El 30 de junio pasado se firmó el acta de convenio colectivo centralizado estatal para el periodo 2022-2023. Este implementa una serie de incrementos salariales para trabajadores del sector público, que comenzarán a cobrarse desde el próximo año. El acuerdo fue producto de una negociación colectiva y tiene rango de ley.
El documento fue firmado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Asociación de Municipalidades del Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como otras carteras. También firmaron la misiva diversos representantes de sindicatos del Estado.
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Según el acuerdo, los empleados administrativos contratados a través del Decreto Legislativo N°276 recibirán un aumento de S/130,80 mensuales. Así, el Monto Único Consolidado para este grupo oscilará entre los S/727 y los S/937. Alrededor de 205.000 trabajadores se verán beneficiados con esta medida.
Por otro lado, el personal que se encuentre bajo el decreto de ley N°278, la ley CAS, la ley Servir, los que se encuentran en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los diplomáticos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local también recibirán incrementos salariales mensuales desde el 2023. Estos van entre los S/51,11 y los S/64,19. En este caso habrá más de 387.000 empleados beneficiados.
Estos aumentos son permanentes, según el acta. La PCM estimó que este gasto costará S/514 millones.
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Asimismo, el acuerdo establece el otorgamiento de un bono excepcional para todos estos trabajadores ascendente a los S/550. Este será entregado en diciembre del 2022 y le costará al Estado S/316 millones. Para el periodo 2022-2023 estos acuerdos costarán S/830 millones.
El documento enfatiza en que el convenio colectivo aplica para todos los trabajadores estatales de los tres niveles de Gobierno, exceptuando a los de las carreras especiales del sector Salud y Educación.
Medida positiva
Según Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, no se aprobaba una negociación colectiva a nivel del Ejecutivo desde 1990, pero es la primera que incluye directamente términos económicos. Agrega que servirá para mitigar algunos reclamos sindicales.
“Por primera vez hay un aumento de sueldo debido a la presión general y las huelgas. Si comparas este aumento a través de los años, siguen estando debajo del promedio frente al sector privado. Es un aumento razonable”, resalta.
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Asimismo, de acuerdo al análisis de la medida realizado por la PCM, la inversión que realizará el Estado está dentro de su espacio fiscal. “Lo que tenemos es que para cerrar este convenio colectivo se ha analizado el presupuesto disponible y vemos que sí se han respetado los parámetros que se establecieron para negociar. Han considerado la carga presupuestal para pactar acuerdos económicos”, explica Shirley Quino, asociada del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez.
Quino añade que estos incrementos son permanentes, pero que aún hay espacio para negociar otras cláusulas en los próximos años. “El incremento es aplicable desde el 2023, pero ya en ese año se puede volver a negociar y ahí se determinará si corresponderá alguna corrección o incremento adicional a los sueldos”, señala.
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Por otro lado, la exclusión de los trabajadores de Salud y Educación propiciará que sus propios sindicatos de estos busquen la aprobación de una negociación colectiva para también obtener mejoras salariales.
“Lo que se avecina ahora son las negociaciones sectoriales. Educación, Salud. También las negociaciones descentralizadas, ya no por un aumento de sueldo, sino en situaciones particulares y beneficios complementarios en Gobiernos Regionales, Municipalidades y otros sectores”, explica Toyama.