Avanza País plantea limitar monto de gasto corriente de gobiernos regionales y locales: ¿Es viable esta propuesta?

De acuerdo con la propuesta de Alejandro Cavero y Norma Yarrow de la bancada de Avanza País, se busca que los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales hagan este pedido de evaluación ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se deben considerar los servicios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, pistas y veredas, y accesos a servicios educativos y de salud.

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Tras ello, se determinará la categoría en la que se encuentra el gobierno subnacional en cuanto a acceso a servicios básicos: de al menos 70% de acceso será la categoría 1, de 40% a 69% será la categoría 2 y de menos de 40% será la categoría 3. Las evaluaciones del MEF se realizarán cada dos años, agrega el documento.

Con esa revisión, se establecerá el límite del gasto corriente del presupuesto institucional modificado según la categoría: el primer grupo, podrá utilizar hasta un 80% de su presupuesto; el segundo grupo, hasta el 60%; el tercer grupo y para aquellos gobiernos que no tengan calificación, podrá usar su presupuesto para gasto corriente hasta el 40%.

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La reglamentación de la normativa -en caso sea promulgada- debe ser elaborada por el MEF en un plazo de 30 días desde que entra en vigencia.

Como señaló Cavero a través de su cuenta de Twitter este martes, el objetivo es que el gasto principal sea el de inversión, implementando proyectos de infraestructura en vez de destinar el dinero público a gasto corriente.

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Observaciones

Al respecto, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, consideró que la propuesta podría ser redundante y sobreregular en la materia, explicando que la regla fiscal ya indica una limitación en el crecimiento del gasto corriente en general, “que no puede exceder al crecimiento del Producto Bruto Interno de los último 15 años en promedio”.

Precisó que el gasto corriente considera equipamientos de postas médicas o establecimientos educativos.

Además, sostuvo que se tienen que revisar otros tipos de mecanismos, como focalizar qué aspectos se han elevado, mencionando el caso de los contratos por locación de servicios.

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"Lo que debería hacerse es acelerar la implementación de la ley Servir para depender menos de los locadores de servicios"

“Ahí sí hay un tema serio [en contratos por locación de servicios], porque ese ha sido el rubro que se ha descontrolado y este rubro de locación por servicios no involucra ni un mínimo concurso, como puede ser el CAS. Lo que debería hacerse es acelerar la implementación de la ley Servir para depender menos de los locadores de servicios. Los locadores de servicios [deben] limitarse en los tres niveles de gobierno, pero el tema es más pronunciado en los gobiernos locales”, expresó.

Justamente, los montos destinados a contratación por locación de servicios en el presupuesto institucional de apertura (PIA) crece de S/1.239′558.732 en 2019 a S/3.176′465.096 en 2022. En 2023, la cifra asciende a S/3.788′271.860.

Por su parte, Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico, recordó que el gasto corriente en las municipalidades suele financiar los servicios que brinda a la población en su circunscripción. Además, sostiene que se debe tener en cuenta que “las municipalidades son muy heterogéneas”.

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En ese sentido, explicó que hay municipalidades rurales, donde viven personas en estado de vulnerabilidad económica, que no pueden tener ingresos propios vía cobro de impuestos, pero que utilizan los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) -que busca promover la inversión de las municipalidades y en favor de zonas alejadas y deprimidas, según el MEF- para dedicarlo al gasto corriente.

Añadió que para la ejecución de obras de infraestructura y para su mantenimiento también se requiere de personal, y ello hace que aumente el gasto corriente.

Si bien la iniciativa legislativa apunta a garantizar un buen uso de los recursos públicos en los gobiernos subnacionales, Casas consideró que actualmente existen otros incentivos como los fondos concursables, entre los que se encuentra Fondo de Inversión para el Desarrollo Territorial. También, dijo, se puede ayudar a las municipalidades en aspectos de capacidad, por lo que se debería de contratar a mejor personal. Limitar los montos de gasto corriente es una medida que tendría que ser aplicada en última instancia.

"Si yo les recorto el gasto corriente, no voy a poder tener estas personas que se encarguen de poder realizar las acciones de la municipalidad referidas a la inversión pública"

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“Si yo le recorto el gasto corriente, no voy a poder tener estas personas que se encarguen de poder realizar las acciones de la municipalidad referidas a la inversión pública, por ejemplo, porque hay escasez de personal y con las limitaciones que tienen no pueden contratar el número suficiente de personas ni a las personas con el nivel de conocimientos o de experiencia que se requieren”, acotó.

A su vez, Castilla señaló que, en aras de garantizar servicios básicos para la población, se debe de atender la problemática de las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) de agua y saneamiento, que son entidades municipales y que en la mayoría de casos se encuentran en insolvencia o reciben transferencias económicas del Tesoro Público, agregó.

“Sí es que finalmente ese es el objetivo [aumentar el acceso a servicios básicos], la solución es otra, no es solamente prohibir de manera ciega el gasto corriente, que es más efectista eso que efectivo”, expresó.