El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que “Establece el otorgamiento de un subsidio extraordinario para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado” que forma parte de las iniciativas de reactivación económica del Plan Impulso Perú.
El proyecto busca beneficiar a 164 mil jóvenes para que sean contratados por alrededor de 45 mil empresas del sector privado que tengan una remuneración de hasta S/ 1.700 por un máximo de seis meses.
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Por su parte, el investigador principal de GRADE, Miguel Jaramillo, señaló que este tipo de intervenciones no atacan el problema principal de por qué no se está generando suficiente empleo, por lo que considera que la medida no tendría ningún efecto.
“Hay un problema de entorno para la inversión y en que la contratación formal de jóvenes es costosa. Cualquiera sea la razón detrás de la falta de empleo, ninguna de ellas es atacada por esta medida por lo que no espero mayor efecto”, resaltó.
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Medida insuficiente
La asociada principal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Katy Noriega, anotó que, si bien una medida que procura favorecer el incremento de la contratación difícilmente puede considerarse negativa, esta sí es perfectible y la discusión se centra en si se logrará alcanzar los fines que se han trazado.
Para Noriega, la medida no es una novedad ya que gobiernos anteriores lo han usado como forma en la que asumían una cuota de responsabilidad económica para favorecer la contratación de población que normalmente está relegada a la actividad informal o al desempleo, pero considera que, por sí sola, es insuficiente.
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Así, señaló que se tiene que analizar primero el resto de dificultades, procedimientos y exigencias que recaen sobre la empresa para decidir si ser formal.
“Mientras que el proceso de formalización sea complejo y costoso, un incentivo económico de esta naturaleza no será suficiente. Un emprendedor difícilmente va a dedicar una semana de su trabaja para ir a registros públicos, gastar en notaría, ir a la Sunat, abrir una planilla, gastar en contador y abogado para llevar a cabo todo este proceso”, añadió.
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Por otro lado, subrayó la temporalidad de la medida, ya que la parte más atractiva es que durante los primeros tres meses se asume más del 50% del costo de contratar a los trabajadores y luego el porcentaje se reduce y esto, explicó, coincide con el periodo de prueba que tiene el empleador para decidir extinguir las relaciones laborales con el personal sin causa.
“Podríamos llegar a la situación no deseada de que cualquier empresa pueda contratar a nuevo personal joven que se beneficia con el subsidio y prescindir de sus servicios luego del periodo para contratar nuevo personal”, dijo.
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A dónde dirigir los esfuerzos
Para Jaramillo, si las empresas no contratan más es porque es costoso y una medida temporal no resuelve ese problema por lo que estimó que las medidas del gobierno deben centrarse en reducir el costo de contratar formalmente y en generar un entorno más propicio para la inversión.
Noriega concluyó que la idea del subsidio no es mala, pero el problema debe ser atacado desde diversos frentes. Sobre la medida, explicó que deberían contemplar hacerla más atractiva extendiéndola por encima de la duración del periodo de prueba y, si lo que se quiere es beneficiar a las Mypes, acotarla reduciendo el número de trabajadores pues la medida beneficiaría a empresas con menos de 100 empleados.
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“Una empresa de 100 trabajadores no necesariamente está en una situación de insolvencia o de contratación informal que amerite otorgar este beneficio, como sí lo estaría una de 5, 10 o 15 trabajadores. Creo que es importante enfocarnos en las empresas que efectivamente necesitan este impulso para su mantenimiento y formalización, a quienes emplean trabajadores con sueldos muy cercanos al mínimo”, señaló.