos dejar de percibir casi el 2% de todo el PBI del país. Además, el mensaje es pésimo para la comunidad internacional, para los inversionistas y para el mercado local”, añadió el experto en inversiones mineras de Kallpa SAB.
En los que respecta a las transferencias de recursos mineros en lo que va del año, según cifras presentadas por el Ministerio de Energía y Minas de enero a setiembre del presente año, los recursos generados y distribuidos por esta actividad –canon, regalías y derecho, vigencia y penalidad– ascendieron a S/ 5.031 millones y Ancash se mantuvo en primera posición con S/ 1.223 millones a setiembre del 2021, lo que representa un 24,3% del total.
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La minería en el Perú está siendo afectada por conflictos sociales que, al no ser atendidos, devienen en la paralización de las labores de extracción de las empresas mineras.
Conflictos mineros
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo emitió un reporte donde da cuenta de 198 conflictos sociales al mes de setiembre del 2021.
Entre los conflictos latentes figuran varios vinculados a la minería como el de Huancavelica, donde pobladores de San Pedro de Ocabamba, Ayamarca y Tibillo protestan contra la minera Antapite; Apurímac, con bloqueos en el corredor vial e ingresos y salidas contra MMG Las Bambas; Junín, en el que pobladores de Chala Alta reclaman presunta contaminación a la Empresa Minera de Mármol S.A.; Cusco, donde se inició un paro indefinido en Chumbivilcas contra la minera Hudbay; y Ayacucho, en que se desató un incendio en el campamento de la minera de Apumayo a raíz de un paro antiminero indefinido por manifestantes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.
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David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, aseguró que la población no está dirigiendo sus reclamos a quien realmente debería, que es al Gobierno Regional, institución que no ha sabido ejecutar los recursos de sus arcas fiscales, en alusión a lo recibido por canon y regalías durante el presente año.
Así también, afirmó que, en los últimos cinco años, tomando en cuenta los conflictos sociales en el sector, se ha terminado perdiendo un año de volumen de producción.
“Los volúmenes de producción de principales minerales, como el cobre, han disminuido de manera constante. Hoy deberíamos tener un 15% más de producción, pero tienes los precios duplicados y parece que todo está yendo de maravilla”, anotó.
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Para Tuesta, el país está viviendo una ilusión por el efecto del precio, que es temporal, y se ha dejado de lado el problema de fondo, que es atender los conflictos sociales con espacios de diálogo, perdiendo competitividad como consecuencia de un escenario político complejo.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) manifestaron su rechazo e hicieron un llamado al Gobierno frente a la ola de violencia que afectan las operaciones mineras y de hidrocarburos en diferentes regiones del país.
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