El Gobierno propuso la creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura: ¿Es positiva esa decisión?

Esta propuesta, anunciada por la presidenta Dina Boluarte el 13 de marzo, tiene como objetivo la ejecución de obras emblemáticas, la prevención y control de cuencas, lo que incluye el mejoramiento de la cuenca del Río Rímac. Ello también fue mencionado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, el 1 de abril, cuando se refirió al desarrollo de infraestructura enfocada en la prevención de desastres.

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Según los especialistas consultados para este informe, la propuesta del Ejecutivo es positiva. Así, la Asociación del Fomento para la Infraestructura Nacional (AFIN), por ejemplo, indicó a El Comercio que la iniciativa es una “buena oportunidad” para cambiar la forma en la que se construye la infraestructura en el país.

Por su lado, Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, apuntó a que con la coyuntura actual se ha generado un momento ideal para la creación de esta nueva autoridad. “El ‘timing’ político es bueno para esta propuesta, que deberá de revisar, debatir y votar el Congreso”, resaltó.

¿Un nuevo ministerio?

Camilo Carrillo, director ejecutivo de Infraestructura de EY, también se mostró a favor de la propuesta. Agregó que, de ser aprobada, se estaría creando “una suerte de Ministerio de Obras Públicas”, pues se le otorgaría a esta nueva entidad dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), un pliego presupuestal propio.

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“Va a permitirle utilizar las mejores herramientas existentes, que son las que hoy utiliza la ARCC, para poder ejecutar obras públicas a nivel nacional y no solamente como hacía la ARCC [en el norte del país]”, añadió.

En la misma línea que Carillo, Cárdenas consideró que la propuesta pudo ser más ambiciosa: un proyecto de creación de un Ministerio de Infraestructura. No obstante, precisó que para ello se tienen que separar competencias y los distintos proyectos que existen en varios sectores.

Características

Según la propuesta del Poder Ejecutivo, la ANIN ejecuta, mantiene proyectos o programas de inversión relacionados a transportes, salud, educación, vivienda y desarrollo urbano, saneamiento, agropecuaria, orden público y seguridad, y ambiente.

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La formulación y ejecución de estos proyectos se realizará en coordinación con los tres niveles del gobierno. Además, el mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y/o mobiliario de los proyectos será por un periodo de hasta cuatro años.

En cuanto a su estructura, el Consejo Directivo de la entidad estará presidido por el titular de la PCM. El jefe de la autoridad será el secretario técnico, y los demás miembros serán los titulares del MEF, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Educación.

La jefatura, designada por resolución suprema refrendada por la PCM, se ejercerá por un periodo de cuatro años.

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Además, para la selección de proyectos emblemáticos, se propone que estos sean proyectos comprendidos en el Plan Nacional de Infraestructura o tengan montos de inversión de al menos S/200 millones; y, para programas de inversión estratégicos, se plantea que estos tengan los criterios de alta complejidad, estén vinculados a la gestión de desastres, a la adaptación al cambio climático, y estén ubicados en zonas con alto impacto económico y/o social.

Pros, observaciones y retos

Tanto Carrillo como Cárdenas resaltaron que esta nueva autoridad podrá ejecutar distintos tipos de contratos colaborativos, como los ‘new engineering contract’ (contrato NEC), los contratos ‘International Federation Consulting Engineers (FIDIC), entre otros. Además, la ANIN tendrá facilidades de habilitación urbana y edificación automática, así como la simplificación de permisos ambientales.

“Es decir, toda la tramitología que acompaña la obra, eso lo va a tener [la autoridad], pero de manera simplificada y ágil, lo que le da no solo las herramientas contractuales, sino también las herramientas para llegar al terreno y poder ejecutar, cumpliendo rápidamente todos los permisos, que a veces son los que retrasan la ejecución de las obras”, explicó Carrillo.

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Otro aspecto positivo, dijo Carrillo, es la promoción de la modalidad de acuerdos de gobierno a gobierno (G2G). No obstante, sobre este punto, AFIN expresó su preocupación, pues considera que la nueva autoridad debería adoptar también las Asociaciones Público Privadas como mecanismos de inversión. Además, el gremio sostuvo que el proyecto de ley no define la cartera de obras a encargar, y sostiene que a esta nueva entidad no se le entregaría la planificación de los proyectos. “Lo ideal es que esta institución sea un ‘Project Management Office’ (PMO) y no un organismo público descentralizado (OPD) más, con una estructura administrativa que finalmente trabará los proyectos”, acotó AFIN.

A su turno, Carrillo remarcó a que se necesitan profesionales capacitados que puedan usar las herramientas para la ejecución de los proyectos. Asimismo, indicó que es clave que la Contraloría “pueda aprender a hacer un acompañamiento” en el proceso de ejecución de las obras, para conocer cómo se realizan los proyectos bajo los tipos de contratos mencionados, y no determinen como “hallazgos” a aspectos naturales en los procesos.

Por otro lado, entre los retos que deberá enfrentar la Autoridad Nacional de Infraestructura, dijo Cárdenas, estará el evitar que la PCM se vuelva una traba para la gestión de la labor de la futura entidad, su relacionamiento con los ministerios, el funcionamiento de la ANIN con Proinversión, y que no demore el proceso de absorción de la ARCC.