Aprueban dictamen que propone la ley marco de comercialización de criptoactivos, ¿de qué trata la propuesta?

Con 10 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen de ley marco para la comercialización de criptoactivos, presentado por el congresista Elían Ávalos de la bancada de Podemos Perú. La iniciativa busca establecer los lineamientos para la operación y funcionamiento de las empresas de servicio de uso e intercambio de criptoactivos a través de plataformas tecnológicas.

En su sustentación, la comisión estimó que la falta de regulación en este mercado ha permitido que se utilicen las criptomonedas para actividades ilegales y puede hacer que los consumidores sean vulnerables a fraudes y estafas pues no hay una autoridad que supervise las transacciones y proteja a los usuarios.

Para el abogado especialista en regulación digital, Óscar Montezuma, este dictamen tiene un problema de fondo y es que no se ha sido discutido a profundidad y ha sido aprobado sin contar con la opinión de la industria de criptoactivos.

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A su entender, esto puede tener un impacto irreversible en la innovación y el fomento de esta industria en nuestro país pues es una regulación que no tiene la opinión del equipo técnico necesario y que no haya sido consensuada con los actores técnicos del mercado, por lo que consideró importante que el debate se amplíe.

Así también, consideró que hay otros actores del Estado que no han sido convocados y cuya opinión no se ha tomado en cuenta, como la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que es el ente rector en materia digital y un actor relevante. Asimismo, del Ministerio de Justicia, cuya Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales debe tener opinión sobre esta norma.

Si bien aparece como convocada la Cámara de Comercio de Lima, anotó que no está la opinión de la Asociación Fintech Perú ni la Asociación Blockchain Perú, que reúnen a las Fintech más importantes y a los principales especialistas dentro de la industria, respectivamente.

“Una norma así no puede ser aprobada de manera tan rápida. Es un tema bastante crítico y en otros países ha tomado meses de debate. Acá el proyecto ha estado dormido, no se ha discutido mucho y de pronto apareció en la comisión y se ha aprobado en el cierre de la legislatura. No tiene el análisis profundo que debería”, puntualizó.

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El dictamen fue aprobado pese a las opiniones desfavorables emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones (SBS).

Así, el MEF considera que por el momento no existe una necesidad imperante de desarrollar este mercado, así como que este proyecto no busca afrontar los problemas identificados en este mercado, como la fuerte volatilidad de su valor, el uso como dinero digital y la problemática del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

De igual manera, señalaron que no cuenta con un enfoque claro sobre la gestión de riesgos inherentes a la actividad, por lo que se podrían suscitar una serie de hechos que conlleven a la inestabilidad financiera, manipulación del mercado y a los fraudes financieros y que esta problemática no ha sido resuelta incluso en mercados desarrollados.

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Por su parte, el BCR se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta de atribuirle una función reglamentaria en la materia y tampoco de presidir la Comisión Multisectorial para la elaboración del Reglamento del Proyecto de Ley.

El ente precisó que las criptomonedas tampoco constituyen activos financieros a través de los cuales se transmite la política monetaria y se da cumplimiento a la finalidad y funciones constitucionales del BCR.

Finalmente, la SBS emitió su opinión no favorable, no obstante consideró importante avanzar en el análisis de estas actividades y sus implicancias. Consideró que, por su naturaleza y funciones, no es ni puede ser competente sobre las empresas que no pertenecen al sistema financiero pues su función como supervisor del sistema financiero consiste en cautelar la solvencia de las entidades que captan y resguardan los ahorros del público.